Terrorismo estatal e impunidad

Carlos Fazio

I

El 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que "detrás de las fosas comunes de las estadísticas" se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.

El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.

Tras la imposición de Calderón mediante un "fraude patriótico" en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.

Bajo el disfraz de una "guerra" al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el "enemigo interno", el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como "brutalización de la política", fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al "enemigo interno", representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.

Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como "un peligro para México" marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que "protegía" al país con "el monopolio del poder" (octubre de 2007).

Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.

No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a "bajas colaterales".

Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza "por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone". El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

II

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: "Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten" (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la "función" de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca "quebrar" al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como "mal necesario" y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

III

Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el
comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia” del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.

La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito.

Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por
circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para “exterminar” a un enemigo interno, está reconociendo
tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles
de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y
funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados
actos de guerra.

Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar “su” guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas
comunes– como tema prioritario de la agenda pública.

La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia” y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular,dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.

A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de “guerra” a “lucha por la seguridad pública” pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una “guerra injusta”, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.

La calificación de guerra “justa” o “injusta” remite a una antigua doctrina de
origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de
iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de
comportamiento bélico). La “guerra injusta” no posee una justa causa, pero no
deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general
son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No
obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las
normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es
esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten
alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del
enemigo).

Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de
la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad,
teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de
contención contra la “guerra total”. Clausewitz habla de “aniquilación del
enemigo”. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no
sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori “la moderación
en los fines y en los métodos de la guerra” (verbigracia, la tortura, la
desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo
que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre “guerra
justa” y “guerra necesaria”, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.

Según Bobbio, “los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas
intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de
acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias
de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas
acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La
reparación de la ofensa no puede volverse una masacre”. En el caso de Calderón,
más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

IV

México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra” de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y
mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.

La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el “estado de excepción” devino en la regla. Para ambos, el “estado de excepción” no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la
rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción
“permanente” que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.

Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una “guerra civil legal”, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al
presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática
de gobierno.

Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico.

El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama “poder desnudo”. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de “gobierno” que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia
legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajola apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como “combatientes ilegales”, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un “limbo” legal hasta el presente, apoyado por un “sistema” judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como “piojos” (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder”.

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de “la solución final” nazi. Para Agamben el estado de
excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.
Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales.

Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y
sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la
excepción hace que todo sea posible.

V

Una noción no visibilizada, cuyo ocultamiento ha servido para generar mayor confusión durante el estado de excepción permanente no declarado del régimen de Felipe Calderón, es la que alude al derecho penal del enemigo. Tal noción, que tiene que ver con los discursos que dan forma a la relación entre la guerra y el control social penal –y sus consecuencias en el marco de los modos del mantenimiento del orden interior del Estado mexicano–, deriva de la transformación de los vínculos entre las categorías enemigo y criminal, entidades fundamentales de la guerra y del derecho penal, respectivamente.
La terminología derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht) fue acuñada por Günther Jakobs como concepto opuesto al derecho penal del ciudadano, y tiende a legalizar la posibilidad de privar a seres humanos de su condición de personas. Con esa denominación, Jakobs se refiere a aquellas normas jurídicas excepcionales, de combate, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, únicamente aplicables a los enemigos o no-personas (Unpersonen). Para el controvertido catedrático de derecho penal, los enemigos son terroristas o integrantes de la criminalidad organizada (incluidos traficantes de drogas y de personas), individuos que han abandonado el derecho por tiempo indefinido y suponen una amenaza a los fundamentos de la sociedad que constituye el Estado. Mediante el derecho penal del enemigo, el Estado ya no dialoga con ciudadanos, sino que combate a sus enemigos. Combate peligros.

La distinción entre las categorías enemigo y criminal establece que el segundo es un ciudadano que si delinque transgrede la ley y su estatuto de ciudadano es respetado cuando le es garantizado un procedimiento judicial acorde a las normativas legales. Pero en tanto enemigo, al individuo se le niega su condición de ciudadano, de persona, y se le puede someter a una coacción no regulada por el derecho. Para los críticos de Jakobs, sometido al derecho penal del enemigo, el estatuto del detenido queda sujeto a una ambigüedad entre delincuente y prisionero de guerra. Pero dado que un determinado individuo (el enemigo) es peligroso, si no se le neutraliza, habrá que lamentar en el futuro un hecho delictivo. En ese sentido, se podría afirmar que el derecho penal del enemigo es, en esencia, un derecho penal de medidas de seguridad, semejante a un cuasi estado de guerra.

El Estado decide quién es el enemigo interno, y al ser declarado como tal un individuo es colocado fuera de la ley. Al negársele al enemigo la calidad de hombre, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Un ser limítrofe. Una vida desnuda que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad, y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura (Guantánamo) y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Desde la óptica estadunidense impuesta al mundo por la administración de George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001, un terrorista (pensemos en Osama Bin Laden) o un presunto capo del crimen organizado en el México de Felipe Calderón (verbigracia Arturo Beltrán Leyva), convertidos en monstruos inhumanos, no sólo deben ser combatidos sino definitivamente aniquilados. Exterminados.

“El enemigo –dice el penalista Raúl E. Zaffaroni–, es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo.” Y según Agamben, siguiendo a Walter Benjamin, el estado de excepción (como la matriz oculta del espacio político en el que vivimos) es hoy la regla. Pero además, el derecho penal del enemigo se aplica en una sociedad del espectáculo, donde los discursos mediáticos han pasado a formar parte fundamental en la construcción del espacio público. Según Jakobs, el elemento central para determinar la peligrosidad del criminal reside en lo que él llama seguridad cognitiva. Es decir, la expectativa que se tiene respecto de la conducta del otro. Sólo que Jakobs ignora de manera peligrosa, que la denominada sensación de inseguridad (o miedo al delito) es una construcción social, que por lo general responde a matrices de opinión sobre el crimen y la justicia, sembradas por fuentes gubernamentales en los medios de difusión masiva, y reproducidas de manera acrítica y generalmente de modo selectivo, sensacionalista y maniqueo.

Durante el estado de guerra permanente de Calderón –la excepción convertida en regla–, México ha avanzado de manera progresiva hacia la configuración de una matriz de sentidos caracterizada por el desprecio de las formas y los procedimientos y principios básicos del derecho penal moderno, sobre todo del principio de culpabilidad (que supone sancionar al infractor por el hecho cometido y no por la peligrosidad que el sujeto pueda mostrar hacia el futuro), una inobservancia premeditada y consciente, en tanto tiene como destinatario a enemigos (no personas) y su finalidad es eliminar peligros. Exterminarlos.

Una filosofía que en el plano bélico de la cruzada calderonista contra el mal ha llevado a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra personas que no participan directamente en las hostilidades, verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, diversas formas de homicidios, tratos crueles y torturas, la mutilación de enemigos como forma de intimidación, la desaparición forzada de personas, ataques paramilitares a centros de rehabilitación de enfermos bajo la modalidad de limpieza social, violaciones de mujeres y niñas… Crímenes que, debido a que no están tipificados en la legislación penal mexicana y no pueden encontrar justicia en las instancias nacionales, han sido sometidos a la consideración de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma.

Evolución de la crisis

Alejandro Nadal

¿Hasta dónde llegará la crisis? A medida que se profundiza y agrava, y frente a un horizonte de estancamiento que se alarga, las perspectivas sobre su naturaleza van evolucionando. La idea misma de recuperación comienza a desdibujarse. La crisis permite ver lo absurdo que era la normalidad.
No existe en la actualidad un componente de la economía mundial que pueda funcionar como motor y que sea capaz de llevar a una nueva fase de expansión, con empleo creciente y mejores niveles de vida para el grueso de la población. Estados Unidos se mantiene con graves problemas estructurales. Su economía fue el epicentro de la crisis y no ha podido cristalizarse la recuperación y el desempleo se mantiene alto. El estímulo fiscal concluyó y esa opción de política se cerró. La flexibilización en la política monetaria se ha mantenido, pero los agentes están en un proceso de des-apalancamiento, así que no sorprende que el crédito no fluya. Bancos y centros corporativos están apoltronados en volúmenes de liquidez extraordinarios, pero sin imprimirle dinamismo a la economía. Todo esto se complica por el hecho de que una parte importante del sector manufacturero fue desmantelada en las últimas décadas. Sus bancos esperan el coletazo de la crisis europea.

Europa está en un túnel cada vez más oscuro. La banca europea está amenazada por sus altos grados de exposición en deuda soberana de los países con mayores problemas. Una moratoria en Grecia traerá aparejado un descalabro mayúsculo para bancos franceses (los más expuestos), alemanes, belgas y holandeses. Así que se busca una restructuración con quitas de hasta 60 por ciento en el principal. Con ese tipo de pérdidas será necesario recapitalizar los bancos y ya Sarkozy y Merkel salieron de su último cónclave asegurando a quien quiera escucharles que la banca europea será recapitalizada.

Eso quiere decir que los políticos europeos aceptan que es necesario inyectar recursos fiscales a los bancos (y hasta pedirán una aportación de otra fuente de recursos públicos, el Fondo Monetario Internacional). Los cálculos más conservadores indican que se necesitarán entre unos 500 mil millones y un billón de euros. Con esas cantidades es posible que hasta la calificación de la deuda alemana y francesa salga con raspaduras.

Por lo tanto, es evidente que ni Estados Unidos ni Europa serán los motores de una expansión económica sostenida para los próximos años. ¿Podría China desempeñar ese papel? Se ve difícil. La economía está enferma de su propia (y gigantesca) burbuja de bienes raíces. La expansión de crédito de los últimos años llevó a una orgía de inversiones que generaron capacidad excedente en muchos rubros estratégicos. A pesar de su muy dinámica industria de la construcción, China sólo ha podido consumir 65 por ciento de su producción de cemento durante los últimos cinco años. En la producción de acero China tiene una capacidad excedente superior a los 200 millones de toneladas (suma comparable a la producción anual de Europa y Japón). La burbuja de bienes raíces alcanza dimensiones astronómicas: hoy existen 3 mil millones de metros cúbicos desocupados y este año se espera se añadan otros 200 millones de metros cuadrados. Las ciudades fantasma en China ya son legendarias y pueden verse en imágenes de satélite en diversas páginas de Internet. La verdad es que la continua expansión del sector de la construcción es lo que permite evitar la explosión de descontento que permanece latente. El impacto del estancamiento en Estados Unidos y Europa podría llevar a una fuerte reducción en el ritmo de crecimiento (quizás llevándolo a 4.5 por ciento en 2012) y eso puede significar un tsunami de protestas sociales.

En China el crecimiento especulativo no es nuevo, pero con el estímulo de 2008 las cosas empeoraron: una proporción muy alta (quizás hasta 50 por ciento) de los créditos se destinó a la especulación en todo tipo de inversiones. La corrupción y los contactos permitieron a las empresas públicas obtener créditos preferenciales que también alimentaron la especulación y la expansión productiva desenfrenada. Con razón muchos analistas afirman que la nueva muralla china está hecha de tofu.

Entonces, ni Estados Unidos ni Europa. Tampoco China. Japón no ha podido levantarse después del terremoto y tsunami de marzo 11. La India y Brasil podrían seguir creciendo a un ritmo alto (nada lo garantiza). Pero, de cualquier manera, no pueden desempeñar el rol de motor de la economía mundial.

La única fuente de legitimidad del capitalismo podría residir en su capacidad de elevar el nivel de vida de las masas. Es discutible si puede hacerlo de manera sostenida o si sus contradicciones internas se lo impiden. Pero lo que sí sabemos hoy es que las perspectivas para la economía mundial son desfavorables. Es muy probable que estemos viendo la llegada de una década de estancamiento con su secuela de desempleo, desigualdad y pobreza. La naturaleza de la crisis comienza a evolucionar. De crisis económica y financiera, ya está pasando a la crisis política. Hay que estar preparados.

El asalto

Luis Javier Garrido

El incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a las agencias estadunidenses.

1. El gobierno calderonista se está lanzando a una nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del Estado mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.

2. La introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush, pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar fue descubierto el operativo Rápido y furioso (Fast and furious), a principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Receptor abierto (Wide receiver), de rasgos similares.

3. La creación de grupos paramilitares por el gobierno calderonista y el temor a que esta realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra contra el narco” –que en realidad es una guerra sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes, aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington. La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se atribuyan a la noción vaga de "el crimen organizado". De ahí la irritación de los voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: "los paramilitares no existen".

4. ¿Dónde se encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No son en el modelo panista "Estado" y "crimen organizado" las dos caras de una misma moneda?

5. El enredo declarativo del titular de Bucareli, Francisco Blake, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, que en más de 10 ocasiones han repetido que "los paramilitares no existen", confirma esa confusión de los panistas entre lo público (el Estado) y lo privado (los cárteles), que para ellos parece ser a la inversa. Desde que Sota negara su existencia el 27 de septiembre, Blake hiciera lo propio al día siguiente y ella lo confirmara el día 29, hasta la firma de los pactos en Veracruz y en Guerrero, la prensa ha documentado la existencia de estros grupos, y en particular de “los matazetas”, que han asumido el rol protagónico en Veracruz (y como si fuera poco, en nombre del propio gobierno), su papel se discutió en el Congreso estadunidense el 30 de septiembre y merecieron la portada de Proceso 1822.

6. La afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry, aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se limitó a decir que esa medida no estaba "sobre la mesa", es decir que aún no la han discutido.

7. La decisión del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo empero patente el general Barry McCaffrey, ex zar de las drogas, en una entrevista con El Universal (5 de octubre), en la cual sostuvo que esta guerra es para dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las organizaciones de narcotraficantes, que son "la mayor amenaza criminal para Estados Unidos" pues ya constituyen la más importante” entidad del crimen en más de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.

8. La nueva escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de violencia inusitada. Enmedio de un creciente desconcierto, las autoridades calderonistas culparon veladamente al gobierno local de "ineptitud" para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre, en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un "acuerdo" violatorio de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo "Veracruz seguro", en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte, admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina nacional (Milenio Diario del 5 de octubre), el cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.

9. En Veracruz desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se anunció un operativo similar en Guerrero.

10. El asalto de la ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para México y la entrega del país a Estados Unidos, todo ello en nombre de la sinrazón del capitalismo neoliberal, por lo que el clamor de "¡Ya basta!" ha de ir sostenido cada vez más por una movilización sin precedentes.