Peña y el arranque de una nueva era

Carlos Fazio

 

 

La nueva era del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno de México dio inicio con el gran acto de provocación del 1º de diciembre, seguido de la represión violenta y arbitraria contra quienes protestaban ante la imposición fraudulenta del candidato de Televisa y los poderes fácticos, Enrique Peña. La lógica represiva del viejo/nuevo régimen –la tortura incluida–, podrá generar miedo, terror y paralizar parcialmente la protesta social, pero no podrá borrar la mentalidad autocrática del represor de Atenco ni el autoritarismo-servil del PRI de siempre.

 

Consustancial al priísmo, el vandalismo de Estado con el que irrumpió Peña responde también a los patrones del actual proceso de reorganización hegemónica del capitalismo, en su variable subordinada y periférica. El producto Peña Nieto y las ilusiones necesarias sobre un cambio posible, fabricadas por los corporativos mediáticos en la pasada campaña electoral, no aguantan la prueba del ácido: el régimen de Peña encarna al neoliberalismo de tercera generación, continuador del de los dos gobiernos de Acción Nacional, herencia, a su vez, del antiguo régimen de partido de Estado.

Al igual que en el calderonismo, los aparatos coercitivos del Estado, incluidas las fuerzas militares, permitirán el control global, estatal y local de México, su territorio y sus recursos geoestratégicos, y funcionarán como garantes de las nuevas formas de acumulación clasista, tratando de imponer por la fuerza y/o mediante la persuasión, sus políticas, categorías y sentidos comunes, en su renovado intento por incentivar la parálisis colectiva y desarticular las diversas formas de resistencias.

Como otros estados nacionales, México se ha disciplinado a las políticas de seguridad globales, tanto interna como externamente, haciendo propios los lenguajes bélicos del antiterrorismo y de la guerra contra el crimen. En ese contexto, la proverbial corrupción del PRI, profundizada durante los dos sexenios panistas, no puede entenderse como una disfuncionalidad de los regímenes mexicanos del nuevo siglo, sino como inherente al actual modelo de dominación.

Una dominación oligárquica que, como contraparte y complemento de la violencia estatal directa, se ejerce a través de redes comunicacionales unidireccionales (multidireccionales, pero en un solo sentido) bajo control monopólico, e integradas a una red corporativa global, que de manera ininterrumpida penetra todos los ámbitos: el económico-productivo, el educativo, el represivo, el cultural-recreativo. Lo que permite controlar y/o manipular la información, así como la manufacturación de una opinión pública pasiva y dócil (por ejemplo, sobre los hechos vandálicos del 1º de diciembre, asimilados en los medios a jóvenes lopezobradoristas y del movimiento #YoSoy132) y el formateo de los sujetos en una lógica afín al sistema.

En ese contexto, las figuras del terrorismo y del crimen organizado –enemigos difusos que sirven para justificar guerras tecnológicas indefinidas e intervenciones militares globales– son funcionales para sancionar casi cualquier práctica de oposición al sistema político, económico o social, castigando a los presuntos responsables –muchas veces fabricados como verdaderos chivos expiatorios por las fuerzas de seguridad del Estado, como en el caso de los 14 presos políticos del 1º de diciembre– con penas especialmente duras en el conrexto de una legislación propia de un Estado de excepción.

En el México de nuestros días el proceso es de sobra conocido: primero se criminaliza la protesta, despolitizándola; luego se asimilan protesta y violencia, buscando deslegitimar cualquier recurso a la movilización y la fuerza que no sea exclusivamente estatal; por último, toda violencia contra el sistema –y la democracia pretoriana y/o militarizada–, en tanto desestabilizadora del statu quo, se considera terrorista, “narco-insurgente”, vandálica. O ataque a la paz pública en pandilla.

Así, a la par que se aplican prácticas represivas de shock paralizante sobre la población y leyes punitivas con castigos ejemplares a la disidencia política (redefinida como un nuevo peligro social), desaparece el delito de rebelión, y con él, el derecho a la rebelión reconocido incluso por la doctrina liberal. Promovidas por los estados centrales y las oligarquías vernáculas, tales políticas, a la vez que amedrentan e inmovilizan sociedades enteras, propician y favorecen las guerras neocoloniales de comienzos del siglo XXI y los negocios corporativos trasnacionales.

Las falsas guerras antiterrorista y contra la criminalidad organizada constituyen el núcleo de las violencias estatales en la fase global, y con la excusa de la seguridad pública están dirigidas principalmente contra disidentes y excluidos. El nuevo orden securitario de la actualidad guarda relación con la vieja doctrina ideológica de la seguridad nacional, sólo que en el lugar del viejo enemigo interno subversivo y comunista de la guerra fría, se incluye hoy una amplia gama de peligros funcionales para limpiar las calles de grandes urbes como la ciudad de México, y policializar y criminalizar fenómenos políticos y sociales, en lugar de proceder a la inversa, es decir, dar la debida dimensión social y política a las cuestiones delictivas y de seguridad derivadas de la imposición a sangre y fuego de las políticas neoliberales del Consenso de Washington y el neocolonialismo actual.

En un contexto de polarización social y de violencia estructural y represiva estatal, como heredero del calderonismo, el peñismo es más de lo mismo en la perspectiva de consolidación del proceso de reorganización hegemónica global, con la variable de que busca restaurar la antigua hegemonía priísta sobre la sociedad; esto es, una autocracia de perfil policial, encubierta por una liturgia mediática kitsch exacerbada, que presagia el arranque de una nueva era de violencia extrema.

Adiós, democracia, adiós

Marcos Roitman Rosenmann

 

 

Fuese o no verdad, concluida la guerra fría se popularizó la idea, en los países capitalistas, de vivir en democracia. Países ricos y pobres, dominantes y dependientes, debían asumir la tarea de crear o consolidar instituciones propias de una democracia representativa. El esfuerzo se adjetivó como la construcción de una orden mundial capaz de encajar democracia política y economía de mercado. En su empeño de construir un objeto imposible primó la mano invisible del mercado sobre los principios de la democracia, convirtiéndola en un cascarón vacío, paso previo para el advenimiento de una sociedad sumisa y ordenada. El mercado tomaba las riendas. El capital privado sustituía al Estado en la función fiscalizadora de las políticas públicas y sociales. Fortalecer la gobernabilidad, consolidar la gobernanza y crear un parámetro que midiese la calidad de la democracia constituyó el núcleo del proyecto. Fue la manera de justificar la emergencia de gobiernos fuertes y ágiles, donde la mano dura sustituía el diálogo y la negociación social. Entre los criterios para el ranking de la calidad democrática se propusieron el estado de los derechos políticos y las libertades civiles, la representación de género, la aplicación de justicia, la soberanía, la corrupción o los niveles de satisfacción ciudadana. A medida que el mercado ha ido fagocitando la democracia el suspenso es generalizado, poniendo en claro que democracia, capitalismo y economía de mercado no son compatibles.

Los amos del capitalismo no tienen empacho en pregonar la llegada de un tiempo nuevo sin vínculos democráticos. Sus hacedores, las transnacionales, y el capital financiero rediseñan, bajo la tutela de los mercados, los límites del sistema mundo. Sus efectos conllevan un terremoto político. Los primeros edificios en resquebrajarse, aquellos que dan cobijo a la ciudadanía política y la democracia, acaban en ruina. La reconstrucción no busca restaurarlas; sobre sus cimientos edifica un nuevo orden de explotación. Su aparición no es casual, responde a un arduo trabajo que horadó lentamente los pilares la democracia. Bajo la tutela de Friedrich Hayek, en un hotel de los Alpes suizos, se funda en 1947 la sociedad neoliberal de Mont-Pelerin. Von Mises, Rawls, Friedman, Stigler, Popper, Coase o Buchanan son sus miembros destacados. Todos emprenden una cruzada contra Keynes y el estado del bienestar. Poco a poco, entre las elites políticas, crece su influencia doctrinal hasta contaminar los programas de los partidos políticos, sean conservadores, liberales, socialdemócratas, progresistas o democristianos.

Académicos e intelectuales de la secta crean institutos privados, fundaciones, centros de investigación, editoriales, medios de comunicación y de paso cambian los planes y programas en las universidades públicas y privadas de las facultades de economía y ciencias sociales. El ideario neoliberal gana terreno. Su mensaje no tiene dobleces. Si la democracia política representa un problema para la economía de mercado, nos deshacemos de ella. Para evitar ser tildados de antidemócratas proponen convertir la democracia política en democracia de mercado. Von Mises, mano derecha de Hayek, asienta la definición: La democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito de la íntima santidad de la personal moralidad de la justicia absoluta. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos.

Crear una sociedad bajo los principios de la economía de mercado y renegar de la democracia no es tarea fácil. Se requiere gobernar con mano de hierro. Varios ejemplos preglobalización se esgrimen, aunque desaconseja la forma política de acceso al poder. El caso de Chile es recurrente. Quienes diseñaron las bases de la política económica de la dictadura, críticos de la democracia política, educados en los principios de la economía de mercado, se les considera unos adelantados y a Pinochet un iluminado. Bajo los atentos ojos de sus maestros, Hayek, Friedman, Rawls o Stigler, logran asombrar al mundo, pero no pueden sacudirse el pecado original, imponerlo a sangre y fuego. Paradojas de la vida, serán sus detractores quienes, tras 17 años de tiranía, le rediman y den su plácet. Exiliados y oposición consensuada alabaron sus logros y se reconvirtieron al catecismo neoliberal, ahora legitimado electoralmente. El siguiente ejemplo viene del viejo mundo. En 1979, sin desaparecidos, torturados y exiliados, Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, gana las elecciones y asume el ideario pinochetista. El tercer ejemplo proviene de Estados Unidos. En 1981 el Partido Republicano aúpa a la Casa Blanca a Ronald Reagan. Tres experiencias que pusieron en el punto de mira las políticas de austeridad, los recortes y su devoción por instaurar una democracia de mercado. Sus gobiernos abrieron camino desarticulando el tejido de la sociedad política y civil. Sindicatos de clase, partidos obreros, organizaciones defensoras de los derechos humanos, fueron cuestionadas como instituciones democráticas. La propaganda en su contra acabó deslegitimando sus funciones y desacreditando a sus miembros. La crisis de la militancia y la desafección política fueron los primeros síntomas de un poder neoligárquico que imponía su cosmovisión totalitaria y antidemocrática. Los mercados no requieren mecanismos de negociación para solucionar los conflictos de clase. Una palabra fue copando el discurso político y la narrativa del neoliberalismo: austeridad. Los documentos de época insisten en dicho concepto para explicar los cambios introducidos en la gestión pública y la asignación de recursos. Los programas sociales son afectados bajo el principio de racionalidad y eficiencia. La desregulación acabó con el estado del bienestar y sus atributos compensatorios de las desigualdades económicas.

Los años 90 del siglo XX encontraron un camino abonado. Nada se oponía al relato neoliberal y el comunismo realmente existente se desarticulaba hasta desaparecer del mapa europeo. El camino queda expedito para profundizar las reformas. La democracia pierde batalla tras batalla. Aumentan las desigualdades y la pobreza resurge y la exclusión se consolida. Y en la primera década del siglo XXI ya nada parece inquietar. Día a día se suceden acontecimientos que nos hablan del total abandono de los principios democráticos como articuladores del orden social y político. Los ejemplos provienen de todas las esferas. La justicia, la cultura, la economía, la política, la educación, la sanidad, etcétera. El deterioro de la democracia coincide con la pérdida de control de la clase política de los mercados y sus representantes. La democracia ya no es la forma por excelencia de la dominación burguesa, expresa la reivindicación de las clases trabajadoras, explotadas, los pueblos originarios sometidos al colonialismo interno y las mujeres al dominio propio de una sociedad capitalista y patriarcal. En este sentido la democracia se incorpora como parte de un proyecto alternativo, anticapitalista, abajo y a la izquierda. De allí que bajo el capitalismo le demos la extremaunción. Adiós, democracia, adiós.

Armas y estado de derecho

Carlos Fazio

 

Stuttgart. La víspera del primero de diciembre, día de la violenta provocación-represión policial que inauguró la gestión de Enrique Peña y sancionó el regreso del viejo PRI a la administración gerencial del país –seguida de un linchamiento mediático y la criminalización de más de medio centenar de estudiantes disidentes, víctimas de agentes estatales, federales y del gobierno saliente de Marcelo Ebrard–, tuvo lugar en Berlín, Alemania, el encuentro México: ¿Estado de derecho?

Convocado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, dos de los ejes principales fueron exigir al Estado alemán el cese de la exportación de armas de guerra y tecnología militar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la suspensión de los convenios de seguridad y colaboración policial existentes entre ambos países.

La guerra de Felipe Calderón a las drogas convirtió a México en un apetitoso mercado para las compañías armamentistas y de seguridad, que hacen pingües y lucrativos negocios con los conflictos bélicos, bajo la fachada de aportar material, tecnología y herramientas contra el crimen a gobiernos, presuntamente, sujetos al Estado de derecho. Son los casos, por ejemplo, de la empresa germana Heckler & Koch, que en 2006 obtuvo un permiso para exportar 8 mil rifles de asalto G-36 al Estado mexicano, en particular a la Dirección General de la Industria Militar (entidad encargada también de comprar armas para la policía), y el de la corporación francesa-alemana Eurocopter, que el año pasado suscribió un acuerdo para vender una docena de helicópteros de combate EC725 a la Sedena.

En enero de 2000 el gobierno alemán aprobó una serie de regulaciones que rigen la exportación de armas. Una señala que el país receptor debe poner especial atención en el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos. Debido a ello se impusieron una serie de reservas, por ejemplo que no se podía armar con fusiles G-36 a las policías municipales de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. No obstante, ese tipo de armas fueron entregadas a la policía municipal de Chihuahua y existe una denuncia contra la firma Heckler & Koch por ese hecho, que fue también ventilado por la televisión pública alemana.

A su vez, en diciembre de 2008 la Unión Europea adoptó unas normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (2008/944/PESC), mediante las cuales los estados miembros se comprometieron a detener las ventas de armas cuando sea evidente que las herramientas exportadas son utilizadas con fines represivos en los países receptores.

Como represión interna se entiende la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias y toda violación grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los estados de la Unión Europea se comprometieron, también, a denegar licencias de exportación de tecnologías o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final. De allí que a la luz de las profusas y documentadas violaciones a los derechos humanos cometidas en las operaciones conjuntas de militares y policías en México, la coordinación alemana no se explica por qué las reservas en armar a las policías locales, están limitadas a esos cuatro estados de la República.

Por otra parte, los helicópteros de combate EC725 pueden transportar hasta 29 personas y es posible equiparlos con dos ametralladoras (7.62 mm), dos cañones (20 mm) y dos lanzacohetes. Según el gobierno mexicano los helicópteros adquiridos por la Sedena son para el transporte y cuidado de civiles. No se sabe a ciencia cierta si los aparatos están artillados ni si son utilizados por tropas de élite aerotransportadas. Pero la coordinación alemana piensa que debido al uso de helicópteros en las áreas de conflicto donde se han presentado prácticas inhumanas –entre ellas detenciones ilegales y arrojar cadáveres en zonas deshabitadas–, los aparatos de la Eurocopter, con o sin armamento, pudieran ser herramientas útiles para la represión interna.

El mismo secretismo oficial de los gobiernos alemán y mexicano reina sobre los convenios en materia de seguridad y policial, anunciados en mayo de 2011 por el ex presidente germano Christian Wulff. Según fuentes parlamentarias alemanas, el convenio incluye el intercambio de información sobre grupos criminales y redes delincuenciales, lavado de dinero, organizaciones terroristas, escenas y horas del crimen, infracción de normas y operaciones de colaboración conjunta, eventualmente con apoyo de personal y/o material por parte de Alemania.

El 30 de noviembre, en el contexto de la conferencia México: ¿Estado de derecho?, el jefe de la Unidad Crimen Organizado del Ministerio del Interior alemán, Sven Berger, dijo que a su gobierno no le consta que en México se practique la tortura y definió al país como una democracia joven. Su posición concuerda con anteriores argumentaciones de las autoridades germanas en el sentido de otorgar al gobierno mexicano el beneficio de la duda. Bussines are bussines.

La coordinación humanitaria alemana exigió a su gobierno la suspensión de los convenios de seguridad, policial y de ventas de armas; la sujeción a las cláusulas sobre el respeto a los derechos humanos del acuerdo comercial de la Unión Europea con México (TLC), y verificar su cumplimiento in situ y a partir del diálogo con representantes de la sociedad civil mexicana y el testimonio de víctimas de la violencia oficial.

En ese contexto, la brutalidad policial del primero de diciembre exhibió los protocolos de la mano dura en la joven democracia de Peña y Ebrard, pero también la incoherencia entre los hechos, los convenios firmados y los negocios de su contraparte alemana.

Las refinerías deben ser de Pemex

Antonio Gershenson

 

 Son muchas las cuestiones que se incluyen en el documento Pacto por México. Pero ahora voy a ocuparme con más detalle con la cuestión de las refinerías y otras relacionadas.

El párrafo dice: Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex (Compromiso 57).

Voy a mostrar cuál fue la posición del PRI, durante la polémica de 2008, iniciada por la iniciativa petrolera del gobierno federal panista de entonces. La posición de los principales partidos se mostró primero en las sesiones de la polémica en el Senado, de los días 10 de junio (refinerías) y 12 de junio (petroquímica).

En general, se trabajó en estas sesiones con ocho ponentes, tres propuestos por la izquierda, dos propuestos por el PRI y otros tres por el PAN. En general, los representantes de la izquierda y los del PRI refutaron las propuestas del gobierno federal, y también por lo menos una parte de los propuestos por el PAN. El PRI emitió un proyecto de decreto el día 23 de julio, del cual tomamos unos párrafos relacionados con el tema del que hablamos:

“Hacemos nuestras las inquietudes y las sugerencias de quienes participaron en los foros para asegurar que las actividades relacionadas con la refinación, el almacenamiento y transporte de hidrocarburos y petrolíferos, se mantengan como áreas atendidas únicamente por el Estado, a través de instituciones públicas; en particular, buscamos responder a la demanda de la industria petroquímica nacional para impulsar su recuperación.

En las conclusiones, se empieza por lo siguiente: Modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, sin permitir su privatización. Sin privatizar el aprovechamiento del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que corresponden al organismo, como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos.

La posición del gobierno panista de que las refinerías fueran de privados y, en la práctica, de trasnacionales, se ratificó a principios de febrero de 2009. Se analiza esta posición en un artículo mío del 8 de febrero de 2009. El gobierno federal tuvo que aceptar la posición de la mayoría de las cámaras, pero en los hechos frenó una y otra vez la construcción de la refinería de Pemex. Hasta su final, no cumplió con los acuerdos mayoritarios.

Como vemos, la posición del PRI fue en el sentido de que las refinerías fueran del Estado, de Pemex. Volvamos al párrafo del documento Pacto por México.

Se plantea competencia, entre otros, en la refinación. Aunque se dice sin privatizar las instalaciones de Pemex, esto abarca a las refinerías existentes. Para las nuevas, van a competir con Pemex (o, si ellos lo deciden, incluso sin Pemex) para la construcción de nuevas refinerías (llevamos como 30 años sin construir una). En los hechos, sólo pueden ganar las trasnacionales.

De aquí que tengamos un serio problema. No sólo se vulnera la Constitución y se entregan funciones de Pemex muy importantes. Se está andando incluso en el camino contrario al que tomó el PRI por lo menos a partir de 2008, y del que ya hablamos en el proceso de cambios legislativos. Están en el camino que sólo siguieron entonces el gobierno y el PAN, la pura derecha.

También a la industria petroquímica nacional la condenan a la competencia. Cualquier nueva instalación se puede concursar. Todo eso puede ser de trasnacionales o, tal vez en algunos casos, de empresas nacionales. Hemos visto alianzas entre una empresa nacional y otra extranjera. Pues ahora se legalizaría su propiedad de plantas petroquímicas.

Otro ejemplo de la petroquímica nos muestra lo que puede pasar. Se ha estado desmantelando el complejo petroquímico Cangrejera. Y se ha importando una cantidad de naftas de Estados Unidos. O se cierra este complejo, o se le deja sin producir, y se decide que se requiere un nuevo complejo petroquímico para cubrir las necesidades. Y, claro, ya es nuevo y hay competencia y gana el que se decida como ganador. ¡Ya lo privatizamos sin llamarle privatización!

Volvamos a las refinerías. En las recientes elecciones ha habido muchos problemas. Pero con todo, el PAN, la derecha abierta, quedó en tercer lugar. El gobierno saliente fue repudiado por los electores, a pesar de los fraudes. Y a ese gobierno derechista, pese a estar repudiado, es al que ahora se pretende empezar a copiar.

antonio.gershenson@gmail.com