Seis
años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión, seis
años de mentiras y promesas falsas, de simulación, corrupción,
complicidad y de un Estado de excepción que nos han impuesto. Seis
años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde
hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad ponemos los
muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las
autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos
pocos mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos
desempleados, somos jóvenes sin oportunidades, seis años en que
hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales
. Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en
la educación, de educación para formar mano de obra barata,
mientras que nosotros no tenemos acceso a una educación crítica
para una vida digna. Seis años, de nuevo, en que los políticos no
dialogan con la sociedad pero nosotros, los que hemos levantado la
voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados,
denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un
México que sólo existe como versión oficial, seis años
reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a
quienes sirven.
Nosotros
no aceptamos este México que quiere dejarnos la clase política, y
rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por
esto es que el movimiento #YoSoy132 ha llevado a cabo un intenso
proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con
académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo
largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida
pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Esté
análisis parte de la lectura critica de la situación actual que
vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también
lo que nutre nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la
sociedad a la que convocamos para abrir un diálogo franco y a
sumarnos en una lucha fraterna.
-
Democratización de
los medios de comunicación, información y
difusión
El
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en lo que tiene que ver con
medios de información es un sexenio muerto. En legislación no hubo
avance, en telecomunicaciones se propició la concentración en
manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro
radioeléctrico propiedad de los mexicanos. Se persiguió y
violentó a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a
través de radios comunitarias; y se caracterizó por las
persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas.
En
México, los medios de comunicación cuentan con un marco jurídico
anacrónico y discrecional. Felipe Calderón no sólo asumió una
actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo
régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer
valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias
y favorecer al duopolio televisivo. La única acción legislativa que
impulsó en la materia fue su aval al Acuerdo Comercial
Anti-Falsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en
el ejercicio de los derechos a la información y a la libre
expresión. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con
la ausencia constitucional y legal de una política de Estado
relativa a medios de comunicación.
Una
situación simular podemos observar en el ámbito de las
telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de
discrecionalidad del actual gobierno: la licitación 21 donde
favorece a Televisa y Nextel; la fusión Televisa-Iusacell nuevamente
en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el “rescate” de
la banda de 2.5 Ghz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa.
El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación
para beneficiar a los consorcios mediáticos lesionando con ello a
las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a
Televisa ingresar al mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca
como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de
televisión abierta, teniendo 94.4 por ciento de la audiencia
televisiva, lo cual les favorece con un 58 por ciento del total de la
inversión publicitaria, recibiendo 30 por ciento del gasto de
comunicación social federal según los mismos datos de la COFETEL.
Por
otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias
ocasiones a abolir la brecha digital así como fomentar la
competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión.
Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios
de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones,
impide el despliegue de las redes. Al mismo tiempo, la alfabetización
digital es todavía deficiente. A lo anterior podemos agregar el
intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un
tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la
aprobación deliberada y tramposa de ACTA. A estas alturas del
sexenio de los 112 millones que habitamos el territorio nacional
apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo
6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un
promedio de penetración estimada del 30.7% colocándonos a 2.7
puntos porcentuales debajo de la media mundial y de -8.8 puntos del
39.5% que es de la media Latinoamericana.
Mientras
a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federalconcedió licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos
ciudadanos por crear sus propios medios los persigue y agrede. La
labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces
menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con
sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para
que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la
información y libre expresión. Estas son algunas de las
Radios Comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio:
Radio Diversidad Veracruz; Radio Tierra y Libertad Nuevo León; Radio
Uekakua Michoacán; Radio Eiampiti; Radio Ñomndaa Guerrero. Las
cuales han sido agredidas y persguidas por el gobierno federal.
En
el mismo tenor, a lo largo de este sexenio, México vivió una
inédita crisis de seguridad pública cuyo costo humano se calcula ya
en más de 95 mil muertos; dicha crisis se vio, por consecuencia,
reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión registrándose
un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre
periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72
periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques
a instalaciones de medios de comunicación. Tan sólo en el año 2011
se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y
comunicadores, que van de amenazas, a asesinatos, desapariciones,
desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque
cibernético, y acciones legales. (Article 19, 2011: 9-21).
Destacamos
que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la
violencia contra la prensa cambió sus características, a lo
largo de estos seis años al problema de la censura, se agregó el
escenario de los periodistas rehenes y ataques a directos a las
instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura,
durante este gobierno, destacó que “el ataque sobre el gremio de
periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos
rebasó el 53 por ciento de los casos, mientras que los atribuibles
al crimen organizado se encuentran sobre el 13 por ciento” (Castro,
2012), los casos de Lydia Cacho y el de Carmen Aristegui, resultan en
este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el
discurso oficial de que el responsable de la violentar la libertad de
expresión en el país es el crimen organizado.
Un
Estado como el mexicano que no puede garantizar la integridad física
y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión
de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede
garantizar tampoco nuestro derecho a la información.
Adicionalmente
las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no
estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno
federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo
que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la
iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra,
venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de
cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios
simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder
cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y
distribución en los diversos medios: radio, televisión, museos,
teatros, editoriales, entre otros.
En
virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de
comunicaciones en México hoy priva la corrupción, la simulación,
la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la
concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial; y
donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los
intereses de los ciudadanos mexicanos.
Por
la democratización de los medios de comunicación en México ¡
#YoSoy132!
-
Cambio
al modelo educativo, científico y tecnológico
La
política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte
presentada en el sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses
del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades
sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos
se adecuan a un mercado laboral inequitativo.
Esto
lo confirma ahora la reciente Reforma Integral a la Educación Media
Superior (RIEMS), en la que se constata que el modelo pedagógico por
competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico,
elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las Humanidades y
a las Ciencias (como es el caso de la filosofía y de la historia), y
deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de
forma sesgada y confusa; lo que cumple con el único objetivo de
simplificar el conocimiento para formar obreros certificados, y no
sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes
universitarios; y que, en no más de una década,
eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y
hará depender al país en su totalidad de la tecnología
y la ciencia producida en otros lados.
Tanto
la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de
habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los
países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las
élites; hecho que condenaría al país al rezago y el nulo
crecimiento en todos los ámbitos.
En
este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los
del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria Abierta como los
conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la
eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado
a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al
proponer un certificado parcial; su próximo argumento será: no
tenemos desertores sino numerosos certificados parciales.
El
ingresó a una educación media y superior de alto nivel
académico, UNAM, UAM e IPN, es cada vez más difícil para los
jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas
no corresponde con la demanda educativa en nuestro país.
Las autoridades educativas sostienen que los mejores
estudiantes ingresan a la universidad, sin embargo, este argumento se
cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la
UNAM, por ejemplo: a nivel licenciatura fueron rechazados aspirantes
a la carrera de medicina, cuando obtuvieron cien aciertos de un
examen de ciento veintiocho; es decir, la excelencia en el examen de
admisión no es suficiente para ingresar a una educación
universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de
rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas
atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes, cuando
son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones
educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la
educación pública con el fuerte apoyo a universidades
privadas.
Ciencia
y Tecnología.
El
desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento
social y económico de un país; le otorga a la sociedad herramientas
esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. A
pesar de ello, en México, la situación del ámbito científico es
relegada por el Estado.
Con
relación al financiamiento, la ley de Ciencia y Tecnología (emitida
durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe
Calderón) estipula que el presupuesto para CyT no debe ser
menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, la
inversión en este sector es menor al 0.5%. Aunado al precario
presupuesto existente, es mal administrado y poco transparentado. La
gestión de políticas públicas eficientes y prácticas es esencial
para sacar a México del rezago en CyT en el que se encuentran, no
obstante, los actores involucrados en la revisión y aplicación de
las leyes no cuentan con el nivel educativo necesario en ciencia y
tecnología.
Otro
problema crucial es el estímulo y empleo de los recursos humanos.
Son muy pocos los profesionales en CyT que encuentran cabida en el
sector productivo mexicano, lo que fomenta la “fuga de cerebros”
y una ausencia de renovación generacional. La ciencia y la
tecnología limitan su labor y crecimiento debido a los siguientes
factores: bajo número de plazas disponibles en instituciones de
investigación, pocas opciones de inclusión en los campos laborales
afines, escaso y lento desarrollo regional, centralización de
recursos; y una inadecuada legislación. Como consecuencia, la
producción de profesionales de la CyT en México es baja en
comparación a otros países de Latinoamérica. Además, en términos
de proyección, México aporta solamente el 0.65% del conocimiento
científico mundial.
El
desarrollo en México debe generar las condiciones de autonomía
científica y tecnológica. Sin embargo, debido a que la inversión
en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de
la tecnología utilizada por los sectores productivos. Bajo este
contexto, la solicitud de patentes por ciudadanos, empresas o
instituciones mexicanas es pobre. Es urgente definir e impulsar las
áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica
con el fin de generar y fortalecer los recursos humanos que puedan
atender las diversas necesidades de la sociedad.
Respecto
al uso de los Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos,
estos pueden tener un impacto positivo para la población, pero en
ciertos casos su uso es nocivo, por ejemplo: el maíz no regulado es
un peligro para la seguridad alimentaria y biológica del país.
Arte
y patrimonio
El
ámbito artístico es uno de los más abandonados en la gestión
calderonista, tanto en recurso como en la protección del patrimonio
nacional. Debido a la visión empresarial del gobierno, el arte es
considerado una mercancía más; es decir, si no produce bienes
entonces no es digno de cuidado ni protección. Bajo este contexto,
se reduce el papel del patrimonio nacional al turismo, que muchas
veces no respeta las condiciones de protección a la arquitectura o a
la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes
problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector; escasos
empleos para los artistas y gestores; y abandono de espacios
arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se
pude documentar en el incumplimiento de las siguientes leyes: “Ley
General de Bienes Nacionales”, “Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas” y “Artísticas e Históricas”.
-
Cambio
al modelo económico neoliberal
La
crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a
inicios de la década de los años ochenta, dio pauta a que la banca
acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros
multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial,
impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de
la deuda externa, para lo cual se redujo el consumo, la inversión y
el gasto gubernamental. Junto a las políticas de ajuste
restrictivas, se procedió al “cambio y ajuste estructural”,
que consistió en la apertura de la economía mexicana a los
flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción
forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos.
La
agenda de restructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin
interrupciones desde entonces, no obstante, el capital financiero
internacional ha empujado las llamadas “reformas estructurales de
tercera generación.” Entre ellas destacan: 1) la
privatización de los servicios de seguridad social como el caso de
las pensiones para el retiro; 2) la apertura al capital privado de
sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de
energía; 3) la construcción de grandes obras públicas por medio de
las llamadas “asociaciones público privadas”; 4) una reforma
fiscal que disminuya, aún más, el impuesto sobre la renta (ISR), y,
en su lugar, aumente los impuestos al consumo, como el caso del IVA
generalizado a medicinas y alimentos; y 5) la total desregulación
del mercado.
La
política económica seguida por el Estado está concentrada en
la estabilidad macroeconómica beneficiando a los capitales
financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del
grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que
beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y
mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así,
contamos con una política monetaria que tiene como fin último el
control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la
utilización del tipo de cambio como posible palanca para impulsar a
la industria mexicana; asimismo, la política fiscal, que mantiene el
equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política
monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de
política industrial han impedido la generación suficiente de
empleos. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos
afectó el poder adquisitivo de las familias: todo esto se
traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la
pobreza durante el sexenio calderonista.
Hablar
de desempleo es también abarcar la precarización del trabajo, los
datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la
economía informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4.2
millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos;
6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8
millones ganan entre uno y dos salarios mínimos. Según cifras del
INEGI ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la
desocupación con estos porcentajes: en 2006 la tasa de desocupación
era del 3.6% mientras que en 2011 ascendió al 5.4%; en 2006 la de
subocupación era del 6.9% mientras que en 2011 ya ascendía al 8.2.
% Tal como lo muestran estos datos, entre las
circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son: el
desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias (sin ingresos
o con muy bajos ingresos), la informalidad y la subocupación, da
como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos
dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente.
Este
modelo económico necesita del despojo de las garantías de los
trabajadores, para ello se implementan diversas medidas que evitan
que estos se organicen y defiendan sus derechos, durante el sexenio
de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición
de Luz y Fuerza, algunos “charrazos” en el magisterio, como en
Chiapas, Baja California y Sección IX D.F.. No se ha dado solución
a la situación con Elba Esther Gordillo y el SNTE, símbolo del
charrismo sindical, el conflicto con la CNTE, la situación con los
mineros desde 2006 en Cananea, Sicarsa, Taxco y Sombrerete, los
trabajadores de tierra en aviación, los de la vidriera en San Luis
Potosí y los petroleros independientes, entre otros.
Este
modelo económico no sólo reduce las condiciones de vida de la
mayoría de la población en beneficio de unos cuantos sino que
también se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales
del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito
productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura
turística por y para extranjeros, así como en su dimensión
extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado
por pérdida de hábitats y biodiversidad, aceleración de los
procesos de desertificación, pérdida y degradación de suelos,
incapacidad de captación de agua, menoscabo de reservas de agua
fósil, intrusión de agua contaminada en las costas, deterioro o
desaparición de lagunas costeras; en resumen, la salud y
funcionalidad de los ecosistemas, y con ello la degradación de los
recursos ambientales, básicos para la supervivencia humana y de la
vida misma.
En
conclusión, el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo
económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la
población, en la explotación de los recursos naturales a costa de
las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los
grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento #Yo soy
132 está consciente que el mercado no es la panacea para la solución
de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar
un rol fundamental para resolver los problemas económicos que
aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y
violenta, es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a
favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz.
-
Cambio
al modelo de seguridad nacional y justicia
En
el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia
luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su
triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin
precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo
sustancial fue la movilización social en el estado de Oaxaca del
movimiento magisterial. Producto de la debilidad e ilegitimidad del
nuevo gobierno, éste emprendió una Guerra contra el crimen
organizado que se transformó discursivamente en una Guerra
contra el narcotráfico.
Esta
guerra, como señalan los análisis de autores como Ana Esther
Ceceña, Carlos Fazio y Laura Carlsen, consultados por el Movimiento
#YoSoy132, fue emprendida por el Gobierno Federal como parte de la
estrategia de legitimación de un gobierno emanando de un proceso
electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de
subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano
con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esto
mediante la firma de planes y tratados internacionales como la
Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus
siglas en inglés) y el Plan Mérida.
Producto
de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1,400
millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda (según datos
del Colegio de México) al combate al narcotráfico por parte del
Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida,
mediante el cual se ha emprendido ofensivamente una política de
guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más
claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema
Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes
de mayo del 2012, que impulsará la “Guerra contra el
narcotráfico” y la militarización de Centroamérica y el
Caribe.
Revistas
de investigación como
Proceso y
Contralínea han
dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los
Estados Unidos en México: la presencia de autoridades y
efectivos de la DEA, CIA y el FBI en acciones de inteligencia en
territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el Operativo
Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el
tránsito de más de 2,000 armas y municiones en territorio nacional.
A la par, el adiestramiento en “contrainsurgencia” de mandos
militares mexicanos por el Comando Norte ha sido una muestra de la
subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la
IV Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, el cual
permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados
Unidos, México y toda América Latina.
En
este mismo contexto, según José Luis Piñeyro de la
revista
Contralínea,
Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011, 320 mil millones de pesos
del erario público en materia de seguridad el 2.5% del PIB, el
triple de lo que destina a educación y aproximadamente el 17.4% de
los recursos destilables a este rubro por año, lo que ubica a México
en el onceavo país con más gasto en materia de seguridad en todo el
mundo según estudios del
World
Military Expenses. Con
estos recursos el gobierno Calderonista ha emprendido una campaña de
militarización del país que, según la revista animal político, ha
llevado a más de 45,000 militares y un número indeterminado de
marinos, a los diferentes estados en los que la violencia del
narcotráfico de ha manifestado.
Esta
estrategia de militarización del país en la guerra contra el
narcotráfico, no ha demostrado ser efectiva, pues lejos de terminar
con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha
acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los se da
dicha violencia. La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos
ha causado una verdadera catástrofe social:
80,000
muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos,
20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.
Estas
cifras, que no sólo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en
la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra
del desprecio que el gobierno de Calderon muestra hacia las víctimas
de esta guerra.
Somos
víctimas, no somos "daños colaterales", no aceptamos esa
condición porque ésta exonera de responsabilidades a quienes nos
han obligado a vivir en este estado de excepción, a quienes han sido
cómplices por cerrar los ojos y suprimirnos, por desconocernos, por
matarnos, secuestrarnos, y desplazarnos una y otra vez con su
política de muerte. (Mauro, Victima, San Fernando, Tamaulipas)
Por
lo anterior, reconocemos que tal como dice Conflict Barometer, el
fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto
militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los
balances y e informes de organizaciones como Amnistía Internacional,
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la organización civil Human
Right Watch que mencionan que esta guerra a construido verdaderos
monumentos a la barbarie moderna como: la llamadas narcofosas donde
fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de
Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango, los
registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de
las Fuerzas Armadas o Policías Federales, el asesinato de jóvenes
en masa como en Villas de Salvarcar en 2010, son algunas de las
cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo.
Concluimos
denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de la
luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado
heridas profundas: el asesinato de Josefina Reyes Salazar, y los
subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes
Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, Julio César Reyes
Reyes y Rubén Reyes Salazar; la persecución que continuó con la
desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana
Chávez, el asesinato de Marisela Hernández frente al Palacio de
Gobierno en Chihuahua, la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento
constante a Norma Andrade; los asesinatos de las periodistas
de
Contralínea Marcela
Yarce y Rocío González; el asesinato de los comuneros de Ostula,
Pedro Leyva y José Trinidad, el asesinato de Luis K. Fong, el
asesinato del activista de la FfyL Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; los
luchadores del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y
Marcial Baustista; los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría,
Jorge Alexis y Edgar David Espíritu; la periodista Regina Martínez
de la revista
Proceso; todas
estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante
el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos
cadáveres colman nuestra tierra.
Estamos
hasta la madre, hoy decimos basta, no más sangre.
-
Transformación política
y vinculación con
los movimientos sociales
Informamos
que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una
democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó
sus aspectos más autoritarios.
Las
reformas
electorales preservaron
un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos,
cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de
poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una
verdadera participación social.
El
corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que
el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno
prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos
corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera
independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha
implicado un ataque a cualquier forma de organización en este
sector.
Así mismo,
los
crímenes
de odio hacia las mujeres se
presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional,
haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca
y penalice estos delitos. El Estado de México que presenta el
mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno
quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que
reclama la sociedad civil.
La
gestión de Felipe Calderón mantuvo una posición autoritaria
y violenta ante la movilización social organizada. La Reforma
Penal Constitucional del 2008, así como la Ley contra la
delincuencia Organizada se han convertido en una forma de control y
criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos
a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y
sobre todo el derecho a la protesta social.
La
paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de
manera violenta las políticas neoliberales de despojo,
desplazamiento y sobrexplotación. El resultado de dichas políticas
de Estado se reflejan en:
1.-
Presos políticos; aumento sistemático en las detenciones a los
luchadores sociales.
2.
La desaparición Forzada, La Campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada, ha reportado 26 casos documentados de los cuales 15 siguen
desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año
de gestión hay más desapariciones forzadas que en el periodo que
abarca del 2005 al 2010 siendo la mayor parte de los casos
registrados en Michoacán.
3.
Ataque a defensores de Derechos Humanos. Con un registro de 256 casos
de Violaciones de Derechos Humanos (VDH) documentadas en contra de
personas defensoras, ocurridos de enero de 2011 a marzo de 2012, en
todo el país, el 72% ha sido contra coordinadores, líderes o
fundadores de las organizaciones. El Estado busca que la represión
tenga un alcance a largo plazo, es decir, que logre un impacto
transgeneracional, lo cual denota la lógica selectiva y de mayor
intensidad con que opera.
4.
Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a
los movimientos sociales de mayor impacto y violencia dada su
naturaleza de vulneración del derecho a la vida por parte de quienes
deberían garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Durante
el último sexenio se ha documentado un aumento paulatino en las
cifras de ejecuciones extrajudiciales, mientras que en 2008 se
registraron 6 casos, en el periodo que va de enero a mayo del
2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en Guerrero y
Oaxaca.
En
un contexto donde las políticas violatorias de los Derechos Humanos
han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de
México debe saber de la arrogancia y la prepotencia con que el
actual gobierno federal trata a los movimientos sociales.
Ejemplo de ello son:
El
Sector Laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió
atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En sus
casi 100 años de histórica lucha, los electricistas han visto
afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano al mando de la
Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al secretario general
de este sindicato, además de intentar una y otra vez, generar
división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal
tomaron por asalto las instalaciones de la compañía de Luz y fuerza
que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así
como el “presidente del empleo”, resolvió echar a la calle a 44
mil trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22 mil
jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones
contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han
mejorado.
Otro
de los casos paradigmáticos, es el de los 76 mineros
sepultados en la mina de pasta de conchos, en Coahuila. El gobierno
tampoco ha hecho justicia a sus familiares quienes exigen la entrega
de los cuerpos de las víctimas; por el contrario, el grupo minero
México sigue operando impunemente en nuestro país, manteniendo en
las peores condiciones a los trabajadores.
En
el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC, en
Hermosillo Sonora; tampoco ha habido deslinde de responsabilidades,
ya que ni Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, ni Juan Molinar
Horcasitas, ex director general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí
tampoco ha habido justicia.
Siguen
sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta
contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Prueba de ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones
de los comuneros de Cherán quienes luchan por su autonomía, así
como el hostigamiento a la policía comunitaria de Guerrero que
ejerce sus formas de justicia y autogobierno.
-
Cambio
al modelo de salud
Nuestra
lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la
democracia. Ello, porque estamos seguros de que son el único camino
para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país.
Con base en lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que
ha sucedido en el sexenio del presidente ilegítimo Calderón, lapso
de tiempo en el cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado
un desprecio rotundo por la vida de nuestros conciudadanos.
El
actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar
el derecho a la Salud, consagrado en el artículo cuarto de nuestra
Carta Magna y el correspondiente al artículo 123 que establece que
los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el
orden material, social y cultural, y para proveer la educación
obligatoria de los hijos. La salud, entonces, no es un área que deba
ser dejada a la deriva o la suerte, cuidarla, es el mandato supremo
de nuestra sociedad y no admite ninguna excepción.
Bajo
la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de
las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad
al proceso de privatización del sistema de salud mexicano, y es por
ello que junto con Zedillo y Fox, Calderón permitió y
fomentó el desmantelamiento y desfinanciamiento del IMSS e
ISSSTE.
También,
se ha cimentado el camino de la privatización de la salud, con el
fortalecimiento del llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que
un paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real
las demandas de salud de nuestra población porque debido a que no
cuenta con la infraestructura suficiente para ello, abriendo la
puerta a los prestadores privados. Ya establecido este paquete básico
de servicios, el siguiente paso es la “universalización”, que
busca reducir las prestaciones que hoy gozan los derechohabientes de
la seguridad social, entendiéndose como una universalización de la
precariedad.
Así,
señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación, nos
servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el
gobierno de la derecha. Como puntos de importancia se hallan la
obesidad y las enfermedades conjuntas tales como la diabetes, la
hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones, las muertes
por violencia que tanto han dañado a nuestra población desde la
“guerra contra el narco”. De igual manera la desnutrición y los
problemas que le acompañan principalmente en los niños y las
poblaciones indígenas.
Otro
punto es el de la mortalidad materna durante el embarazo que
está lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la
ONU. Por otra parte, tenemos el caso de la subrogación y la
concesión de servicios a particulares con efectos negativos como fue
el el caso de la guardería ABC, donde perecieron 49 niños y 101
resultaron lesionados sin que hasta la fecha haya responsables.
La
destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas
de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua
potable, la desnutrición, males respiratorios por la pésima calidad
del aire y existe, también, un descuido en la seguridad alimentaria
del país como lo demuestra la reciente importación de maíz de
África, y de huevo de varias partes del mundo (con su crisis
actual), el sometimiento a la industria alimenticia y la nula
regulación en los medios masivos de comunicación en materia de
alimentos chatarra.
Señalamos
que los médicos, residentes, pasantes e internos en este sexenio son
ejemplos de las nuevas formas de organización del trabajo a quienes
se les impone una amplia flexibilidad en los horarios, largas
jornadas laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con
responsabilidades que en la vía de los hechos deben asumir por la
falta de médicos de base. Son la fuerza laboral en que se funda la
atención médica en los 3 niveles de atención tanto en el campo
como en la ciudad.
De
ésta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la
obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la
iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del
bienestar de la población en lugar de fortalecer las instituciones
de salud que ya se tienen..
Finalmente,
nos manifestamos por un sistema de salud de acceso a toda la
población sin limitación alguna, que contemple todas las
enfermedades, que sea de calidad, efectivo, basado en la prevención
y promoción de la salud. Un sistema sanitario que verdaderamente
atienda las enfermedades crónico-degenerativas y no las convierta en
motivo de lucro.
Estos
son los saldos de estos seis años:
Ha
sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación,
desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe
Calderón es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a
espalas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la
continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus
intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique
Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra
vez nosotros, la sociedad pagaremos los costos impuestos por esta
clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad
de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un
país diferente.
Por
eso convocamos a todos, a la sociedad en general a que participe de
este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación
de México.
Construyamos
el camino que florece en nuestras manos.
Por
una democracia autentica
#YoSoy132
