Caso Aristegui: Fue Peña

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció, pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MVS por una razón de poder: Por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por la Presidencia de la República.

Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación, coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre sólo se publicó en la página de Internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso.

El lunes 10, en la Primera Emisión de MVS Noticias, Aristegui habló de la investigación subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos. La página de la empresa y sus cuentas de Facebook y Twitter ignoraron el tema, lo mismo que los conductores Luis Cárdenas y Ezra Shabot, que sólo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales.

Esta elocuente omisión de MVS y sus conductores sobre el más documentado caso de corrupción de Peña fue hecha notar por este reportero en su cuenta de Twitter en esos días. Era claro que MVS se deslindaba del caso, pese a que había sido hecho con recursos de la propia empresa.

El presidente y sus funcionarios se enteraron de la investigación del equipo de Aristegui cuando les fue solicitada su opinión sobre el tema y, además de tratar de hacer un control de daños cancelando el tren rápido a Querétaro, de inmediato presionaron a los dueños de MVS, encabezados por Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración, para parar lo que sería –como fue– un golpe al corazón de Peña y su gobierno.

Uno de los operadores de Peña para imponer la censura fue Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República y desde hace diez días coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien fue vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Grupo MVS.

Sánchez Hernández inició el sexenio de Peña como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y en su lugar dejó a Andrés Chao Ebergenyi, hermano de Felipe, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa… de MVS.

Otro de los operadores de la censura fue David López, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia y ahora candidato priista a diputado por Sinaloa, quien intimidó a directivos de algunos medios para que no se sumaran a la difusión de la investigación de la Casa Blanca, con quienes Aristegui había hablado unos minutos antes.

Así, sometida a un espionaje permanente, a mensajes intimidatorios y un sospechoso robo en las instalaciones de su página de Internet –que hasta ahora no ha hecho públicos–, Aristegui logró sortear la censura en la empresa que ya la había corrido una vez, en febrero de 2011, por presiones de Felipe Calderón y su testaferro Javier Lozano –del PAN–, y difundió otros asuntos que incomodaban a Peña y sus secuaces.

La oportunidad de Peña para ajustar cuentas con Aristegui y su equipo llegó cuatro meses después de que detonó el mayor escándalo del sexenio: MVS tomó como pretexto el “abuso de confianza” para que el equipo de la periodista usara su marca en la plataforma MexicoLeaks.

Aunque el revire de Aristegui hubiera sido reconocer que cometió un error, la decisión de liquidarla ya estaba desde que los dueños de MVS censuraron la investigación sobre la Casa Blanca de Peña y sólo esperaron el momento propicio para ejecutarla. Ni siquiera le han dado la cara.

Los Vargas perderán audiencia, profundizarán su desprestigio, pero serán recompensados por ser verdugos de la periodista más incómoda de la radio en México, justo en vísperas de las elecciones y a la mitad del sexenio. La lógica de los corruptos es que todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y pronto sabremos en qué negocios ha sido favorecido ese clan… O si fueron amenazados tienen el deber de decirlo.

Por eso cuando hay quienes dicen, incluidos periodistas como Ciro Gómez y Luis Cárdenas –y otros neojacobos–, que el despido de Aristegui es un tema laboral o comercial, ni ellos lo creen. Es claramente una venganza de Peña tramada en Los Pinos.

Como antes fue una maniobra de Calderón despedirla de W Radio, en enero de 2008, en cuya empresa el cuñado de éste, Juan Ignacio Zavala, era directivo del Grupo Prisa, asociado a Televisa. Los intolerantes de cualquier partido actúan igualito.

Apuntes
Tras este zarpazo de Peña contra Aristegui es preciso recordar lo que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, le advirtió al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda: “Son enemigos del presidente Peña Nieto…” Que quede otra vez constancia.

La intervención y la entrega

Carlos Fazio

Estados Unidos quiere legitimar su añeja intervención de facto en México. El sexenio pasado, mediante los llamados centros de fusión bilaterales, Washington penetró a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, y ahora quiere que miles de agentes encubiertos que actúan en el territorio nacional puedan portar armas de manera legal. El vehículo para consumar esa antigua exigencia es el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Primero lo ablandó, y ahora, al igual que hizo antes con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, obliga a Peña a que sea él quien proponga que sus agentes porten armas en México.

La iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue enviada al Senado el 24 de febrero. ¿Objetivo? Permitir que agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puedan actuar armados en México como parte de un programa de preinspección conjunto, similar al que Washington tiene con Canadá. Más allá del eufemismo de que las autoridades migratorias de un país ejerzan sus facultades en el territorio del otro (sic), la intención es permitir que agentes estadunidenses revisen la documentación y consulten en bases de datos el movimiento de pasajeros en puertos y aeropuertos internacionales de México, y controlen y supervisen los cargamentos de mercancías de exportación e importación en las aduanas mexicanas.

La iniciativa de Washington, encomendada a Peña, propone que sus agentes porten armas reglamentarias calibre 40 (máximo), y que los escoltas del presidente, ministros y altos funcionarios de Estados Unidos puedan actuar armados en México para su adecuada protección. Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se trata de “armonizar (…) sin nin­guna ambigüedad” la legislación de México con la de Estados Unidos; argumentó que la actuación de agentes estadunidenses armados en el territorio nacional es importante y relevante para la generación de mejores espacios de competitividad y prosperidad compartida en la región norteamericana.

Titular de una cancillería otrora baluarte en la defensa de la no intervención −hasta que Vicente Fox y Jorge G. Castañeda Gutman propusieron una cesión inteligente de soberanía−, Meade sabe que los agentes del ICE, la DEA, la CIA, el Pentágono, la FBI, la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y de otros servicios de inteligencia han venido actuando armados y de manera encubierta en el país desde hace años. Recientemente, un ex miembro de la CIA estimó en 25 mil los agentes clandestinos de EU en México. Y apenas en noviembre pasado The Wall Street Journal (WSJ) reveló que funcionarios del Servicio de Alguaciles del Departamento de Justicia de EU, armados y disfrazados de elementos de la Secretaría de Marina de México, participaron al menos cuatro veces al año en operativos antinarcóticos en el territorio nacional, con apoyo de agentes de la DEA y la FBI. Según el WSJ, en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán intervinieron agentes encubiertos de Washington, y un alguacil resultó herido en Sinaloa en julio del año pasado durante un operativo contra el grupo de los hermanos Beltrán Leyva; rescatado por un militar de la Marina, fue trasladado a Culiacán y luego a Texas.

Desde 2005, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y después bajo la cobertura de la Iniciativa Mérida (2007), EU ha venido aumentando de manera exponencial su injerencia política, policial, militar y de inteligencia en México. Pero el dato revelado por The Wall Street Journal exhibe que los agentes estadunidenses actúan aquí incluso con recursos del propio Estado mexicano −como son las armas y los uniformes de la Marina−, en actividades que sólo corresponden a las corporaciones nacionales. El hecho indica que el gobierno de Peña Nieto ha avanzado un escalón más en la abdicación de sus potestades soberanas, con el agravante −sin ambigüedad alguna− de que en el marco de la tan cacareada cooperación, Washington ha abastecido con armas de alto poder a las organizaciones criminales mexicanas que dice combatir, como quedó demostrado en los operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto.

La iniciativa de Peña, ahora, de armar a los agentes estadunidenses en México, se la había dejado de tarea el presidente Barack Obama en la reunión que ambos sostuvieron en Toluca en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 19 de febrero de 2014. En abril siguiente, durante la segunda Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, acordaron buscar respuestas conjuntas a las amenazas transnacionales. Reunidos en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante el ministro canadiense Robert D. Nicholson y su homólogo estadunidense Charles Timothy Hagel, el titular del arma, general Salvador Cienfuegos, aseveró que existe una importancia geoestratégica en América del Norte que nos impulsa a estrechar lazos para atender amenazas que son de naturaleza diversa y alcance multilateral. En la declaración conjunta, los tres ministros de Defensa y el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, señalaron que debido a la profundidad de nuestras relaciones, geografía, demografía e integración económica, los tres países comparten intereses mutuos de defensa. ¡Joder! ¡Al diablo con las asimetrías!

No hay duda de que el lenguaje de la Aspan ha impregnado el vocabulario de quienes deberían defender la soberanía nacional. En su último tramo, el libreto fue confeccionado por el todopoderoso Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, cuyo informe de octubre pasado proponía una estrategia de seguridad unificada en Norteamérica y mayores conexiones de energía de Estados Unidos con Canadá y México. Parafraseando a Bill Clinton, cabría gritar: Son los hidrocarburos, estúpido. Pero eso Peña sí lo entiende y sigue en camino para consumar la entrega.