Carlos Fazio
La ocupación integral de México se inscribe dentro de las "guerras en curso" del Pentágono en el mundo. Con Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de contranarcoterrorismo en el territorio nacional. Con esa bandera, el Departamento de Defensa estadunidense desplegó tres agencias de inteligencia y espionaje en México: la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que operan desde la Oficina Bilateral de Inteligencia, instalada en Paseo de la Reforma 265, en el Distrito Federal.
En apariencia, el "curso" de la guerra de ocupación integral en México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas. Al testimoniar ante el Comité de Servicios Armados, el general Jacoby consideró "inaceptable" la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar si se está "ganando o perdiendo" la guerra. Afirmó que la estrategia de "decapitación" de grupos criminales ha sido exitosa, pero no ha tenido un efecto positivo aceptable y la violencia se ha incrementado.
El 28 de marzo, el secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que el número de muertos en México llegó a 150 mil, cifra que triplica la manejada oficialmente por las autoridades locales, de 47 mil 500 para el periodo 2006-2011. Ex jefe de la CIA y una de las personas mejor informadas de Washington, Panetta hizo esa afirmación durante la primera reunión de ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, en Ottawa, en presencia de los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Frrancisco Saynez. La declaración fue seguida de un dudoso desmentido.
Los aparentes malos resultados de la guerra en México podrían obedecer a una lógica distinta de la que se pregona de manera pública. El número de muertos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial podrían obedecer a una política de desestabilización y exterminio dirigida a debilitar aún más al país para propiciar su balcanización, en particular de la zona fronteriza con Estados Unidos.
En mayo de 2010 México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la administración de la frontera en el siglo XXI. La franja fronteriza ha sido definida como un área clave de la llamada "seguridad energética colectiva", que incluye la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua.
A siete años de la entrada en vigor de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005) y cinco del lanzamiento de la Iniciativa Mérida (2007) que militarizó el norte de México, no se entiende que siendo la "seguridad energética colectiva" la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reúna las características de un Estado fallido. Tamaulipas es rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas shale en la cuenca de Burgos. Además, limita con Texas (estado petrolero por excelencia de Estados Unidos) y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el "tesorito" en aguas profundas) y considerado el mare nostrum de los estadunidenses. Dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la "seguridad energética" de Washington, ¿estaremos asistiendo a una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa porción del territorio nacional?
La lógica de una desestabilización encubierta dirigida a provocar un desmembramiento territorial podría explicar la llegada al país del embajador Earl Anthony Wayne y del agregado militar Colin J. Kilrain. Perteneciente a una generación de diplomáticos expertos en intervenciones, Wayne, quien se desempañaba como embajador adjunto en Afganistán, fue escogido en función de los intereses expansionistas de Estados Unidos. Especialista en administrar a la llamada "comunidad de inteligencia", a su perfil de experto en contrainsurgencia, terrorismo, lavado de dinero e incautación de activos de la economía criminal, Wayne suma habilidades en temas económicos, comerciales y energéticos. Su nombramiento está cargado de simbolismos. Si el defenestrado Carlos Pascual era especialista en estados fallidos, el relevista Wayne viene de Kabul, donde estaba dirigiendo una invasión bajo la pantalla de combatir al terrorismo. Su misión, ahora, es profundizar la estrategia de desestabilización en México. Llegó a hacerse cargo de la "guerra" de Calderón y a orientar la sucesión presidencial.
El arribo en marzo del nuevo agregado militar de Estados Unidos, contralmirante Colin Kilrain, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, refuerza esa percepción. Antes de su misión en el CNS, Kilrain era comandante de las fuerzas especiales Seal –acrónimo de sea, air and land: mar, aire y tierra–, las unidades de élite de la Marina. En los años 90 participó en la invasión militar a Haití y en la guerra de los Balcanes que fragmentó a la ex Yugoslavia; después apoyó la Operación Libertad Duradera en Afganistán y se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba acciones en Pakistán.
Con el envío de Wayne y Kilrain el mensaje de Barack Obama es claro: la guerra debe continuar. A ello obedecería el abrupto cambio de discurso del presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. Del lenguaje triunfalista ("vamos ganando por goleada"), se pasó a la aceptación de que grupos criminales "han conformado un Estado paralelo, imponen su ley y cobran cuotas". La admisión de México como Estado fallido es la excusa perfecta para profundizar una intervención encubierta que podría derivar en una balcanización del país.
19.4.12
¡Bravo por Cristina!
Ángel Guerra Cabrera
La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem(1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) –el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”. Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios (13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?
La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem(1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) –el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”. Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios (13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?
17.4.12
YPF recuperada: los "españolazos" están nerviosos
Carlos Aznárez
Los habitantes de las Islas Canarias, enclave africano conquistado por la Corona de Castilla a fines del siglo XV y principios del XVI, después de una encarnizada resistencia de sus habitantes originarios guanches (a los que los invasores asesinaron por montones), identifican aún hoy a los invasores con el nombre de "godos".
Los mexicanos, que sufrieron el genocidio impulsado por Hernán Cortez en el Siglo XVI, cuando sus esbirros hicieron rendir a sangre y espada, el bastión de Tenochtitlán, los recuerdan con el despectivo apodo de "gachupines".
Los indígenas peruanos que resistieron la invasión española y que eran liderados por Manko Inka, los denominaron "chapetones", y recuerdan -en la memoria de cada una de sus etnias- los días de dolor y sufrimiento que les implicó semejante impostura colonial.
Los independentistas vascos, que han lidiado durante siglos con los hijos de Castilla, soportando invasiones, guerras sangrientas, y más cercano en el tiempo, cárcel, torturas, desapariciones y asesinatos, se refieren a ellos como "españolazos". Maldicen su voracidad conquistadora, que siempre vino acompañada de un comportamiento bestial, y jamás han dejado de resistir a quienes así se comportan. Homenajean así aquellas jornadas en que sus antepasados defendieron heroicamente el Castillo de Amaiur, en Navarra, hasta su caída en manos de los sicarios de Fernando El Católico, pero también denuncian en estos días del mes de abril de 2012, el talante guerrerista de los súbditos del Borbón Juan Carlos, ese mismo que asesinó a su hermano menor Alfonso,para quedarse con la corona y que ahora caza elefantes en peligro de extinción en Bostwana, y se parte la cadera por exceso de consumo etílico. El rey y sus vasallos Rajoy y Rubalcaba, más algunos pajes menores, son los que siguen cerrando las posibilidades de una paz justa en Euskal Herria, afirman estos tozudos y nobles vascos.
Godos, gachupines, chapetones y españolazos nos son más que formas autóctonas para denominar una forma de ser de quienes a lo largo de los siglos han gobernado esa entelequia autodefinida como "España", que en realidad no es otra cosa que el producto de territorios conquistados por los castellanos, sembrando muerte entre sus habitantes originarios. De la misma manera que hicieron aquellos que, llegados en barcos y carabelas, asolaron Indoamérica dejando un saldo de 90 millones de asesinados.
De un tiempo a esta parte, los conquistadores se hacen llamar Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Iberia, La Caixa, Iberdrola, Banco Santander. Sus métodos son tan crueles y devastadores como los que aplicaban sus antecesores. Estos también repartieron espejitos de colores, compraron mentalidades y cooptaron conciencias, generaron la idea de que su participación era esencial para amortiguar las pérdidas y desajustes que los "criollos" no supieron frenar con sus empresas locales. Se mostraron como "solidarios" y en realidad atenazaron países para amarrarlos a una dependencia que en todos los casos derivó en miseria y destrucción en cada uno de los sitios que se asentaron. No actuaron solos, siempre tuvieron cómplices entre los mandatarios y jerarcas locales. Algunos aprovecharon la "invitación" y entregaron la soberanía sin dudarlo, otros, se hicieron socios para llenar sus bolsillos de coimas y prebendas. Todos, sin excepción, sabían "de qué se trataba" y no dudaron en dar el mal paso.
Pero ahora las cosas son muy distintas en el continente. O por lo menos, empiezan a revertirse algunos escenarios de los que estos españolazos de la "nueva Conquista" se habían aprovechado.
Por eso, no es casual que el caso Repsol los ponga de golpe en paños menores. Y todos a una, como diría D'Artagnan, se han alineado -desde Rajoy y Brufau (este último titular de la petrolera española) hasta el "socialista" o socialisto Rubalcaba- para gritar que se sienten ofendidos, doloridos, enojados, hostilizados, por la mala noticia que les ha llegado desde Sudamérica.
Son de lo que no hay estos españolazos. No sólo roban y matan, sino que todavía protestan cuando sus víctimas se resisten. Pero esta vez, para su desgracia, están muy mal ubicados en la foto. Ya se les conocen las mañas, hay bronca frente a sus reclamos, y a nivel popular, esta muestra de dignidad producida a través de la nacionalización anunciada por el gobierno argentino -tardía decisión pero más que necesaria- ha servido para cerrar filas y enrostrarles a los conquistadores todas las ofensas acumuladas a lo largo del tiempo.
El ultraderechista Rajoy puede decir y hacer lo que quiera, pero ahora todos saben que sus carabelas están haciendo agua, y lo que es peor, amenazan con hundirse. El presidente de Repsol, puede batir las campanas al aire, pero no le conviene insistir demasiado ya que, como el efecto dominó, la decisión argentina puede ser utilizada también por otros países de la región, que están hastiados del prepotente trato que reciben de la petrolera española. De poco le va a servir la solidaridad cipaya que le hiciera llegar su socio en la empresa, el mandatario mexicano Calderón, ya que es sabido que su reinado está en plena caída libre.
Es bueno doblemente que YPF deje de ser española. Por un lado, porque se recupera la posibilidad de que las regalías de la explotación petrolífera puedan servir -como en Venezuela y Bolivia- para distribuirlas entre los que menos tienen. Que esto sea así y que finalmente no se acepten los pedidos histéricos de indemnización pedidas por Repsol, dependerá del control popular hacia quienes hoy han tomado esta decisión. Por otra parte, el anuncio ha puesto en evidencia, como ocurre con Inglaterra en el caso de las Malvinas, que España ha sido y pretende seguir siendo, un imperio destructor y rapiñero. Pero por primera vez, en las últimas décadas, sus amenazas ya no asustan a nadie. Los españolazos se parecen cada vez más a esas republiquetas bananeras con las que tanto comparaban a los países latinoamericanos, cuando querían ofenderlos y humillarlos.
Carlos Aznárez es Director de Resumen Latinoamericano
Los habitantes de las Islas Canarias, enclave africano conquistado por la Corona de Castilla a fines del siglo XV y principios del XVI, después de una encarnizada resistencia de sus habitantes originarios guanches (a los que los invasores asesinaron por montones), identifican aún hoy a los invasores con el nombre de "godos".
Los mexicanos, que sufrieron el genocidio impulsado por Hernán Cortez en el Siglo XVI, cuando sus esbirros hicieron rendir a sangre y espada, el bastión de Tenochtitlán, los recuerdan con el despectivo apodo de "gachupines".
Los indígenas peruanos que resistieron la invasión española y que eran liderados por Manko Inka, los denominaron "chapetones", y recuerdan -en la memoria de cada una de sus etnias- los días de dolor y sufrimiento que les implicó semejante impostura colonial.
Los independentistas vascos, que han lidiado durante siglos con los hijos de Castilla, soportando invasiones, guerras sangrientas, y más cercano en el tiempo, cárcel, torturas, desapariciones y asesinatos, se refieren a ellos como "españolazos". Maldicen su voracidad conquistadora, que siempre vino acompañada de un comportamiento bestial, y jamás han dejado de resistir a quienes así se comportan. Homenajean así aquellas jornadas en que sus antepasados defendieron heroicamente el Castillo de Amaiur, en Navarra, hasta su caída en manos de los sicarios de Fernando El Católico, pero también denuncian en estos días del mes de abril de 2012, el talante guerrerista de los súbditos del Borbón Juan Carlos, ese mismo que asesinó a su hermano menor Alfonso,para quedarse con la corona y que ahora caza elefantes en peligro de extinción en Bostwana, y se parte la cadera por exceso de consumo etílico. El rey y sus vasallos Rajoy y Rubalcaba, más algunos pajes menores, son los que siguen cerrando las posibilidades de una paz justa en Euskal Herria, afirman estos tozudos y nobles vascos.
Godos, gachupines, chapetones y españolazos nos son más que formas autóctonas para denominar una forma de ser de quienes a lo largo de los siglos han gobernado esa entelequia autodefinida como "España", que en realidad no es otra cosa que el producto de territorios conquistados por los castellanos, sembrando muerte entre sus habitantes originarios. De la misma manera que hicieron aquellos que, llegados en barcos y carabelas, asolaron Indoamérica dejando un saldo de 90 millones de asesinados.
De un tiempo a esta parte, los conquistadores se hacen llamar Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Iberia, La Caixa, Iberdrola, Banco Santander. Sus métodos son tan crueles y devastadores como los que aplicaban sus antecesores. Estos también repartieron espejitos de colores, compraron mentalidades y cooptaron conciencias, generaron la idea de que su participación era esencial para amortiguar las pérdidas y desajustes que los "criollos" no supieron frenar con sus empresas locales. Se mostraron como "solidarios" y en realidad atenazaron países para amarrarlos a una dependencia que en todos los casos derivó en miseria y destrucción en cada uno de los sitios que se asentaron. No actuaron solos, siempre tuvieron cómplices entre los mandatarios y jerarcas locales. Algunos aprovecharon la "invitación" y entregaron la soberanía sin dudarlo, otros, se hicieron socios para llenar sus bolsillos de coimas y prebendas. Todos, sin excepción, sabían "de qué se trataba" y no dudaron en dar el mal paso.
Pero ahora las cosas son muy distintas en el continente. O por lo menos, empiezan a revertirse algunos escenarios de los que estos españolazos de la "nueva Conquista" se habían aprovechado.
Por eso, no es casual que el caso Repsol los ponga de golpe en paños menores. Y todos a una, como diría D'Artagnan, se han alineado -desde Rajoy y Brufau (este último titular de la petrolera española) hasta el "socialista" o socialisto Rubalcaba- para gritar que se sienten ofendidos, doloridos, enojados, hostilizados, por la mala noticia que les ha llegado desde Sudamérica.
Son de lo que no hay estos españolazos. No sólo roban y matan, sino que todavía protestan cuando sus víctimas se resisten. Pero esta vez, para su desgracia, están muy mal ubicados en la foto. Ya se les conocen las mañas, hay bronca frente a sus reclamos, y a nivel popular, esta muestra de dignidad producida a través de la nacionalización anunciada por el gobierno argentino -tardía decisión pero más que necesaria- ha servido para cerrar filas y enrostrarles a los conquistadores todas las ofensas acumuladas a lo largo del tiempo.
El ultraderechista Rajoy puede decir y hacer lo que quiera, pero ahora todos saben que sus carabelas están haciendo agua, y lo que es peor, amenazan con hundirse. El presidente de Repsol, puede batir las campanas al aire, pero no le conviene insistir demasiado ya que, como el efecto dominó, la decisión argentina puede ser utilizada también por otros países de la región, que están hastiados del prepotente trato que reciben de la petrolera española. De poco le va a servir la solidaridad cipaya que le hiciera llegar su socio en la empresa, el mandatario mexicano Calderón, ya que es sabido que su reinado está en plena caída libre.
Es bueno doblemente que YPF deje de ser española. Por un lado, porque se recupera la posibilidad de que las regalías de la explotación petrolífera puedan servir -como en Venezuela y Bolivia- para distribuirlas entre los que menos tienen. Que esto sea así y que finalmente no se acepten los pedidos histéricos de indemnización pedidas por Repsol, dependerá del control popular hacia quienes hoy han tomado esta decisión. Por otra parte, el anuncio ha puesto en evidencia, como ocurre con Inglaterra en el caso de las Malvinas, que España ha sido y pretende seguir siendo, un imperio destructor y rapiñero. Pero por primera vez, en las últimas décadas, sus amenazas ya no asustan a nadie. Los españolazos se parecen cada vez más a esas republiquetas bananeras con las que tanto comparaban a los países latinoamericanos, cuando querían ofenderlos y humillarlos.
Carlos Aznárez es Director de Resumen Latinoamericano
16.4.12
La territorialidad de la dominación
Carlos Fazio
La actual fase de intervención estadunidense en México responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en un documento del Pentágono de marzo de 2005. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluye operaciones militares (directas, sicológicas o encubiertas) dirigidas contra países que no son hostiles a Washington, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético.
Una orientación del documento era el establecimiento de asociaciones con estados debilitados. A su vez, bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de estados delincuentes, se promovía el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía) y equipos pequeños de soldados "culturalmente espabilados" para entrenar y guiar a las fuerzas autóctonas. Parte de esas actividades serían realizadas por compañías privadas de mercenarios subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.
Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (el enemigo asimétrico, no convencional, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas). Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los estados.
La ocupación integral de México forma parte de la "dominación de espectro completo", noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita fabricar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos "comunes", que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la manipulación y formación de una "opinión pública" legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.
Para la fabricación del consenso resultan claves las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, mentiras y falsedades. Apelando a la sicología y otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías) y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación.
La manufactura de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la "seguridad nacional" estadunidense y/o la "seguridad hemisférica". Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado "perímetro de seguridad" en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que, como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a nuestro país en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005).
La Aspan (o TLCAN militarizado) incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad –justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional– y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.
El manejo de los medios privados bajo control monopólico permite, también, el aterrizaje de doctrinas como la referente a los estados fallidos que, por constituir un "riesgo" a la seguridad de Estados Unidos, deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Pakistán, Siria, México.
La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009) incluía la previsión de un "colapso rápido y sorpresivo", lo que según el comando central del Pentágono no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington. Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.
De manera sospechosa, a mayor militarización –vía la presencia del Ejército y la Marina de guerra en las calles y carreteras del país– mayor violencia. Una violencia caótica y de apariencia demencial, que de manera encubierta fue alentada y potenciada por grupos paramilitares y mercenarios que actúan bajo la fachada de empresas de contratistas privados, según el guión diseñado por el Pentágono en marzo de 2005. Igual que antes en Colombia y Afganistán y, después de la invasión, en Irak.
Pero dado que en México los movimientos rebeldes permanecen en una tregua armada y de acumulación de fuerzas, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de ocupación integral, tales como "narcoinsurgencia" y "narcoterrorismo", utilizadas de manera reiterada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y otros funcionarios estadunidenses.
La actual fase de intervención estadunidense en México responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en un documento del Pentágono de marzo de 2005. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluye operaciones militares (directas, sicológicas o encubiertas) dirigidas contra países que no son hostiles a Washington, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético.
Una orientación del documento era el establecimiento de asociaciones con estados debilitados. A su vez, bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de estados delincuentes, se promovía el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía) y equipos pequeños de soldados "culturalmente espabilados" para entrenar y guiar a las fuerzas autóctonas. Parte de esas actividades serían realizadas por compañías privadas de mercenarios subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.
Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (el enemigo asimétrico, no convencional, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas). Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los estados.
La ocupación integral de México forma parte de la "dominación de espectro completo", noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita fabricar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos "comunes", que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la manipulación y formación de una "opinión pública" legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.
Para la fabricación del consenso resultan claves las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, mentiras y falsedades. Apelando a la sicología y otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías) y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación.
La manufactura de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la "seguridad nacional" estadunidense y/o la "seguridad hemisférica". Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado "perímetro de seguridad" en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que, como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a nuestro país en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005).
La Aspan (o TLCAN militarizado) incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad –justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional– y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.
El manejo de los medios privados bajo control monopólico permite, también, el aterrizaje de doctrinas como la referente a los estados fallidos que, por constituir un "riesgo" a la seguridad de Estados Unidos, deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Pakistán, Siria, México.
La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009) incluía la previsión de un "colapso rápido y sorpresivo", lo que según el comando central del Pentágono no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington. Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.
De manera sospechosa, a mayor militarización –vía la presencia del Ejército y la Marina de guerra en las calles y carreteras del país– mayor violencia. Una violencia caótica y de apariencia demencial, que de manera encubierta fue alentada y potenciada por grupos paramilitares y mercenarios que actúan bajo la fachada de empresas de contratistas privados, según el guión diseñado por el Pentágono en marzo de 2005. Igual que antes en Colombia y Afganistán y, después de la invasión, en Irak.
Pero dado que en México los movimientos rebeldes permanecen en una tregua armada y de acumulación de fuerzas, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de ocupación integral, tales como "narcoinsurgencia" y "narcoterrorismo", utilizadas de manera reiterada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y otros funcionarios estadunidenses.
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