James Petras
Introducción
La lucha de clases sigue desempeñando un papel central en el proceso de acumulación capitalista, si bien adopta formas diferentes en función del contexto socioeconómico. Para cartografiar el despliegue de la lucha de clases es preciso especificar algunos conceptos fundamentales relacionados con (a) las diversas condiciones y los sectores dominantes del capital en la economía global, (b) la naturaleza de la lucha de clases, (c) los principales protagonistas de las luchas de clases, (d) la naturaleza de las reivindicaciones que hace y (e) las luchas masivas.
La acumulación capitalista se desarrolla siguiendo una pauta muy desigual, lo que tiene consecuencias importantes sobre la naturaleza e intensidad de la lucha de clases. Además, las reacciones concretas de los trabajadores y, sobre todo, del Estado capitalista hacia la situación general de la economía han dado forma al grado de intensificación de la lucha de clases y de la ofensiva de los dos «polos» principales (capital y mano de obra).
Aclaraciones conceptuales
Al analizar el capitalismo contemporáneo, la diferencia más llamativa reside en tres situaciones radicalmente distintas del sistema capitalista, que corresponden a los países que experimentan (a) altas tasas de crecimiento, (b) estancamiento y (c) una crisis profunda.
Los países capitalistas con tasas de crecimiento elevadas se dividen con claridad entre los que (a) viven del auge de las materias primas y son exportadores sobre todo de productos agrarios y recursos energéticos y mineros, situados en su mayoría en África y América Latina o (b) son exportadores de manufacturas, fundamentalmente en Asia (China, India y Corea del Sur).
Las crisis económicas se pueden clasificar, a su vez, en tres grupos.
(a) Las de las economías de recuperación rápida, entre las que se encuentran las de Alemania y los países nórdicos que, después de caer en picado hasta cifras de crecimiento negativo han aumentado las exportaciones industriales y crecen con rapidez desde 2010.
(b) Las de las economías de recuperación lenta o estancadas, a las que pertenecen las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, que han tocado fondo, han recuperado los beneficios, sobre todo en el sector financiero, pero han hecho pocos o ningún progreso en la reducción del desempleo, el aumento de la producción de manufacturas y el crecimiento general.
(c) Las crisis económicas prolongadas y profundas, como las de Portugal, España, Grecia, los países bálticos y los balcánicos, que están en quiebra, donde el desempleo ha alcanzado cifras de dos dígitos (entre el 15 y el 20 por ciento) y el crecimiento es negativo. Arrastran una carga de deuda muy fuerte y están implantando programas de austeridad estrictos concebidos para prolongar su depresión económica en los próximos años.
Exactamente igual que hay pautas desiguales de desarrollo capitalista, también las hay con relación a la lucha de clases. Hay varios conceptos fundamentales que es preciso tener en cuenta para analizar la lucha de clases.
En primer lugar, hay que apreciar la distinción entre lucha «de clases» y lucha «masiva». En América Latina hay muchos ejemplos de luchas multisectoriales, de trabajadores, campesinos o empleados del sector público encabezadas por organizaciones enraizadas en clases sociales. A veces, esos movimientos de clase se convierten en «luchas masivas» que incorporan a otros grupos heterogéneos (vendedores ambulantes, trabajadores autónomos, etc.). Las revueltas árabes actuales son, en su mayoría, luchas masivas que, en términos generales, carecen de organizaciones o liderazgo de clase o, en algunos casos, están encabezadas por «organizaciones juveniles» o «religiosas».
En segundo lugar, hay una diferencia entre luchas de clases «ofensivas» y «defensivas», en las que las organizaciones luchan por ampliar sus derechos sociales y elevar los salarios o combaten para preservar o limitar las pérdidas salariales o de poder adquisitivo.
La lucha de clases es una actividad que se libra en dos sentidos: mientras que los trabajadores y otras clases explotadas luchan desde abajo, las clases gobernantes y sus Estados entablan la lucha de clases desde arriba para incrementar sus beneficios, la productividad y el poder.
La lucha de clases adopta diversas formas. La mayoría de las luchas de clases de nuestros días son por «cuestiones económicas», incluida la de reclamar una parte cada vez mayor de la renta nacional. Hace media década, por toda América Latina, como sucede hoy en los países árabes, la lucha de clases o de masas era principalmente política, librada para derrocar a los gobiernos neoliberales opresivos y represivos.
Pertrechados con estos conceptos, podemos pasar a analizar la relación entre países y regiones en crisis o en crecimiento de diferente grado y su relación con los diferentes grados y tipos de lucha de clases.
Desarrollo dispar y lucha de clases
Los países que gozan de elevadas tasas de crecimiento, ya sea en Asia apoyándose en las manufacturas o en América Latina gracias al auge de la exportación de recursos agrarios y mineros, viven una lucha de clases económica cada vez más ofensiva por el reparto de un pedazo mayor de la tarta del crecimiento económico. En China, por las presiones emanadas desde abajo, los salarios han experimentado en la última década (1) un incremento superior al 10 por ciento y, en algunas regiones, al 20 por ciento, mientras que en América Latina, los trabajadores de Bolivia y otros lugares exigen más del 10 por ciento. (2) En buena medida, las tasas de crecimiento elevadas van acompañadas de una inflación (3) que deteriora los incrementos nominales concedidos por el Estado y los empleadores. Resultan especialmente provocativos los aumentos acusados del precio de los alimentos básicos, la energía y el transporte, que inciden directamente en la vida cotidiana de los trabajadores.
Una de las señales más prometedoras del avance de la lucha de clases son las conquistas socioeconómicas reales y sustanciales obtenidas por los trabajadores en América Latina durante la pasada década . En Argentina, el desempleo ha descendido de más del 20 por ciento a menos del 7 por ciento, los salarios reales han aumentado más de un 15 por ciento, el salario mínimo, las pensiones y las coberturas médicas han aumentado sustancialmente y la afiliación sindical también se ha incrementado. A menor escala se han producido procesos similares en Brasil: el desempleo ha caído desde el 10 por ciento hasta el 6,5 por ciento (marzo de 2011), el salario mínimo ha aumentado más de un 50 por ciento en los últimos 8 años y varios centenares de grandes fincas han sido ocupadas y expropiadas gracias a la acción directa del Movimiento de los Sin Tierra. Mientras que la política revolucionaria social ha decaído en América Latina desde mediados de la década de 2000, la lucha de clases económica ha conseguido arrancar reformas sustanciales que mejoran los medios de vida de la clase trabajadora e imponen algunas restricciones a la explotación rapaz de la mano de obra por parte del liberalismo, en marcado contraste con lo que está sucediendo en la América anglófona y Europa meridional.
En los estancados países imperiales «desarrollados», el Estado se ha dedicado a descargar la totalidad del coste de la «recuperación» sobre las espaldas de los trabajadores y los empleados públicos a base de reducir puestos de trabajo, salarios y prestaciones sociales, mientras los banqueros y las élites empresariales se enriquecen. Estados Unidos, Inglaterra y Francia han sido testigos de una punzante ofensiva de clase desde arriba que, ante la débil oposición de unos aparatos sindicales menguados y burocratizados, ha invertido en buena medida el curso de muchas conquistas sociales anteriores de los trabajadores. (4) En esencia, las luchas de los trabajadores son defensivas y tratan de limitar los retrocesos, pero carecen de la organización política para contraatacar las medidas presupuestarias reaccionarias que recortan los programas sociales y reducen los impuestos a los ricos, con lo que han ensanchado las desigualdades de clase.
Las luchas de clase más intensas han tenido lugar en los países que sufren la crisis económica con mayor profundidad, a saber: Grecia, España, Irlanda y Portugal. Allí, la clase gobernante ha invertido el curso de medio siglo de conquistas sociales y salariales en el lapso de tres años con el fin de cumplir con los criterios de los banqueros occidentales y el FMI. La ofensiva de clase desde arriba encabezada por el Estado ha recibido por respuesta una serie de huelgas generales, manifestaciones muy concurridas y docenas de protestas, sin éxito ninguno. (5) La élite estatal-empresarial, encabezada en la mayoría de los casos por políticos socialdemócratas, ha privatizado empresas públicas, reducido millones de empleos públicos, elevado el desempleo a cotas históricas (20 por ciento en España, 15 por ciento en Grecia y 13 por ciento en Portugal e Irlanda) y canalizado decenas de miles de millones de dólares para pagar la deuda. (6)
La clase dominante ha aprovechado la crisis como arma para reducir costes laborales, lo que ha transferido rentas al 5 por ciento más rico de la pirámide social y aumentado la productividad sin reactivar el conjunto de la economía. El PNB sigue siendo «negativo» para el futuro a corto plazo, mientras que la austeridad debilita la demanda nacional y el pago de la deuda socava las inversiones locales para reactivar la economía.
La crisis política de los regímenes árabes clientes, rentistas, autócratas y corruptos se manifiesta en los movimientos democráticos populares masivos, a la ofensiva, que han derrocado a los gobiernos de Egipto y Túnez, para empezar, y están desafiando al aparato estatal pro imperial. (7) En Egipto y Túnez, las autocracias pro imperiales fueron depuestas, pero los nuevos regímenes democráticos populares que son reflejo de los nuevos protagonistas masivos del cambio político todavía tienen que tomar el poder. En el resto del mundo árabe, las revueltas generalizadas de Yemen, Bahrein, Argelia, Jordania, Siria y otros lugares se han manifestado con dureza contra las autocracias imperiales armadas levantando el fantasma de los cambios democráticos y socioeconómicos.
Las potencias imperiales estadounidense y de la Unión Europea, desprevenidas en un principio, se han lanzado al contraataque interviniendo en Libia, respaldando a la junta militar en Egipto y tratando de imponer «nuevos» regímenes colaboracionistas para impedir una transición democrática. (8) La lucha de masas, influida por fuerzas islámicas y seculares, tienen un programa definido de rechazo del statu quo pero, como carecen de liderazgo de clase, no han sido capaces de plantear una estructura político-económica alternativa más allá de las vagas nociones de «democracia». (9)
En resumen, el crecimiento acompañado de un rápido incremento de la renta nacional y el renacer de la inflación ha propiciado mucho más la lucha de clases ofensiva desde abajo que la «crisis» o el «estancamiento» que, en el mejor de los casos, ha ido acompañado de luchas «defensivas» o de retaguardia. En parte, la teoría de la «privación relativa» parece ajustarse a la idea de la intensificación de la lucha de clases, salvo que el tipo de lucha es principalmente «economicista» y no tanto contra el Estado per se. Además, los métodos de lucha suelen ser huelgas para reclamar aumentos salariales. Este detalle es más evidente en Argentina, Brasil, Chile y Perú, donde se han producido enfrentamientos intensos en torno a exigencias economicistas muy limitadas. La excepción son las luchas indígenas basadas en comunidades de Perú y Ecuador contra el Estado y la explotación y contaminación de tierras, aire y agua por parte de compañías mineras extranjeras.
En todo caso, es preciso hacer varias salvedades. La lucha obrera en Bolivia, que ha experimentado un auge y crecimiento muy dinámicos de las exportaciones de recursos agrarios y mineros, ha convocado una huelga general de diez días por los salarios (del 6 al 16 de abril de 2011). (10) La extensión de la huelga en el tiempo ha convertido en «políticas» algunas cuestiones planteadas en torno a la autoridad del gobierno de Morales en algunos sectores. En parte se debe a que los aumentos salariales los fija el gobierno. Según la principal organización sindical (COB), los aumentos planteados por el gobierno quedaban por debajo de la subida de los precios de la cesta de la compra de alimentos básicos para las familias. Por tanto, lo que empezó siendo una lucha económica se acabó politizando. Asimismo, en el caso de Perú, con una economía de exportación de recursos minerales muy activa, el gobierno neoliberal de García ha tenido que hacer frente a reivindicaciones económicas y ecológicas muy incisivas de los mineros y las comunidades indígenas. Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2011, la lucha ha adquirido un marcado tinte político cuando gran variedad de votantes de la clase obrera y campesina ha apoyado a la candidata de centro-izquierda, Humala. (11) En los países con tasas de crecimiento elevadas dependientes de grandes empresas mineras de titularidad extranjera y con comunidades indígenas importantes, el conflicto de clase se ha dado cita con demandas ecológicas, de clase, nacionalistas y étnicas.
Dicho de otro modo, la diferenciación expuesta más arriba entre luchas de clases ofensivas o defensivas y económicas o políticas son variables, pues sufren cambios a medida que la lucha y su contexto varían.
La espectacular intensificación de la lucha de clases en China, con su alta tasa de crecimiento, refleja la cada vez mayor escasez en las regiones del litoral, los inmensos beneficios obtenidos por una nueva clase de multimillonarios, la intensa explotación de la mano de obra y la aparición de una «nueva generación» de mano de obra joven que tiene más opciones que trabajar en una «única factoría». (12) La «socialización» de las grandes concentraciones de trabajadores en grandes fábricas, muy cerca unos de otros, facilita la acción colectiva. La agudización de las desigualdades, sobre todo ante el crecimiento acelerado de los más ricos vinculado a la corrupción de los cargos públicos y ante la falta de respuesta de unos sindicalistas controlados por el Estado, ha dado pie a la acción directa «espontánea» de clase. (13) El impacto radicalizador causado por la inflación queda de manifiesto en el estallido de una huelga masiva de camioneros en el puerto más grande de China, el de Baoshan, en Shanghai: los trabajadores protestaban por el aumento del precio del combustible y las tasas portuarias. Según una información, «las autoridades chinas han advertido que la escalada de precios, la inflación galopante y la corrupción de los cargos públicos plantean la amenaza más importante para el gobierno del Partido Comunista (The Financial Times, 23 y 24 de abril de 2011, p. 1).
Las luchas sindicales con orientación política han pasado a ocupar un primer plano hace poco en Venezuela, donde el gobierno de Chávez ha resaltado la «satisfacción de los trabajadores» de la «revolución socialista bolivariana». El hecho ha animado a los trabajadores a convocar huelgas en empresas privadas para reclamar la expropiación de los capitalistas intransigentes y cambios en la dirección de empresas públicas donde se sustituya a tecnócratas y burócratas por trabajadores. (14)
La lucha de clase menos desarrollada es la de los «estancados» Estados Unidos. La mezcla de baja densidad sindical (el 93 por ciento de los trabajadores del sector privado no está sindicado), legislación laboral muy represiva y dirección sindical enriquecida y autoperpetuada en sus cargos y absolutamente dependiente del capitalismo del Partido Demócrata inhibe el crecimiento de la conciencia de clase, exceptuando «bolsas» de resistencia muy locales. (15) La erosión acelerada de los salarios se ha unido a la intensificación de la explotación (menos trabajadores para elevar la producción) y a la destrucción de los últimos vestigios de la protección social (coberturas sociales y asistencia sanitaria para la población mayor de 65 años). (16)
Se podría replicar que la renta per cápita alta no es por si sola un motivo suficiente para presuponer el debilitamiento de la lucha de clases, puesto que en Francia e Italia ha habido más huelgas generales que en Inglaterra aun cuando la renta per cápita sea más elevada. Lo fundamental son los vínculos institucionales entre, por una parte, sindicatos y partidos laboristas o socialdemócratas y, por otra, la libre constitución de asambleas de trabajadores en empresas y centros de trabajo. En Estados Unidos y el Reino Unido, el estancamiento y la reacción guardan relación con la subordinación de los trabajadores a los partidos demócratas o socialdemócratas neoliberales; mientras que en Francia e Italia los sindicatos mantienen lazos más estrechos con las asambleas de las fábricas y conservan un mayor grado de autonomía de clase. (17)
Dicho de otro modo: no hay ninguna regla inamovible que vincule determinadas formas de lucha de clases con el dinamismo o estancamiento de la economía; lo que es preciso tener en cuenta es el grado de organización independiente y de clase capaz de elevar el tono de la lucha en medio de unos cambios económicos y políticos muy volubles.
Imperialismo, intercapitalismo y lucha de clases
Pese a la crisis económica de 2007-2009, que ha afectado a la mayoría, pero no a la totalidad, de los centros capitalistas neoliberales más importantes, la clase capitalista de Europa y Norteamérica ha acabado más fuerte que nunca. Las posteriores recomendaciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional, los principales bancos crediticios privados y los bancos centrales, la totalidad de la carga del pago de las deudas, el déficit fiscal y los desequilibrios comerciales cometidos por los gobiernos neoliberales, han recaído sobre las espaldas de las clases trabajadoras y asalariadas. En toda la «periferia» de Europa meridional y oriental se han aplicado medidas semejantes de austeridad selectiva para las distintas clases sociales. El resultado ha sido la reestructuración radical de pensiones, salarios y relaciones sociales de producción: el conjunto de relaciones de clase con el Estado. En consecuencia se ha producido una auténtica contrarrevolución socioeconómica «pacífica con las urnas» y desde arriba que intensifica la explotación de la mano de obra por parte del capital al tiempo que concentra las rentas del 10 por ciento más rico de la pirámide social.
Ante el aumento de la competitividad del BRIC (sobre todo de China) (18) y los países industrializados de Asia, así como el incremento de los precios de las materias primas, los países imperiales de Estados Unidos y Europa han recurrido a buscar la «competitividad» a través de la explotación en sus países, el aumento del saqueo de las arcas públicas y las guerras imperiales.
Sin embargo, esta competencia intercapitalista está produciendo el efecto contrario: está aumentando los ingresos de los trabajadores del BRIC y reduciendo el nivel de vida en los núcleos imperiales consolidados. La explicación reside en que el BRIC invierte en la economía productiva mientras que los centros imperiales despilfarran billones de dólares en actividades militares y especulativas. (19)
Deberíamos hacer una salvedad en relación con la competitividad entre los países imperiales y los del BRIC, en la medida en que hay millares de hilos financieros, comerciales, tecnológicos y manufactureros que los vinculan. Sin embargo, los conflictos entre las formaciones sociales son reales, como lo son la naturaleza de las fisuras de clase internas y sus diferentes configuraciones. El imperialismo, tal como se ejerce hoy día, es una lacra para los avances de la clase trabajadora. (20) Por el momento, la dinámica interna de las potencias económicas en ascenso parece capacitarlos para financiar el crecimiento en el interior a base de expandir el comercio exterior y realizar concesiones salariales a las clases trabajadoras emergentes que exigen un pedazo mayor del creciente pastel de los ingresos.
Conclusión
Aunque, en apariencia, hay un declive de la lucha de clases política revolucionaria desde abajo, hay potencial para que las luchas económicas se vuelvan políticas a medida en que la inflación vaya erosionando las conquistas y los dirigentes políticos establezcan «orientaciones» rígidas sobre los progresos salariales. En segundo lugar, como ilustra el caso de Venezuela, los dirigentes políticos pueden crear las condiciones que favorezcan el paso de la lucha de clases económica a la política.
La lucha de clases política más dinámica en la actualidad emana desde arriba: el ataque sistemático contra los salarios, la legislación social, el empleo y las condiciones de trabajo lanzado en Estados Unidos, España, Grecia, Irlanda, Portugal, Inglaterra y los Estados bálticos y balcánicos. Allí la crisis económica todavía tiene que precipitar revueltas masivas; en cambio, vemos acciones defensivas o, incluso, huelgas a gran escala que tratan de defender las conquistas históricas. Ha sido una lucha desigual allá donde la clase capitalista ostenta influencias institucionales políticas y económicas respaldadas por el poderío internacional de los bancos y los Estados imperiales. La clase trabajadora dispone de muy poca solidaridad internacional comparable. (21) Las señales más valiosas de la lucha de clases global se encuentran en la acción directa activa de la clase trabajadora latinoamericana y asiática. Sus conquistas económicas sostenidas han supuesto el fortalecimiento del poder y la organización de clase. Además, los trabajadores pueden inspirarse en tradiciones revolucionarias para sentar las bases del relanzamiento de un nuevo proyecto socialista. (22) ¿Qué podría hacer estallar una andanada de guerras de clases políticas y económicas desde abajo? La reaparición de la inflación, la recesión y la represión o el incesante aumento de los recortes podría obligar a la mano de obra a actuar de forma independiente y contra el Estado, la encarnación de este periodo regresivo.
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Notas
(1) Sobre las luchas de clase en China, véase «Workers call the tune», The Financial Times, 22 de febrero de 2011, p. 3, así como The Financial Times, 16 de febrero de 2011, «Chinese wages increased 12% between 2000-2009 according to the ILO».
(2) La Jornada, 8 de abril de 2011; la Central Obrera Boliviana exigía un incremento salarial del 15 por ciento. En el año 2010, Bolivia alcanzó la cifra de conflictos más elevada de los últimos 41 años, El País, 16 de abril de 2011.
(3) «Emerging markets inflation surge», The Financial Times, 14 de abril de 2011, p. 1. «Beijing poised to let renminbi rise to fight inflation», The Financial Times, 17 de abril de 2001, p. 3.
(4) Compárese lo publicado por The New York Times sobre el presupuesto para el año fiscal 2012 de Obama los días 13 de abril de 2011 y 14 de abril de 2011. El último discurso presupuestario subraya que los recortes de 4 billones de dólares en los últimos 10 años afectan sobre todo a las coberturas sociales, una concesión importante a los extremistas de la derecha republicana.
(5) Los trabajadores griegos han convocado seis huelgas generales entre los años 2009 y 2011. Véase el semanario ateniense DROMOS («La Carretera») durante ese periodo. Los trabajadores españoles convocaron dos huelgas en el año 2010. Los portugueses una e Irlanda, una manifestación importante.
(6) Datos extraídos de los informes sobre empleo de los años 2010 y 2011 de la Organización Internacional del Trabajo
(7) Véase Al Jazeera, en los meses de febrero y marzo de 2011. Sobre el papel represivo de la nueva junta militar, véase Al Jazeera, 7 de abril de 2011.
(8) Reuters, 14 de febrero de 2011. Las maniobras de Washington entre bambalinas para situar como jefe de la junta al antiguo militar fiel a Mubarak, el mariscal de campo Tatawi, son un ejemplo evidente.
(9) La incapacidad de los movimientos sociales árabes para tomar el poder del Estado es repetición de un problema similar padecido a principios de la década en América Latina. Véase James Petras y Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power (Londres: Pluto, 2005).
(10) Sobre la huelga general de Bolivia, véase «Central Obrera declara huelga general», La Jornada (Ciudad de México), 8 y 16 de abril de 2011.
(11) Sobre la primera ronda de las elecciones presidenciales peruanas y la ganadora populista de centro-izquierda Ollanta Humala, véase BBC, «Peru facing polarizing election as populists face off», 12 de abril de 2011.
(12) Según una fuente, «el aumento de los costes de la mano de obra son un problema [en China]. Hay oportunidades de empleo en todas partes, hay una necesidad mucho menor de emigrar», The Financial Times, 8 de marzo de 2011, p. 22.
(13) Sobre los multimillonarios chinos, véase Forbes, marzo de 2011. Como consecuencia de «un rosario de disputas producidas entre mayo y agosto [de 2010], los empleadores padecieron huelgas y otros problemas. La situación desembocó en aumentos de salarios notables, un 30 por ciento de incremento en el fabricante taiwanés de manufacturas Foxcomm» The Financial Times, 16 de febrero de 2011, p. 3.
(14) Correo de Orinoco, Caracas, Venezuela (edición semanal en inglés), 3-9 de abril de 2010.
(15) La huelga general de los trabajadores del sector público de Winsconsin en marzo de 2011 fue la excepción a la regla, la primera de esta naturaleza, y fue inducida por el gobernador republicano y por la abolición efectiva por parte de la cámara legislativa de los derechos de negociación colectiva. Salvo una huelga de un día de los sindicatos de la extensa costa de San Francisco y unas cuantas protestas esporádicas en otros estados, la federación de trabajadores estadounidense AFL-CIO no ha convocado una sola manifestación pública a escala nacional, prefiriendo más bien depender de los miles de millones de dólares de financiación de los políticos demócratas.
(16) El congresista Ryan, republicano, ha propuesto privatizar la seguridad social y el programa de atención sanitaria a ancianos (Medicare), así como reducir drásticamente el gasto de atención sanitaria a los pobres y los discapacitados. El presidente Obama respondió con su versión de recortes sociales regresivos a una escala un tanto menor, pero en idéntica dirección. Véase el discurso de Obama al pueblo estadounidense, comunicado de prensa de la Casa Blanca, 3 de abril de 2011. The New York Times, 14 de abril de 2011, p. 1.
(17) Conversaciones con delegados sindicales y con Luciano Vasapolla, secretario del movimiento sindical militante italiano «Reto di communisti», Roma, Italia, 1 de mayo de 2009.
(18) Acrónimo con el que se alude a Brasil, Rusia, India y China». (N. del T.)
(19) Sobre el impacto negativo de la financialización del capital y del gasto militar sobre la economía productiva, véase Michael Chossudovsky y Andrew Gavin Marshall, eds., The Global Economic Crises (Montreal: Global Research 2010), especialmente los capítulos 3, pp. 72-101, y 9, pp. 181-211.
(20) Para una exposición más clara de la relación del imperialismo con la decadencia en el interior de los países, véase James Petras y Morris Morley, Empire or Republic? American Global Power and Domestic Decay (New York: Routledge, 1995).
(21) El «Foro Social Mundial» y otros «foros de izquierda» semejantes son, en esencia, ocasiones para que las clases parlantes compuestas por académicos y miembros de ONG pronuncien discursos. En la mayor parte de los casos, las fundaciones y patrocinadores les prohíben expresamente adoptar una posición política y, menos aún, organizar el apoyo material para las luchas de clase vigentes. Ninguna de las principales huelgas generales de la clase trabajadora de Europa, América Latina o Asia ha recibido jamás apoyo material de los eternos asistentes a los foros de izquierda. El declive del internacionalismo obrero no ha sido sustituido en modo alguno por las reuniones internacionales de estas fuerzas dispares.
(22) Pese a la demonización de la Revolución Cultural y social en China e Indochina, muchos gerentes, dirigentes de partidos políticos e, incluso, intelectuales liberales son conscientes de las consecuencias de «llevar demasiado lejos la lucha de clases», y las temen. En América Latina, el legado de procesos revolucionarios anteriores y el ejemplo de Cuba y Venezuela siguen ejerciendo de herencia viva para las luchas revolucionarias.
Traducido del ingles por Ricardo García Pérez
29.4.11
REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo
Silvia Ribeiro
Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.
Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, "donde hay comunidades zapatistas".
Justamente, el intento de demarcación en la zona lacandona hace cuatro décadas, a favor de uno de los siete pueblos indígenas que la habitan fue lo que motivó la creación de una unión de todos los otros pueblos de la región contra "la brecha lacandona", resistencia entretejida con el origen del EZLN.
En 1971, el gobierno concedió 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 comuneros "lacandones" (que no es su nombre original, ni son pobladores originarios de esa región), exacerbando el caos de sobreposición de títulos de tierra que ya existía en la región. Nunca se marcaron los linderos (la resistencia a la brecha lo impidió), pero desde entonces los lacandones son quienes firman el consentimiento a proyectos y contratos que les presenta el gobierno, sean madereros, turísticos o como ahora, REDD. Las otras comunidades fueron desplazadas o viven bajo amenaza permanente.
REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada de bosques) es supuestamente un programa para evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación, pagando con bonos de carbono a las compañías para que deforesten un poco menos. O a las comunidades, para que técnicos foráneos certificados les hagan un plan de manejo, que en la práctica significa que no pueden usar el bosque y pierden autonomía sobre el territorio.
Para las empresas es un tremendo negocio, porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas. O sea, no les cuesta nada y burlan las leyes ambientales. El 7 de abril 2011, Greenpeace Internacional publicó el informe Bad influence denunciando cómo la consultora internacional McKinsey –que tiene larga historia de asesorar privatizaciones y ahora asesora a países que quieren conseguir dinero de REDD–, había hecho una base de cálculos falseados para los gobiernos de Guyana y Congo, para mostrar una perspectiva de deforestación futura mucho mayor que la real. De ese modo, podrían incluso aumentar la deforestación y además cobrar REDD, alegando que con ello deforestan menos de lo proyectado.
En el caso del "pago" a comunidades, en México hay ejemplos concretos del despojo que pueden producir estos esquemas, ya que los pagos por servicios ambientales forestales se basan en mecanismos parecidos. Con la excusa de "pagarle" una modesta suma a las comunidades para "cuidar el bosque", en realidad se les despoja del manejo del territorio. En Oaxaca, hay casos donde al término del contrato de pago por servicios ambientales (cinco años), el gobierno decretó sus territorios "áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para servicios ambientales", extendiendo por 30 años los contratos, contra la voluntad de la comunidad. No pudiendo usar su bosque, que es el sustento de sus medios tradicionales de vida, tienen que irse para sobrevivir, aunque siguen teniendo los títulos de propiedad.
Es parte de lo que se pretende hacer en las selvas y bosques de Chiapas: vender a trasnacionales el carbono que absorben los bosques y para dar garantías a este negocio, desalojar a las comunidades del bosque, idealmente desplazándolas para engrosar otro negocio del gobierno: las llamadas "ciudades rurales sustentables". Ya desplazados y desarraigados, sin servicios ni medios de vida, la generosa oferta del gobierno de Chiapas es que sean peones en las plantaciones para "biocombustibles".
Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobernador Juan Sabines ya comenzó a pagar a selectos comuneros para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de las trasnacionales californianas, con recursos públicos. Necesita además cumplir con requisitos "técnicos", como crear una "línea base" de cobertura vegetal y una proyección de cambios futuros en el uso de suelo y la "biomasa", para luego poder decir que hubo "menos" deforestación, o por la razón que sea, que se "absorbe carbono". En esas maniobras le asisten instituciones como Ecosur y el Colegio de Posgraduados, además de un comité REDD+ nacional, donde está Conafor, Conabio, Semarnat y otros entes del gobierno federal, con comerciantes de carbono y organizaciones conservacionistas que promueven negocios con la biodiversidad.
Para definir la capacidad de retención de carbono, se están usando tecnologías satelitales combinadas con fotografías hiperespectrales y monitoreo directo de algunas zonas (para lo cual ya están entrenando comuneros). Se obtienen así resultados muy definidos, no sólo de fauna y flora sino también de los humanos que están allí, lo cual es toda una base para vigilar a comunidades y además, para la biopiratería de última generación.
Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.
Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, "donde hay comunidades zapatistas".
Justamente, el intento de demarcación en la zona lacandona hace cuatro décadas, a favor de uno de los siete pueblos indígenas que la habitan fue lo que motivó la creación de una unión de todos los otros pueblos de la región contra "la brecha lacandona", resistencia entretejida con el origen del EZLN.
En 1971, el gobierno concedió 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 comuneros "lacandones" (que no es su nombre original, ni son pobladores originarios de esa región), exacerbando el caos de sobreposición de títulos de tierra que ya existía en la región. Nunca se marcaron los linderos (la resistencia a la brecha lo impidió), pero desde entonces los lacandones son quienes firman el consentimiento a proyectos y contratos que les presenta el gobierno, sean madereros, turísticos o como ahora, REDD. Las otras comunidades fueron desplazadas o viven bajo amenaza permanente.
REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada de bosques) es supuestamente un programa para evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación, pagando con bonos de carbono a las compañías para que deforesten un poco menos. O a las comunidades, para que técnicos foráneos certificados les hagan un plan de manejo, que en la práctica significa que no pueden usar el bosque y pierden autonomía sobre el territorio.
Para las empresas es un tremendo negocio, porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas. O sea, no les cuesta nada y burlan las leyes ambientales. El 7 de abril 2011, Greenpeace Internacional publicó el informe Bad influence denunciando cómo la consultora internacional McKinsey –que tiene larga historia de asesorar privatizaciones y ahora asesora a países que quieren conseguir dinero de REDD–, había hecho una base de cálculos falseados para los gobiernos de Guyana y Congo, para mostrar una perspectiva de deforestación futura mucho mayor que la real. De ese modo, podrían incluso aumentar la deforestación y además cobrar REDD, alegando que con ello deforestan menos de lo proyectado.
En el caso del "pago" a comunidades, en México hay ejemplos concretos del despojo que pueden producir estos esquemas, ya que los pagos por servicios ambientales forestales se basan en mecanismos parecidos. Con la excusa de "pagarle" una modesta suma a las comunidades para "cuidar el bosque", en realidad se les despoja del manejo del territorio. En Oaxaca, hay casos donde al término del contrato de pago por servicios ambientales (cinco años), el gobierno decretó sus territorios "áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para servicios ambientales", extendiendo por 30 años los contratos, contra la voluntad de la comunidad. No pudiendo usar su bosque, que es el sustento de sus medios tradicionales de vida, tienen que irse para sobrevivir, aunque siguen teniendo los títulos de propiedad.
Es parte de lo que se pretende hacer en las selvas y bosques de Chiapas: vender a trasnacionales el carbono que absorben los bosques y para dar garantías a este negocio, desalojar a las comunidades del bosque, idealmente desplazándolas para engrosar otro negocio del gobierno: las llamadas "ciudades rurales sustentables". Ya desplazados y desarraigados, sin servicios ni medios de vida, la generosa oferta del gobierno de Chiapas es que sean peones en las plantaciones para "biocombustibles".
Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobernador Juan Sabines ya comenzó a pagar a selectos comuneros para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de las trasnacionales californianas, con recursos públicos. Necesita además cumplir con requisitos "técnicos", como crear una "línea base" de cobertura vegetal y una proyección de cambios futuros en el uso de suelo y la "biomasa", para luego poder decir que hubo "menos" deforestación, o por la razón que sea, que se "absorbe carbono". En esas maniobras le asisten instituciones como Ecosur y el Colegio de Posgraduados, además de un comité REDD+ nacional, donde está Conafor, Conabio, Semarnat y otros entes del gobierno federal, con comerciantes de carbono y organizaciones conservacionistas que promueven negocios con la biodiversidad.
Para definir la capacidad de retención de carbono, se están usando tecnologías satelitales combinadas con fotografías hiperespectrales y monitoreo directo de algunas zonas (para lo cual ya están entrenando comuneros). Se obtienen así resultados muy definidos, no sólo de fauna y flora sino también de los humanos que están allí, lo cual es toda una base para vigilar a comunidades y además, para la biopiratería de última generación.
18.4.11
UACM: radicalidad y conflicto
Carlos Fazio
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México vive su primera gran crisis. El problema es político. Tiene que ver con dos proyectos de universidad. El conflicto exhibe la pugna entre educadores, científicos, intelectuales y estudiantes por apropiarse de uno de los lugares donde se produce y se distribuye el conocimiento socialmente más significativo en la ciudad de México. La UACM es un proyecto educativo popular en construcción y como tal se ha ido forjando una identidad. La disputa es en torno a esa identidad, se da entre quienes pretenden profundizar el modelo y quienes aspiran a desmontarlo.
La UACM nació en septiembre de 2001 tras 18 años de políticas neoliberales. Cuando la tecnocracia fundamentalista apostaba a que el Estado abdicara de su responsabilidad de garantizar la educación pública, laica y gratuita. Uno de los propósitos deliberados del proyecto excluyente neoliberal era que la educación dejara de ser factor de movilidad social. Eran los días de la dictadura del pensamiento único y, mediante una campaña de intoxicación propagandística manipuladora, cobraba auge la degradación de todo a la perspectiva mercantil. Se impuso el vocabulario de quienes combaten en el mercado por la mayor ganancia. Un lenguaje empresarial corporativo con eje en productividad, competitividad, excelencia, calidad, rendición de cuentas. Ergo, la rivalidad como nuevo paradigma en detrimento de la cooperación, el egoísmo en vez de la fraternidad. Con una idea subyacente: el retorno al destino (ley natural) o la liquidación de la sociedad por la sociedad misma (Horst Kurnitzky).
Entonces como ahora había que liberar al comercio y a la industria de la tutela y control del Estado. Desregulación y laissez faire fueron las palabras mágicas para una competencia sin obstáculos legales. En ese contexto, el argumento central de las políticas educativas neoliberales fue que los grandes sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. La educación pública había "fracasado" y emergió en las universidades un discurso funcionalista cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional, y medidas que impulsaban la descentralización y la privatización, la flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente, junto a un fuerte control gubernamental de contenidos y evaluaciones comunes impuestos condicionadamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Las estrategias del conservadurismo educacional imprimieron a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica; un modelo educativo que es un facsímil de las reglas del mercado, y se basa en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. La "responsabilidad" de la educación era ahora contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado. Impuestas verticalmente y en forma inconsulta, tales políticas y mecanismos inspirados en el conductismo, con su sistema de premios y castigos que busca la estratificación y la exclusión, requirieron de medidas autoritarias para sostenerse. Fue en ese contexto que de manera perversa se introdujeron en las universidades aspiraciones paranoicas de perfección: quien no busca la famosa "excelencia" es tachado de irresponsable. El efecto fue un deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y aprender.
Todo ocurrió a partir de la fabricación de un discurso escolar, universitario y pedagógico gubernamental masmediático, que postulaba el fin de las dimensiones histórica e ideológica (Fukuyama), y por tanto imaginaria, aplicando a la educación la ecuación costo-beneficio económico. Un discurso mítico, castrador, disciplinador, paralizante.
Fue en ese contexto que, en 2001, a contracorriente del modelo educativo mercantilizado y sin pretender competir con nadie, surgió la UACM como un proyecto cultural y de educación pública, laica, gratuita, científica, humanista, universal; alternativo al modelo hegemónico de "excelencia" y comprometido con la sociedad, principalmente con los habitantes de la ciudad de México. Ante la ausencia de una idea de sociedad y de vida social civilizada, por ley, la razón de ser de la UACM fue y es la formación de mujeres y hombres con compromiso social, cultos, libres, con pensamiento crítico y humanista, y conocimientos científicos y tecnológicos sólidos y actualizados, que contribuyan a construir una sociedad educada, equitativa y solidaria.
Frente al socialdarwinismo neoliberal que preconiza el derecho natural al éxito del más apto en un mundo lobo; ante los modelos vitalistas o biologicistas que han propagado, naturalizado y normalizado los atributos del caos, la violencia y el terror sin límites en una "guerra" cotidiana donde prevalece la ley de la selva y el hombre es el enemigo del hombre, la propuesta cultural, educativa, científica, autonómica en construcción de la UACM, es brindar a los jóvenes un conocimiento socialmente útil; una formación sólida, amplia, avanzada; dotarlos de capacidad para razonar, criticar, analizar y decodificar los usos y abusos del poder y su propaganda, mitos, falacias, tabúes, estereotipos y obsesiones; ayudarlos a forjar una voluntad férrea para trabajar por una sociedad más justa, fraterna, solidaria, diversa, donde todos quepan.
En una perspectiva histórica, más allá de la dictadura de los diplomas, de procesos meritocráticos y clasistas, y de la búsqueda de certificados burocráticos o comerciales de productividad, calidad, evaluación y eficiencia, se trata de formar jóvenes comprometidos con la verdad, para que puedan contribuir en la práctica a solucionar los problemas humanos en la perspectiva de Publio Terencio. Allí radica, pues, la disputa por la UACM, entre quienes aspiran a profundizar la construcción de una educación y una ciencia liberadoras, emancipatorias, y quienes de manera vertical y autoritaria quieren desmantelarla, asfixiándola presupuestariamente y generando miedo maniqueo, histeria xenofóbica y delación a su paso.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México vive su primera gran crisis. El problema es político. Tiene que ver con dos proyectos de universidad. El conflicto exhibe la pugna entre educadores, científicos, intelectuales y estudiantes por apropiarse de uno de los lugares donde se produce y se distribuye el conocimiento socialmente más significativo en la ciudad de México. La UACM es un proyecto educativo popular en construcción y como tal se ha ido forjando una identidad. La disputa es en torno a esa identidad, se da entre quienes pretenden profundizar el modelo y quienes aspiran a desmontarlo.
La UACM nació en septiembre de 2001 tras 18 años de políticas neoliberales. Cuando la tecnocracia fundamentalista apostaba a que el Estado abdicara de su responsabilidad de garantizar la educación pública, laica y gratuita. Uno de los propósitos deliberados del proyecto excluyente neoliberal era que la educación dejara de ser factor de movilidad social. Eran los días de la dictadura del pensamiento único y, mediante una campaña de intoxicación propagandística manipuladora, cobraba auge la degradación de todo a la perspectiva mercantil. Se impuso el vocabulario de quienes combaten en el mercado por la mayor ganancia. Un lenguaje empresarial corporativo con eje en productividad, competitividad, excelencia, calidad, rendición de cuentas. Ergo, la rivalidad como nuevo paradigma en detrimento de la cooperación, el egoísmo en vez de la fraternidad. Con una idea subyacente: el retorno al destino (ley natural) o la liquidación de la sociedad por la sociedad misma (Horst Kurnitzky).
Entonces como ahora había que liberar al comercio y a la industria de la tutela y control del Estado. Desregulación y laissez faire fueron las palabras mágicas para una competencia sin obstáculos legales. En ese contexto, el argumento central de las políticas educativas neoliberales fue que los grandes sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. La educación pública había "fracasado" y emergió en las universidades un discurso funcionalista cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional, y medidas que impulsaban la descentralización y la privatización, la flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente, junto a un fuerte control gubernamental de contenidos y evaluaciones comunes impuestos condicionadamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Las estrategias del conservadurismo educacional imprimieron a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica; un modelo educativo que es un facsímil de las reglas del mercado, y se basa en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. La "responsabilidad" de la educación era ahora contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado. Impuestas verticalmente y en forma inconsulta, tales políticas y mecanismos inspirados en el conductismo, con su sistema de premios y castigos que busca la estratificación y la exclusión, requirieron de medidas autoritarias para sostenerse. Fue en ese contexto que de manera perversa se introdujeron en las universidades aspiraciones paranoicas de perfección: quien no busca la famosa "excelencia" es tachado de irresponsable. El efecto fue un deterioro profundo de los enunciados dirigidos a enseñar y aprender.
Todo ocurrió a partir de la fabricación de un discurso escolar, universitario y pedagógico gubernamental masmediático, que postulaba el fin de las dimensiones histórica e ideológica (Fukuyama), y por tanto imaginaria, aplicando a la educación la ecuación costo-beneficio económico. Un discurso mítico, castrador, disciplinador, paralizante.
Fue en ese contexto que, en 2001, a contracorriente del modelo educativo mercantilizado y sin pretender competir con nadie, surgió la UACM como un proyecto cultural y de educación pública, laica, gratuita, científica, humanista, universal; alternativo al modelo hegemónico de "excelencia" y comprometido con la sociedad, principalmente con los habitantes de la ciudad de México. Ante la ausencia de una idea de sociedad y de vida social civilizada, por ley, la razón de ser de la UACM fue y es la formación de mujeres y hombres con compromiso social, cultos, libres, con pensamiento crítico y humanista, y conocimientos científicos y tecnológicos sólidos y actualizados, que contribuyan a construir una sociedad educada, equitativa y solidaria.
Frente al socialdarwinismo neoliberal que preconiza el derecho natural al éxito del más apto en un mundo lobo; ante los modelos vitalistas o biologicistas que han propagado, naturalizado y normalizado los atributos del caos, la violencia y el terror sin límites en una "guerra" cotidiana donde prevalece la ley de la selva y el hombre es el enemigo del hombre, la propuesta cultural, educativa, científica, autonómica en construcción de la UACM, es brindar a los jóvenes un conocimiento socialmente útil; una formación sólida, amplia, avanzada; dotarlos de capacidad para razonar, criticar, analizar y decodificar los usos y abusos del poder y su propaganda, mitos, falacias, tabúes, estereotipos y obsesiones; ayudarlos a forjar una voluntad férrea para trabajar por una sociedad más justa, fraterna, solidaria, diversa, donde todos quepan.
En una perspectiva histórica, más allá de la dictadura de los diplomas, de procesos meritocráticos y clasistas, y de la búsqueda de certificados burocráticos o comerciales de productividad, calidad, evaluación y eficiencia, se trata de formar jóvenes comprometidos con la verdad, para que puedan contribuir en la práctica a solucionar los problemas humanos en la perspectiva de Publio Terencio. Allí radica, pues, la disputa por la UACM, entre quienes aspiran a profundizar la construcción de una educación y una ciencia liberadoras, emancipatorias, y quienes de manera vertical y autoritaria quieren desmantelarla, asfixiándola presupuestariamente y generando miedo maniqueo, histeria xenofóbica y delación a su paso.
14.4.11
Estamos hasta la madre
Javier Sicilia
Estamos hasta la madre
Alto a la guerra
Por un México justo y en paz
Dios nos sobrevive, tan sólo él nos sobrevive, con el corazón dolido, rodeado de una gran matanza/ de hombres, de mujeres, de niños/ aguardando que comprendamos el amor y la justicia.
Jules de Supervielle
Desde hace 8 días estamos aquí, en este plantón que no es sólo el signo de una herida abierta en la patria, sino también –en su pobreza e inestabilidad– de la indefensión y vulnerabilidad en la que desde hace mucho tiempo vive la ciudadanía azotada por el pudrimiento de sus instituciones y la irracionalidad demoníaca del crimen. Estamos aquí, en estas condiciones, exigiendo perentoriamente a las autoridades que encuentren a los culpables de este crimen que nos arrancó a nuestros hijos: a Juan Francisco Sicilia Ortega, a Luis Antonio Romero Jaime, a Julio César Romero Jaime, a Gabriel Alejo Escalera, y que nos ha estrujado el alma.
Las omisiones del gobierno de Marco Antonio Adame, de los Presidentes Municipales de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta, de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y del Congreso del Estado han sido tremendas –recuerdo sólo una, clara y contundente, por no hablar de los más de mil homicidios que llevan sus gobiernos sin resolver: El toque de queda que el 19 de abril de 2010 decretaron los cárteles en la entidad y frente al cual estas autoridades nos sólo fueron omisas, sino hasta obedientes y cobardes (ellas mismas cerraron temprano las instituciones públicas y dejaron a la ciudadanía a merced del crimen)–. Ese simple hecho, que se agrega a los más de mil crímenes sin resolver, a los de Juan Francisco, Luis Antonio, Julio César y Gabriel, y a los que se han sumado en estos días, me hace a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, a Miguel Ángel Rabadán, a Nereo Bandera Zavaleta y a muchos congresistas omisosos y corruptos–cada uno de los partidos políticos conoce a los suyos y debe reclamárselos–, que renuncien inmediatamente a sus cargos de gobierno. Sabemos, por desgracia, que aún no existe la figura jurídica de la revocación del mandato –esperamos que pronto se apruebe y pueda ejercerse––. Pero existe la vergüenza y la dignidad. Cuando al llegar a sus cargos, ustedes juraron ante la patria, es decir, ante nosotros, los ciudadanos, que harían cumplir la Constitución o que el pueblo se los demandara, nosotros confiamos en ustedes. Ahora que han demostrado que han sido incapaces de cumplirla, el pueblo reunido aquí en el centro de los poderes de Morelos, les demanda sus renuncias. Si no lo hacen, llevaran la vergüenza en su frente y el desdén de los ciudadanos de este Estado.
No dudo, sin embargo y a pesar del oprobio en que nuestras autoridades nos han sumido, que hay buenos policías y buenos soldados investigando y arriesgando sus vidas para dar con el paradero de los asesinos de Juan Francisco, de Luis, de Julio y de Gabo. Pero en estos días no han dejado de multiplicarse los asesinatos de muchachos, de civiles, de migrantes, de mujeres, y sobre nuestras espaldas pesan cerca de 40,000 muertos con los que tenemos la deuda de poner en claro sus nombres, sus apellidos, sus historias para reivindicarlos moralmente e indemnizar a sus familias que, además de sufrir el desprecio y la criminalización de las autoridades, son pobres –nosotros, los ciudadanos de Morelos, al levantar el plantón y exigir la renuncia de nuestros malos gobernantes, hemos dejado en el suelo de la plaza de gobierno y como un símbolo del dolor y de la memoria las placas con los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio Romero Jaime, de Julio Romero Jaime, de Gabriel Alejo Escalera, de María del Socorro Estrada Hernández, de Álvaro Jaime Avelar y de Jesús Chávez Vázquez. A esas placas iremos agregando las placas de las víctimas que se vayan reconociendo y de las que continúen apareciendo a causa de la inoperancia de nuestras instituciones. Hacemos un llamado a toda la nación para que en cada plaza de cada pueblo, de cada municipio, de cada Estado se haga lo mismo con los asesinados que allí vivían. En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro Holocausto.
Frente a estas omisiones, frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad?
Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.
Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación.
Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. Cuando Colombia logró sacar del control político al poder judicial, logró encarcelar al 40% de los miembros del Congreso que estaban vinculados con el crimen. Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.
El esfuerzo que podamos hacer los ciudadanos y algunos gobernantes honestos y comprometidos resulta inútil, estéril, sin jueces, magistrados y ministros que impartan justicia. Hoy son más los incentivos para operar en la ilegalidad que dentro de ella. Demandas y denuncias que se quedan archivadas por años, litigios y procesos a modo, amparos otorgados al vapor, sentencias recurridas y reducidas que demeritan ante los agraviados la sensación de haber recibido justicia e invitan a hacerse justicia por propia mano. Mucha de la sensación que hoy tenemos de vivir en la ilegalidad se debe a un poder judicial ineficaz, corrupto y dependiente de las mismas corrupciones políticas.
Los empresarios han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos. Su egoísmo y su vida timorata les ha impedido denunciar a quienes de entre ustedes –que administran la banca y tienen algún tipo de empresas–, lavan dinero; les ha permitido administrar el desempleo para explotar el trabajo honrado, pero mal pagado, y maximizar sus ganancias; les ha permitido destruir formas de comercio nacidas de la vida de la ciudadanía con el fin de expandir sus mercancías y sus industrias, y destruir las formas de vida autóctonas. Han sido omisos –y aquí me refiero a los monopolios mediáticos– al no permitir la democratización de los medios, al manipular a la ciudadanía a través de ellos para conservar sus intereses, expandir sus capitales y negociar con los partidos. No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.
El Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo que en estos días comenzará a circular dice, como lo señaló Jorge Montaño, integrante consultivo de ese informe, que “el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política (…) Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con faltas de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales. México “se encuentra ante una oleada sin precedentes de violencia (…) El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación (…) de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones a los derechos humanos, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad” de países como el nuestro.
Los sindicatos han sido omisos porque se construyeron no para la defensa de los trabajadores, sino para el clientelismo político. Han visto al Estado y lo siguen viendo como una ubre de la que pueden extraer ganancias corruptas. El caso más claro es el del sindicato de la educación que se ha convertido en un mercader de votos con el que anticipadamente los partidos y los gobiernos comprometen sus agendas y la dignidad del país.
Las Iglesias también han sido omisas. La mía, la católica, a la que me refiero por ser la mía y la mayoritaria en este país, ha sido omisa porque al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra. Ha sido omisa porque preocupada por la vida que está en el vientre de las madres –y que hay que defender–, ha descuidado las de los que ya están aquí. Estamos ante el mal y la Iglesia debe decir con San Agustín: “Buscaba de donde viene el mal y no salía de él”. Si ustedes hablan alto y con claridad, si se niegan a las componendas y a los privilegios, que ocultan el crimen; si son fieles a su Señor y están dispuestos como él a dar la vida, podemos hacer que el número de las víctimas disminuya más rápidamente.
Todos y cada uno de ustedes ha puesto como el valor supremo de la vida a la economía en su sentido más pervertido: el del consumo y el del dinero. En su nombre, han destruido todos los ámbitos de convivencia y con ello han destruido nuestro suelo y nuestras relaciones de soporte mutuo hasta sumirnos en el horror de la violencia, la miseria y el miedo. Cada uno de nosotros hemos también sucumbido a ello y conocemos nuestras traiciones. Por ello les decimos y nos decimos que toda esta violencia debe de terminar o al país se lo va cargar la chingada.
En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.
Con esa dignidad, y acompañados de Julián Le Baron, de Olga Reyes, de padres de la guardería ABC, de las madres de los asesinados en Salvarcar, de los deudos de los muertos de Pasta de Conchos y de tantos y tantos padres y madres que han visto asesinar a sus hijos, de Emilio Álvarez Icaza, del padre Miguel Concha, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Alberto Athié, convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo, que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM y salir el día 8 a las 7 de la mañana rumbo al sitio donde se asientan los poderes de la República. Invitamos a todos los ciudadano de otros Estados de la República a que hagan lo mismo y juntos lleguemos al zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a caminar en silencio, después de estos días de recogimiento y meditación, para detener la violencia; para decirles que aún estamos a tiempo de rehacer nuestro suelo y nuestro tejido social –uno de los dones más bellos que tenemos– y de refundar la nación.
Vamos a ir al zócalo de la Ciudad de México para exigirles al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a sus líderes, a los empresarios, a los líderes sindicales, a las Iglesias y a sus jerarquías, que asuman su responsabilidad para que los millones de mexicanos que aman este suelo llamado México no vean cancelado absolutamente su porvenir.
Vamos a convocarlos allí para que con nosotros y ante nosotros se comprometan a firmar un pacto nacional auténtico, genuino, sin simulaciones y escenografías institucionales –esas instituciones que ya son meros vestigios de lo que fue una nación–; vamos a convocarlos para que firmen un pacto en el centro de la ciudad más dolida de entre las dolidas, en el centro de la ciudad que más muertos ha puesto en los últimos años: en el centro de Ciudad Juárez. Ahí, en la herida abierta de la frontera norte, vamos a convocarlos para que ustedes, que han malversado nuestro dinero, han decidido sin consultarnos en nuestro nombre, han defraudado nuestra confianza y han puesto al país en estado de emergencia nacional, firmen un pacto que les permita recuperar la representación de la nación que casi han perdido y hagan valer los cargos que ostentan antes de que sea demasiado tarde.
Pero vamos también allí a decirnos a nosotros mismos, frente a sus omisiones y complicidades, que también nosotros, desde abajo, podemos, si nos organizamos, tener asambleas constituyentes y reconstituyentes en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, para crear gobernabilidad y seguridad locales y confiables.
Vamos a ir caminando en silencio –el lugar en donde nace la palabra verdadera y se recoge para se comprender sus significados profundos–; vamos a caminar así para evitar que los gritos nos confundan y la indignación, que lleva a veces al insulto, nos haga perder el amor. Este silencio, en el que nos recogemos, marca un tiempo necesario para que surja la palabra y las palabras claras y precisas que necesitamos.
Iremos presididos por el máximo emblema de nuestra casa: la bandera de México. La llevaremos hasta allí donde se asientan los poderes de la República; allí en donde los antiguos miraron por vez primera el lago, el águila y la serpiente en el nopal.
Vamos a ir allí para exigirles que asuman la esperanza de todos con propuestas concretas y plausibles –algunas de las cuales llevaremos–; vamos a ir allí para obligarlos, porque ustedes han olvidado que la soberanía, como lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, radica en los ciudadanos– a que pacten con nosotros y de cara a nosotros; para obligarlos a realizar un esfuerzo profundo y sistemático que detenga esta violencia que nos está destrozando el alma y el cuerpo, y despojándonos del derecho que tenemos a vivir en paz en un México en el que todos quepamos con nuestros seres queridos que son todos los seres queridos de cada uno de los que habitamos este país.
Porque vivimos un tiempo límite vamos a ir también allí a preguntarles ¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y hacer que este dolor sirva para rehacer el amor y la justicia que perdimos.
Estamos hasta la madre
Alto a la guerra
Por un México justo y en paz
Dios nos sobrevive, tan sólo él nos sobrevive, con el corazón dolido, rodeado de una gran matanza/ de hombres, de mujeres, de niños/ aguardando que comprendamos el amor y la justicia.
Jules de Supervielle
Desde hace 8 días estamos aquí, en este plantón que no es sólo el signo de una herida abierta en la patria, sino también –en su pobreza e inestabilidad– de la indefensión y vulnerabilidad en la que desde hace mucho tiempo vive la ciudadanía azotada por el pudrimiento de sus instituciones y la irracionalidad demoníaca del crimen. Estamos aquí, en estas condiciones, exigiendo perentoriamente a las autoridades que encuentren a los culpables de este crimen que nos arrancó a nuestros hijos: a Juan Francisco Sicilia Ortega, a Luis Antonio Romero Jaime, a Julio César Romero Jaime, a Gabriel Alejo Escalera, y que nos ha estrujado el alma.
Las omisiones del gobierno de Marco Antonio Adame, de los Presidentes Municipales de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta, de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y del Congreso del Estado han sido tremendas –recuerdo sólo una, clara y contundente, por no hablar de los más de mil homicidios que llevan sus gobiernos sin resolver: El toque de queda que el 19 de abril de 2010 decretaron los cárteles en la entidad y frente al cual estas autoridades nos sólo fueron omisas, sino hasta obedientes y cobardes (ellas mismas cerraron temprano las instituciones públicas y dejaron a la ciudadanía a merced del crimen)–. Ese simple hecho, que se agrega a los más de mil crímenes sin resolver, a los de Juan Francisco, Luis Antonio, Julio César y Gabriel, y a los que se han sumado en estos días, me hace a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, a Miguel Ángel Rabadán, a Nereo Bandera Zavaleta y a muchos congresistas omisosos y corruptos–cada uno de los partidos políticos conoce a los suyos y debe reclamárselos–, que renuncien inmediatamente a sus cargos de gobierno. Sabemos, por desgracia, que aún no existe la figura jurídica de la revocación del mandato –esperamos que pronto se apruebe y pueda ejercerse––. Pero existe la vergüenza y la dignidad. Cuando al llegar a sus cargos, ustedes juraron ante la patria, es decir, ante nosotros, los ciudadanos, que harían cumplir la Constitución o que el pueblo se los demandara, nosotros confiamos en ustedes. Ahora que han demostrado que han sido incapaces de cumplirla, el pueblo reunido aquí en el centro de los poderes de Morelos, les demanda sus renuncias. Si no lo hacen, llevaran la vergüenza en su frente y el desdén de los ciudadanos de este Estado.
No dudo, sin embargo y a pesar del oprobio en que nuestras autoridades nos han sumido, que hay buenos policías y buenos soldados investigando y arriesgando sus vidas para dar con el paradero de los asesinos de Juan Francisco, de Luis, de Julio y de Gabo. Pero en estos días no han dejado de multiplicarse los asesinatos de muchachos, de civiles, de migrantes, de mujeres, y sobre nuestras espaldas pesan cerca de 40,000 muertos con los que tenemos la deuda de poner en claro sus nombres, sus apellidos, sus historias para reivindicarlos moralmente e indemnizar a sus familias que, además de sufrir el desprecio y la criminalización de las autoridades, son pobres –nosotros, los ciudadanos de Morelos, al levantar el plantón y exigir la renuncia de nuestros malos gobernantes, hemos dejado en el suelo de la plaza de gobierno y como un símbolo del dolor y de la memoria las placas con los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio Romero Jaime, de Julio Romero Jaime, de Gabriel Alejo Escalera, de María del Socorro Estrada Hernández, de Álvaro Jaime Avelar y de Jesús Chávez Vázquez. A esas placas iremos agregando las placas de las víctimas que se vayan reconociendo y de las que continúen apareciendo a causa de la inoperancia de nuestras instituciones. Hacemos un llamado a toda la nación para que en cada plaza de cada pueblo, de cada municipio, de cada Estado se haga lo mismo con los asesinados que allí vivían. En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro Holocausto.
Frente a estas omisiones, frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad?
Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.
Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación.
Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. Cuando Colombia logró sacar del control político al poder judicial, logró encarcelar al 40% de los miembros del Congreso que estaban vinculados con el crimen. Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.
El esfuerzo que podamos hacer los ciudadanos y algunos gobernantes honestos y comprometidos resulta inútil, estéril, sin jueces, magistrados y ministros que impartan justicia. Hoy son más los incentivos para operar en la ilegalidad que dentro de ella. Demandas y denuncias que se quedan archivadas por años, litigios y procesos a modo, amparos otorgados al vapor, sentencias recurridas y reducidas que demeritan ante los agraviados la sensación de haber recibido justicia e invitan a hacerse justicia por propia mano. Mucha de la sensación que hoy tenemos de vivir en la ilegalidad se debe a un poder judicial ineficaz, corrupto y dependiente de las mismas corrupciones políticas.
Los empresarios han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos. Su egoísmo y su vida timorata les ha impedido denunciar a quienes de entre ustedes –que administran la banca y tienen algún tipo de empresas–, lavan dinero; les ha permitido administrar el desempleo para explotar el trabajo honrado, pero mal pagado, y maximizar sus ganancias; les ha permitido destruir formas de comercio nacidas de la vida de la ciudadanía con el fin de expandir sus mercancías y sus industrias, y destruir las formas de vida autóctonas. Han sido omisos –y aquí me refiero a los monopolios mediáticos– al no permitir la democratización de los medios, al manipular a la ciudadanía a través de ellos para conservar sus intereses, expandir sus capitales y negociar con los partidos. No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.
El Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo que en estos días comenzará a circular dice, como lo señaló Jorge Montaño, integrante consultivo de ese informe, que “el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política (…) Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con faltas de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales. México “se encuentra ante una oleada sin precedentes de violencia (…) El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación (…) de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones a los derechos humanos, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad” de países como el nuestro.
Los sindicatos han sido omisos porque se construyeron no para la defensa de los trabajadores, sino para el clientelismo político. Han visto al Estado y lo siguen viendo como una ubre de la que pueden extraer ganancias corruptas. El caso más claro es el del sindicato de la educación que se ha convertido en un mercader de votos con el que anticipadamente los partidos y los gobiernos comprometen sus agendas y la dignidad del país.
Las Iglesias también han sido omisas. La mía, la católica, a la que me refiero por ser la mía y la mayoritaria en este país, ha sido omisa porque al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra. Ha sido omisa porque preocupada por la vida que está en el vientre de las madres –y que hay que defender–, ha descuidado las de los que ya están aquí. Estamos ante el mal y la Iglesia debe decir con San Agustín: “Buscaba de donde viene el mal y no salía de él”. Si ustedes hablan alto y con claridad, si se niegan a las componendas y a los privilegios, que ocultan el crimen; si son fieles a su Señor y están dispuestos como él a dar la vida, podemos hacer que el número de las víctimas disminuya más rápidamente.
Todos y cada uno de ustedes ha puesto como el valor supremo de la vida a la economía en su sentido más pervertido: el del consumo y el del dinero. En su nombre, han destruido todos los ámbitos de convivencia y con ello han destruido nuestro suelo y nuestras relaciones de soporte mutuo hasta sumirnos en el horror de la violencia, la miseria y el miedo. Cada uno de nosotros hemos también sucumbido a ello y conocemos nuestras traiciones. Por ello les decimos y nos decimos que toda esta violencia debe de terminar o al país se lo va cargar la chingada.
En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.
Con esa dignidad, y acompañados de Julián Le Baron, de Olga Reyes, de padres de la guardería ABC, de las madres de los asesinados en Salvarcar, de los deudos de los muertos de Pasta de Conchos y de tantos y tantos padres y madres que han visto asesinar a sus hijos, de Emilio Álvarez Icaza, del padre Miguel Concha, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Alberto Athié, convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo, que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM y salir el día 8 a las 7 de la mañana rumbo al sitio donde se asientan los poderes de la República. Invitamos a todos los ciudadano de otros Estados de la República a que hagan lo mismo y juntos lleguemos al zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a caminar en silencio, después de estos días de recogimiento y meditación, para detener la violencia; para decirles que aún estamos a tiempo de rehacer nuestro suelo y nuestro tejido social –uno de los dones más bellos que tenemos– y de refundar la nación.
Vamos a ir al zócalo de la Ciudad de México para exigirles al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a sus líderes, a los empresarios, a los líderes sindicales, a las Iglesias y a sus jerarquías, que asuman su responsabilidad para que los millones de mexicanos que aman este suelo llamado México no vean cancelado absolutamente su porvenir.
Vamos a convocarlos allí para que con nosotros y ante nosotros se comprometan a firmar un pacto nacional auténtico, genuino, sin simulaciones y escenografías institucionales –esas instituciones que ya son meros vestigios de lo que fue una nación–; vamos a convocarlos para que firmen un pacto en el centro de la ciudad más dolida de entre las dolidas, en el centro de la ciudad que más muertos ha puesto en los últimos años: en el centro de Ciudad Juárez. Ahí, en la herida abierta de la frontera norte, vamos a convocarlos para que ustedes, que han malversado nuestro dinero, han decidido sin consultarnos en nuestro nombre, han defraudado nuestra confianza y han puesto al país en estado de emergencia nacional, firmen un pacto que les permita recuperar la representación de la nación que casi han perdido y hagan valer los cargos que ostentan antes de que sea demasiado tarde.
Pero vamos también allí a decirnos a nosotros mismos, frente a sus omisiones y complicidades, que también nosotros, desde abajo, podemos, si nos organizamos, tener asambleas constituyentes y reconstituyentes en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, para crear gobernabilidad y seguridad locales y confiables.
Vamos a ir caminando en silencio –el lugar en donde nace la palabra verdadera y se recoge para se comprender sus significados profundos–; vamos a caminar así para evitar que los gritos nos confundan y la indignación, que lleva a veces al insulto, nos haga perder el amor. Este silencio, en el que nos recogemos, marca un tiempo necesario para que surja la palabra y las palabras claras y precisas que necesitamos.
Iremos presididos por el máximo emblema de nuestra casa: la bandera de México. La llevaremos hasta allí donde se asientan los poderes de la República; allí en donde los antiguos miraron por vez primera el lago, el águila y la serpiente en el nopal.
Vamos a ir allí para exigirles que asuman la esperanza de todos con propuestas concretas y plausibles –algunas de las cuales llevaremos–; vamos a ir allí para obligarlos, porque ustedes han olvidado que la soberanía, como lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, radica en los ciudadanos– a que pacten con nosotros y de cara a nosotros; para obligarlos a realizar un esfuerzo profundo y sistemático que detenga esta violencia que nos está destrozando el alma y el cuerpo, y despojándonos del derecho que tenemos a vivir en paz en un México en el que todos quepamos con nuestros seres queridos que son todos los seres queridos de cada uno de los que habitamos este país.
Porque vivimos un tiempo límite vamos a ir también allí a preguntarles ¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y hacer que este dolor sirva para rehacer el amor y la justicia que perdimos.
12.4.11
SME: año y medio de supervivencia
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.
MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.
5.4.11
Carta abierta a polìticos y criminales
Javier Sicilia
MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.
MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.
No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.
Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.
Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.
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