La geopolítica de Washington, las Zonas Económicas Especiales y la insurgencia magisterial

Carlos Fazio

Introducción.- Desde finales de los años 80 del siglo pasado, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de restauración  imperial. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, América Latina y el Caribe en general, y Colombia y México en particular, fueron convertidos en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos.

Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera). 

En el marco del renovado expansionismo imperial, México no sería la excepción. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó al país de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.

La necropolítica y la dominación de espectro completo

En rigor, desde finales de los años 70 del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Carlos Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo,(1) lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” −según el concepto marco que ha desarrollado Harvey−, se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.

El 11/S agudizó esa política ya en curso (piénsese en la ex Yugoslavia, re-balcanizada por las potencias occidentales en los años 90 tras la muerte del mariscal Tito), y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin,(2) de que el Estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos.(3)

Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte”.(4) Recuperando la noción de la biopolítica de Michael Foucault, la aportación del filósofo camerunés nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos.(5) Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. Para Mbembe, la colonia representa el lugar donde la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin.(6)

Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea ese autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que éste se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depredación, terror y muerte aplicadas por los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.

A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de William Clinton a comienzos del siglo XXI, Estados Unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.(7)

Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense de comienzos del siglo XXI responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no-Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes. Lo que ha derivado en los conflictos asimétricos y las llamadas guerras de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados como parte de un sistema tanático; un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura.(8)

La ocupación integral encubierta de países como Colombia y México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,(9) que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico.

La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadunidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005).

La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.(10)

En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de para-estados donde operan formas de poder paralelas pero articuladas al marco institucional (para-institucionalidad), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios y/o que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista.(11)

La irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje), ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros. Ello explica, también –al igual que en Colombia−, la imbricación de las fuerzas militares y policiales mexicanas con agrupaciones de civiles armados (paramilitares, autodefensas, grupos de la economía criminal), y de éstos con empresas e instituciones  bancarias y financieras transnacionales, para darle un cauce “legal” e “institucional” al actual proceso de acumulación por despojo.

En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto −en particular la contrarreforma energética−, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo.

Michoacán y la  geopolítica del Pacífico

El 4 de noviembre de 2013, el gobierno federal anunció que los policías municipales de Lázaro Cárdenas, en Michoacán,  habían sido desarmados por elementos de la Secretaría de Marina y la administración del puerto del mismo nombre había quedado en manos de las Fuerzas Armadas. La “toma” y militarización de ese puerto industrial fue la noticia principal de los medios de difusión masiva.

Según el diario Milenio, el puerto era  la verdadera “mina de oro” del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios. De acuerdo con información de inteligencia  filtrada al diario capitalino, entre las actividades diversificadas del grupo criminal figuraban el control de las operaciones portuarias de contenedores; las operaciones de las empresas navieras transportistas de contenedores; los transportes terrestres portuarios, y el cobro de “cuotas” (venta de protección) a empresas que participaban en licitaciones en el puerto y todo el municipio, a razón de 10 por ciento por cada contrato adjudicado,(12) de acuerdo con un padrón de empresas beneficiarias en poder del grupo criminal.  El “negocio” incluía a grandes corporaciones como ICA, ganadora de obras gigantescas y multimillonarias.(13) Otro importante rubro de ingresos era la exportación de minerales hacia China desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Paralelamente, cobraban un dólar por tonelada exportada a cinco empresas mineras que utilizaban dos muelles del puerto.

Los datos eran una radiografía aproximada de la realidad michoacana y fiel reflejo de lo que ocurría en otros estados de la República. Sin embargo, exhibían una visión unidireccional del problema, ya que se enfocaban exclusivamente en las operaciones legales e ilegales atribuidas por las autoridades a Los Caballeros Templarios y no incluía, como parte activa de las redes de complicidad y corrupción ligadas a la economía criminal, a miembros de la clase empresarial, banqueros, políticos y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), entre ellos, a los  responsables del fisco, autoridades aduanales, portuarias y judiciales, e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de brindar “protección” (Ejército, Marina, Policía Federal y las distintas agencias policiales y ministeriales).

Lo que más llamaba la atención, por inverosímil, era que según la versión oficial difundida, Los Caballeros Templarios controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de las Fuerzas Armadas (en particular de la Marina) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre  Estados Unidos, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después del de Long Beach, en Los Ángeles, California (EU).

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, la ciudad de Lázaro Cárdenas se conecta través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.(14) En sus muelles se descargan las materias primas y manufacturas chinas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada desde las privatizaciones del presidente Ernesto Zedillo (1995) por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM, de la que ese ex mandatario es accionista y empleado), se enlaza a través de dos ramales (cuyo destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de la Unión Americana y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

Diseñado junto con el Plan Puebla Panamá a mediados del año 2000, el eje Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo para el traslado de contenedores por ferrocarril es vital para descongestionar el movimiento interoceánico de mercancías desde y hacia Estados Unidos, debido a la saturación del Canal de Panamá, lo que permite además bajar los costos de transporte (fletes) entre la costa atlántica (donde está concentrada casi el 80 por ciento de la producción estadunidense) y el Océano Pacífico.

Cabe destacar que durante el sexenio de Felipe Calderón −es decir, en los años de expansión y consolidación del dominio territorial de La Familia y Los Caballeros Templarios−, el puerto de Lázaro Cárdenas fue remozado y ampliado, debido a que en las alturas del poder −entre quienes deciden los megaproyectos económicos y los planes geopolíticos de la ASPAN− había sido concebido para servir de enlace con 44 países con los que México tiene tratados de libre comercio, y además como bisagra entre el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)(15) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).(16)

Por otra parte, Michoacán aporta 25 por ciento del mineral de hierro del país, y las mayores productoras del recurso en el estado son las transnacionales ArcelorMittal, que en 2006 se quedó con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa); Ternium, el consorcio ítalo-argentino que compró Hylsa; la canadiense Endeauvour Silver Corp; Pacific Coast Minerals, de Estados Unidos, y la Minera del Norte (subsidiaria del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira), que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado.

¿Qué estaba pasando en realidad en Michoacán? Desde una lectura geopolítica, el violento conflicto entre Los Templarios y las autodefensas de Tierra Caliente podría responder a un choque de intereses entre expresiones armadas de grupos políticos, económicos y delictivos en pugna por el control del tránsito de mercancías por el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el extranjero, y de las redes de interconexión multimodal de esa ciudad por territorios y rutas que conducían a estados del centro y norte de México, y a las costas del oeste estadunidense y Asia, como parte de una guerra de penetración y ocupación integral encubierta del país por capitales transnacionales y multinacionales, en el marco de la visión geopolítica estratégica de Estados Unidos, cuya hegemonía comenzaba a ser desafiada por China y Rusia.(17)

Peña Nieto y las Zonas Económicas Especiales

En realidad, el puerto de Lázaro Cárdenas era una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus diez medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial. Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la tierra caliente y la costa grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Promovidas por el Banco Mundial (BM) y bendecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las Zonas Económicas Especiales serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras. 

Según el secretario de Hacienda Luis Videgaray, en las áreas abarcadas por las ZEE las empresas multinacionales gozarán de un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo (una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad y acceso a la banda ancha),(18) y −aunque Videgaray no lo dijo−, para ser “competitivas” a nivel del comercio mundial, las maquiladoras contarán con mano de obra barata.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo. Para apoyar la conectividad también se impulsará la Carretera Transístmica.

En junio de 2014 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico o Cinturón Transoceánico, que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz,(19) con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y otro gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural.  Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron  proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que se requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.(20)

Cabe consignar que en febrero de 2015, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Pemex, por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado (según estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) para la construcción de esos dos  gasoductos.

Con respecto a Chiapas, la Zona Económica Especial contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia  de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Estado estadunidense a través del Buró de Recursos Energéticos.(21)

Huelga decir que las Zonas Económicas Especiales incluyen estados que como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco son ricos en biodiversidad y recursos forestales, regiones que también albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital, por lo que dichos proyectos podrán detonar conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.

Al respecto, cabe enfatizar que el proyecto en curso supone también la maquilización de la tierra en el Istmo de Tehuantepec y los otros ejes contemplados.  Es decir, el despojo de tierras será una condición intrínseca de las Zonas Económicas Especiales. En un principio, la iniciativa de ley presidencial enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, mencionaba que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas. Cito: “La presente iniciativa de Ley califica a la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades”.(22)

El Ejecutivo declara qué territorio puede ser considerado como zona de utilidad pública y es quién expide el decreto de expropiación, por lo que a los propietarios de las tierras afectadas sólo les queda aceptar la indemnización o resistir.

Lo anterior está íntimamente ligado con la aprobación de la ominosa contrarreforma energética, en julio de 2014, cuyas leyes secundarias debilitan en forma significativa la certidumbre de la tenencia de la tierra, abren un margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o transnacionales y son, en esa medida, augurio de conflictos y confrontaciones. En la ley, si bien desapareció el término “expropiación” se le sustituyó por “ocupación temporal” de predios, pero en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para establecer una gasolinera. Asimismo, las disposiciones de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica permitirán a las corporaciones nacionales y extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. Se estableció, también la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada “servidumbre legal”. Además, las leyes secundarias contienen disposiciones que avanzan hacia la privatización del agua.

Encomienda y servidumbre, pues, definen la legislación energética, por lo que se legalizó el despojo del patrimonio de miles de familias y comunidades mexicanas por los dueños del dinero y a favor de los negocios corporativos privados. Una vez más queda claro que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución sólo se aplica a los ricos, porque a los pobres se les despoja de lo poco que tienen.

Mientras las principales megapetroleras globales ExxonMobil (de EU, ligada a la banca JP Morgan), Chevron Texaco (EU y también vinculada a la banca Morgan), Conoco Phillips (EU, con lazos con el Citigroup), la British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs) y la angloholandesa Royal Dutch/Shell (con nexos con el HSBC Holding) se frotan las manos para entrar a saco a depredar a México, la consigna del gobierno de Peña Nieto para los propietarios de tierra rurales, ejidales y comunitarias parece ser “vendes o vendes, porque si no te expropio”.

Diseñada para la extranjerización del sector, la contrarreforma energética legaliza el despojo  o expropiación de tierras en nombre de  la “utilidad pública”, el “interés nacional” o el “bien común”, lo que podrá traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de grupos armados privados al servicio de las compañías privadas transnacionales y los cacicazgos locales, mayor injusticia y una exacerbación del resentimiento social. Los mexicanos podrán convertirse en peones y servidumbre en su propia tierra. Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El Consejo Coordinador Empresarial toma el control

La designación presidencial de Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirmó la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. Candidato frustrado a la gubernatura de Oaxaca, el nuevo titular de la AFDZEE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de los grandes empresarios de México) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su nuevo cargo, Gutiérrez Candiani contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon) y Pedro Aspe (Evercore).

En su artículo segundo la ley prevé que las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como administradores integrales o inversionistas, podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales. El “administrador integral”, entendido éste como “la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona” (recuérdese que una persona moral puede ser una sociedad mercantil, es decir, empresarios), “tendrá entre sus facultades, según la fracción XII del artículo 33: Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”.(23) Es decir, en los nuevos enclaves los empresarios podrán contar con guardias privados.

Según la exposición de motivos de la iniciativa publicada en la gaceta parlamentaria el 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;  distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes; pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En definitiva, en el caso hondureño se trata de zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del territorio nacional. En el caso mexicano el proyecto es muy parecido, ya que como se puede apreciar en los términos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

A manera de conclusión

Junto con las interconexiones energéticas en la frontera norte –de electricidad y ductos para el transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos−, las Zonas Económicas Especiales, con sus red de gasoductos y los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Chiapas sobre el Océano Pacífico, son un componente básico del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), diseñado para contener a China, y la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, instrumento político y económico mediante el cual Washington pretende modificar el mapa sociopolítico subregional acabando con los gobiernos de los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en menor medida, el Mercosur (Mercado Común del Sur).

Negociado en secreto, el TPP es peor que el TLCAN y amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, la agroecología, la biodiversidad, la salud pública y ambiental, lo que resta de la industria mexicana, afectará también nuestros derechos digitales y aumentará la dependencia neocolonial de la economía y la política a los intereses de las multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, profundizando el despojo y la catástrofe humanitaria que vivimos, así como el destino de México como país maquilador.

En perspectiva, México desaparecerá como país petrolero mundial, ya que en virtud de los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos con Estados Unidos, Washington controlará toda la infraestructura energética –oleo/gasoductos de petróleo, gas y redes de transmisión eléctrica− en la “meta-región” geoeconómica de Norteamérica, como espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono controlado económicamente por corporaciones multinacionales con casa matriz en la Unión Americana.

Las implicaciones geopolíticas son enormes: con el control de los recursos petroleros y gasíferos de Canadá y México mediante la llamada “seguridad energética de Norteamérica”, Estados Unidos dominará una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que lo hará menos dependiente de los países exportadores de la OPEP, y de Arabia Saudita en particular. La extracción de hidrocarburos de la parte mexicana (México es hoy el tercer abastecedor de Estados Unidos, con 12 por ciento) pronto desplazará a Arabia Saudita del segundo lugar (17%). Canadá es el primero, con 23 por ciento.

La pertenencia de Canadá y México al Acuerdo Transpacífico de 12 miembros y a la Asociación Transatlántica de Inversiones y Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) facilitará las actividades de la poderosa flota naval de Estados Unidos en los dos océanos, y a través de sus socios “latinos” de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) Washington se dará el lujo de proyectarse hacia Sudamérica.

Bajo la férula del Comando Norte (NorthCom/Norad) y el control del CiberComando (CiberCom) del Pentágono, y gracias al paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación de Peña-Aspe-Videgaray, al servicio de la plutocracia internacional, un día los mexicanos nos enteraremos que Norteamérica (EU/Canadá/México) le declaró la guerra a China.

Cabe mencionar que salvo Puebla, las Zonas Económicas Especiales incluyen a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original (2000). Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, las ZEE son el instrumento de la nueva fase de desposesión o despojo en curso y como ya si dijo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas y donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia autonómicos  y contra-hegemónicos.

En esos estados del sur-sureste mexicano donde predomina la propiedad colectiva de la tierra, y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros disidentes −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora−, se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña Nieto, Aurelio Nuño y los grandes empresarios a través de Mexicanos Primero (ligado a Televisa) contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Con grandes movilizaciones en varios estados de la República Mexicana, la insurgencia magisterial ha logrado sentar a las autoridades a negociar modificaciones de fondo a la contrarreforma educativa, que en realidad es administrativa y laboral. De la solución del conflicto dependerá, en buena medida, el curso que tomen a corto y mediano plazo los acontecimientos en México.

Notas

(1) David Harvey, El nuevo imperialismo. Ediciones Akal, Madrid, 2004.

(2) Ver Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia.

(3) Ver Alain Joxe, El imperio del caos; Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, y Giorgio Agamben, Estado de excepción.

(4) Achille Mbembe, Necropolítica, Melusina, 2011.

(5)  Achille Mbembe, “Necropolítica, una revisión crítica”, en Estética y Violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, México, 2012.

(6) Ver Helena Chávez Mac Gregor, “Necropolítica. La política como trabajo de muerte”. Revista Ábaco número 78, 2013.

(7) Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires, 2007.

(8) Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios, Un continente bajo amenaza. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.

(9) Ibíd.

(10) En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y la construcción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo −que en México elude el control del Senado de la República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo−, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte.

(11) Ver Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”, en Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008.

(12) Tal pareciera que el 10 por ciento es la tasa internacional base: desde Raúl Salinas de Gortari, “Mr. 10 per cent”, a Chuck Blazer de la FIFA, pasando por el esposo de Benazir Bhutto, ministro de inversión y después presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, “Mr. ten per cent”.

(13) Ibíd.

(14) Ver Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Internet.

(15) El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y están negociando su incorporación: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.

(16) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”. Revista Trabajadores Nro. 101, Universidad Obrera de México, marzo-abril de 2014.

(17) Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”, ya citado.

(18) África Semprún, “Se invertirán mil 200 mdd en infraestructura al sur”. El Universal, 10 de junio de 2016.

(19) En la terminal de Pajaritos también operan la estación de bombeo Nuevo Teapa y la refinería General Lázaro Cárdenas del Río.

(20) “Pemex comenzó la operación del poliducto del Corredor Transístmico”. La Jornada, 8 de junio de 2014.

(21) Mateo Crossa, “México en el giro de tuerca mundial: Zonas Económicas Especiales”. ALAI, 17 de noviembre de 2015.

(22) Ibíd.

(23) Ver Julio Hernández López, Astillero, “Privatizar el sur. Cesiones a empresarios. Hasta Policías privadas”. La Jornada, 11 de julio de 2016.

Tlatlaya: impunidad militar

Carlos Fazio

Junto con los graves acontecimientos de Iguala, Tanhuato, Apatzingán, La Calera, Ostula y Nochixtlán, la matanza de Tlatlaya marcará históricamente al régimen autocrático de Enrique Peña Nieto. El caso Tla­tlaya involucra directamente al Ejército Mexicano y va en camino a quedar en la impunidad, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de De­rechos Humanos (CNDH) acreditaron que el 30 de junio de 2014 militares ejecutaron de manera extralegal, arbitraria y sumaria a un número que oscila entre ocho y 15 civiles, de 22 que resultaron muertos en una bodega de San Pedro Limón, en el estado de México.

Ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó por Twitter que a las 5:30 horas soldados de la 22 Zona Militar fueron atacados por presuntos delincuentes en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, y tras repeler la agresión 22 civiles fueron abatidos. Horas después, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, reconoció la labor del Ejército y aseveró que los militares abatieron delincuentes en legítima defensa.

No obstante, tras sendos reportajes de la agencia The Associated Press y la revista Esquire, que pusieron en duda que las muertes hayan sido producto de un enfrentamiento, el 30 de septiembre de ese año la PGR acusó a siete militares por la ejecución arbitraria de ocho de los 22 civiles, y el 21 de octubre siguiente la CNDH emitió la recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas de manera extrajudicial por los soldados.

El 1º de julio de 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) emitió un informe que contenía una orden escrita de operación de la Sedena, por la que se instruía a militares abatir delincuentes en horas de oscuridad. El 14 de julio, el juzgado sexto militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete soldados, y el séptimo fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya fue compurgada.

El 13 de mayo de 2016, el magistrado del estado de México Adalid Ambriz decretó la libertad de tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo (alteración de la escena del crimen y siembra de evidencias), por lo que todos los presuntos responsables materiales de los crímenes de Tlatlaya están libres.

Más allá de la verborrea demagógica del discurso presidencial y los mandos castrenses sobre el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en México, el caso Tlatlaya es paradigmático porque fue el primero donde elementos del Ejército Mexicano fueron juzgados después de la reforma de abril de 2014, que limitó el fuero de los integrantes de las fuerzas armadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que aun con la reforma el Código de Justicia Militar no cumple con los estándares internacionales. Y como sostiene el Centro Prodh, la justicia militar no debió investigar el caso, por tratarse de un hecho grave de violación a los derechos humanos −como lo clasificó la CNDH, la cual comprobó que el lugar de los hechos fue modificado y los cuerpos movidos para simular que las muertes ocurrieron en un contexto de enfrentamiento−, además de que intervino de manera indebida al realizar actuaciones que no tendían estrictamente a la investigación de delitos contra la disciplina militar, y al realizar una averiguación previa paralela a la iniciada en el fuero civil.

Pese a los elementos existentes que demuestran la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, los ejecutores materiales de los crímenes de Tlatlaya están libres por la deficiente actuación de la PGR, que no aportó las pruebas suficientes. Tampoco investigó la cadena de mando militar responsable por la orden ilegal de la Sedena de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Según declaró a La Jornada el director de Justicia Militar de la Sedena, general brigadier Gonzalo Corona, la verdad histórica y legal sobre Tlatlaya es que no hubo responsabilidad militar. Para el alto mando castrense −quien como sus pares es afecto a conjugar el verbo repeler como coartada para eximir al Ejército de ejecuciones sumarias o arbitrarias−, algunas conductas de militares son consideradas como delitos por intereses particulares o de grupo y difundidas de forma sesgada para minar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas armadas (El Universal, 4/7/16).

La falta de verdad y justicia que prevalece en éste y otros casos ha hecho que en vez de que las fuerzas armadas se vean obligadas a una rendición de cuentas a cargo de civiles, se haya desatado un ataque no sólo contra las víctimas sobrevivientes en Tlatlaya y sus representantes, sino incluso contra la propia CNDH, a la que se ha presionado para que se retracte de su informe y declare inocentes a los militares que intervinieron en la matanza.

Como en los otros casos mencionados, Tlatlaya exhibe un patrón de abuso de la fuerza, negación de las graves violaciones de derechos humanos y estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de los organismos de seguridad del Estado. Por ello, dado el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en sus tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia, y la demostrada falta de pericia o imparcialidad de las autoridades judiciales, es necesario que una comisión independiente conduzca la averiguación del caso Tlatlaya de conformidad con el Protocolo de Minnesota para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Y no es que la PGR no tenga buenos peritos forenses, sino que actúan por consigna y bajo presión del estado mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno fabricó la “rebeldía” del SNTE

Mathieu Tourliere

La noticia cimbró: el SNTE –domado y sometido tras la detención de Elba Esther Gordillo– se alebrestó de pronto contra la reforma educativa, esgrimiendo argumentos parecidos a los de la CNTE. Parecía que al gobierno federal le estallaba de pronto un nuevo frente de batalla… Pero no es así. La oportuna rebeldía del sindicato oficialista le permitirá a la Segob, a la SEP y a Presidencia dividir a los profesores, fingir que atiende las exigencias de los inconformes, postergar los cambios de calado, fortalecer al gremio “charro” y ganar tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 7, el oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, que defendió a capa y espada la reforma educativa) desplegó en los principales periódicos una lista de 10 “resolutivos” que exigen la modificación de aspectos fundamentales de esa reforma.

Por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno federal expresó su entera disposición a discutir estos puntos e instaló de inmediato una mesa de trabajo con el gremio.

Sin embargo, gran parte de los reclamos son idénticos a los que detonaron la insurrección de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa hace tres años, y que la administración de Peña Nieto siempre rechazó negociar.

Es más: también son los mismos que denunció Elba Esther Gordillo Morales –la exdirigente del SNTE– a finales de 2012 e inicios de 2013, cuando anunció que derrumbaría la reforma educativa. Días más tarde, la líder fue detenida y posteriormente encarcelada por desvío de dinero.

El SNTE integró el diálogo en medio de la propagación del movimiento magisterial disidente en el país –que en las últimas dos semanas reportó acciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa y Veracruz–, en el que los docentes rebasaron a los líderes oficialistas.

Según Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, el despliegue formó parte de una estrategia del gobierno para desactivar el conflicto magisterial y reinstalar al SNTE –al que tiene controlado– como interlocutor en materia educativa.

Argumentos idénticos

Entre los planteamientos más importantes del SNTE destacaron los resolutivos tercero, cuarto y quinto, en los que el sindicato oficialista exigió “replantear todo el proceso” de evaluación docente, para eliminar en ello “toda visión o acción sancionadora o punitiva”. Planteó la necesidad de “contextualizar” la evaluación para hacerla “más realista” y que garantice “el respeto a la dignidad y prestigio profesional de los maestros”.

Ello contrasta con la postura de apoyo incondicional al proceso de evaluación que adoptó el SNTE desde inicios de 2013, y que el propio Juan Díaz de La Torre resaltó el pasado 23 de junio en un acto conjunto con Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación, en el que el sindicalista aseveró que los “verdaderos maestros” participaron en la evaluación docente.

Bravo denuncia en entrevista que la eliminación de la evaluación punitiva “es una de nuestras principales insistencias”, y recordó que “hasta hace unas semanas el SNTE decía que la evaluación estaba fabulosa”.

El SNTE no se limitó a pedir modificaciones al proceso de evaluación, sino también a encontrar soluciones “a los distintos problemas que han surgido en torno” a su aplicación.

Entre ellos, exigió que las autoridades educativas abran espacios a los profesores para revisar su proceso de evaluación, con la finalidad de evitar “ceses injustificados y descuentos indebidos”, otro reclamo que viene denunciando la CNTE desde hace meses.

“Para nosotros cada uno de los 3 mil 360 despidos fue injustificado, en tanto que no derivó del mal trabajo en las aulas, de algún delito o de falta grave”, recordó Bravo, al añadir: “Sólo fue porque no presentaron esto que llamaron evaluación”.

El sindicato oficialista también pidió al gobierno “que se respeten los derechos adquiridos por los docentes en el programa de Carrera Magisterial”, y solicitó que se tome en cuenta este estímulo en el momento de calcular las primas vacacionales, el aguinaldo o la cotización para la jubilación.

Durante el conflicto, la CNTE ha denunciado que esta separación del estímulo al salario base es parte de las consecuencias de la reforma educativa y genera una caída en los ingresos de miles de maestros. Este punto originó el levantamiento del magisterio en entidades como Nuevo León, Coahuila o Chihuahua, donde los docentes prácticamente nunca se movilizan.

Bravo subrayó que varias reivindicaciones de la CNTE no figuran en los resolutivos del SNTE, entre ellos el fundamental: la abrogación de la reforma.

El sindicato oficialista tampoco exigió suprimir la modificación del artículo 73 constitucional, que instaura la autonomía de gestión de las escuelas, no considera el acceso directo de los egresados de las normales al servicio educativo ni plantea una visión precisa sobre el modelo educativo.

Estrategia gubernamental

El sindicalista sostiene que “este documento no lo elaboró el SNTE sino el gobierno”, ya que el sindicato oficial “no tiene decisiones propias”. Explicó que todos los líderes seccionales del SNTE “están metidos en corruptelas” y desvían parte de los 160 millones de pesos mensuales que recibe el sindicato cada mes como cuotas, por lo que el gobierno los tiene maniatados.

“¿Por qué estos puntos? Porque son los que causan el mayor reclamo entre los maestros. El gobierno hizo un análisis previo y determinó que son las medidas que más lastiman a los maestros”, plantea Bravo.

Agrega que en las últimas semanas, los líderes del SNTE fueron rebasados por la inconformidad de los maestros y se descubrieron incapaces de controlar las movilizaciones. “Los docentes ya no confían en sus representaciones seccionales en los estados y toman la protesta por sí mismos en las calles”, insistió.

Según el profesor, los planteamientos del SNTE responden a una estrategia “integral” de la administración de Peña Nieto, a través de la cual alcanzaría tres objetivos: no dar “muestras de debilidad” ante la CNTE ni “admitir una derrota en una de las 11 reformas estructurales que planteó”; recomponer el sindicalismo institucional como instrumento de control de los maestros, y detener el rebase al SNTE.

“Son dos vías: Nuño cita al sindicato oficial para que entregue la petición formal, y por otro lado la Secretaría de Gobernación atiende a la CNTE y crea condiciones que afectan la capacidad de negociación, porque el mensaje que quieren dar a los maestros es ‘ya lo estamos trabajando’.”

A raíz de la apertura de la mesa de negociaciones entre la Segob y la CNTE, el pasado 22 de junio –tres días después de la violenta represión en Nochixtlán–, el magisterio disidente se convirtió de nuevo en interlocutor del gobierno federal, por primera vez desde el inicio del paro nacional, el 15 de mayo anterior.

Ésa fue una de las razones por las cuales el gobierno reactivó el SNTE: “Hay una disputa por la interlocución entre el SNTE y la CNTE”, dice.

Según él, el gobierno busca demostrar que se puede cambiar la reforma educativa “desde adentro” y con el SNTE, y con ello aislar a la CNTE, que exige su abrogación o suspensión.

“Darán la impresión de que atienden las exigencias de los maestros, y algunas se van a atender. Pero estas medidas no tocan el corazón de la reforma y pueden ser pasajeras, y dentro de un año o dos, cuando el asunto se haya descompuesto, pueden volver a aplicar la ley como la conciben ahora.”

Reconoce que a través de esta estrategia el gobierno podría desactivar la propagación del movimiento magisterial en el país; sin embargo, afirma que los maestros sabrán que cualquier “solución real” a estas demandas será “producto de la CNTE”.

Reacción en cadena

En la noche del martes 5 la CNTE consiguió un nuevo encuentro con Osorio Chong, el cual duró menos de media hora. En este lapso el magisterio entregó al gobierno federal sus propuestas educativas y recibió a cambio la “contrapropuesta” de la administración, que consistió en un documento de una hoja y media, impreso en papel no membretado ni firmado, que aborda la educación en términos genéricos.

En ese documento la Segob evocó su disposición a “facilitar un proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo” y aseguró “la participación del magisterio nacional y sociedad en general en esta materia”. Ambas partes acordaron que la CNTE consultaría con sus bases para elaborar una respuesta al documento del gobierno, por lo que la siguiente reunión con Osorio Chong se agendó para este lunes 11.

Sin embargo, el mismo martes el SNTE llevó a cabo una sesión extraordinaria, de la cual emanaron los 10 puntos mencionados previamente; el miércoles Nuño recibió en las instalaciones de la SEP a Juan Díaz de la Torre; y el jueves se instaló una mesa de trabajo SNTE-SEP.

En ese momento, los secretarios generales de la CNTE se encontraban en sus respectivos estados, iniciando el proceso de consulta sobre el documento de Gobernación. Bravo no cree que fuera una coincidencia: “El gobierno pensó en todos estos momentos, en las inercias que traíamos”.

Nuño afirmó el miércoles que la SEP analizaría “de manera detallada, puntual, sensible, profesional y responsable” cada uno de los puntos presentados por el SNTE.

El propio Peña Nieto, quien durante años asentó con firmeza que la reforma educativa “no se negocia”, dio un giro radical a su discurso, al declarar el miércoles 6 que la derogación o la abrogación de la reforma “no es competencia del Ejecutivo”; es decir, ni de la SEP ni de Segob, ni tampoco de la Presidencia de la República.

Desde el estallamiento del movimiento magisterial, Nuño adoptó una postura cerrada al diálogo con la CNTE. Nunca recibió a los integrantes del magisterio disidente en la SEP y, al contrario, repitió hasta el cansancio que no negociaría la reforma educativa.

Por su parte, el SNTE siempre salió a defender esa reforma –incluso la evaluación–, a condenar los brotes de violencia derivados de las acciones de la CNTE y a dar su pleno respaldo al Ejecutivo federal.

El pasado 18 de mayo, por ejemplo, De la Torre expresó duras críticas contra los líderes de la CNTE, al afirmar que “cometen un gran error, no sólo porque lesionan la imagen del magisterio, sino porque no consiguen absolutamente nada en términos de calidad de vida para los maestros”.

Conflicto añejo

Desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo se opuso a la reforma educativa. Dos meses más tarde el gobierno le cobró con cárcel los descarados actos de corrupción a los que se prestó durante sus 23 años al frente del magisterio.

El 20 de diciembre de 2012, un día después de la aprobación del texto en la Cámara de Diputados –con 351 votos a favor, 85 en contra y ocho abstenciones–, La Maestra arremetió contra “una reforma meramente administrativa” y planteó: “Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de decir que no, porque ése es mi papel”.

El 14 de febrero de 2013 el SNTE de Gordillo distribuyó a los maestros agremiados el folleto ¿Por qué luchamos hoy? en el cual presentó los “riesgos y limitaciones” que contenía la recién aprobada reforma educativa, y anunció que el sindicato adoptaría una serie de medidas –tanto en el plano social y político como en los tribunales– para modificarla.

Tres años y medio más tarde, los mismos reclamos de Gordillo siguen siendo la base de las reivindicaciones de la CNTE.

El SNTE criticó entonces la creación del Sistema Nacional de Evaluación, cuyo proceso evaluativo se convertiría en “un instrumento para cancelar estímulos ganados, realizar despidos o evadir la responsabilidad del Estado a otorgar prestaciones de seguridad social”.

Asimismo, señaló que el sistema de autonomía de gestión de las escuelas sería una forma disfrazada para el Estado de “delegar en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas” y abriría la puerta a fenómenos como “contratación a prueba, despidos, pulverización de la jornada y outsourcing”.

El SNTE también advirtió que la reforma desaparecería el ingreso automático al servicio educativo de los egresados de las escuelas normales y denunció que la reforma educativa se había impulsado “desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, argumento que se escucha en todas las manifestaciones de la CNTE en la capital.

En los párrafos finales del folleto de 14 cuartillas, se le recuerda al gobierno que “el SNTE ha sido garante de la estabilidad social y la gobernabilidad en México” y anunció que promovería un juicio de amparo.

Si bien Bravo reconoce que los argumentos de Gordillo coincidieron con los de la CNTE, afirmó que ambas partes seguían intereses encontrados. “Ella sabía que en el fondo querían desbaratar el sindicato, lo que afectaba a su poder. Anticipó lo que sucede hoy: iba a haber un rebase de los maestros respecto de sus dirigencias formales”.

El 26 de febrero de 2013, 12 días después de la distribución del folleto y en medio de la campaña de Gordillo para derrumbar la reforma, las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Toluca. La Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam la acusó de malversación de fondos provenientes del SNTE por un monto que supuestamente alcanza los 2 mil millones de pesos.

La detención y el procesamiento de la dirigente, tres meses después del regreso del PRI al poder, tuvieron buena recepción en la opinión pública nacional e internacional, ya que el enriquecimiento descarado de Gordillo y la corrupción en el SNTE eran conocidos por todos.

Sin embargo la PGR dejó intocado a Juan Díaz de la Torre, su delfín y mano derecha en el sindicato, y los demás dirigentes sectoriales, quienes también operaron estructuras opacas y desviaron millones de pesos.

“El encarcelamiento de Elba Esther fue para hacer una limpieza en el sindicato”, sostiene Bravo. “Lo que menos le interesa al gobierno es saber si hay corrupción en el sindicato. Lo que le interesa es saber cómo llevar a cabo su reforma, y si por ello tienen que mover gente, lo hacen; Elba Esther representaba un obstáculo”.

Hasta el pasado miércoles 6, el SNTE nunca había elevado la voz contra la reforma educativa.

El gobierno envilece el diálogo

Jesús Cantú

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El diccionario de la Real Academia Española define el diálogo como “discusión o trato en busca de avenencia”, y según el filósofo político inglés Bernard Crick, “para que la discusión sea auténtica y provechosa en el debate debe considerarse el punto de vista opuesto”, lo cual implica no cancelar de antemano los temas polémicos, mucho menos cuando éste o éstos son la causa misma de la disputa.

Por ello cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, manifiesta su disposición al diálogo, pero cancela la posibilidad de modificar el proyecto de la reforma educativa (como lo ha hecho el gobierno federal, incluso desde antes de aprobar y promulgar la reforma legislativa), en realidad acaba con el diálogo mismo y lo reduce a una simple charla, pues elimina toda posibilidad de tomar en cuenta el punto de vista de los maestros.

El mismo Crick, señala: “La política es la conciliación, la solución del problema del orden que prefiere la conciliación a la violencia o coerción como medio efectivo de que los distintos intereses encuentren el grado de compromiso que mejor sirva a su interés común por la supervivencia… la política entraña cierta tolerancia a verdades divergentes y el reconocimiento de que la gobernación no sólo es posible, sino que se ejerce mejor cuando los intereses rivales se disputan en un foro abierto”.

Por ello una de las principales herramientas de la política es el diálogo y éste requiere el reconocimiento de que hay intereses divergentes que deben dirimirse en un foro abierto, franco y sin vetos previos, pues éstos lo cancelan y, por ende, eliminan la posibilidad de lograr compromisos mutuos y aniquilan la política.

Lamentablemente la disputa en torno a la Reforma Educativa ya provocó la pérdida de vidas humanas y, de prevalecer la cerrazón, es probable que los ocho muertos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, no sean los únicos, pues como ya es evidente, las protestas magisteriales se han extendido a otras partes del territorio nacional e incluso en estados donde aparentemente no había ninguna disidencia, como Nuevo León, donde ya lograron convocar a varios miles de manifestantes.

Es evidente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato dejó claro que despreciaba la política como medio de solucionar los problemas y optaba por el uso de la violencia, sin importar los costos. En la capital de la República no han vacilado en recurrir al uso de la fuerza pública para reprimir las protestas sociales, como hicieron el mismo 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión. Pero la violencia ejercida en la ahora Ciudad de México no ha sido la peor, pues aunque ha sido recurrente y ha provocado detenidos y heridos, hasta el momento no ha causado pérdida de vidas humanas, lo que sí ha sucedido en otras entidades.

En abril de 2014 la organización de la sociedad civil internacional Greenpeace señalaba en un comunicado que en 16 meses del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con un recuento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se habían registrado cuatro ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos ambientales y comunitarios y 82 casos de agresiones, de los cuales en 37 los culpables identificados fueron autoridades de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano. Un recuento muy similar puede hacerse en el caso de los activistas de derechos humanos.

Pero también hay que recordar la represión que sufrieron en el Valle de San Quintín, Baja California, los jornaleros, en su mayoría indígenas, el 17 y el 28 de marzo de 2014, por haber cerrado las calles de la localidad para exigir mejores condiciones laborales.

Y peor todavía fue la masacre de Apat­zingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, cuando policías federales dispararon a mansalva contra integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural de Michoacán que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal para protestar contra las decisiones del entonces comisionado para la Seguridad del estado, Alfredo Castillo; el saldo fue de al menos 16 muertos y decenas de heridos.

Desde luego también destacan las acciones policiacas contra los normalistas de Ayotzinapa en diversas ocasiones, además de la masacre de Iguala, cuyo saldo en pérdida de vidas es alto. Y los operativos contra los plantones de la CNTE en la Ciudad de México o de la CETEG en Guerrero.

Es un somero recuento de conflictos sociales o políticos (pues aunque el de Apatzingán se ocasionó por la presencia del crimen organizado en la región, la represión se ejerció contra la ciudadanía que se había organizado para defenderse) en los que el gobierno federal canceló la vía del diálogo y optó por el uso de la fuerza pública para intentar restaurar el orden.

En varios de los casos (el seguimiento al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la oposición de la CNTE a la reforma educativa) el gobierno, fundamentalmente por conducto del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifiesta públicamente su disposición a dialogar, pero siempre bajo la premisa de que hay temas vedados y posiciones intransigentes, lo cual en realidad cancela el diálogo, aniquila la política y deja como únicas opciones la claudicación de los opositores o el uso de la fuerza pública para reprimir los movimientos.

Hasta hoy, como puede verse en el somero recuento, el saldo es negativo para todos: los opositores han sufrido la violencia gubernamental con la pérdida de vidas humanas y el encarcelamiento de varios líderes y manifestantes; el gobierno no ha logrado restaurar el orden y, todo lo contrario, se exacerba el encono social y las protestas se extienden y ganan nuevos simpatizantes; además, la ciudadanía padece las molestias que, inevitablemente, provoca cualquier movilización social.

La crisis de autoridad y la reforma educativa

Lev Moujahid

La estrategia gubernamental ante los maestros busca detener un levantamiento civil y, al mismo tiempo, trazar una salida pactada al conflicto. La moneda de cambio que ya ofrecen en la Segob a la CNTE es frenar el despido masivo de maestros. Todo, sin tocar la reforma educativa. Los profesores tendrán que decidir si aceptan o siguen en una lucha que está aglutinando a los sectores desposeídos del país

Lo que se mostró en las pasadas elecciones fue una manifestación de hartazgo, de repudio al partido político en el poder y a la forma en cómo éste ha conducido a la nación, a sus políticas antidemocráticas y medidas regresivas de los alcances populares que se habían logrado en los procesos históricos del siglo XX, mismos que constituyeron cierta estabilidad en la vida de los ciudadanos.

La alternancia partidista que la oligarquía mexicana pactó en varias entidades del país, tenía como objetivo canalizar el descontento social hacia la jornada electoral, pero sin poner en riesgo sus intereses, de ahí que se generaran expectativas de cambio, que finalmente favorecieran la alianzas entre la misma derecha proneoliberal.

Se trataba de desviar o evitar un posible levantamiento social de alcances nacionales, que atentara contra la viabilidad del proyecto oligárquico impuesto a través de las reformas estructurales, el cual ha puesto en marcha el desmantelamiento de la soberanía económica, energética, territorial, educativa y política de México.

En este ambiente, si bien un sector del magisterio disidente tuvo una participación relevante, incluso colectiva y organizada, en favor de la izquierda progresista que se manifestó por echar abajo la reforma educativa, no agotó en la vía electoral sus posibilidades de lucha contra esta medida; la lógica inherente a los maestros continúa desde el terreno político, por la vía no institucional, sino de la movilización social.

Sin embargo, la lucha magisterial agudizó la crisis de hegemonía en el sistema político mexicano, no sólo porque debilitó al partido gobernante o porque ha cimbrado sus principales figuras presidenciables; también evidenció su incapacidad para generar un clima de gobernabilidad en medio de diversos conflictos sociales que ellos mismos dejaron crecer.

Las demandas por la estabilidad laboral que encabeza la CNTE, y que por supuesto son legítimas, han visibilizado otras inconformidades que no aparecían en el escenario político; detrás de la respuesta represiva al magisterio se dejan ver los proyectos de privatización, eso avispa a todos los actores educativos y a la misma sociedad civil, unas veces en la manifestación social y otras en formas de solidaridad que garantizan las condiciones de lucha por la defensa de la escuela pública; entonces, junto a las muestras masivas de movilización popular, también hay una red de inconformidad que deposita en los maestros, más que en los partidos políticos, sus anhelos de tener una vida mejor.

Un elemento que aparece en este ambiente de descontento generalizado y que hace crisis no sólo en el partido hegemónico sino en todo el sistema de partidos, se refleja en los procesos de organización de gobiernos populares que han encontrado fortaleza en el movimiento magisterial, los cuales advierten en la desfiguración del estado mexicano y sus desgastadas estructuras de poder, así como en sus fallidas políticas antidemocráticas, la necesidad de desconocer los gobiernos locales y, en su lugar, edificar formas de poder emanadas desde la voluntad colectiva.

Nochixtlán no ha sido el único caso en medio de este conflicto, en el que se haya decidido conformar poderes alternos; en varias poblaciones de Chiapas, donde los maestros tienen fuertes raíces, las comunidades indígenas que decidieron respaldar a sus profesores y encabezar las más radicales acciones de presión contra la reforma educativa, ya discutían o habían iniciado la conformación de autonomías.

La idea de crear gobiernos autónomos más allá de las geografías locales hasta escalar a nivel estatal, se hace posible para las comunidades chiapanecas en la medida en que las movilizaciones magisteriales y populares son tan nutridas y de tal magnitud que potencializan una respuesta organizativa mayúscula capaz de derrocar al gobierno de Velasco, pero que ha sido contenida con las fuerzas represivas federales que han ensayado ahí y en Oaxaca la cara más dura de la dictadura en México.

En esta crisis política, el gobierno mexicano ha optado por el endurecimiento de su postura, siempre negativa a derogar o siquiera modificar la reforma educativa. Prefiere provocar un preámbulo violento que le permita un margen muy estrecho para ceder ante una eventual negociación con el movimiento magisterial y popular que no toque los principios de ninguno de los pilares de su proyecto neoliberal.

La masacre de Nochixtlan; la criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores de la educación pública; el uso constante de toda la logística contrainsurgente por parte de los cuerpos policíacos y militares para combatir a los maestros y los brotes de rebelión popular, pero también la represión administrativa traducida en despidos y descuentos salariales indiscriminados a los trabajadores de la educación, son escenarios maquinados por el Estado.

La estrategia gubernamental se propone, en primera instancia, detener la amenaza de un levantamiento civil y, en segundo plano, trazar una salida pactada al conflicto magisterial sin tocar la reforma educativa, pero ofertando en la mesa de diálogo ponerle un freno a su plan de aniquilamiento masivo y selectivo contra la CNTE como moneda de cambio.

Son tiempos de decisiones difíciles para las y los maestros mexicanos; por ello tendrán que optar por una salida que les permita resolver en el corto plazo la estabilidad de su relación laboral, sostener la confianza en que la lucha organizada es el camino para que ningún trabajador sea excluido del sistema educativo por culpa de una ley injusta. Además, deberán caminar en la ruta de la organización multilateral con la sociedad harta de políticas fallidas, trabajar en la construcción de un consenso mayoritario que eche a los neoliberales del poder sin perder su independencia política y encausar los procesos que empujan desde abajo la ruptura con un estado que suplanta la voluntad popular.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*
*Doctor en pedagogía crítica y educación popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán

Los límites de la fuerza

John M. Ackerman

 

La fuerza no sirve para despejar carreteras. Después de un desalojo, los manifestantes siempre pueden reagruparse para establecer otro bloqueo un par de kilómetros más adelante. Simplemente no hay suficientes policías para establecer vallas de ambos lados de todas las carreteras del país, o siquiera en un solo estado de la República, para garantizar el paso libre de todos los camiones repartidores de Coca-Cola, Sabritas, Bimbo y Starbucks. El violento desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, no tuvo el efecto de reducir la cantidad de bloqueos, sino de multiplicarlos a lo largo y ancho de la nación.

Las escuelas tampoco se pueden abrir por la fuerza. A los maestros no se les puede obligar a impartir clases a punta de pistola y los policías no cuentan con el entrenamiento magisterial necesario para remplazar a los docentes. De cualquier manera, pocos padres de familia enviarían sus hijos a estudiar a escuelas custodiadas por militares.

Las amenazas de Miguel Ángel Osorio Chong el pasado viernes, sobre la inminente utilización de la fuerza con el fin de acabar con el movimiento magisterial, no son más que ladridos del proverbial perro que no puede morder. Una nueva represión violenta contra el movimiento magisterial no apagaría el fuego de la resistencia, sino que incendiaría la pradera de la indignación en todo México. La única forma para resolver el conflicto es por medio del diálogo y la negociación.

El contexto internacional tampoco es propicio para la utilización de la fuerza. Durante su viaje a Canadá, la semana pasada, quedó perfectamente claro que Enrique Peña Nieto ya no cuenta con un cheque en blanco de parte de la opinión pública internacional y que su gran amigo Barack Obama no lo respalda como antes. Durante la cumbre de líderes de América del Norte, Peña Nieto fue perseguido por constantes protestas de la sociedad civil, duramente cuestionado por su erróneo concepto de populismo, interrogado severamente sobre la masacre de Nochixtlán y, en general, ignorado por los líderes de Canadá y Estados Unidos.

Es vergonzoso atestiguar cómo quien se ostenta como presidente de todos los mexicanos reciba un trato tan indigno y tenga un comportamiento tan servil frente a los gobiernos vecinos. Sin embargo, es también alentador advertir que haya finalmente estallado la burbuja de mentiras sobre la supuesta sofisticación del presidente mexicano en el extranjero. El rey Peña ahora camina tan desnudo en el ámbito internacional como lo ha hecho desde hace mucho tiempo en su propio país. El mundo entero lo desprecia, con toda razón, por su baja estatura política, intelectual, moral y ética.

Este movimiento ya no es magisterial, es popular, señalan las autoridades municipales y las comunidades de Oaxaca que se han unido a la causa de la CNTE. Para ellos la lucha no es solamente en defensa de la educación pública, sino también en defensa de sus territorios, el medio ambiente, las culturas indígenas y la historia de México. Se trata de una rebelión generalizada de los pueblos del sur contra el saqueo y la violencia a las cuales han sido sometidos desde hace décadas por el colonialismo interno. El sur rechaza la guerra racial y de clases desatada en su contra y busca generar una nueva institucionalidad democrática y participación popular desde las raíces.

En Nochixtlán, los habitantes ya expulsaron del pueblo a los caciques locales del PRI, Daniel y Herminio Cuevas. En su lugar han establecido su propio consejo de gobierno autónomo y popular, que rinde cuentas a la comunidad. Este importante ejercicio de soberanía popular tendría que ser imitado en todo el país, no solamente a escala local, sino también nacional. Como ya hemos comentado en estas mismas páginas, el acercamiento entre el nuevo partido ciudadano, Morena, y el movimiento magisterial tiene el potencial de generar una irrupción histórica de grandes proporciones.

El pasado 24 de abril, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU solicitó al gobierno mexicano la liberación inmediata de los 25 activistas oaxaqueños, la mayoría jóvenes y muchos de pueblos indígenas, encarcelados hace un año, el 7 de junio de 2015, con cargos totalmente fabricados. Pero en lugar de tomar medidas para distender el conflicto y cumplir con las exigencias de la comunidad internacional, el gobierno de Peña Nieto cada día se encierra más en su torre de la ignorancia e insiste en intensificar la represión y las agresiones contra el pueblo mexicano.

El gobierno despótico está acorralado y empieza a ahogarse en un pantano de ineptitud y descrédito. ¿Será capaz Peña Nieto de comportarse como un demócrata y aceptar su derrota a manos de la sociedad mexicana? ¿Cuántas más patadas sangrientas insistirá en dar el dictador antes de finalmente rendirse al pueblo o simplemente huir del país?

Se acerca el momento de la victoria. Caminemos con paso firme y con la seguridad de que los vientos de la historia soplan a nuestro favor.