Cutting the Deficit: Sacrificing Workers to Save the Rich

  James Petras

“There’s class warfare, all right, but its my class, the rich class that’s making war and we’re winning”
Warren Buffet

The most important and popular social and tax programs in the United States are threatened by a self-styled “Bipartisan National Commission on Fiscal Responsibility and Reform”. Appointed by President Obama on February 18, 2010, co-chaired by two longstanding champions of Wall Street: ex Senator Simpson (R, WY) and former Clintonite White House Chief of Staff Erskine Bowles. The Commission Report issued November 10 proposes to slash social security payments, reducing recipients to poverty, raise the retirement age to 69 ensuring that millions of workers will die before they can retire, or enter retirement in ill health; reduce or freeze cost of living increases through inflation indexes which understate by half the rises in food, gas, hospital and education. The Commission proposes deep cuts in Medicare, increased Medicaid co-pays and slashing $54 billion from graduate medical education. The Commission proposes to eliminate tax breaks including deductions for home mortgage interest payments while taxing employer provided medical insurance.

The same Commission Report proposes to reduce capital gains and income taxes for the rich by up to 24%.

President Obama and the Republican leadership praised the Commission and wants “to give them space to work on it”.

The so-called crisis of Social Security is a result of the Republican and Democratic governments siphoning off payments into the general fund. The forthcoming shortfall (2030) can be easily remedied by lifting the payroll tax ceiling, for the rich, taxing all earned income. Medical costs can be reduced by 50% by replacing the for profit corporate health insurance and pharmaceutical corporations with a non-profit national health system, similar to successful programs in Europe and Canada.Both Medical plans and Social Security can be easily funded by imposing a 1%sales tax On the sale of stocks and bonds.

The deficit proposals put forth by Obama’s Bipartisan Commission threaten to push the one-third of retirees who depend mainly on their social security payments into the food kitchens or destitution. The added cost and reductions in health care will increase the mortality rate among working families. The increase in retirement age will result in “work until you die”, with no time for leisure, travel or grandchildren. It is time to send a message to Washington: cut Social Security and Medicare and home interest deductions and you will visit Washington on your own time.

Seguridad democrática vs. Alba

Carlos Fazio

 

El 17 de noviembre tuvo lugar en el Capitolio un seminario preparatorio de la nueva ofensiva desestabilizadora ultraderechista en América Latina. El perfil y la agenda de los participantes alejan cualquier sombra de duda sobre eventuales teorías conspirativas antiestadunidenses. Los anfitriones fueron los congresistas republicanos por Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, ambos ligados a la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), protectores de los terroristas internacionales confesos Luis Posadas Carriles y Orlando Bosch, y patrocinadores del golpista Roberto Micheletti, en Honduras.

También asistieron el ex embajador estadunidense en Caracas, Otto Reich, y el ex subsecretario de Estado Roger Noriega, viejos plomeros de las guerras sucias de Washington en la región y miembros conspicuos de la pandilla del halcón John D. Negroponte. Otros participantes fueron José Cárdenas, ex administrador adjunto de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés); el ex embajador de EU en Costa Rica, Jaime Daremblum, del Instituto Hudson; y el ex director de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, John Walters.
Entre los seminaristas invitados estuvieron Alejandro Aguirre, presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo instrumento de la CIA durante la guerra fría y que un par de días antes, en Mérida, Yucatán, había servido de plataforma guerrerista a los presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, de México y Honduras, respectivamente; Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión de Venezuela, golpista, prófugo de la justicia y residente en Miami; el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente golpista de Ecuador y autor intelectual de la asonada policial y el intento de magnicidio del mandatario Rafael Correa el 30 de septiembre último, y Luis Núñez, del Comité Cívico de Santa Cruz, y Javier El-Hage, de la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia, vinculados a la conspiración terrorista del mercenario húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, quien en abril de 2009 participó en el complot para asesinar al presidente Evo Morales.
El título del seminario fue de suyo elocuente: Peligro en los Andes: amenazas a la democracia, derechos humanos y la seguridad interamericana. El nombre de uno de los talleres abonaba el camino hacia los enemigos potenciales: El terrorismo, el Islam radical y narcotráfico. A su vez, las amenazas contra Estados Unidos, sus aliados cipayos y la democracia liberal-conservadora quedaban identificadas desde las dos preguntas iniciales que debían responder los ponentes: ¿La Alba de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua constituirá una amenaza a los intereses estadunidenses y a la seguridad interamericana? ¿Están la democracia y los derechos humanos en peligro bajo el socialismo del siglo XXI?
De más estar decir que la mezcla de todos esos elementos no podía dar otro resultado que las dos consignas prioritarias emergentes de la reunión, que figuran en la matriz de los planes de desestabilización encubierta de Washington y sus socios en los países del Alba: la eliminación de Hugo Chávez y arremeter contra el azote del socialismo del siglo XXI, sinónimo de totalitarismo.

De la combinación de enemigos y amenazas surgen otras matrices de opinión consustanciales a la guerra de dominación de espectro completo de Estados Unidos en el área, verbigracia, construcciones mediáticas tales como narcoinsurgencia o narcoterrorismo, tan socorridas a últimas fechas por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el Pentágono y la CIA, aplicadas a México. A las que habría que agregar otras fabricaciones propagandísticas que se manejan en los seminarios organizados por la comunidad de inteligencia en centros académicos de la región, como la conexión iraní y el populismo radical o autoritario (cabe recordar la actualización 2010 de Felipe Calderón: AMLO, un peligro para México).
Como parte de la propaganda de Estados Unidos en México, el guión que se diseñó para la guerra de Calderón incluyó desde un principio (diciembre de 2006) el control de territorio y de frontera, y la difuminación de las diferencias esenciales (incluidos los fines políticos e ideológicos) entre crimen organizado, insurgencia, milicias (paramilitares, autodefensas), terroristas y pandillas (maras).
Así como antes en Colombia, previo ablandamiento de los políticos y partidos parlamentarios, la clase empresarial y de los responsables jerárquicos de los organismos de seguridad del Estado mexicano –gracias a la repetición propagandística de sus papagayos de turno en los medios, tipo Enrique Krauze y Jorge G. Castañeda–, por la vía de caracterizar a México como un Estado fallido, la guerra contra el narcoterrorismo y la narcoinsurgencia ha logrado transformar un asunto policial en otro de inteligencia militar y de seguridad nacional (de Estados Unidos).
A la vez, como sucedáneo de la militarización, paramilitarización y mercenarización emergente –que dispararon los niveles de violencia criminal, caos y mortandad en todo el territorio nacional–, Washington ha logrado instalar la llamada Oficina Binacional de Inteligencia en pleno Paseo de la Reforma, con la consiguiente subordinación y dependencia de sus contrapartes locales.
No obstante lo anterior, junto con Colombia, el fallido México de Calderón es una pieza clave de la llamada seguridad democrática y la agenda mediática de Washington en su proyecto de restauración conservadora regional. Ergo, las alianzas del reaccionario Calderón y el Partido Acción Nacional con la ultraderecha continental y la mafia cubano-estadunidense de Miami son funcionales a las operaciones de guerra sicológica y las acciones encubiertas de Washington contra los países del Alba.

El propagandista de Los Pinos

Carlos Fazio

 

A menudo, políticos, académicos y analistas señalan que la guerra de Felipe Calderón contra los malos ha fracasado y es necesario un cambio de estrategia. Suele argumentarse que es una guerra no calculada en sus alcances, sin planeación adecuada, carente de inteligencia de combate y contrainteligencia, y sin equipamiento adecuado para ese tipo de operaciones especiales basadas en la contrainsurgencia. Argumentos todos cuestionables.

Tal vez, dadas las disputas por parcelas de poder entre los jefes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública –encargadas de ejecutar las operaciones bélicas–, la ausencia de un mando conjunto operacional sea la crítica más acertada. Pero esa anarquía puede obedecer a un plan deliberado, cuyo objetivo es generar más caos, violencia y desestabilización, no ganar una guerra. Y al fin de cuentas, no es responsabilidad del comandante supremo, el presidente de facto surgido de un fraude de Estado, sino que obedece a una planeación exterior en las alturas de Washington, operativizada en el terreno por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.
Se olvida que bajo el señuelo del combate a los cárteles de la economía criminal, la guerra antiterrorista de Felipe Calderón fue diseñada por el Comando Norte del Pentágono, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), durante la administración de George W. Bush. Y que antes de viajar a Bogotá y Washington como presidente electo, a interiorizarse de los contenidos del Plan Colombia y los aprontes de un proyecto intervencionista similar para México, Calderón había prometido un gobierno de mano dura.
Después, en un acto castrense cargado de simbolismo, en la medianoche del 1º de diciembre de 2006, Calderón asumió por televisión en la residencia oficial de Los Pinos. En un ominoso desfiguro, sustituyó a las cámaras del Poder Legislativo con cámaras de televisión, y recibió la banda presidencial de un cadete militar, en lo que configuró un golpe de Estado técnico. Asimismo, en su afán por mostrarse como un presidente fuerte, se rodeó de jefes castrenses dispuestos a imponer el ejercicio de la autoridad (almirante Francisco Saynez dixit), entre ellos generales formados en la tristemente famosa Escuela de las Américas del Pentágono.
En el marco de una presunta estrategia militar integral, el 11 de diciembre de ese año Calderón le declaró la guerra al hampa. Las batallas se iniciaron en Michoacán, adonde envió más de 5 mil marinos, soldados y policías. Después seguirían operativos similares en Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados de la República, con la consiguiente militarización, paramilitarización y mercenarización del país, según el modelo de terrorismo de Estado practicado por Estados Unidos en Colombia y reproducido luego en Afganistán e Irak.
En octubre de 2007, desbocado en su optimismo, propagandista de sí mismo, Calderón dijo que había perdido la cuenta de los delincuentes detenidos y, exhibiendo una mentalidad autoritaria propia de regímenes totalitarios y dictatoriales, se atribuyó el monopolio del poder. Sin embargo, ante las crecientes dificultades para manufacturar un consenso en torno a su guerra –en el marco de una violencia y mortandad crecientes–, en marzo de 2008 recurrió al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que apelara al periodismo patriótico; a la responsabilidad de los medios en la lucha anticrimen, con el argumento de que el narco usa a la prensa para intimidar a la población.

Desde entonces, machaconamente, con periodos de saturación mediática, Calderón y su equipo insistirían en la matriz de opinión de que en materia de criminalidad el Estado no es el adversario, sino el aliado de la sociedad. Ergo, los malos son los narcos, no el gobierno. El 12 de mayo de ese año, durante una conferencia en Los Pinos, golpeando el atril con la mano, Calderón dijo que su expresión ¡ya basta! era una exigencia a todos los ciudadanos de no ser cómplices de la ilegalidad y demandó a los medios no compartir la estrategia de sembrar terror.
En fechas cercanas, junto a sus dislates for export –en mayo de 2010 presumió en Berlín que estaba venciendo a cinco jinetes del apocalipsis: influenza, narcoviolencia, crisis económica, sequía y caída de petroprecios–, Calderón ha insistido en que en la sociedad existe un problema de percepción en cuanto a los resultados de su guerra contra una ridícula minoría. En agosto último, con el afán de fabricar un consenso esquivo para manipular los temores subconscientes, lanzó los llamados diálogos por la seguridad (verdaderos monólogos del Ejecutivo) y, molesto por la advertencia de la Suprema Corte de Justicia de que la lucha antinarco debe apegarse a la ley, dijo que le empezaban a cansar las cantaletas sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
En octubre recuperó su vieja matriz maniquea de campaña: López Obrador es un peligro para México y, tras enredarse en explicaciones sobre su dicho de que ganó los comicios de 2006 “haiga sido como haiga sido”, arrancó noviembre con una nueva ofensiva mediática. Desde Mérida, en un foro funcional a los intereses ideológicos y de clase que representa: la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (instancia que reúne a los dueños de los grandes diarios de América y divulga las matrices del imperio), con el mismo espíritu de cruzado y bajo la consigna conmigo o con los criminales, Calderón llamó a una alianza medios-gobierno contra el enemigo común (la delincuencia) y los conminó a informar sin hacer apología del crimen y no seguir la agenda de los malos.
Por último, en declaraciones a CBS, alardeó de sus juguetes bélicos y su búnker de inteligencia supersecreto, en Reforma 265, desde donde Washington dirige su guerra.

The Democratic Party Debacle and the Demise of the Left-Center Left: A Worldwide Trend

05.11.10
James Petras 

Introduction: The November 2, 2010 electoral debacle of the Democratic Party in the US cannot be solely ascribed to the failed policies of President Obama, the Congressional leadership or their senior economic advisers.

  

Nor is the demise of what passes for the American “center-left” confined to the US – it is a world-wide pattern, expressed in countries as diverse as Greece, Portugal, Spain, Great Britain and Japan.

The central question is why the left-center left governing parties are everywhere in crisis and will be for the foreseeable future?

The Left-Center Left: Past Winners, Present Losers

In the past leftist parties had been the beneficiaries of capitalist crises: Incumbent conservative regimes, which had presided over economic recessions or had been held responsible for military debacles, were ousted from power by leftist parties prepared to make large-scale, long-term public investments, funded by progressive taxes on wealth and capital, and to impose austerity programs on the rich and wealthy.

In contrast, today the left/center-left (L-CL) regimes preside over crisis-ridden capitalist economies and administer regressive socio-economic policies designed to promote the recovery of the biggest financial and corporate enterprises while rolling back wages, social programs, pensions and unemployment benefits.

As a result, the L-CL has become the prime political loser in the current economic crisis, reaping hostility and rejection from the great mass of its former working class and salaried supporters.

Wherever the Left has been elected in recent years, a deep polarization developed between its electoral base and the governing party leadership. Nowhere has the Left dared to infringe on the power and prerogatives of the very capitalist class of bankers and investors, who caused the crisis. Instead with perverse and reactionary logic the Left- Center Left parties have wielded stated power through the treasury to refinance capital, through the police and judiciary to repress labor and through the mass media to justify its regressive policies (especially via anti-‘chaos’ hysteria).

In Greece, the Pan-Hellenic Socialist regime (PASOK) has fired tens of thousands of public employees and its tight fiscal policies have raised unemployment from 8% to 14%. It has increased the age of retirement, reduced pensions and welfare provisions and raised fees for public services, while foreign and domestic bankers, ship owners and overseas investors have benefited by accumulating property and distressed enterprises on the cheap.

Similar polices have been adopted in Spain and Portugal where public employees’ salaries and jobs have been slashed, pensions and welfare payments have been reduced, job security has been deregulated and employers are free to hire and fire as never before.

Prior to the British Labor Party’s defeat, after more than a decade of promoting wild unregulated financial and real-estate speculation leading to the economic crash, the Labor leadership was planning massive layoffs and cuts in social programs.

In the United States, Obama and the Democrats were elected, on the basis of their promises to redress the grievances of the workers and salaried employees, who had been battered by the collapse of Wall Street. Instead, the White House poured trillions of tax dollars to rescue the major banking, financial and speculative institutions responsible for the collapse while unemployment and underemployment has climbed to over 20% and 10 million homeowners lost their homes through mortgage foreclosures.

Why the L-CL Deepens the Crises

Over the past 30 years the L-CL parties, which were once identified with working class interests and welfare reforms, have become deeply embedded in managing the capitalist system - going so far as to promote the most parasitic and volatile forms of speculative capital. As long as capitalist profits grew and speculative investments grew, the L-CL regimes believed that sufficient tax revenue would accrue to allow for a degree of social spending to pacify their popular voting constituency. The L-CL parties systematically eliminated the last traces of a socialist, social welfare or redistributive alternative.

The L-LC political leadership was unwilling to envision an alternative to their promotion of the policies of big corporate and banking interests as they led to financial crisis. When the big crash of 2007-2010 took place, the entire leadership of the L-CL was so deeply embedded in the institutions, policies and practices of the leading private financial structures, that the only solution they were capable of proposing was to sacrifice the public treasury in order to restore capitalist leaders and speculative institution to profitability. In other words, the U.S and European L-CL parties were prepared to jettison over 50 years of social advances. The past ties to their working-class voters, trade union allies, public employees and pensioners were severed, none were spared. The only interest that mattered to the L-CL parties was to restore conditions for profitability to benefit big overseas and domestic investors.

This economic recession has forced the L-CL parties to give up any pretext that they could satisfy bankers and public employees, corporations and workers, investors and pensioners. The crisis revealed the profound distance separating the working class from the political leaders of the L-CL.

The savage class austerity measures, repeatedly imposed on the working class every 3-6 months, in contrast to the vast and repeated subsidies to capital, reveal the true vocation of the current L-CL regimes. There was never a question of choice: From their entry into the government and from their leading economic appointments, to their subsequent agreements with the world’s leading banks, it has become obvious that the Papandreous (Greece), Socrates (Portugal), Zapatero (Spain) and Obama (USA) regimes were prepared to use the full power of the state to sacrifice labor to save capital.

Consequences of L-CL Policies and Practices

From the start, the L-CL parties decided there was everything to negotiate (and concede) with the bankers and nothing to negotiate and compromise with Labor. The recession was too profound, capitalist interests and institutions were “too big to fail”, and labor was, in the eyes of the L-CL parties, too expendable: ‘Let them march and yell in the streets’. Unemployment and under-employment climbed to double digits everywhere. The old arrangements of accommodation between the trade unions and the L-CL parties came under intense pressure everywhere (except in the US and UK) from the workers in factory assemblies, the offices of the public employees, and among the pensioners in the senior centers.

Repeated general strikes broke out in France, Spain, Portugal, Greece and Italy. The L-CL regimes absolutely refused to make any concession to the workers. The crises and austerity policies became the base for a real class war: The Left-Center Left regimes were determined to roll back over 50 years of working class advances. The general strikes were defensive battles to protect hard won advances in decent living standards. Workers everywhere in Europe recognized the abominable working and welfare conditions in the US, where trade unions have become doormats and the millionaire trade union bosses continue to use union funds to bankroll the Democrats and protect the bureaucracy’s privileges and wealth.

Conclusion

The Left-Center Left regimes are paying a high electoral price for sacrificing the working class in order to save the bankers: Obama’s recent electoral defeat is only a forerunner of future losses for the Spanish, Greek, Portuguese Socialists and other L-CL regimes. Their austerity policies have led them to ‘fall between two chairs’: They alienate workers and strengthen the capitalist class, which already has its own “natural” conservative capitalist parties. The “hard right” everywhere is advancing, sensing the debacle of the center-left as an opportunity to deepen and widen the frontal assault on labor rights, social welfare and any semblance of legal protection.

Faced with this assault, the main defense of militant workers in Southern Europe is the general strike, (totally absent for over a century in the US). But even so, given the ferocious backing of all of Europe’s (and the US) ruling classes for the regressive austerity policies, it is becoming clear that the positive experience of massive class solidarity is not enough. Greece has had half dozen general strikes. France has been shut down by a nationwide strike. Spain has more to come. But their L-CL rulers continue slashing and burning workers rights and living standards now and for years to come.

What will it take to stop and reverse this capitalist juggernaut? It is clear, that the L-CL parties, as we know them, are part of the problem and not the solution. Will new working class parties and movements emerge that can combine mass general strikes with challenges for state power? Will the rising power of the electoral right lead to a parallel rise of the left?

As of today, little or nothing of a left-right political polarization appears on the horizon in the United States where most of the union and social movement leaders are tied to the Democratic Party. In contrast, in Europe, particularly in France, Greece, Portugal and Spain, extra-parliamentary mass struggles will continue and perhaps intensify, raising the specter of possible popular uprisings as conditions continue to deteriorate.