Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 25 de agosto.- El análisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ejército que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos–; sembrar evidencias para pretender involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional.
La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero sí realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una política general y no de un comportamiento personal anómalo de los involucrados.
Particularmente la recomendación 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ejército, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente habían recogido a los delincuentes.
Al respecto, la recomendación señala: “en el correo electrónico de imágenes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León, refirió que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llevó a cabo la inspección del vehículo marca Yukón color gris, dentro del cual se encontró lo siguiente: (…) un fusil automático, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matrícula borrada; así como una carabina, calibre .223-5-56 mm, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S, matrícula L262834”.
Y más adelante indica: “…en el acta de fe ministerial e inspección cadavérica realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador metálico, sin presencia de cartuchos, no observándose el número de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso tenía en su miembro superior izquierdo …un arma de fuego metálica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matrícula L262834”.
La recomendación concluye: “…del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos”.
En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos más relevantes son la ubicación de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Martín y Bryan Almanza Salazar –se halló entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado–, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.
Respecto a la ubicación de la camioneta, el documento de la CNDH señala: “…en el correo electrónico de imágenes número 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisión Nacional, se manifestó lo siguiente:
“…5. Al término de la agresión se efectuó la revisión del lugar de los hechos, ubicándose tres vehículos, en el orden que se citan, localizando en su interior:
“a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identificó como V6, indicando que venía procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompañaba su familia; localizándose también en el interior del vehículo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Martín Almanza Salazar, quien falleció en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un vehículo color rojo.”
Sobre el particular, la recomendación asienta: “…esta Comisión Nacional observó que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificación de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificación de Martín Almanza Rodríguez, padre de los menores, quien conducía el vehículo), de que la camioneta en que viajaban había sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar sólo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, éstos les indicaron que los lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica a Miguel Alemán, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (…) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (…) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo”.
(En otros documentos del Ejército referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)
También, para simular que la familia fue víctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos habían sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendación de la CNDH señala: “…en relación con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las víctimas y, además, en el dictamen pericial de la Comisión Nacional se indica que, en relación con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del vehículo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biológicos (manchas hemáticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada”.
En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observación casi idéntica, y en el de los estudiantes señala: “Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigación del caso materia de esta recomendación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien negó parcialmente la información solicitada para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”.
Así, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuraduría General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es más difícil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos…
22.8.10
¿Existen las clases sociales?
Marcos Roitman Rosenmann
Los detractores del socialismo no pueden oír hablar de la existencia de explotación, imperialismo o explotadores. Se muestran iracundos cuando algún comensal o interlocutor les hace ver que las clases sociales son una realidad. Los portadores del nuevo catecismo posmoderno, dicen tener argumentos de peso para desmontar la tesis que aún postula su validez y su vigencia como categorías de análisis de las estructuras sociales y de poder. Lamentablemente, sólo es posible identificar, con cierto grado de sustancia, dos tesis. El resto entra en el estiércol de las ciencias sociales. Son adjetivos calificativos, insultos personales y críticas sin altura de miras. Yendo al grano, la primera tesis subraya que la contradicción explotados-explotadores es una quimera, por tanto, todos sus derivados, entre ellos las clases sociales, son conceptos anticuados de corto recorrido. Ya no hay clases sociales y si las hubiese, son restos de una guerra pasada. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días las clases sociales están destinadas a desaparecer, si no lo han hecho ya. El segundo argumento, corolario del primero, nos ubica en la caducidad de las ideologías y principios que les dan sustento, es decir el marxismo y el socialismo. Su conclusión es obvia, los dirigentes sindicales, líderes políticos e intelectuales que hacen acopio y se sirven de la categoría clases sociales para describir luchas y alternativas en la actual era de la información, vivirían de espaldas a la realidad. Nostálgicos enfrentados a molinos de viento que han perdido el tren de la historia. Para seguir adelante, hay que renovar, buscar conceptos en un mundo novísimo.
Sin duda en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han emergido procesos sociales, económicos, políticos y culturales que no sólo han reinventado la realidad sino los conceptos para describirla. Ello no es acontecimiento novedoso. La historia está llena de estas vicisitudes donde se inventan palabras. Basta leer libros de tecnociencias, informática, bioquímica o neurociencias para comprobar lo dicho. Incluso, una academia tan conservadora como la española de la lengua se ve obligada, cada cierto tiempo, a incorporar voces que emergen de la vida diaria hasta convertirse en una realidad difícil de soslayar. Sin embargo, no debe caerse en el absurdo de tirar el niño con el agua sucia dentro. Nuevas voces no invalidan las ya existentes. Pueden complementar o enriquecer el lenguaje.
La posibilidad de caer en el absurdo a la hora de renombrar objetos, oficios y situaciones, está a la orden el día. Los casos son variopintos. Así, nos podemos encontrar que un cocinero se ha convertido en un restaurador de alimentos; los recreos en los patios de los colegios, han pasado a denominarse segmentos lúdicos y los bares se consideran zonas de avituallamiento rápido. Esta moda sólo aporta confusión.
No es lo mismo un concepto viejo que otro anticuado. El imperialismo existe por mucho que les pese a quienes plantean su muerte en beneficio de la llamada interdependencia global o globalización. Su definición sigue siendo válida en tanto explica a) la concentración de la producción y del capital que dio origen a los monopolios; b) la fusión del capital bancario e industrial y la emergencia de una oligarquía financiera; c) el poder hegemónico de la exportación de capitales frente a las materias primas; d) la formación de las trasnacionales y reparto del mundo entre las empresas; f) las luchas por el control y el reparto territorial del mundo entre países dominantes; y g) facilita comprender las formas de internacionalización de los mercados, la producción y el trabajo.
Por consiguiente, los cambios del imperialismo señalan su versatilidad y capacidad de adaptación en medio de los cambios profundos que sufre el capitalismo. La globalización como concepto no sustituye al imperialismo como una realidad. Saber que el imperialismo actual dista del imperialismo del siglo XIX es sentido común y no requiere de muchas cábalas. El imperialismo goza de buena salud. Otro tanto ocurre con el concepto de clases sociales. En la actualidad muchos científicos sociales prefieren hablar de estratificación social y estructuras ocupacionales antes que acudir al concepto de clases sociales para explicar las desigualdades, la pobreza o la indigencia. Los ejemplos pueden continuar. También los conceptos de explotación y colonialismo internos ha caído en desgracia aunque la semiesclavitud, la trata de blancas y el trabajo infantil y el dominio étnico sean una realidad cada vez más extendida en el planeta. Es este contexto adverso para el pensamiento crítico donde ve la luz, en América Latina, una nueva realidad que trata de explicar este rechazo al uso de conceptos y categorías provenientes de la tradición humanista y marxiana: la colonialidad del saber y del poder.
Bajo el manto de parecer posmodernos, integrados a la llamada sociedad de la información y partícipes de la globalización neoliberal, se renuncia a ejercer el juicio crítico. Es más cómodo dejar de pensar, apoyándose en una supuesta caducidad de los conceptos, que darse a la molestia de averiguar cuáles son y han sido las transformaciones sufridas por las clases sociales durante las últimas décadas. Ello supondría reflexionar, atributo del cual carecen los nuevos robots alegres de pensamiento sistémico.
Por último sirva como provocación señalar las diferencias entre conceptos viejos y anticuados. La ley de gravitación universal tiene más de cinco siglos, por su data es desde luego longeva, pero sigue siendo válida. Quienes duden de su pertinencia, les aconsejo un ejercicio práctico, déjense caer de una altura de 50 metros y comprobaran si la ley de gravitación universal es anticuada y caduca. Lo mismo ocurre con las clases sociales. Negar su existencia es, por decir lo menos, un acto de ignorancia.
Los detractores del socialismo no pueden oír hablar de la existencia de explotación, imperialismo o explotadores. Se muestran iracundos cuando algún comensal o interlocutor les hace ver que las clases sociales son una realidad. Los portadores del nuevo catecismo posmoderno, dicen tener argumentos de peso para desmontar la tesis que aún postula su validez y su vigencia como categorías de análisis de las estructuras sociales y de poder. Lamentablemente, sólo es posible identificar, con cierto grado de sustancia, dos tesis. El resto entra en el estiércol de las ciencias sociales. Son adjetivos calificativos, insultos personales y críticas sin altura de miras. Yendo al grano, la primera tesis subraya que la contradicción explotados-explotadores es una quimera, por tanto, todos sus derivados, entre ellos las clases sociales, son conceptos anticuados de corto recorrido. Ya no hay clases sociales y si las hubiese, son restos de una guerra pasada. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días las clases sociales están destinadas a desaparecer, si no lo han hecho ya. El segundo argumento, corolario del primero, nos ubica en la caducidad de las ideologías y principios que les dan sustento, es decir el marxismo y el socialismo. Su conclusión es obvia, los dirigentes sindicales, líderes políticos e intelectuales que hacen acopio y se sirven de la categoría clases sociales para describir luchas y alternativas en la actual era de la información, vivirían de espaldas a la realidad. Nostálgicos enfrentados a molinos de viento que han perdido el tren de la historia. Para seguir adelante, hay que renovar, buscar conceptos en un mundo novísimo.
Sin duda en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han emergido procesos sociales, económicos, políticos y culturales que no sólo han reinventado la realidad sino los conceptos para describirla. Ello no es acontecimiento novedoso. La historia está llena de estas vicisitudes donde se inventan palabras. Basta leer libros de tecnociencias, informática, bioquímica o neurociencias para comprobar lo dicho. Incluso, una academia tan conservadora como la española de la lengua se ve obligada, cada cierto tiempo, a incorporar voces que emergen de la vida diaria hasta convertirse en una realidad difícil de soslayar. Sin embargo, no debe caerse en el absurdo de tirar el niño con el agua sucia dentro. Nuevas voces no invalidan las ya existentes. Pueden complementar o enriquecer el lenguaje.
La posibilidad de caer en el absurdo a la hora de renombrar objetos, oficios y situaciones, está a la orden el día. Los casos son variopintos. Así, nos podemos encontrar que un cocinero se ha convertido en un restaurador de alimentos; los recreos en los patios de los colegios, han pasado a denominarse segmentos lúdicos y los bares se consideran zonas de avituallamiento rápido. Esta moda sólo aporta confusión.
No es lo mismo un concepto viejo que otro anticuado. El imperialismo existe por mucho que les pese a quienes plantean su muerte en beneficio de la llamada interdependencia global o globalización. Su definición sigue siendo válida en tanto explica a) la concentración de la producción y del capital que dio origen a los monopolios; b) la fusión del capital bancario e industrial y la emergencia de una oligarquía financiera; c) el poder hegemónico de la exportación de capitales frente a las materias primas; d) la formación de las trasnacionales y reparto del mundo entre las empresas; f) las luchas por el control y el reparto territorial del mundo entre países dominantes; y g) facilita comprender las formas de internacionalización de los mercados, la producción y el trabajo.
Por consiguiente, los cambios del imperialismo señalan su versatilidad y capacidad de adaptación en medio de los cambios profundos que sufre el capitalismo. La globalización como concepto no sustituye al imperialismo como una realidad. Saber que el imperialismo actual dista del imperialismo del siglo XIX es sentido común y no requiere de muchas cábalas. El imperialismo goza de buena salud. Otro tanto ocurre con el concepto de clases sociales. En la actualidad muchos científicos sociales prefieren hablar de estratificación social y estructuras ocupacionales antes que acudir al concepto de clases sociales para explicar las desigualdades, la pobreza o la indigencia. Los ejemplos pueden continuar. También los conceptos de explotación y colonialismo internos ha caído en desgracia aunque la semiesclavitud, la trata de blancas y el trabajo infantil y el dominio étnico sean una realidad cada vez más extendida en el planeta. Es este contexto adverso para el pensamiento crítico donde ve la luz, en América Latina, una nueva realidad que trata de explicar este rechazo al uso de conceptos y categorías provenientes de la tradición humanista y marxiana: la colonialidad del saber y del poder.
Bajo el manto de parecer posmodernos, integrados a la llamada sociedad de la información y partícipes de la globalización neoliberal, se renuncia a ejercer el juicio crítico. Es más cómodo dejar de pensar, apoyándose en una supuesta caducidad de los conceptos, que darse a la molestia de averiguar cuáles son y han sido las transformaciones sufridas por las clases sociales durante las últimas décadas. Ello supondría reflexionar, atributo del cual carecen los nuevos robots alegres de pensamiento sistémico.
Por último sirva como provocación señalar las diferencias entre conceptos viejos y anticuados. La ley de gravitación universal tiene más de cinco siglos, por su data es desde luego longeva, pero sigue siendo válida. Quienes duden de su pertinencia, les aconsejo un ejercicio práctico, déjense caer de una altura de 50 metros y comprobaran si la ley de gravitación universal es anticuada y caduca. Lo mismo ocurre con las clases sociales. Negar su existencia es, por decir lo menos, un acto de ignorancia.
21.8.10
¿Crisis? ¿Cual crisis? ¡Los beneficios crecen como la espuma!
James Petras
Mientras los progresistas y los izquierdistas escriben sobre las «crisis del capitalismo», los productores, las empresas petrolíferas, los banqueros y casi todas las demás empresas grandes de ambos lados de la costa del Atlántico y el Pacífico no dejan de reírse camino del banco.
Desde el primer trimestre de este año los beneficios empresariales se han disparado más de un 100 por cien (The Financial Times, 10 de agosto de 2010, p. 7). En realidad, los beneficios empresariales han aumentado más que antes del inicio de la recesión en 2008 (Money Morning, 31 de marzo de 2010). Contrariamente a lo que dicen los blogueros progresistas, las tasas de beneficio aumentan, no disminuyen, sobre todo entre las empresas más grandes (Consensus Economics, 12 de agosto de 2010). La solidez de los beneficios empresariales es una consecuencia directa de las crisis agudas de la clase trabajadora, los empleados públicos y privados y las pequeñas y medianas empresas.
Con el estallido de la recesión, los grandes capitales destruyeron millones de puestos de trabajo (uno de cada cuatro estadounidenses ha estado sin empleo en 2010), obtuvieron contrapartidas de los líderes sindicales, gozaron de exenciones fiscales y recibieron subsidios y préstamos casi sin interés de los gobiernos locales, estatales y federales.
Cuando la recesión tocó fondo provisionalmente, las grandes empresas duplicaron la producción con la mano de obra existente, lo que supuso intensificar la explotación (más producción por trabajador), y redujeron costes trasladando a la clase trabajadora una cuota muy superior de los gastos de seguros sociales y pensiones con la conformidad de las autoridades sindicales multimillonarias. El resultado es que, aunque los ingresos descendieron, los beneficios aumentaron y las cuentas de resultados mejoraron (The Financial Times, 10 de agosto de 2010). Por paradójico que resulte, los consejeros delegados de las empresas han utilizado el pretexto y la retórica de las «crisis» extrayéndolos de los periodistas progresistas para impedir que los trabajadores exigieran una cuota mayor de unos beneficios rampantes, ayudados por la siempre creciente batería de trabajadores sin empleo o subempleados susceptibles de ejercer de «sustitutos» (esquiroles) en caso de huelga.
La actual expansión de los beneficios no ha repercutido en todos los sectores del capitalismo: las ganancias imprevistas se han acumulado de forma abrumadora en las empresas más grandes. En cambio, entre las pequeñas y medianas empresas se ha disparado la tasa de quiebras y de pérdidas, lo que las ha convertido en presas baratas y fáciles de adquirir para las «hermanas mayores» (The Financial Times, 1 de agosto de 2020). Las crisis del capital intermedio han desembocado en la concentración y centralización de capital y han contribuido a elevar la tasa de beneficios de las empresas más grandes.
Los errores de diagnóstico de las crisis capitalistas en que han incurrido la izquierda y los progresistas ha sido un problema permanente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos dijeron que el capitalismo se había «estancado» y se precipitaba hacia el derrumbamiento final. Los últimos profetas del apocalipsis vieron en la recesión de 2008-2009 la quiebra absoluta y definitiva del sistema capitalista mundial. Cegados por el etnocentrismo euroamericano, no lograron apreciar que el capital asiático no ha entrado nunca en la «crisis final» y América Latina padecía una versión tibia y pasajera (The Financial Times, 9 de junio de 2010, p. 9). Los falsos profetas no acertaron a reconocer que los diferentes tipos de capitalismo son más o menos susceptibles a las crisis... y que algunas variantes suelen experimentar recuperaciones rápidas (Asia, América Latina, Alemania), mientras que otras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa oriental y meridional) son más propensas a experimentar recuperaciones endebles y precarias.
Mientras Exxon-Mobile registraba un aumento de los beneficios superior al 100 por cien en el año 2010 y los fabricantes de automóviles obtenían sus mayores beneficios en los últimos años, los salarios y el nivel de vida de los trabajadores descendía y los empleados del sector público padecían recortes salariales y de plantilla masivos. Está claro que la recuperación del beneficio empresarial se basa en el recrudecimiento de la explotación de la mano de obra y en el incremento de transferencias de recursos públicos a las grandes empresas privadas. El Estado capitalista, con el Presidente demócrata Obama a la cabeza, ha transferido miles de millones de dólares al gran capital a través de operaciones de rescate directas, préstamos casi sin intereses, reducciones de impuestos y presiones a la mano de obra para que acepte salarios más bajos y retrocesos en el ámbito de la salud y las pensiones. El plan de la Casa Blanca para la «recuperación» ha superado con creces las expectativas: los beneficios empresariales se han recuperado; «sólo» la inmensa mayoría de los trabajadores se ha hundido más en las crisis.
Las predicciones fallidas de los progresistas al respecto del ocaso del capitalismo son consecuencia de haber subestimado el extremo hasta el cual la Casa Blanca y el Congreso serían capaces de saquear las arcas públicas para resucitar al capital. Subestimaron el extremo hasta el cual se había ayudado al capital para desplazar la totalidad de la carga de la recuperación de beneficios sobre las espaldas de la mano de obra. En ese aspecto, la retórica progresista sobre la «resistencia de la mano de obra» y el «movimiento sindical» reflejaban no entender que prácticamente no ha habido resistencia al retroceso de los salarios sociales y monetarios porque no existe mano de obra organizada. Lo que pasa por serlo está absolutamente anquilosado y actúa al servicio de los defensores de Wall Street del Partido Demócrata en la Casa Blanca.
Lo que revela el actual impacto desigual y no equitativo del sistema capitalista es que los capitalistas sólo pueden superar las crisis acentuando la explotación y haciendo retroceder décadas de «conquistas sociales». No obstante, el proceso en curso de recuperación del beneficio es enormemente precario porque se basa en la explotación de existencias previas, en tasas de interés muy bajas y en la reducción de los costes laborales (The Financial Times, 10 de agosto de 2010, p. 7). No se basa en inversiones privadas nuevas y dinámicas, ni en el incremento de la capacidad productiva. En otras palabras, son «conquistas caídas del cielo»; no beneficios derivados de los ingresos por un aumento de las ventas, ni por la expansión de los mercados de consumidores. ¿Cómo podría ser de otra manera, si los salarios descienden y la mano de obra desempleada, subempleada o desaparecida es superior al 22 por ciento? Sin duda, esta expansión de los beneficios a corto plazo, basada en ventajas políticas y sociales y en privilegios de poder, no es sostenible. El despido masivo de empleados públicos y la obtención de beneficios de la producción a base de intensificar la explotación de la mano de obra tienen límites... habrá que sacrificar algo. Una cosa está clara: el sistema capitalista no desaparecerá ni será sustituido a causa de su podredumbre o sus «contradicciones» internas.
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
Mientras los progresistas y los izquierdistas escriben sobre las «crisis del capitalismo», los productores, las empresas petrolíferas, los banqueros y casi todas las demás empresas grandes de ambos lados de la costa del Atlántico y el Pacífico no dejan de reírse camino del banco.
Desde el primer trimestre de este año los beneficios empresariales se han disparado más de un 100 por cien (The Financial Times, 10 de agosto de 2010, p. 7). En realidad, los beneficios empresariales han aumentado más que antes del inicio de la recesión en 2008 (Money Morning, 31 de marzo de 2010). Contrariamente a lo que dicen los blogueros progresistas, las tasas de beneficio aumentan, no disminuyen, sobre todo entre las empresas más grandes (Consensus Economics, 12 de agosto de 2010). La solidez de los beneficios empresariales es una consecuencia directa de las crisis agudas de la clase trabajadora, los empleados públicos y privados y las pequeñas y medianas empresas.
Con el estallido de la recesión, los grandes capitales destruyeron millones de puestos de trabajo (uno de cada cuatro estadounidenses ha estado sin empleo en 2010), obtuvieron contrapartidas de los líderes sindicales, gozaron de exenciones fiscales y recibieron subsidios y préstamos casi sin interés de los gobiernos locales, estatales y federales.
Cuando la recesión tocó fondo provisionalmente, las grandes empresas duplicaron la producción con la mano de obra existente, lo que supuso intensificar la explotación (más producción por trabajador), y redujeron costes trasladando a la clase trabajadora una cuota muy superior de los gastos de seguros sociales y pensiones con la conformidad de las autoridades sindicales multimillonarias. El resultado es que, aunque los ingresos descendieron, los beneficios aumentaron y las cuentas de resultados mejoraron (The Financial Times, 10 de agosto de 2010). Por paradójico que resulte, los consejeros delegados de las empresas han utilizado el pretexto y la retórica de las «crisis» extrayéndolos de los periodistas progresistas para impedir que los trabajadores exigieran una cuota mayor de unos beneficios rampantes, ayudados por la siempre creciente batería de trabajadores sin empleo o subempleados susceptibles de ejercer de «sustitutos» (esquiroles) en caso de huelga.
La actual expansión de los beneficios no ha repercutido en todos los sectores del capitalismo: las ganancias imprevistas se han acumulado de forma abrumadora en las empresas más grandes. En cambio, entre las pequeñas y medianas empresas se ha disparado la tasa de quiebras y de pérdidas, lo que las ha convertido en presas baratas y fáciles de adquirir para las «hermanas mayores» (The Financial Times, 1 de agosto de 2020). Las crisis del capital intermedio han desembocado en la concentración y centralización de capital y han contribuido a elevar la tasa de beneficios de las empresas más grandes.
Los errores de diagnóstico de las crisis capitalistas en que han incurrido la izquierda y los progresistas ha sido un problema permanente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos dijeron que el capitalismo se había «estancado» y se precipitaba hacia el derrumbamiento final. Los últimos profetas del apocalipsis vieron en la recesión de 2008-2009 la quiebra absoluta y definitiva del sistema capitalista mundial. Cegados por el etnocentrismo euroamericano, no lograron apreciar que el capital asiático no ha entrado nunca en la «crisis final» y América Latina padecía una versión tibia y pasajera (The Financial Times, 9 de junio de 2010, p. 9). Los falsos profetas no acertaron a reconocer que los diferentes tipos de capitalismo son más o menos susceptibles a las crisis... y que algunas variantes suelen experimentar recuperaciones rápidas (Asia, América Latina, Alemania), mientras que otras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa oriental y meridional) son más propensas a experimentar recuperaciones endebles y precarias.
Mientras Exxon-Mobile registraba un aumento de los beneficios superior al 100 por cien en el año 2010 y los fabricantes de automóviles obtenían sus mayores beneficios en los últimos años, los salarios y el nivel de vida de los trabajadores descendía y los empleados del sector público padecían recortes salariales y de plantilla masivos. Está claro que la recuperación del beneficio empresarial se basa en el recrudecimiento de la explotación de la mano de obra y en el incremento de transferencias de recursos públicos a las grandes empresas privadas. El Estado capitalista, con el Presidente demócrata Obama a la cabeza, ha transferido miles de millones de dólares al gran capital a través de operaciones de rescate directas, préstamos casi sin intereses, reducciones de impuestos y presiones a la mano de obra para que acepte salarios más bajos y retrocesos en el ámbito de la salud y las pensiones. El plan de la Casa Blanca para la «recuperación» ha superado con creces las expectativas: los beneficios empresariales se han recuperado; «sólo» la inmensa mayoría de los trabajadores se ha hundido más en las crisis.
Las predicciones fallidas de los progresistas al respecto del ocaso del capitalismo son consecuencia de haber subestimado el extremo hasta el cual la Casa Blanca y el Congreso serían capaces de saquear las arcas públicas para resucitar al capital. Subestimaron el extremo hasta el cual se había ayudado al capital para desplazar la totalidad de la carga de la recuperación de beneficios sobre las espaldas de la mano de obra. En ese aspecto, la retórica progresista sobre la «resistencia de la mano de obra» y el «movimiento sindical» reflejaban no entender que prácticamente no ha habido resistencia al retroceso de los salarios sociales y monetarios porque no existe mano de obra organizada. Lo que pasa por serlo está absolutamente anquilosado y actúa al servicio de los defensores de Wall Street del Partido Demócrata en la Casa Blanca.
Lo que revela el actual impacto desigual y no equitativo del sistema capitalista es que los capitalistas sólo pueden superar las crisis acentuando la explotación y haciendo retroceder décadas de «conquistas sociales». No obstante, el proceso en curso de recuperación del beneficio es enormemente precario porque se basa en la explotación de existencias previas, en tasas de interés muy bajas y en la reducción de los costes laborales (The Financial Times, 10 de agosto de 2010, p. 7). No se basa en inversiones privadas nuevas y dinámicas, ni en el incremento de la capacidad productiva. En otras palabras, son «conquistas caídas del cielo»; no beneficios derivados de los ingresos por un aumento de las ventas, ni por la expansión de los mercados de consumidores. ¿Cómo podría ser de otra manera, si los salarios descienden y la mano de obra desempleada, subempleada o desaparecida es superior al 22 por ciento? Sin duda, esta expansión de los beneficios a corto plazo, basada en ventajas políticas y sociales y en privilegios de poder, no es sostenible. El despido masivo de empleados públicos y la obtención de beneficios de la producción a base de intensificar la explotación de la mano de obra tienen límites... habrá que sacrificar algo. Una cosa está clara: el sistema capitalista no desaparecerá ni será sustituido a causa de su podredumbre o sus «contradicciones» internas.
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
20.8.10
El imperio contraataca (y pierde)
Estados Unidos / Venezuela
James Petras
Introducción
La política estadounidense hacia Venezuela ha adoptado muchos giros tácticos, pero el objetivo ha sido siempre el mismo: derrocar al Presidente Chávez, invertir el proceso de nacionalización de grandes empresas, abolir los consejos comunitarios y sindicales de base y devolver al país a la situación de Estado cliente.
Washington financió y respaldó políticamente un golpe militar en el año 2002, un cierre patronal en los años 2002-2003, un referéndum e infinidad de tentativas de medios de comunicación, organizaciones políticas y ONG para socavar el régimen. Hasta el momento, todos los esfuerzos de la Casa Blanca han sido un fracaso; Chávez ha ganado una y otra vez en elecciones libres, ha conservado la lealtad del ejército y el respaldo de la inmensa mayoría de la población urbana y rural más pobre, de las abultadas clases trabajadoras y de las clases medias empleadas en el sector público.
Washington no ha cejado ni se ha resignado a aceptar el gobierno electo del Presidente Chávez. En cambio, con cada derrota de sus colaboradores en el interior del país, la Casa Blanca ha ido adoptando cada vez más una estrategia «externa», erigiendo un «cordón militar» poderoso con el que rodea a Venezuela con una presencia militar a gran escala que abarca toda América Central, el norte de Sudamérica y el Caribe. La Casa Blanca de Obama respaldó un golpe militar en Honduras que derrocó al gobierno elegido democráticamente del Presidente Zelaya (en junio de 2009), aliado de Chávez, y lo sustituyó por un régimen títere que apoya las políticas militares de Washington contra Chávez. El Pentágono consiguió establecer siete bases militares en el este de Colombia (en 2009), que miran a la frontera venezolana, gracias a su gobernante cliente, Álvaro Uribe, el célebre presidente narco-paramilitar. A mediados de 2010 Washington suscribió un acuerdo sin precedentes con la aquiescencia de la Presidenta derechista de Costa Rica, Laura Chinchilla, para destacar a 7.000 soldados de combate estadounidenses, 200 helicópteros y docenas de buques apuntando hacia Venezuela, con el pretexto de la persecución del narcotráfico. En la actualidad, Estados Unidos está negociando con el régimen derechista del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, la posibilidad de reabrir una base militar en la antigua zona del canal. Junto con la IV Flota que patrulla las costas, 20.000 soldados en Haití y una base aérea en Aruba, Washington ha cercado a Venezuela por el oeste y el norte, estableciendo zonas de lanzamiento de tropas para una intervención directa si se dan las circunstancias internas favorables.
La militarización de la política de la Casa Blanca hacia América Latina, y hacia Venezuela en particular, forma parte de su política global de confrontación e intervención armada. Sobre todo, el régimen de Obama ha ensanchado las miras y el alcance de las operaciones de los escuadrones de la muerte clandestinos que hoy día operan en 70 países de cuatro continentes, ha aumentado la presencia bélica estadounidense en Afganistán en más de 30.000 soldados, más otros 100.000 mercenarios a sueldo que actúan atravesando las fronteras para penetrar en Pakistán e Irán, y ha suministrado material y proporcionado apoyo logístico a terroristas armados iraníes. Obama ha intensificado la provocación con maniobras militares en las costas de Corea del Norte y en el Mar de China, lo que ha suscitado protestas de Pekín. Igualmente revelador es el hecho de que el régimen de Obama ha incrementado el presupuesto militar en más de un billón de dólares, a pesar de la crisis económica, el monumental déficit y los llamamientos a la austeridad y los recortes en la Seguridad Social y otros seguros sanitarios como Medicare o Medicaid.
Dicho de otro modo: la actitud militar de Washington hacia América Latina y, en especial, hacia el gobierno socialista democrático del Presidente Chávez forma parte de una respuesta militar general hacia cualquier país o movimiento que se niegue a someterse al dominio estadounidense. Se plantea entonces una pregunta: ¿por qué la Casa Blanca recurre a la alternativa militar? ¿Por qué militariza la política exterior para obtener resultados favorables ante una oposición firme? La respuesta reside en parte en que Estados Unidos ha perdido casi toda la influencia económica que sí ejercía anteriormente y le permitía derrocar o someter a los gobiernos rivales. La mayor parte de las economías asiáticas y latinoamericanas han alcanzado cierto grado de autonomía. Otras no dependen de las organizaciones económicas internacionales donde Estados Unidos ejerce influencia (FMI, Banco Mundial), pues obtienen préstamos comerciales. La mayoría han diversificado sus pautas comerciales y de inversión y han ahondado en otros vínculos regionales. En algunos países, como Brasil, Argentina, Chile o Perú, China ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial. La mayor parte de los países ya no busca la «ayuda» estadounidense para estimular el crecimiento, sino que trata de forjar iniciativas conjuntas con empresas multinacionales, a menudo radicadas fuera de Norteamérica. Washington ha recurrido cada vez más a la opción militar hasta el punto de que retorcer el brazo económico de los países ha dejado de ser una herramienta efectiva para garantizar la obediencia. Washington ha sido incapaz de reconstruir sus instrumentos de palanca económica internacionales hasta el extremo de que la élite financiera estadounidense ha vaciado al sector industrial del país.
Los fracasos diplomáticos estrepitosos derivados de su incapacidad para adaptarse a las transformaciones fundamentales del poder global también han impulsado a Washington a abandonar las negociaciones políticas y comprometerse con la intervención y la confrontación militares. Los legisladores estadounidenses todavía viven congelados en las décadas de 1980 y 1990, la época de apogeo de gobernantes clientes y saqueo económico, cuando Washington recibía respaldo mundial, privatizaba empresas, explotaba la financiación de la deuda pública y apenas encontraba obstáculos en el mercado internacional. A finales de la década de 1990, el auge del capitalismo asiático, las revueltas masivas contra el neoliberalismo, el ascenso de regímenes de centro-izquierda en América Latina, las reiteradas crisis económicas, las grandes caídas de los mercados de valores de Estados Unidos y la Unión Europea y el aumento de los precios de las mercancías desembocó en una reordenación del poder global. Los esfuerzos de Washington por desarrollar políticas en sintonía con las décadas anteriores entraban en conflicto con la nueva realidad de la diversificación de los mercados, las potencias emergentes y los regímenes políticos relativamente independientes vinculados a nuevas masas de electores.
Las propuestas diplomáticas de Washington de aislar a Cuba y a Venezuela fueron rechazadas por todos los países latinoamericanos. Se rechazó la tentativa de reactivar acuerdos de libre comercio que privilegiaran a los exportadores estadounidenses y protegieran a su productores no competitivos. El régimen de Obama, decidido a no reconocer los límites del poder diplomático imperial ni a moderar sus propuestas, recurrió cada vez más a la opción militar.
La lucha de Washington por reafirmar el poder imperial a través de una política intervencionista no ha dado muchos mejores resultados que sus iniciativas diplomáticas. Los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Venezuela (2002) y Bolivia (2008) fueron derrotados por la movilización popular masiva y la lealtad del Ejército a los regímenes vigentes. Asimismo, en Argentina, Ecuador y Brasil, los regímenes post-neoliberales respaldados por las élites industriales, mineras y del sector agrícola exportador y por las clases populares lograron hacer retroceder a las élites pro-estadounidenses neoliberales arraigadas en la política de la década de 1990 y anteriores. La política de desestabilización no consiguió desplazar la construcción de políticas exteriores relativamente independientes de esos nuevos gobiernos, que se negaron a regresar al viejo orden de la supremacía estadounidense.
Donde Washington ha recuperado terreno político con la elección de regímenes políticos derechistas, lo ha conseguido gracias a su capacidad de aprovecharse del «desgaste» de la política de centro-izquierda (Chile), el fraude político y la militarización (Honduras y México), la decadencia de la izquierda popular nacional (Costa Rica, Panamá y Perú) y la consolidación de un Estado policial enormemente militarizado (Colombia). Estas victorias electorales, sobre todo en Colombia, han convencido a Washington de que la alternativa militar, unida a la intervención y la explotación profundas de los procesos electorales abiertos, es el modo de frenar el giro a la izquierda en América Latina; sobre todo en Venezuela.
La política estadounidense hacia Venezuela: Aunar tácticas militares y electorales
Los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del Presidente Chávez adoptan muchas de las tácticas ya aplicadas contra adversarios democráticos anteriores. Entre ellas se encuentran las incursiones en las fronteras de fuerzas militares y paramilitares colombianas semejantes a los ataques transfronterizos de la «contra» financiada por Estados Unidos para debilitar al gobierno sandinista de Nicaragua en la década de 1980. La tentativa de cercar y aislar a Venezuela se asemeja a la política llevada a cabo por Washington en la segunda mitad del siglo pasado contra Cuba. La canalización de fondos hacia grupos, partidos políticos, medios de comunicación y ONG opositores a través de agencias estadounidenses y fundaciones «ficticias» es una reedición de la táctica empleada para desestabilizar al gobierno democrático de Salvador Allende en Chile entre los años 1970-1973, al de Evo Morales en Bolivia entre los años 2007-2010 y a muchos otros gobiernos de la región.
La política de Washington de acometer múltiples vías está orientada hacia una escalada de la guerra de nervios a base de intensificar incesantemente las amenazas para la seguridad. Las provocaciones militares, en parte, son una «prueba» de los dispositivos de seguridad de Venezuela concebida para sondear los puntos débiles de su defensa terrestre, aérea y marítima. Este tipo de provocaciones también forma parte de una estrategia de desgaste, cuyo objetivo es obligar al gobierno de Chávez a poner a sus tropas defensivas en «alerta» y movilizar a la población para, a continuación, reducir provisionalmente la presión hasta el próximo acto de provocación. La intención es desautorizar las alusiones constantes del gobierno venezolano a las amenazas con el fin de debilitar la vigilancia y, cuando lo permitan las circunstancias, asestar el golpe oportuno.
La acumulación militar de Washington en el exterior está concebida para intimidar a los países del Caribe y América Central que pudieran tratar de establecer relaciones económicas más estrechas con Venezuela. La demostración de fuerza también está concebida para fomentar la oposición interna a las acciones más agresivas. Al mismo tiempo, la actitud de confrontación se dirige contra los sectores «débiles» o «moderados» del gobierno chavista que están ansiosos e impacientes por la «reconciliación», aun pagando el precio de realizar concesiones sin escrúpulos a la oposición y al nuevo régimen colombiano del Presidente Santos. La presencia militar creciente está concebida para ralentizar el proceso de radicalización interna y para evitar el fortalecimiento de los lazos cada vez más estrechos de Venezuela con Oriente Próximo y otros regímenes contrarios a la hegemonía estadounidense. Washington está apostando a que una escalada militar y una guerra psicológica que vincule a Venezuela con movimientos insurgentes revolucionarios como la guerrilla colombiana desembocarán en el distanciamiento de los aliados y amigos latinoamericanos de Chávez con su régimen. Igualmente importantes son las acusaciones sin fundamento vertidas por Washington según las cuales Venezuela alberga campamentos guerrilleros de las FARC, cuya intención es presionar a Chávez para que reduzca el apoyo que presta a todos los movimientos sociales de la región, incluido el de los campesinos sin tierra de Brasil, así como las organizaciones no violentas de derechos humanos y los sindicatos de Colombia. Washington busca la «polarización» política: Estados Unidos o Chávez. Rechaza la polarización política existente hoy día que enfrenta a Washington con el MERCOSUR, la organización para la integración económica en la que junto a Venezuela participan Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en sintonía con los pertenecientes a ALBA (una estructura de integración económica en la que participan Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunos otros Estados caribeños).
El factor FARC
Obama y el actual ex Presidente Uribe han acusado a Venezuela de brindar un santuario para las guerrillas colombianas (las FARC y el ELN). En realidad, se trata de una argucia para presionar al Presidente Chávez para que denuncie o, como mínimo, reclame que las FARC abandonen la lucha armada con las condiciones impuestas por los regímenes estadounidense y colombiano.
Contrariamente a los alardes del Presidente Uribe y el Departamento de Estado estadounidense, según los cuales las FARC son un residuo decadente, aislado y vencido del pasado como consecuencia de otras campañas contrainsurgentes victoriosas, un estudio de campo minucioso realizado por un investigador colombiano, La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC, demuestra que en los dos últimos años la guerrilla han consolidado su influencia en más de un tercio del país, y que el régimen de Bogotá controla solo la mitad del país. Después de sufrir derrotas importantes en 2008, las FARC y el ELN han avanzado de forma sostenida durante los años 2009 y 2010 causando más de 1.300 bajas militares el año pasado y, seguramente, casi el doble este año (La Jornada, 8 de junio de 2010). El resurgir y el avance de las FARC revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la campaña militar de Washington contra Venezuela. También reflejan la posición de su «aliado estratégico»: el régimen de Santos. En primer lugar, demuestran que, pese a los más de 6.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Colombia, su campaña contra la insurgencia para «exterminar» a las FARC ha fracasado. En segundo lugar, la ofensiva de las FARC abre un «segundo frente» en Colombia, lo que debilita toda tentativa de emprender la invasión de Venezuela utilizando Colombia como «trampolín». En tercer lugar, ante una lucha de clases interna cada vez más intensa, es probable que el nuevo Presidente Santos trate de aliviar las tensiones con Venezuela con la esperanza de reubicar tropas destacadas en la frontera con su vecino para destinarlas a la lucha con la creciente insurgencia guerrillera. En cierto sentido, a pesar de los recelos de Chávez contra la guerrillas y los llamamientos expresos para poner fin a la lucha guerrillera, el resurgir de los movimientos armados seguramente es un factor fundamental para debilitar las perspectivas de una intervención encabezada por Estados Unidos.
Conclusión
La política de múltiples vías de Washington encaminada a desestabilizar al gobierno venezolano ha sido contraproducente en general, ha sufrido fracasos importantes y cosechado pocos éxitos.
La línea dura contra Venezuela no ha conseguido «recabar» ningún apoyo en los principales países de América Latina, con la excepción de Colombia. Ha aislado a Washington, no a Caracas. Las amenazas militares quizá hayan radicalizado las medidas socioeconómicas adoptadas por Chávez, no las han moderado. Las amenazas y acusaciones procedentes de Colombia han fortalecido la cohesión interna en Venezuela, excepto en el núcleo duro de los grupos de oposición. También han llevado a Venezuela a mejorar sus servicios de inteligencia, policía y operaciones militares. Las provocaciones de Colombia han supuesto una ruptura de relaciones y un descenso del 80 por ciento del comercio transfronterizo multimillonario, dejando en la quiebra a infinidad de empresas colombianas, a las que Venezuela sustituye con importaciones agrarias e industriales procedentes de Brasil y Argentina. Los efectos de las medidas para intensificar la tensión y la «guerra de desgaste» son difíciles de ponderar, sobre todo en términos del impacto que hayan podido causar sobre las próximas elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010, de crucial importancia. Sin duda, el fracaso de Venezuela a la hora de regular y controlar la afluencia multimillonaria de fondos estadounidenses hacia sus socios venezolanos en el interior han causado un impacto importante en su capacidad organizativa. No cabe duda de que el empeoramiento de la economía se ha dejado sentir en la restricción de gasto público para nuevos programas sociales. Asimismo, la incompetencia y la corrupción de varios altos cargos chavistas, sobre todo en el ámbito de la distribución pública de alimentos, en la vivienda y en la seguridad, tendrán consecuencias electorales.
Es probable que estos factores «internos» influyan mucho más a la hora de dar forma a la distribución del voto en Venezuela que la política de confrontación agresiva adoptada por Washington. Sin embargo, si la oposición pro-estadounidense aumenta de forma sustancial su presencia legislativa en las elecciones del 26 de septiembre (hasta superar un tercio de los miembros del Congreso), tratará de bloquear los cambios sociales y las políticas de estímulo económico. Estados Unidos redoblará sus esfuerzos para presionar a Venezuela con el fin de que desvíe recursos hacia asuntos de seguridad con el fin de mermar los gastos socioeconómicos que sustentan el apoyo del 60 por ciento más pobre de la población venezolana.
Hasta el momento, la política de la Casa Blanca basada en una mayor militarización y prácticamente ninguna iniciativa económica novedosa ha sido un fracaso. Ha animado a los países latinoamericanos más extensos a acrecentar su integración económica, como atestiguan los nuevos acuerdos aduaneros y arancelarios adoptados en la reunión de MERCOSUR de principios de agosto de este año. No ha supuesto la disminución de las hostilidades entre Estados Unidos y los países de ALBA. No ha aumentado la influencia de Estados Unidos. En cambio, América Latina ha avanzado en la consolidación de una organización política regional nueva, UNASUR (que excluye a Estados Unidos), bajando de categoría a la Organización de Estados Americanos, a la que Estados Unidos emplea para impulsar sus planes. Las únicas luces que brillan a lo lejos, por ironías del destino, proceden de los procesos electorales internos. El candidato derechista José Serra está realizando una carrera firme para las próximas elecciones presidenciales brasileñas. En Argentina, Paraguay y Bolivia, la derecha pro-estadounidense se está reagrupando con la esperanza de regresar al poder.
Lo que Washington no logra comprender es que en todo el espectro político que comprende desde la izquierda hasta el centro-derecha, a los dirigentes políticos les espanta el impulso y el fomento estadounidense de la alternativa militar, y se oponen a que constituya el elemento central de la política. Prácticamente todos los líderes políticos tienen recuerdos desagradables del exilio y la persecución del ciclo anterior de regímenes militares respaldados por Estados Unidos. El autoproclamado alcance territorial del Ejército estadounidense, que opera desde sus siete bases en Colombia, ha ensanchado la brecha existente entre los regímenes democráticos centristas y de centro izquierda y la Casa Blanca de Obama. En otras palabras: América Latina percibe la agresión militar estadounidense hacia Venezuela como un «primer paso» en dirección sur para llegar también a sus países. Junto al impulso hacia una mayor independencia política y la diversificación de los mercados, eso ha debilitado las tentativas diplomáticas y políticas de Washington de aislar a Venezuela.
El nuevo Presidente Santos de Colombia, hecho con el mismo molde derechista de su predecesor Álvaro Uribe, se enfrenta a un dilema espinoso: continuar siendo un instrumento de confrontación militar y desestabilización estadounidense de Venezuela a costa de varios miles de millones de dólares en pérdidas comerciales y aislamiento del resto de América Latina, o aliviar las tensiones e incursiones fronterizas desembarazándose de la retórica de la provocación y normalizando las relaciones con Venezuela. Si sucede esto último, Estados Unidos perderá la última herramienta de su estrategia exterior de alimentar las «tensiones» y la guerra psicológica. A Washington le quedarán dos opciones: una intervención militar directa y unilateral o financiar una guerra política a través de sus colaboradores en el interior del país.
Mientras tanto, el Presidente Chávez y sus partidarios harían bien en concentrarse en sacar a la economía de la recesión, aplacar la corrupción del Estado y la ineficacia monumental y capacitar a los consejos comunitarios y fabriles para que desempeñen un papel más relevante en todos los aspectos, desde el incremento de la productividad hasta la seguridad pública. En última instancia, la seguridad de Venezuela a largo plazo frente a los tentáculos largos y penetrantes del imperio estadounidense depende de la fuerza de la organización de las agrupaciones de masas que sustentan el gobierno de Chávez.
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
James Petras
Introducción
La política estadounidense hacia Venezuela ha adoptado muchos giros tácticos, pero el objetivo ha sido siempre el mismo: derrocar al Presidente Chávez, invertir el proceso de nacionalización de grandes empresas, abolir los consejos comunitarios y sindicales de base y devolver al país a la situación de Estado cliente.
Washington financió y respaldó políticamente un golpe militar en el año 2002, un cierre patronal en los años 2002-2003, un referéndum e infinidad de tentativas de medios de comunicación, organizaciones políticas y ONG para socavar el régimen. Hasta el momento, todos los esfuerzos de la Casa Blanca han sido un fracaso; Chávez ha ganado una y otra vez en elecciones libres, ha conservado la lealtad del ejército y el respaldo de la inmensa mayoría de la población urbana y rural más pobre, de las abultadas clases trabajadoras y de las clases medias empleadas en el sector público.
Washington no ha cejado ni se ha resignado a aceptar el gobierno electo del Presidente Chávez. En cambio, con cada derrota de sus colaboradores en el interior del país, la Casa Blanca ha ido adoptando cada vez más una estrategia «externa», erigiendo un «cordón militar» poderoso con el que rodea a Venezuela con una presencia militar a gran escala que abarca toda América Central, el norte de Sudamérica y el Caribe. La Casa Blanca de Obama respaldó un golpe militar en Honduras que derrocó al gobierno elegido democráticamente del Presidente Zelaya (en junio de 2009), aliado de Chávez, y lo sustituyó por un régimen títere que apoya las políticas militares de Washington contra Chávez. El Pentágono consiguió establecer siete bases militares en el este de Colombia (en 2009), que miran a la frontera venezolana, gracias a su gobernante cliente, Álvaro Uribe, el célebre presidente narco-paramilitar. A mediados de 2010 Washington suscribió un acuerdo sin precedentes con la aquiescencia de la Presidenta derechista de Costa Rica, Laura Chinchilla, para destacar a 7.000 soldados de combate estadounidenses, 200 helicópteros y docenas de buques apuntando hacia Venezuela, con el pretexto de la persecución del narcotráfico. En la actualidad, Estados Unidos está negociando con el régimen derechista del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, la posibilidad de reabrir una base militar en la antigua zona del canal. Junto con la IV Flota que patrulla las costas, 20.000 soldados en Haití y una base aérea en Aruba, Washington ha cercado a Venezuela por el oeste y el norte, estableciendo zonas de lanzamiento de tropas para una intervención directa si se dan las circunstancias internas favorables.
La militarización de la política de la Casa Blanca hacia América Latina, y hacia Venezuela en particular, forma parte de su política global de confrontación e intervención armada. Sobre todo, el régimen de Obama ha ensanchado las miras y el alcance de las operaciones de los escuadrones de la muerte clandestinos que hoy día operan en 70 países de cuatro continentes, ha aumentado la presencia bélica estadounidense en Afganistán en más de 30.000 soldados, más otros 100.000 mercenarios a sueldo que actúan atravesando las fronteras para penetrar en Pakistán e Irán, y ha suministrado material y proporcionado apoyo logístico a terroristas armados iraníes. Obama ha intensificado la provocación con maniobras militares en las costas de Corea del Norte y en el Mar de China, lo que ha suscitado protestas de Pekín. Igualmente revelador es el hecho de que el régimen de Obama ha incrementado el presupuesto militar en más de un billón de dólares, a pesar de la crisis económica, el monumental déficit y los llamamientos a la austeridad y los recortes en la Seguridad Social y otros seguros sanitarios como Medicare o Medicaid.
Dicho de otro modo: la actitud militar de Washington hacia América Latina y, en especial, hacia el gobierno socialista democrático del Presidente Chávez forma parte de una respuesta militar general hacia cualquier país o movimiento que se niegue a someterse al dominio estadounidense. Se plantea entonces una pregunta: ¿por qué la Casa Blanca recurre a la alternativa militar? ¿Por qué militariza la política exterior para obtener resultados favorables ante una oposición firme? La respuesta reside en parte en que Estados Unidos ha perdido casi toda la influencia económica que sí ejercía anteriormente y le permitía derrocar o someter a los gobiernos rivales. La mayor parte de las economías asiáticas y latinoamericanas han alcanzado cierto grado de autonomía. Otras no dependen de las organizaciones económicas internacionales donde Estados Unidos ejerce influencia (FMI, Banco Mundial), pues obtienen préstamos comerciales. La mayoría han diversificado sus pautas comerciales y de inversión y han ahondado en otros vínculos regionales. En algunos países, como Brasil, Argentina, Chile o Perú, China ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial. La mayor parte de los países ya no busca la «ayuda» estadounidense para estimular el crecimiento, sino que trata de forjar iniciativas conjuntas con empresas multinacionales, a menudo radicadas fuera de Norteamérica. Washington ha recurrido cada vez más a la opción militar hasta el punto de que retorcer el brazo económico de los países ha dejado de ser una herramienta efectiva para garantizar la obediencia. Washington ha sido incapaz de reconstruir sus instrumentos de palanca económica internacionales hasta el extremo de que la élite financiera estadounidense ha vaciado al sector industrial del país.
Los fracasos diplomáticos estrepitosos derivados de su incapacidad para adaptarse a las transformaciones fundamentales del poder global también han impulsado a Washington a abandonar las negociaciones políticas y comprometerse con la intervención y la confrontación militares. Los legisladores estadounidenses todavía viven congelados en las décadas de 1980 y 1990, la época de apogeo de gobernantes clientes y saqueo económico, cuando Washington recibía respaldo mundial, privatizaba empresas, explotaba la financiación de la deuda pública y apenas encontraba obstáculos en el mercado internacional. A finales de la década de 1990, el auge del capitalismo asiático, las revueltas masivas contra el neoliberalismo, el ascenso de regímenes de centro-izquierda en América Latina, las reiteradas crisis económicas, las grandes caídas de los mercados de valores de Estados Unidos y la Unión Europea y el aumento de los precios de las mercancías desembocó en una reordenación del poder global. Los esfuerzos de Washington por desarrollar políticas en sintonía con las décadas anteriores entraban en conflicto con la nueva realidad de la diversificación de los mercados, las potencias emergentes y los regímenes políticos relativamente independientes vinculados a nuevas masas de electores.
Las propuestas diplomáticas de Washington de aislar a Cuba y a Venezuela fueron rechazadas por todos los países latinoamericanos. Se rechazó la tentativa de reactivar acuerdos de libre comercio que privilegiaran a los exportadores estadounidenses y protegieran a su productores no competitivos. El régimen de Obama, decidido a no reconocer los límites del poder diplomático imperial ni a moderar sus propuestas, recurrió cada vez más a la opción militar.
La lucha de Washington por reafirmar el poder imperial a través de una política intervencionista no ha dado muchos mejores resultados que sus iniciativas diplomáticas. Los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Venezuela (2002) y Bolivia (2008) fueron derrotados por la movilización popular masiva y la lealtad del Ejército a los regímenes vigentes. Asimismo, en Argentina, Ecuador y Brasil, los regímenes post-neoliberales respaldados por las élites industriales, mineras y del sector agrícola exportador y por las clases populares lograron hacer retroceder a las élites pro-estadounidenses neoliberales arraigadas en la política de la década de 1990 y anteriores. La política de desestabilización no consiguió desplazar la construcción de políticas exteriores relativamente independientes de esos nuevos gobiernos, que se negaron a regresar al viejo orden de la supremacía estadounidense.
Donde Washington ha recuperado terreno político con la elección de regímenes políticos derechistas, lo ha conseguido gracias a su capacidad de aprovecharse del «desgaste» de la política de centro-izquierda (Chile), el fraude político y la militarización (Honduras y México), la decadencia de la izquierda popular nacional (Costa Rica, Panamá y Perú) y la consolidación de un Estado policial enormemente militarizado (Colombia). Estas victorias electorales, sobre todo en Colombia, han convencido a Washington de que la alternativa militar, unida a la intervención y la explotación profundas de los procesos electorales abiertos, es el modo de frenar el giro a la izquierda en América Latina; sobre todo en Venezuela.
La política estadounidense hacia Venezuela: Aunar tácticas militares y electorales
Los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del Presidente Chávez adoptan muchas de las tácticas ya aplicadas contra adversarios democráticos anteriores. Entre ellas se encuentran las incursiones en las fronteras de fuerzas militares y paramilitares colombianas semejantes a los ataques transfronterizos de la «contra» financiada por Estados Unidos para debilitar al gobierno sandinista de Nicaragua en la década de 1980. La tentativa de cercar y aislar a Venezuela se asemeja a la política llevada a cabo por Washington en la segunda mitad del siglo pasado contra Cuba. La canalización de fondos hacia grupos, partidos políticos, medios de comunicación y ONG opositores a través de agencias estadounidenses y fundaciones «ficticias» es una reedición de la táctica empleada para desestabilizar al gobierno democrático de Salvador Allende en Chile entre los años 1970-1973, al de Evo Morales en Bolivia entre los años 2007-2010 y a muchos otros gobiernos de la región.
La política de Washington de acometer múltiples vías está orientada hacia una escalada de la guerra de nervios a base de intensificar incesantemente las amenazas para la seguridad. Las provocaciones militares, en parte, son una «prueba» de los dispositivos de seguridad de Venezuela concebida para sondear los puntos débiles de su defensa terrestre, aérea y marítima. Este tipo de provocaciones también forma parte de una estrategia de desgaste, cuyo objetivo es obligar al gobierno de Chávez a poner a sus tropas defensivas en «alerta» y movilizar a la población para, a continuación, reducir provisionalmente la presión hasta el próximo acto de provocación. La intención es desautorizar las alusiones constantes del gobierno venezolano a las amenazas con el fin de debilitar la vigilancia y, cuando lo permitan las circunstancias, asestar el golpe oportuno.
La acumulación militar de Washington en el exterior está concebida para intimidar a los países del Caribe y América Central que pudieran tratar de establecer relaciones económicas más estrechas con Venezuela. La demostración de fuerza también está concebida para fomentar la oposición interna a las acciones más agresivas. Al mismo tiempo, la actitud de confrontación se dirige contra los sectores «débiles» o «moderados» del gobierno chavista que están ansiosos e impacientes por la «reconciliación», aun pagando el precio de realizar concesiones sin escrúpulos a la oposición y al nuevo régimen colombiano del Presidente Santos. La presencia militar creciente está concebida para ralentizar el proceso de radicalización interna y para evitar el fortalecimiento de los lazos cada vez más estrechos de Venezuela con Oriente Próximo y otros regímenes contrarios a la hegemonía estadounidense. Washington está apostando a que una escalada militar y una guerra psicológica que vincule a Venezuela con movimientos insurgentes revolucionarios como la guerrilla colombiana desembocarán en el distanciamiento de los aliados y amigos latinoamericanos de Chávez con su régimen. Igualmente importantes son las acusaciones sin fundamento vertidas por Washington según las cuales Venezuela alberga campamentos guerrilleros de las FARC, cuya intención es presionar a Chávez para que reduzca el apoyo que presta a todos los movimientos sociales de la región, incluido el de los campesinos sin tierra de Brasil, así como las organizaciones no violentas de derechos humanos y los sindicatos de Colombia. Washington busca la «polarización» política: Estados Unidos o Chávez. Rechaza la polarización política existente hoy día que enfrenta a Washington con el MERCOSUR, la organización para la integración económica en la que junto a Venezuela participan Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en sintonía con los pertenecientes a ALBA (una estructura de integración económica en la que participan Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunos otros Estados caribeños).
El factor FARC
Obama y el actual ex Presidente Uribe han acusado a Venezuela de brindar un santuario para las guerrillas colombianas (las FARC y el ELN). En realidad, se trata de una argucia para presionar al Presidente Chávez para que denuncie o, como mínimo, reclame que las FARC abandonen la lucha armada con las condiciones impuestas por los regímenes estadounidense y colombiano.
Contrariamente a los alardes del Presidente Uribe y el Departamento de Estado estadounidense, según los cuales las FARC son un residuo decadente, aislado y vencido del pasado como consecuencia de otras campañas contrainsurgentes victoriosas, un estudio de campo minucioso realizado por un investigador colombiano, La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC, demuestra que en los dos últimos años la guerrilla han consolidado su influencia en más de un tercio del país, y que el régimen de Bogotá controla solo la mitad del país. Después de sufrir derrotas importantes en 2008, las FARC y el ELN han avanzado de forma sostenida durante los años 2009 y 2010 causando más de 1.300 bajas militares el año pasado y, seguramente, casi el doble este año (La Jornada, 8 de junio de 2010). El resurgir y el avance de las FARC revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la campaña militar de Washington contra Venezuela. También reflejan la posición de su «aliado estratégico»: el régimen de Santos. En primer lugar, demuestran que, pese a los más de 6.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Colombia, su campaña contra la insurgencia para «exterminar» a las FARC ha fracasado. En segundo lugar, la ofensiva de las FARC abre un «segundo frente» en Colombia, lo que debilita toda tentativa de emprender la invasión de Venezuela utilizando Colombia como «trampolín». En tercer lugar, ante una lucha de clases interna cada vez más intensa, es probable que el nuevo Presidente Santos trate de aliviar las tensiones con Venezuela con la esperanza de reubicar tropas destacadas en la frontera con su vecino para destinarlas a la lucha con la creciente insurgencia guerrillera. En cierto sentido, a pesar de los recelos de Chávez contra la guerrillas y los llamamientos expresos para poner fin a la lucha guerrillera, el resurgir de los movimientos armados seguramente es un factor fundamental para debilitar las perspectivas de una intervención encabezada por Estados Unidos.
Conclusión
La política de múltiples vías de Washington encaminada a desestabilizar al gobierno venezolano ha sido contraproducente en general, ha sufrido fracasos importantes y cosechado pocos éxitos.
La línea dura contra Venezuela no ha conseguido «recabar» ningún apoyo en los principales países de América Latina, con la excepción de Colombia. Ha aislado a Washington, no a Caracas. Las amenazas militares quizá hayan radicalizado las medidas socioeconómicas adoptadas por Chávez, no las han moderado. Las amenazas y acusaciones procedentes de Colombia han fortalecido la cohesión interna en Venezuela, excepto en el núcleo duro de los grupos de oposición. También han llevado a Venezuela a mejorar sus servicios de inteligencia, policía y operaciones militares. Las provocaciones de Colombia han supuesto una ruptura de relaciones y un descenso del 80 por ciento del comercio transfronterizo multimillonario, dejando en la quiebra a infinidad de empresas colombianas, a las que Venezuela sustituye con importaciones agrarias e industriales procedentes de Brasil y Argentina. Los efectos de las medidas para intensificar la tensión y la «guerra de desgaste» son difíciles de ponderar, sobre todo en términos del impacto que hayan podido causar sobre las próximas elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010, de crucial importancia. Sin duda, el fracaso de Venezuela a la hora de regular y controlar la afluencia multimillonaria de fondos estadounidenses hacia sus socios venezolanos en el interior han causado un impacto importante en su capacidad organizativa. No cabe duda de que el empeoramiento de la economía se ha dejado sentir en la restricción de gasto público para nuevos programas sociales. Asimismo, la incompetencia y la corrupción de varios altos cargos chavistas, sobre todo en el ámbito de la distribución pública de alimentos, en la vivienda y en la seguridad, tendrán consecuencias electorales.
Es probable que estos factores «internos» influyan mucho más a la hora de dar forma a la distribución del voto en Venezuela que la política de confrontación agresiva adoptada por Washington. Sin embargo, si la oposición pro-estadounidense aumenta de forma sustancial su presencia legislativa en las elecciones del 26 de septiembre (hasta superar un tercio de los miembros del Congreso), tratará de bloquear los cambios sociales y las políticas de estímulo económico. Estados Unidos redoblará sus esfuerzos para presionar a Venezuela con el fin de que desvíe recursos hacia asuntos de seguridad con el fin de mermar los gastos socioeconómicos que sustentan el apoyo del 60 por ciento más pobre de la población venezolana.
Hasta el momento, la política de la Casa Blanca basada en una mayor militarización y prácticamente ninguna iniciativa económica novedosa ha sido un fracaso. Ha animado a los países latinoamericanos más extensos a acrecentar su integración económica, como atestiguan los nuevos acuerdos aduaneros y arancelarios adoptados en la reunión de MERCOSUR de principios de agosto de este año. No ha supuesto la disminución de las hostilidades entre Estados Unidos y los países de ALBA. No ha aumentado la influencia de Estados Unidos. En cambio, América Latina ha avanzado en la consolidación de una organización política regional nueva, UNASUR (que excluye a Estados Unidos), bajando de categoría a la Organización de Estados Americanos, a la que Estados Unidos emplea para impulsar sus planes. Las únicas luces que brillan a lo lejos, por ironías del destino, proceden de los procesos electorales internos. El candidato derechista José Serra está realizando una carrera firme para las próximas elecciones presidenciales brasileñas. En Argentina, Paraguay y Bolivia, la derecha pro-estadounidense se está reagrupando con la esperanza de regresar al poder.
Lo que Washington no logra comprender es que en todo el espectro político que comprende desde la izquierda hasta el centro-derecha, a los dirigentes políticos les espanta el impulso y el fomento estadounidense de la alternativa militar, y se oponen a que constituya el elemento central de la política. Prácticamente todos los líderes políticos tienen recuerdos desagradables del exilio y la persecución del ciclo anterior de regímenes militares respaldados por Estados Unidos. El autoproclamado alcance territorial del Ejército estadounidense, que opera desde sus siete bases en Colombia, ha ensanchado la brecha existente entre los regímenes democráticos centristas y de centro izquierda y la Casa Blanca de Obama. En otras palabras: América Latina percibe la agresión militar estadounidense hacia Venezuela como un «primer paso» en dirección sur para llegar también a sus países. Junto al impulso hacia una mayor independencia política y la diversificación de los mercados, eso ha debilitado las tentativas diplomáticas y políticas de Washington de aislar a Venezuela.
El nuevo Presidente Santos de Colombia, hecho con el mismo molde derechista de su predecesor Álvaro Uribe, se enfrenta a un dilema espinoso: continuar siendo un instrumento de confrontación militar y desestabilización estadounidense de Venezuela a costa de varios miles de millones de dólares en pérdidas comerciales y aislamiento del resto de América Latina, o aliviar las tensiones e incursiones fronterizas desembarazándose de la retórica de la provocación y normalizando las relaciones con Venezuela. Si sucede esto último, Estados Unidos perderá la última herramienta de su estrategia exterior de alimentar las «tensiones» y la guerra psicológica. A Washington le quedarán dos opciones: una intervención militar directa y unilateral o financiar una guerra política a través de sus colaboradores en el interior del país.
Mientras tanto, el Presidente Chávez y sus partidarios harían bien en concentrarse en sacar a la economía de la recesión, aplacar la corrupción del Estado y la ineficacia monumental y capacitar a los consejos comunitarios y fabriles para que desempeñen un papel más relevante en todos los aspectos, desde el incremento de la productividad hasta la seguridad pública. En última instancia, la seguridad de Venezuela a largo plazo frente a los tentáculos largos y penetrantes del imperio estadounidense depende de la fuerza de la organización de las agrupaciones de masas que sustentan el gobierno de Chávez.
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
18.8.10
USA contra Villa y contra México
La expedición punitiva
Gerardo Peláez Ramos
A los valientes que derrotaron a los gringos en El Carrizal, el 21 de junio de 1916
En la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, es decir, entre una ascendente potencia imperialista y un país dependiente y atrasado, se presentaron desencuentros y enfrentamientos muy importantes. El desarrollo capitalista de Norteamérica, implicó la conversión de Estados Unidos en una potencia transcontinental mediante la compra de territorios a Francia y España, la negociación territorial con Inglaterra y el despojo de territorios a México. En 1836, por medio del estímulo a elementos filibusteros, Texas fue cercenada de México; en la guerra de rapiña de 1846-1848 Estados Unidos arrebató a México Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California y fracciones de otros estados, y en 1853 “compró” la Mesilla.
En el curso de la Revolución mexicana, el imperialismo norteamericano participó activamente en el derrocamiento del gobierno democrático de Francisco I. Madero, y luego de derrotado el gobierno golpista de Victoriano Huerta, facilitó la actividad en su suelo de elementos reaccionarios como Félix Díaz y otros conocidos derechistas. Entre marzo de 1916 y febrero de 1917, el gobierno de Estados Unidos, con Woodrow Wilson como presidente, realizó una intervención militar en México, conocida como Expedición Punitiva, dizque para perseguir a Francisco Villa, apresarlo y liquidarlo. Los objetivos reales eran otros: sabotear e impedir la promulgación de leyes sobre materia petrolera, agraria, laboral y religiosa. Naturalmente, estos objetivos sólo los pusieron al descubierto el patriotismo mexicano y el movimiento obrero estadounidense.
En repudio al reconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza por la administración wilsoniana, Pancho Villa atacó con 360 hombres el 9 de marzo de 1916 la población de Columbus, Nuevo México. Durante la incursión prendieron fuego a varias casas, saquearon algunas tiendas, sustrajeron dinero del banco y de la oficina de correos y telégrafos, combatieron con la guarnición de la plaza y mataron ocho soldados y otro número igual de civiles. Cayeron muertos, heridos y prisioneros algunas decenas de villistas.
Con motivo de estos acontecimientos, los partidarios de la intervención tenían a su favor a la opinión gabacha, muy indignada. El 15 de marzo, un cuerpo expedicionario mandado por el general John J. Pershing invadió el territorio mexicano para tratar de aprehender a Villa. Era, de forma clara y en gran escala, la intervención militar unilateral de Estados Unidos. No era la guerra, pero se iba derecho hacia ella. (1)
Muchos quisieron ver, en estos hechos, la mano de Alemania. No era una sorpresa, de acuerdo con Katz, se haya afirmado que las intrigas alemanas fueron las causantes del ataque de Villa, y describir a Alemania como la perturbadora de la paz. Naturalmente, no ha aparecido prueba alguna de esta errónea información. (2)
El asalto de Villa dio el pretexto al imperialismo norteamericano para intervenir en México con una fuerza de agresión llamada Expedición Punitiva, bajo la dirección del general John J. Pershing, apodado Black Jack, el mismo que comandaría el cuerpo expedicionario norteamericano en la I Guerra Mundial. Esta fuerza invasora tuvo como características centrales, en cuanto a armas y equipos, ser la última acción importante del ejército gringo en que se utilizó ampliamente la caballería y la primera en utilizar aviones y camiones. Las tropas yanquis cruzaron la frontera por Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua, inicialmente con alrededor de 5 mil oficiales y soldados. Posteriormente, estos contingentes fueron aumentados y llegó un momento en que eran alrededor de 20 mil los participantes en la intervención.
Conforme a dos estudiosos estadunidenses: “...La práctica que este incidente dio al ejército puede haber justificado lo que costó; pero el fracaso de la expedición desacreditó la política de “espera vigilante” y la violación del suelo mexicano produjo la enemistad de Carranza y despertó las sospechas de los pueblos sudamericanos...” (3)
La persecución norteamericana se convirtió, según un académico, en una búsqueda bufa por desiertos descaminados, durante la cual se vieron sometidos a acosantes ataques de parte de los villistas, una vez estuvieron bien en el interior de México. Los estadunidenses cayeron al fin en la cuenta de la locura de su misión. (4)
La Expedición Punitiva se integraba, al principio, con la 1ª Brigada, al mando del coronel James Lockett, compuesta por el 11º Regimiento de Caballería, el 12º Regimiento de Caballería y un Batallón de Artillería de campaña; la 2ª Brigada, al mando del coronel John J. Beacon, compuesta por el 6º Batallón de Infantería, el 16º Batallón de Infantería, dos Compañías de Ingenieros, una Compañía de Ambulancias, un hospital de campaña, un cuerpo de señales, un escuadrón aéreo y dos Compañías de Transportes. Tiempo después, estas unidades fueron reforzadas convenientemente. (5)
Las masacres, persecuciones y control de movimientos de los lugares por donde pasaban las tropas gringas, despoblaron de mexicanos las ciudades y rancherías. Por cierto, en las cifras de caídos villistas contabilizados por los jefes de la Expedición Punitiva hay que descontar a sencillos habitantes que fueron asesinados sin ninguna razón. En sus correrías por territorio mexicano, las tropas norteamericanas se apoderaron de ganado que necesitaban y efectuaron numerosas aprehensiones de mexicanos a quienes consideraban sospechosos de villistas, para remitirlos a Estados Unidos, donde muchos fueron ahorcados o condenados a largas prisiones bajo el cargo, no siempre confirmado, de haber tomado parte en el asalto a Columbus. (6)
Como es típico en las fuerzas armadas de EU y otros países imperialistas, en no pocas ocasiones crean y arman conflictos bélicos con el objeto de probar y mejorar nuevas armas y medios de la guerra moderna, y preparar a sus tropas y mandos para conflagraciones futuras, que, en el caso de 1916, perseguía el fin de intervenir en la I Guerra Mundial. A propósito, sostienen dos historiadores militares: “...No obstante, las pruebas en el campo continuaron hasta 1916, cuando los camiones militares pasaron su primera prueba real durante la Expedición de Castigo a Méjico. En una audaz adquisición de 500 vehículos comerciales valorados en 460,000 dólares, el Departamento de Guerra formó veintidós compañías de camiones, los cuales demostraron su valía llevando suministros. El ejército estaba en el umbral de la edad de motor.
“Como en el movimiento de motorización, las primeras experiencias del ejército con aeroplanos fueron largas en promesas y cortas en rendimiento, pero las operaciones de 1916 en Méjico reavivaron un flojo compromiso...” (7)
El gobierno de Carranza protestó por la intervención, e hizo los preparativos para hacerle frente tanto en el terreno militar como en el político y el diplomático. En la Ciudad de México y otras poblaciones, el pueblo celebró manifestaciones y mítines de repudio a la agresión estadunidense. El 12 de marzo, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lanzó un manifiesto al pueblo mexicano, publicado en La Opinión, de Querétaro, en el cual planteaba que no permitiría la entrada de tropas extranjeras a territorio nacional, y que si ésta se producía “el pueblo mexicano sabrá cumplir con honor su deber, sin reparar en los sacrificios por los que haya que pasar, para defender sus derechos y la soberanía de México”. (8)
La administración carrancista reaccionó en forma rápida, y nombró al general Álvaro Obregón como secretario de Guerra y Marina, y al general Cándido Aguilar como secretario de Relaciones Exteriores. Apunta uno de los principales estudiosos de la política internacional de México: “Confió el Primer Jefe las responsabilidades mayores, después de la suya, a los dos hombres más destacados y aptos en su ejército para tales cargos... La organización militar en previsión de todo, quedó confiada al vencedor de Villa; y la defensa diplomática en manos de un jefe que había dado prueba de entereza patriótica”. (9)
En San Isidro, Chihuahua, se enfrentaron, el 29 de marzo, guerrilleros villistas y fuerzas norteamericanas, de las 11:00 a las 16:00 horas. Los estadounidenses tuvieron 93 muertos y 34 heridos, además de dejar 110 fusiles máuser. El 3 de abril se produjo un combate en Aguacaliente, Chihuahua, entre norteamericanos y seguidores de Pancho Villa, entre las 4:00 y las 17:00 horas. Los invasores tuvieron 108 bajas. (10)
La disposición de lucha del pueblo mexicano era elevada. En Parral se escenificaron importantes acontecimientos el 12 de abril. Las tropas norteamericanas penetraron a la ciudad, y grande fue su sorpresa cuando contemplaron a las masas, iracundas, encabezadas por la señorita Elisa Griense, llenándolos de improperios, y señalándoles el camino para que abandonaran inmediatamente la población.
Los hombres, las mujeres y hasta los niños recorrían las calles en demanda de armas y municiones para arrojar de allí a los invasores. Entonces la población enfurecida se arrojó sobre la guardia del cuartel, se apoderó de los fusiles colocados en el armero, y se abalanzó sobre la columna de soldados norteamericanos, al grito de ¡Viva Villa!, ¡Viva México! El pueblo persiguió a la columna invasora hasta Santa Cruz de Villegas, hiriendo y matando a los soldados de Estados Unidos. (11)
El oficial norteamericano Robert L. Twye fue atacado, el 13 de abril, por el coronel villista Acosta. Hubo muertos y heridos de la Expedición Punitiva. El día 18, los villistas repelieron a los estadounidenses, que sufrieron 124 bajas, en Puerto de Varas, Chihuahua. El 22 de abril, el coronel Jorge H. Dodd atacó a Tomóchic defendido por Miguel Baca Valles y Domínguez, cuyas fuerzas le hicieron 8 muertos y 6 heridos. (12)
Negociaciones
Empero, la guerra no se declaró y se iniciaron tratativas. Entre el 29 de abril y el 11 de mayo, se celebraron conferencias en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, entre los generales Álvaro Obregón y Jacinto B. Treviño, por México, y los generales Frederick Funston y Hugh L. Scott, por Estados Unidos, para tratar sobre la retirada de las tropas de la Expedición Punitiva. Los representantes yanquis querían incluir en la agenda temas que no estaban vinculados con la salida de sus tropas, con la intención de intervenir en los asuntos internos nacionales. Las negociaciones fracasaron y no se acordó la retirada inmediata de las tropas expedicionarias.
Elementos no identificados, a quienes los yanquis acusaban de estar avituallados y asesorados por generales mexicanos, asaltaron, el 5 de mayo, Glenn Springs, distrito de Big Ben, Texas, por lo cual murieron varios ciudadanos estadunidenses, incluidos algunos militares. El gobierno gringo se aprovechó de este incidente para incrementar el número de tropas de la Expedición Punitiva. Ocurrieron otros asaltos en la línea fronteriza entre los estados de Chihuahua y Tamaulipas con Texas. Muchos de ellos impulsados o permitidos por las autoridades norteamericanas, con el objeto de agudizar las contradicciones entre ambos países.
Se presentaron, asimismo, conflictos y actos hostiles en el mar y en algunos ríos, sobresaliendo los ocurridos en Mazatlán, Sinaloa; Guaymas, Sonora, y Minatitlán, Veracruz.
Cándido Aguilar se dirigió a Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano, el 22 de mayo, para denunciar que 400 hombres del 8º regimiento del ejército yanqui se encontraban en territorio mexicano, habiendo cruzado la línea por el rumbo de Boquillas, aproximadamente del 10 al 11 de mayo, y se hallaban en la fecha del mensaje cerca de un lugar llamado “El Pino”, como a sesenta millas al sur de la frontera. Este hecho llegó a conocimiento de las autoridades mexicanas, porque el comandante mismo de las tropas norteamericanas que cruzaron la frontera dirigió al comandante militar mexicano de Esmeralda en Sierra Mojada, una comunicación en la cual le manifestaba que había cruzado la frontera en persecución de la banda de forajidos que asaltó Glenn Springs, por virtud de un acuerdo existente entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para el paso de tropas, y con consentimiento de un funcionario consular mexicano de Del Río, Texas, a quien decía haber dado conocimiento de la entrada de su expedición.
De no retirarse la expedición, el gobierno mexicano lo interpretaría como una invasión y respondería en legítima defensa, pues la intervención se había transformado en un movimiento para restringir la independencia nacional, ya que es sabido que no se utiliza artillería para perseguir a bandidos. Las protestas y la expedición gringas estaban relacionadas con los intereses económicos norteamericanos. Empresarios y gobierno yanquis buscaban influir en el movimiento revolucionario mexicano. En la política de Woodrow Wilson pesaban mucho las posiciones de los partidarios recalcitrantes del intervencionismo, en función de la campaña para renovar al inquilino de la Casa Blanca.
El embargo de pertrechos consignados al gobierno mexicano, no podía tener más interpretación que la de que el gobierno norteamericano deseaba precaverse contra la emergencia de un conflicto futuro y, por lo tanto, trataba de evitar que vinieran a manos del gobierno mexicano armas y parque que pudieran emplearse contra las tropas norteamericanas mismas. El gobierno estadounidense estaría en su derecho de precaverse contra esa emergencia, pero en ese caso no debería decir que estaba tratando de cooperar con el gobierno carrancista y hubiera sido preferible encontrar una mayor franqueza en sus procedimientos.
O el gobierno gringo deseaba decidida y francamente ayudar al gobierno mexicano a restablecer la paz, y en ese caso no debía impedir el paso de armas, o los verdaderos propósitos del gobierno norteamericano eran prepararse para que en el caso de una futura guerra con México, este país se encontrara menos provisto de armas y parque. Si fuere esto último, preferible era decirlo.
El pueblo y el gobierno mexicanos tenían la absoluta seguridad de que el pueblo norteamericano no deseaba la guerra con México. Había, sin embargo, fuertes intereses yanquis y fuertes intereses mexicanos empeñados en procurar un conflicto entre ambos países. El gobierno mexicano deseaba firmemente mantener la paz con el gobierno norteamericano, pero para ese efecto era indispensable que el gobierno gringo se sirviera explicar francamente sus verdaderos propósitos hacia México.
El gobierno mexicano invitaba, pues, formalmente al gobierno de Estados Unidos a hacer cesar esta situación de incertidumbre entre ambos países y a apoyar sus declaraciones y protestas de amistad con hechos reales y efectivos que convencieran al pueblo mexicano de la sinceridad de sus propósitos. Estos hechos, en ese entonces, no podían ser otros que la retirada de las tropas yanquis que se encontraban en territorio nacional. (13)
La opinión antimperialista de Estados Unidos estaba vigilante y activa. El New York Call planteó: “Los capitalistas norteamericanos no quieren que los mexicanos dispongan de sus yacimientos de oro y plata, de sus fuentes de petróleo, de su henequén, sus bosques y sus tierras [...] Si este país comienza la guerra contra México, no será a causa del ataque a Columbus [...] El motivo lo será las enormes riquezas de México. Si los soldados norteamericanos van a morir a México, será para que los capitalistas yanquis puedan disponer de las colosales riquezas de México”.
Times sostenía: “Mientras más avanza el general Pershing se palpa con más evidencia que el pueblo apoya a Villa”. (14)
En junio los villistas tuvieron enfrentamientos con las tropas yanquis en Rincón de la Serna, Salitrera y otras poblaciones de Chihuahua, mientras en Tamaulipas los generales Emiliano P. Nafarrete y Alfredo Ricaut distribuían rifles, pistolas y parque a hombres, adolescentes y mujeres, que llegaron a ser más de 1,500 bajo las órdenes del ejército mexicano. Cerca de 200 rancheros, con caballada y armas, se pusieron a disposición de las fuerzas armadas mexicanas. Del territorio norteamericano volvieron mexicanos para ofrecer sus servicios a los generales y jefes militares de México. En esas condiciones, no fue difícil rechazar las incursiones de las tropas norteamericanas cuando se aventuraron a traspasar la frontera. En la reserva, había más de 500 hombres desarmados pero organizados militarmente. (15)
El combate del Carrizal
Woodrow Wilson declaró, el 1 de junio de 1916, que no tenía intenciones de retirar la Expedición Punitiva. En respuesta, Carranza decidió ejercer presión directa sobre las tropas gringas. El 16 de junio, el general John J. Pershing recibió una nota en la que se le informaba que todo movimiento de sus tropas, salvo en dirección al norte, tropezaría con resistencia y que el ejército mexicano atacaría.
El general Jacinto B. Treviño le planteó a Pershing: “Tengo órdenes de mi gobierno para detener por medio de las armas toda nueva invasión a mi país por fuerzas americanas, así como para evitar que aquellas tropas actualmente se encuentran en Chihuahua, se muevan al Sur, Este u Oeste del lugar que actualmente ocupan. Lo que comunico a usted para su conocimiento y para que tome nota de que sus fuerzas serán atacadas por las mexicanas si esta disposición no es atendida”. (16) Pershing respondió: “...En contestación dése usted por notificado que mi gobierno no ha impuesto tales restricciones a los movimientos de las tropas americanas. Por lo tanto, usaré de mi criterio para lo que concierne a cuando y en qué dirección deba mover mis tropas para perseguir bandidos o para obtener información tocante a bandidos. Si dentro de estas circunstancias las tropas mexicanas atacan mis columnas, la responsabilidad con sus consecuencias recaerá sobre el gobierno mexicano”. (17)
El general gringo hizo caso omiso de la advertencia del gobierno constitucionalista y se produjo un choque franco entre tropas norteamericanas y mexicanas en El carrizal, Chihuahua, el 21 de junio. Fue éste el incidente más grave desde la incursión de Villa y amenazó con provocar el temidísimo estallido de la guerra entre México y la potencia del norte. (18) El 21 de junio, en El Carrizal, las tropas mexicanas derrotaron a las tropas yanquis. El parte del teniente Genovevo Rivas, fue el siguiente:
Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que el 21 corriente a las 7 de la mañana presentóse una fuerza [norte]americana compuesta de 80 a 100 hombres aproximadamente. Por orden del C. Gral. Félix U. Gómez salí a conferenciar con el jefe de dicha fuerza para que me informara cuál era el objeto de su presencia; puesto al habla con él, me dijo que venía en busca de una gavilla de bandidos que por aquí merodeaba, habiéndole contestado que ninguna gavilla asolaba esta comarca por estar toda perfectamente vigilada por fuerzas constitucionalistas, dijo él entonces que iba a Villa Ahumada con el fin de buscar un desertor a lo que le contesté que teníamos órdenes de no permitir el avance de fuerzas norteamericanas en otra dirección que no fuera el Norte; a esta declaración contestó que nada le importaba y que él tenía órdenes de llegar a Ahumada y lo haría sobre las balas, habiendo yo rendido parte a mi general del resultado de la entrevista, salió él personalmente a hablar con el jefe americano habiéndole hecho las mismas preguntas que poco antes le había hecho yo, contestando a ellas de la misma manera que anteriormente.
Mi general Gómez le dijo que él sentiría mucho que fuera a registrarse un conflicto entre ambas fuerzas y le hizo la proposición que esperase unas tres o cuatro horas para telegrafiar a la Comandancia Militar de Ciudad Juárez para que resolvieran si podía permitirse el paso para Villa Ahumada a la fuerza de su mando a lo que contestó el altanero jefe [norte]americano que no quería perder más tiempo y que pasaría sobre nosotros, habiéndole contestado mi general que si creía poder pasar que lo hiciera; acto continuo se retiró mi general y los que lo escoltábamos al lugar donde estaban nuestras (fuerzas) haciendo lo mismo el jefe [norte]americano al lugar donde estaba la suya, habiendo desde luego encadenado su caballada, ordenó el avance de sus soldados en línea de tiradores sobre nuestras fuerzas, compuestas del 2º, 3er. y 4º Escuadrón del Segundo Regimiento que montados permanecían en línea desplegada sin hacer ningún movimiento agresivo, habiendo sido ellos quienes rompieron el fuego a una distancia de 80 metros el que fue contestado con bizarría por nuestros valientes soldados, trabándose desde luego el combate, del cual paso a referir los detalles dando parte de las bajas habidas en ambos lados habiendo levantado el campo por las fuerzas vencedoras de su Brigada.
El combate fue reñido e intenso por dos horas en que la primera línea de batalla sostuvo al enemigo con valor; habiendo sido muerto mi general Gómez en las primeras descargas asumí el mando general de las fuerzas y ordené el avance del Primer Escuadrón del Segundo Regimiento por el flanco derecho del enemigo y el primer Regimiento por el izquierdo; el movimiento fue preciso y violento haciendo huir al enemigo en dispersión abandonando muertos, caballos y armas y haciéndole 22 prisioneros y doce muertos; por nuestra parte tuvimos que lamentar las bajas siguientes:
Primer Regimiento: plana mayor, capitán primero Francisco Rodríguez, muerto. Primer Escuadrón: subteniente Juan Lerma, muerto... [sigue lista de caídos]. (19)
Cuando las tropas se acercaron al pueblo, señalan dos autores, les salieron al paso oficiales mexicanos, quienes les negaron el permiso para seguir adelante. Después de una serie de reuniones infructuosas entre ambas partes, el capitán Boyd explotó: “Díganle al desgraciado (el comandante mexicano) que voy a pasar”. El orgullo, la arrogancia y el nacionalismo nublaron el buen juicio de Boyd cuando ordenó un avance pie a tierra a través de casi 300 metros en terreno abierto. El resultado fue inevitable --una derrota total para Estados Unidos-- y Boyd murió con varios de de sus hombres. Soldados heridos y capturados fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua. Los mexicanos, incluso con 45 muertos y 53 heridos, podrían haber capturado fácilmente a todos los demás, pero se inclinaron por los heridos y por quienes se rendían. Los soldados estadunidenses habían sido humillados en el campo de batalla y el enemigo los había tomado prisioneros, por lo cual ahora se temía que fuera declarada la guerra. (20)
Los yanquis tuvieron 12 muertos y 22 prisioneros. En la acción de El Carrizal cayeron los héroes mexicanos: general Félix U. Gómez, capitán primero Francisco Rodríguez, teniente Daniel García, subteniente Juan Lerma, sargento José Vázquez, cabos Valente Armendáriz, Ángel Torres, Juan Armijo, Leonardo Flores y Aurelio Estudiante, soldados José Perales, Telésforo Gómez, Guadalupe Hernández, Pablo Martínez, Antonio Nerolimo, José Bejarán, Gregorio Banaza, Miguel Martínez, José González, Atanasio Rodríguez, León Jiménez, Rafael López, Marcos Meza, Ramón Aguayo, Salvador Vera, Lorenzo Acuña, Faustino Balmaceda, Antonio Delgadillo y Ambrosio Rodríguez.
El botín de guerra recogido al enemigo, incluía: treinta y un fusiles máuser, tres mil cartuchos máuser 8 mm., treinta y un caballos ensillados y un aparejo. La derrota de los expedicionarios de Estados Unidos, en este combate, fue completa y abandonaron el campo de batalla corriendo como venados. (21)
Nuevas negociaciones
La posibilidad de que se declarara la guerra formal, señala una historiadora mexicana, fue muy seria y el gobierno mexicano propuso que se dilucidara el problema internacional por medio de unas conferencias entre comisionados de ambos gobiernos. Las conferencias se iniciaron el 6 de septiembre y tuvieron lugar en las poblaciones norteamericanas de New London, Atlantic City y Filadelfia, (22) entre Luis Cabrera, Alberto J. Pani e Ignacio Bonillas, por México, y Franklin K. Lane, George Gray y John R. Mott, por Estados Unidos. No se logró la salida inmediata de la Expedición Punitiva, pero se impidió que el gobierno norteamericano se arrogara el derecho de representar a empresas y gobiernos extranjeros, a definir qué hacer en materia de propiedad y religión, esto es, a “cubanizar” México, al estilo de la enmienda Platt.
Con gran desparpajo, los delegados yanquis llegaron a proponer: “...pasemos a la consideración de estos tres puntos: 1º Protección de las vidas y propiedades de los extranjeros en México. 2º Establecimiento de una Comisión de Reclamaciones. 3º Tolerancia religiosa...” (23) Las conferencias terminaron el 15 de enero de 1917.
En ciertos momentos, los comisionados gringos amenazaron con la guerra a los representantes mexicanos.
Entretanto, las fuerzas de Pancho Villa, escribe su principal biógrafo, no sólo no fueron decisivamente derrotadas ni dispersadas por la expedición de Pershing, sino que aumentaron en forma fenomenal mientras los norteamericanos permanecieron en suelo mexicano. Villa se convirtió en el símbolo de la resistencia nacional contra los invasores extranjeros y su popularidad aumentó vertiginosamente. (24) El Centauro del Norte se recuperó de las derrotas que le había infligido Álvaro Obregón y fue capaz de ocupar plazas muy importantes en Chihuahua y Coahuila.
Por muchos estados de la Unión Americana se extendió el movimiento de solidaridad con México, que tenía como centro a la clase obrera como principal impulsora y participante. En las ciudades más importantes de Estados Unidos se organizaron mítines para protestar por el envío de la Expedición Punitiva y la política de agresión. En un mitin celebrado en San Francisco, California, un orador manifestó: “Dejad a los capitalistas que están urgiendo la preparación para ir a México, que peleen ellos para proteger las tierras que han arrebatado a los campesinos de aquel país”.
Bajo la consigna de “Ningún hombre para la guerra contra México”, se realizó una concentración masiva en Nueva York a la que asistieron intelectuales, obreros, socialistas, pastores protestantes, universitarios y otros núcleos de ciudadanos norteamericanos. En los discursos se condenó la política de agresión. “El que continúen las tropas americanas en territorio mexicano es una vergüenza nacional”, se dijo. Un orador socialista expresó: “Si los mexicanos persiguieran a los saqueadores de México, no se detendrían sino hasta Wall Street”. Se constituyó en Washington un comité para evitar la guerra contra México, encabezado por el ministro de Bolivia, señor Ignacio Calderón, y en el que participaban los representantes diplomáticos de las repúblicas latinoamericanas. (25)
La intervención norteamericana en México provocó una ola de indignación y expresiones de solidaridad con el pueblo mexicano en varios países de América Latina. Ejemplo de ello fue un mitin de protesta efectuado en Buenos Aires, en el que participaron 10,000 personas. (26) De manera ferviente repudiaron al gobierno de Estados Unidos José María Vargas Vila, Manuel Ugarte, Rufino Blanco Fombona y otros escritores latinoamericanos, tanto prominentes como otros menos famosos.
La intervención norteamericana perseguía como objetivos: impedir la aprobación de los artículos patrióticos de la Constitución General de la República, en especial del 27 que afectaba y afecta la propiedad de tierras, minas y petróleo; arrogarse el privilegio de representar a empresas norteamericanas y de otros países, así como de gobiernos extranjeros; permitir la intervención estadounidense en toda la frontera sin permiso del Estado mexicano; intervenir en asuntos de religión, y otros de exclusiva competencia de las autoridades y ciudadanos mexicanos. En esto no prosperaron sus objetivos.
Las conclusiones sobre la Expedición Punitiva son por demás claras: el ejército gringo, pese a sus aeroplanos y camiones, fracasó en el supuesto objetivo de aprehender o matar a Pancho Villa, en hacer modificar la política económica patriótica de Venustiano Carranza y en establecer un protectorado yanqui en México. (27)
La proximidad de la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial y el aislamiento de la política wilsoniana, obligaron a dar término a la intervención en México. El 5 de febrero de 1917, el gobierno de Washington reconoció al de México como gobierno de jure. Los últimos elementos de la retaguardia de las tropas que integraban la Expedición Punitiva abandonaron tierras de Chihuahua y se internaron en territorio norteamericano. Terminó, así, la intervención militar de Estados Unidos en México.
Hoy, cuando un gobierno espurio, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, tiene el descaro y la desvergüenza de homenajear a los asesinos de mexicanos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, EU, vale la pena recordar los hechos de la Expedición Punitiva.
--------------------------------------------------------------------------------
Notas
(1) Jean-Baptiste Duroselle, Política exterior de los Estados Unidos de Wilson a Roosevelt (1913-1945), trad. de Julieta Campos, México, FCE, 1965, p. 81.
(2) Friedrich Katz, “Pancho Villa y el ataque a Columbus, Nuevo México. La invasión norteamericana”, en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (comp.), Chihuahua. Textos de su historia 1824-1921, t. 3, México, Gob. del Edo. de Chih., Inst. Mora y UACJ, 1988, pp. 510-511.
(3) Samuel Eliot Morison y Henry Steele Commager, Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, t. III, trad. de Odón d’Ocón y Faustino Ballvé, México, FCE, 1951, p. 23.
(4) John Mason Hart, El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución mexicana, trad. de Manuel Arbolí, México, Alianza Ed., 3ª ed., 1992, p. 440.
(5) Luis Garfias Magaña, Historia militar de la Revolución mexicana, México, INEHRM, 2005, p. 351.
(6) Federico Cervantes, Francisco Villa y la Revolución, México, Com. Nal. para la Celebr. del 175 aniv. de la Ind. N. y 75 aniv. de la Rev. mex., 1985, p. 547.
(7) Allan R. Millet y Peter Maslowski, Historia militar de los Estados Unidos. Por la defensa común, Madrid, Ed. San Martín, ¿1986?, p. 351.
(8) Alfonso Taracena, La verdadera Revolución mexicana. Cuarta etapa (1915 a 1916), México, Ed. Jus, 2ª ed., 1973, p. 170.
(9) Isidro Fabela, La victoria de Carranza. La política interior y exterior de Carranza, est. prelim. de Romana Falcón, Toluca, Inst. Mex. de Cult., 1994, p. 645.
(10) Datos proporcionados por Alfonso Taracena, en su obra antes citada.
(11) Este párrafo corresponde a tres párrafos casi textuales de la obra de Miguel Alessio Robles, Historia política de la Revolución, México, Com. Nal. para la Celebr. del 175 aniv. de la Ind. Nal. y 75 aniv. de la Rev. mex., 1985, pp. 215-216.
(12) Datos de A. Taracena.
(13) Este documento, sienta, en parte, algunos de los principios básicos de la política exterior de los gobiernos surgidos de la Revolución mexicana y que, hoy día, han abandonado los gobiernos neoliberales, especialmente durante las gestiones de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. (Mario Contreras y Jesús Tamayo, México en el siglo XX. 1913-1920. Textos y documentos, t. II, México, UNAM, 1976, pp. 218-232, y La Revolución mexicana. Textos de su historia, t. III. Acción revolucionaria, Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (inv. y comp.), México, SEP Instituto Mora, 1985, pp. 475-492. Este documento aparece, por cierto, en muchos libros, además de los citados).
(14) Vivian Trías, Historia del imperialismo norteamericano, t. I, Buenos Aires, A. Peña Lilo Ed., 1975, pp. 192-193.
(15) Véase Labor internacional de la Revolución constitucionalista de México (Libro Rojo), México, Ed. de la Com. Nal. para la Celebr. del Sesquicentenario de la Proclamación de la Ind. Nal. y del Cincuentenario de la Rev. Mex., 1960, pp. 210-214.
(16) Isidro Fabela, Historia diplomática de la Revolución mexicana, II, Toluca, Inst. Mex. de Cult., 1994, pp. 323-324, y Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana, México, Inst. Mex. de Cult., 1964, p. 221.
(17) Documentos históricos de la Revolución mexicana, vol. XII, Expedición punitiva, t. I, fundador: Isidro Fabela, publicados bajo la dirección de Josefina E. de Fabela, México, Ed. Jus, 1967, p. 372, y Alberto Salinas Carranza, La Expedición Punitiva, México, Ed. Botas, 2ª ed., 1937, p. 275.
(18) Párrafo casi textual de Esperanza Durán, Guerra y revolución. Las grandes potencias y México 1914-1918, México, El Colmex, 1985, p. 137.
(19) “La Expedición Punitiva”, en Consideraciones, (Gerardo Peláez, comp.), México, núm. 21, marzo-abril de 2001, p. 7.
(20) Paul J. Vanderwood y Frank N. Samponano, Los rostros de la batalla. Furia en la frontera México-Estados Unidos 1910-1917, trad. de Elisa Moreno C., México, Camera Lucida, CNC y Grijalbo, 1993, p. 207.
(21) Francisco R. Almada, La Revolución en el estado de Chihuahua, t. II. 1913-1921, México, INEHRM, 1965, pp. 318-320, Documentos históricos de la Revolución mexicana, vol. XIII, Expedición punitiva, t. II, fundador: Isidro Fabela, publicados bajo la dirección de Josefina E. de Fabela, Ed. Jus, México, 1968, pp. 9-12, y Juan Barragán Rodríguez, Historia del ejército y de la Revolución constitucionalista, 3ª época, México, INEHRM, 1986, p. 258-260.
(22) Véase Berta Ulloa, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, t. 2, México, El Colmex, 2ª reimpr., 1988. 23. Alberto J. Pani, Mi contribución al nuevo régimen. 1910-1933, México, Ed. Cultura, 1936, p. 231, y Adolfo Manero Suárez y José Paniagua Arredondo, Los tratados de Bucareli. Traición y sangre sobre México!, t. I, México, s. e., 1958, p. 96. 24. Friedrich Katz, La guerra secreta en México. 1. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana, trad. de Isabel Fraire, José Luis Hoyo y José Luis González, México, Ed. Era, 2ª ed., 1983, p. 351.
(25) Mario Gill, Nuestros buenos vecinos, México, Ed. Azteca, 4ª ed. ampl., 1959, pp. 190-191.
(26) M. S. Alperóvich y B. T. Rudenko, La Revolución mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, trad. de Makedonio Garza, Armén Ohanián, María Teresa Francés y Alejo Méndez García, México, ECP, 12ª reimpr., 1984, p. 226.
(27) Correctamente, un autor estadunidense señalaba: “De la intervención prolongada y confusa de Wilson en México no resultaron sino problemas. Sus tácticas erróneas habían fomentado la hostilidad entre el pueblo mexicano, que no se disipó por muchos años...” (Frank Freidle, Los Estados Unidos en el Siglo Veinte, trad. de Antonio Guzmán Balboa, México, Ed. Novaro, 1964, p. 270); un periodista argentino apuntaba: “...Durante casi un año de permanencia en México, estas tropas sufrieron varias derrotas a manos de los villistas y de los constitucionalistas jefeados por Carranza”. (Gregorio Selser, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, t. III, 1899-1945, intr. de John Saxe-Fernández, México, UNAM UOM, 2001, p. 352), y un investigador estadunidense, precisaba: “...las autoridades norteamericanas nunca justipreciaron el odio tan arraigado y la suspicacia de los mexicanos frente a Estados Unidos y la creencia de la mayoría de ellos de que ese país sólo esperaba un momento oportuno para posesionarse de más territorio...” (Karl M. Schmitt, México y Estados Unidos 1821-1973. Conflicto y coexistencia, trad. de Manuel Arboli Gascón, México, Ed. Limusa, 1978, p. 136.
Gerardo Peláez Ramos
A los valientes que derrotaron a los gringos en El Carrizal, el 21 de junio de 1916
En la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, es decir, entre una ascendente potencia imperialista y un país dependiente y atrasado, se presentaron desencuentros y enfrentamientos muy importantes. El desarrollo capitalista de Norteamérica, implicó la conversión de Estados Unidos en una potencia transcontinental mediante la compra de territorios a Francia y España, la negociación territorial con Inglaterra y el despojo de territorios a México. En 1836, por medio del estímulo a elementos filibusteros, Texas fue cercenada de México; en la guerra de rapiña de 1846-1848 Estados Unidos arrebató a México Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California y fracciones de otros estados, y en 1853 “compró” la Mesilla.
En el curso de la Revolución mexicana, el imperialismo norteamericano participó activamente en el derrocamiento del gobierno democrático de Francisco I. Madero, y luego de derrotado el gobierno golpista de Victoriano Huerta, facilitó la actividad en su suelo de elementos reaccionarios como Félix Díaz y otros conocidos derechistas. Entre marzo de 1916 y febrero de 1917, el gobierno de Estados Unidos, con Woodrow Wilson como presidente, realizó una intervención militar en México, conocida como Expedición Punitiva, dizque para perseguir a Francisco Villa, apresarlo y liquidarlo. Los objetivos reales eran otros: sabotear e impedir la promulgación de leyes sobre materia petrolera, agraria, laboral y religiosa. Naturalmente, estos objetivos sólo los pusieron al descubierto el patriotismo mexicano y el movimiento obrero estadounidense.
En repudio al reconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza por la administración wilsoniana, Pancho Villa atacó con 360 hombres el 9 de marzo de 1916 la población de Columbus, Nuevo México. Durante la incursión prendieron fuego a varias casas, saquearon algunas tiendas, sustrajeron dinero del banco y de la oficina de correos y telégrafos, combatieron con la guarnición de la plaza y mataron ocho soldados y otro número igual de civiles. Cayeron muertos, heridos y prisioneros algunas decenas de villistas.
Con motivo de estos acontecimientos, los partidarios de la intervención tenían a su favor a la opinión gabacha, muy indignada. El 15 de marzo, un cuerpo expedicionario mandado por el general John J. Pershing invadió el territorio mexicano para tratar de aprehender a Villa. Era, de forma clara y en gran escala, la intervención militar unilateral de Estados Unidos. No era la guerra, pero se iba derecho hacia ella. (1)
Muchos quisieron ver, en estos hechos, la mano de Alemania. No era una sorpresa, de acuerdo con Katz, se haya afirmado que las intrigas alemanas fueron las causantes del ataque de Villa, y describir a Alemania como la perturbadora de la paz. Naturalmente, no ha aparecido prueba alguna de esta errónea información. (2)
El asalto de Villa dio el pretexto al imperialismo norteamericano para intervenir en México con una fuerza de agresión llamada Expedición Punitiva, bajo la dirección del general John J. Pershing, apodado Black Jack, el mismo que comandaría el cuerpo expedicionario norteamericano en la I Guerra Mundial. Esta fuerza invasora tuvo como características centrales, en cuanto a armas y equipos, ser la última acción importante del ejército gringo en que se utilizó ampliamente la caballería y la primera en utilizar aviones y camiones. Las tropas yanquis cruzaron la frontera por Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua, inicialmente con alrededor de 5 mil oficiales y soldados. Posteriormente, estos contingentes fueron aumentados y llegó un momento en que eran alrededor de 20 mil los participantes en la intervención.
Conforme a dos estudiosos estadunidenses: “...La práctica que este incidente dio al ejército puede haber justificado lo que costó; pero el fracaso de la expedición desacreditó la política de “espera vigilante” y la violación del suelo mexicano produjo la enemistad de Carranza y despertó las sospechas de los pueblos sudamericanos...” (3)
La persecución norteamericana se convirtió, según un académico, en una búsqueda bufa por desiertos descaminados, durante la cual se vieron sometidos a acosantes ataques de parte de los villistas, una vez estuvieron bien en el interior de México. Los estadunidenses cayeron al fin en la cuenta de la locura de su misión. (4)
La Expedición Punitiva se integraba, al principio, con la 1ª Brigada, al mando del coronel James Lockett, compuesta por el 11º Regimiento de Caballería, el 12º Regimiento de Caballería y un Batallón de Artillería de campaña; la 2ª Brigada, al mando del coronel John J. Beacon, compuesta por el 6º Batallón de Infantería, el 16º Batallón de Infantería, dos Compañías de Ingenieros, una Compañía de Ambulancias, un hospital de campaña, un cuerpo de señales, un escuadrón aéreo y dos Compañías de Transportes. Tiempo después, estas unidades fueron reforzadas convenientemente. (5)
Las masacres, persecuciones y control de movimientos de los lugares por donde pasaban las tropas gringas, despoblaron de mexicanos las ciudades y rancherías. Por cierto, en las cifras de caídos villistas contabilizados por los jefes de la Expedición Punitiva hay que descontar a sencillos habitantes que fueron asesinados sin ninguna razón. En sus correrías por territorio mexicano, las tropas norteamericanas se apoderaron de ganado que necesitaban y efectuaron numerosas aprehensiones de mexicanos a quienes consideraban sospechosos de villistas, para remitirlos a Estados Unidos, donde muchos fueron ahorcados o condenados a largas prisiones bajo el cargo, no siempre confirmado, de haber tomado parte en el asalto a Columbus. (6)
Como es típico en las fuerzas armadas de EU y otros países imperialistas, en no pocas ocasiones crean y arman conflictos bélicos con el objeto de probar y mejorar nuevas armas y medios de la guerra moderna, y preparar a sus tropas y mandos para conflagraciones futuras, que, en el caso de 1916, perseguía el fin de intervenir en la I Guerra Mundial. A propósito, sostienen dos historiadores militares: “...No obstante, las pruebas en el campo continuaron hasta 1916, cuando los camiones militares pasaron su primera prueba real durante la Expedición de Castigo a Méjico. En una audaz adquisición de 500 vehículos comerciales valorados en 460,000 dólares, el Departamento de Guerra formó veintidós compañías de camiones, los cuales demostraron su valía llevando suministros. El ejército estaba en el umbral de la edad de motor.
“Como en el movimiento de motorización, las primeras experiencias del ejército con aeroplanos fueron largas en promesas y cortas en rendimiento, pero las operaciones de 1916 en Méjico reavivaron un flojo compromiso...” (7)
El gobierno de Carranza protestó por la intervención, e hizo los preparativos para hacerle frente tanto en el terreno militar como en el político y el diplomático. En la Ciudad de México y otras poblaciones, el pueblo celebró manifestaciones y mítines de repudio a la agresión estadunidense. El 12 de marzo, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lanzó un manifiesto al pueblo mexicano, publicado en La Opinión, de Querétaro, en el cual planteaba que no permitiría la entrada de tropas extranjeras a territorio nacional, y que si ésta se producía “el pueblo mexicano sabrá cumplir con honor su deber, sin reparar en los sacrificios por los que haya que pasar, para defender sus derechos y la soberanía de México”. (8)
La administración carrancista reaccionó en forma rápida, y nombró al general Álvaro Obregón como secretario de Guerra y Marina, y al general Cándido Aguilar como secretario de Relaciones Exteriores. Apunta uno de los principales estudiosos de la política internacional de México: “Confió el Primer Jefe las responsabilidades mayores, después de la suya, a los dos hombres más destacados y aptos en su ejército para tales cargos... La organización militar en previsión de todo, quedó confiada al vencedor de Villa; y la defensa diplomática en manos de un jefe que había dado prueba de entereza patriótica”. (9)
En San Isidro, Chihuahua, se enfrentaron, el 29 de marzo, guerrilleros villistas y fuerzas norteamericanas, de las 11:00 a las 16:00 horas. Los estadounidenses tuvieron 93 muertos y 34 heridos, además de dejar 110 fusiles máuser. El 3 de abril se produjo un combate en Aguacaliente, Chihuahua, entre norteamericanos y seguidores de Pancho Villa, entre las 4:00 y las 17:00 horas. Los invasores tuvieron 108 bajas. (10)
La disposición de lucha del pueblo mexicano era elevada. En Parral se escenificaron importantes acontecimientos el 12 de abril. Las tropas norteamericanas penetraron a la ciudad, y grande fue su sorpresa cuando contemplaron a las masas, iracundas, encabezadas por la señorita Elisa Griense, llenándolos de improperios, y señalándoles el camino para que abandonaran inmediatamente la población.
Los hombres, las mujeres y hasta los niños recorrían las calles en demanda de armas y municiones para arrojar de allí a los invasores. Entonces la población enfurecida se arrojó sobre la guardia del cuartel, se apoderó de los fusiles colocados en el armero, y se abalanzó sobre la columna de soldados norteamericanos, al grito de ¡Viva Villa!, ¡Viva México! El pueblo persiguió a la columna invasora hasta Santa Cruz de Villegas, hiriendo y matando a los soldados de Estados Unidos. (11)
El oficial norteamericano Robert L. Twye fue atacado, el 13 de abril, por el coronel villista Acosta. Hubo muertos y heridos de la Expedición Punitiva. El día 18, los villistas repelieron a los estadounidenses, que sufrieron 124 bajas, en Puerto de Varas, Chihuahua. El 22 de abril, el coronel Jorge H. Dodd atacó a Tomóchic defendido por Miguel Baca Valles y Domínguez, cuyas fuerzas le hicieron 8 muertos y 6 heridos. (12)
Negociaciones
Empero, la guerra no se declaró y se iniciaron tratativas. Entre el 29 de abril y el 11 de mayo, se celebraron conferencias en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, entre los generales Álvaro Obregón y Jacinto B. Treviño, por México, y los generales Frederick Funston y Hugh L. Scott, por Estados Unidos, para tratar sobre la retirada de las tropas de la Expedición Punitiva. Los representantes yanquis querían incluir en la agenda temas que no estaban vinculados con la salida de sus tropas, con la intención de intervenir en los asuntos internos nacionales. Las negociaciones fracasaron y no se acordó la retirada inmediata de las tropas expedicionarias.
Elementos no identificados, a quienes los yanquis acusaban de estar avituallados y asesorados por generales mexicanos, asaltaron, el 5 de mayo, Glenn Springs, distrito de Big Ben, Texas, por lo cual murieron varios ciudadanos estadunidenses, incluidos algunos militares. El gobierno gringo se aprovechó de este incidente para incrementar el número de tropas de la Expedición Punitiva. Ocurrieron otros asaltos en la línea fronteriza entre los estados de Chihuahua y Tamaulipas con Texas. Muchos de ellos impulsados o permitidos por las autoridades norteamericanas, con el objeto de agudizar las contradicciones entre ambos países.
Se presentaron, asimismo, conflictos y actos hostiles en el mar y en algunos ríos, sobresaliendo los ocurridos en Mazatlán, Sinaloa; Guaymas, Sonora, y Minatitlán, Veracruz.
Cándido Aguilar se dirigió a Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano, el 22 de mayo, para denunciar que 400 hombres del 8º regimiento del ejército yanqui se encontraban en territorio mexicano, habiendo cruzado la línea por el rumbo de Boquillas, aproximadamente del 10 al 11 de mayo, y se hallaban en la fecha del mensaje cerca de un lugar llamado “El Pino”, como a sesenta millas al sur de la frontera. Este hecho llegó a conocimiento de las autoridades mexicanas, porque el comandante mismo de las tropas norteamericanas que cruzaron la frontera dirigió al comandante militar mexicano de Esmeralda en Sierra Mojada, una comunicación en la cual le manifestaba que había cruzado la frontera en persecución de la banda de forajidos que asaltó Glenn Springs, por virtud de un acuerdo existente entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para el paso de tropas, y con consentimiento de un funcionario consular mexicano de Del Río, Texas, a quien decía haber dado conocimiento de la entrada de su expedición.
De no retirarse la expedición, el gobierno mexicano lo interpretaría como una invasión y respondería en legítima defensa, pues la intervención se había transformado en un movimiento para restringir la independencia nacional, ya que es sabido que no se utiliza artillería para perseguir a bandidos. Las protestas y la expedición gringas estaban relacionadas con los intereses económicos norteamericanos. Empresarios y gobierno yanquis buscaban influir en el movimiento revolucionario mexicano. En la política de Woodrow Wilson pesaban mucho las posiciones de los partidarios recalcitrantes del intervencionismo, en función de la campaña para renovar al inquilino de la Casa Blanca.
El embargo de pertrechos consignados al gobierno mexicano, no podía tener más interpretación que la de que el gobierno norteamericano deseaba precaverse contra la emergencia de un conflicto futuro y, por lo tanto, trataba de evitar que vinieran a manos del gobierno mexicano armas y parque que pudieran emplearse contra las tropas norteamericanas mismas. El gobierno estadounidense estaría en su derecho de precaverse contra esa emergencia, pero en ese caso no debería decir que estaba tratando de cooperar con el gobierno carrancista y hubiera sido preferible encontrar una mayor franqueza en sus procedimientos.
O el gobierno gringo deseaba decidida y francamente ayudar al gobierno mexicano a restablecer la paz, y en ese caso no debía impedir el paso de armas, o los verdaderos propósitos del gobierno norteamericano eran prepararse para que en el caso de una futura guerra con México, este país se encontrara menos provisto de armas y parque. Si fuere esto último, preferible era decirlo.
El pueblo y el gobierno mexicanos tenían la absoluta seguridad de que el pueblo norteamericano no deseaba la guerra con México. Había, sin embargo, fuertes intereses yanquis y fuertes intereses mexicanos empeñados en procurar un conflicto entre ambos países. El gobierno mexicano deseaba firmemente mantener la paz con el gobierno norteamericano, pero para ese efecto era indispensable que el gobierno gringo se sirviera explicar francamente sus verdaderos propósitos hacia México.
El gobierno mexicano invitaba, pues, formalmente al gobierno de Estados Unidos a hacer cesar esta situación de incertidumbre entre ambos países y a apoyar sus declaraciones y protestas de amistad con hechos reales y efectivos que convencieran al pueblo mexicano de la sinceridad de sus propósitos. Estos hechos, en ese entonces, no podían ser otros que la retirada de las tropas yanquis que se encontraban en territorio nacional. (13)
La opinión antimperialista de Estados Unidos estaba vigilante y activa. El New York Call planteó: “Los capitalistas norteamericanos no quieren que los mexicanos dispongan de sus yacimientos de oro y plata, de sus fuentes de petróleo, de su henequén, sus bosques y sus tierras [...] Si este país comienza la guerra contra México, no será a causa del ataque a Columbus [...] El motivo lo será las enormes riquezas de México. Si los soldados norteamericanos van a morir a México, será para que los capitalistas yanquis puedan disponer de las colosales riquezas de México”.
Times sostenía: “Mientras más avanza el general Pershing se palpa con más evidencia que el pueblo apoya a Villa”. (14)
En junio los villistas tuvieron enfrentamientos con las tropas yanquis en Rincón de la Serna, Salitrera y otras poblaciones de Chihuahua, mientras en Tamaulipas los generales Emiliano P. Nafarrete y Alfredo Ricaut distribuían rifles, pistolas y parque a hombres, adolescentes y mujeres, que llegaron a ser más de 1,500 bajo las órdenes del ejército mexicano. Cerca de 200 rancheros, con caballada y armas, se pusieron a disposición de las fuerzas armadas mexicanas. Del territorio norteamericano volvieron mexicanos para ofrecer sus servicios a los generales y jefes militares de México. En esas condiciones, no fue difícil rechazar las incursiones de las tropas norteamericanas cuando se aventuraron a traspasar la frontera. En la reserva, había más de 500 hombres desarmados pero organizados militarmente. (15)
El combate del Carrizal
Woodrow Wilson declaró, el 1 de junio de 1916, que no tenía intenciones de retirar la Expedición Punitiva. En respuesta, Carranza decidió ejercer presión directa sobre las tropas gringas. El 16 de junio, el general John J. Pershing recibió una nota en la que se le informaba que todo movimiento de sus tropas, salvo en dirección al norte, tropezaría con resistencia y que el ejército mexicano atacaría.
El general Jacinto B. Treviño le planteó a Pershing: “Tengo órdenes de mi gobierno para detener por medio de las armas toda nueva invasión a mi país por fuerzas americanas, así como para evitar que aquellas tropas actualmente se encuentran en Chihuahua, se muevan al Sur, Este u Oeste del lugar que actualmente ocupan. Lo que comunico a usted para su conocimiento y para que tome nota de que sus fuerzas serán atacadas por las mexicanas si esta disposición no es atendida”. (16) Pershing respondió: “...En contestación dése usted por notificado que mi gobierno no ha impuesto tales restricciones a los movimientos de las tropas americanas. Por lo tanto, usaré de mi criterio para lo que concierne a cuando y en qué dirección deba mover mis tropas para perseguir bandidos o para obtener información tocante a bandidos. Si dentro de estas circunstancias las tropas mexicanas atacan mis columnas, la responsabilidad con sus consecuencias recaerá sobre el gobierno mexicano”. (17)
El general gringo hizo caso omiso de la advertencia del gobierno constitucionalista y se produjo un choque franco entre tropas norteamericanas y mexicanas en El carrizal, Chihuahua, el 21 de junio. Fue éste el incidente más grave desde la incursión de Villa y amenazó con provocar el temidísimo estallido de la guerra entre México y la potencia del norte. (18) El 21 de junio, en El Carrizal, las tropas mexicanas derrotaron a las tropas yanquis. El parte del teniente Genovevo Rivas, fue el siguiente:
Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que el 21 corriente a las 7 de la mañana presentóse una fuerza [norte]americana compuesta de 80 a 100 hombres aproximadamente. Por orden del C. Gral. Félix U. Gómez salí a conferenciar con el jefe de dicha fuerza para que me informara cuál era el objeto de su presencia; puesto al habla con él, me dijo que venía en busca de una gavilla de bandidos que por aquí merodeaba, habiéndole contestado que ninguna gavilla asolaba esta comarca por estar toda perfectamente vigilada por fuerzas constitucionalistas, dijo él entonces que iba a Villa Ahumada con el fin de buscar un desertor a lo que le contesté que teníamos órdenes de no permitir el avance de fuerzas norteamericanas en otra dirección que no fuera el Norte; a esta declaración contestó que nada le importaba y que él tenía órdenes de llegar a Ahumada y lo haría sobre las balas, habiendo yo rendido parte a mi general del resultado de la entrevista, salió él personalmente a hablar con el jefe americano habiéndole hecho las mismas preguntas que poco antes le había hecho yo, contestando a ellas de la misma manera que anteriormente.
Mi general Gómez le dijo que él sentiría mucho que fuera a registrarse un conflicto entre ambas fuerzas y le hizo la proposición que esperase unas tres o cuatro horas para telegrafiar a la Comandancia Militar de Ciudad Juárez para que resolvieran si podía permitirse el paso para Villa Ahumada a la fuerza de su mando a lo que contestó el altanero jefe [norte]americano que no quería perder más tiempo y que pasaría sobre nosotros, habiéndole contestado mi general que si creía poder pasar que lo hiciera; acto continuo se retiró mi general y los que lo escoltábamos al lugar donde estaban nuestras (fuerzas) haciendo lo mismo el jefe [norte]americano al lugar donde estaba la suya, habiendo desde luego encadenado su caballada, ordenó el avance de sus soldados en línea de tiradores sobre nuestras fuerzas, compuestas del 2º, 3er. y 4º Escuadrón del Segundo Regimiento que montados permanecían en línea desplegada sin hacer ningún movimiento agresivo, habiendo sido ellos quienes rompieron el fuego a una distancia de 80 metros el que fue contestado con bizarría por nuestros valientes soldados, trabándose desde luego el combate, del cual paso a referir los detalles dando parte de las bajas habidas en ambos lados habiendo levantado el campo por las fuerzas vencedoras de su Brigada.
El combate fue reñido e intenso por dos horas en que la primera línea de batalla sostuvo al enemigo con valor; habiendo sido muerto mi general Gómez en las primeras descargas asumí el mando general de las fuerzas y ordené el avance del Primer Escuadrón del Segundo Regimiento por el flanco derecho del enemigo y el primer Regimiento por el izquierdo; el movimiento fue preciso y violento haciendo huir al enemigo en dispersión abandonando muertos, caballos y armas y haciéndole 22 prisioneros y doce muertos; por nuestra parte tuvimos que lamentar las bajas siguientes:
Primer Regimiento: plana mayor, capitán primero Francisco Rodríguez, muerto. Primer Escuadrón: subteniente Juan Lerma, muerto... [sigue lista de caídos]. (19)
Cuando las tropas se acercaron al pueblo, señalan dos autores, les salieron al paso oficiales mexicanos, quienes les negaron el permiso para seguir adelante. Después de una serie de reuniones infructuosas entre ambas partes, el capitán Boyd explotó: “Díganle al desgraciado (el comandante mexicano) que voy a pasar”. El orgullo, la arrogancia y el nacionalismo nublaron el buen juicio de Boyd cuando ordenó un avance pie a tierra a través de casi 300 metros en terreno abierto. El resultado fue inevitable --una derrota total para Estados Unidos-- y Boyd murió con varios de de sus hombres. Soldados heridos y capturados fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua. Los mexicanos, incluso con 45 muertos y 53 heridos, podrían haber capturado fácilmente a todos los demás, pero se inclinaron por los heridos y por quienes se rendían. Los soldados estadunidenses habían sido humillados en el campo de batalla y el enemigo los había tomado prisioneros, por lo cual ahora se temía que fuera declarada la guerra. (20)
Los yanquis tuvieron 12 muertos y 22 prisioneros. En la acción de El Carrizal cayeron los héroes mexicanos: general Félix U. Gómez, capitán primero Francisco Rodríguez, teniente Daniel García, subteniente Juan Lerma, sargento José Vázquez, cabos Valente Armendáriz, Ángel Torres, Juan Armijo, Leonardo Flores y Aurelio Estudiante, soldados José Perales, Telésforo Gómez, Guadalupe Hernández, Pablo Martínez, Antonio Nerolimo, José Bejarán, Gregorio Banaza, Miguel Martínez, José González, Atanasio Rodríguez, León Jiménez, Rafael López, Marcos Meza, Ramón Aguayo, Salvador Vera, Lorenzo Acuña, Faustino Balmaceda, Antonio Delgadillo y Ambrosio Rodríguez.
El botín de guerra recogido al enemigo, incluía: treinta y un fusiles máuser, tres mil cartuchos máuser 8 mm., treinta y un caballos ensillados y un aparejo. La derrota de los expedicionarios de Estados Unidos, en este combate, fue completa y abandonaron el campo de batalla corriendo como venados. (21)
Nuevas negociaciones
La posibilidad de que se declarara la guerra formal, señala una historiadora mexicana, fue muy seria y el gobierno mexicano propuso que se dilucidara el problema internacional por medio de unas conferencias entre comisionados de ambos gobiernos. Las conferencias se iniciaron el 6 de septiembre y tuvieron lugar en las poblaciones norteamericanas de New London, Atlantic City y Filadelfia, (22) entre Luis Cabrera, Alberto J. Pani e Ignacio Bonillas, por México, y Franklin K. Lane, George Gray y John R. Mott, por Estados Unidos. No se logró la salida inmediata de la Expedición Punitiva, pero se impidió que el gobierno norteamericano se arrogara el derecho de representar a empresas y gobiernos extranjeros, a definir qué hacer en materia de propiedad y religión, esto es, a “cubanizar” México, al estilo de la enmienda Platt.
Con gran desparpajo, los delegados yanquis llegaron a proponer: “...pasemos a la consideración de estos tres puntos: 1º Protección de las vidas y propiedades de los extranjeros en México. 2º Establecimiento de una Comisión de Reclamaciones. 3º Tolerancia religiosa...” (23) Las conferencias terminaron el 15 de enero de 1917.
En ciertos momentos, los comisionados gringos amenazaron con la guerra a los representantes mexicanos.
Entretanto, las fuerzas de Pancho Villa, escribe su principal biógrafo, no sólo no fueron decisivamente derrotadas ni dispersadas por la expedición de Pershing, sino que aumentaron en forma fenomenal mientras los norteamericanos permanecieron en suelo mexicano. Villa se convirtió en el símbolo de la resistencia nacional contra los invasores extranjeros y su popularidad aumentó vertiginosamente. (24) El Centauro del Norte se recuperó de las derrotas que le había infligido Álvaro Obregón y fue capaz de ocupar plazas muy importantes en Chihuahua y Coahuila.
Por muchos estados de la Unión Americana se extendió el movimiento de solidaridad con México, que tenía como centro a la clase obrera como principal impulsora y participante. En las ciudades más importantes de Estados Unidos se organizaron mítines para protestar por el envío de la Expedición Punitiva y la política de agresión. En un mitin celebrado en San Francisco, California, un orador manifestó: “Dejad a los capitalistas que están urgiendo la preparación para ir a México, que peleen ellos para proteger las tierras que han arrebatado a los campesinos de aquel país”.
Bajo la consigna de “Ningún hombre para la guerra contra México”, se realizó una concentración masiva en Nueva York a la que asistieron intelectuales, obreros, socialistas, pastores protestantes, universitarios y otros núcleos de ciudadanos norteamericanos. En los discursos se condenó la política de agresión. “El que continúen las tropas americanas en territorio mexicano es una vergüenza nacional”, se dijo. Un orador socialista expresó: “Si los mexicanos persiguieran a los saqueadores de México, no se detendrían sino hasta Wall Street”. Se constituyó en Washington un comité para evitar la guerra contra México, encabezado por el ministro de Bolivia, señor Ignacio Calderón, y en el que participaban los representantes diplomáticos de las repúblicas latinoamericanas. (25)
La intervención norteamericana en México provocó una ola de indignación y expresiones de solidaridad con el pueblo mexicano en varios países de América Latina. Ejemplo de ello fue un mitin de protesta efectuado en Buenos Aires, en el que participaron 10,000 personas. (26) De manera ferviente repudiaron al gobierno de Estados Unidos José María Vargas Vila, Manuel Ugarte, Rufino Blanco Fombona y otros escritores latinoamericanos, tanto prominentes como otros menos famosos.
La intervención norteamericana perseguía como objetivos: impedir la aprobación de los artículos patrióticos de la Constitución General de la República, en especial del 27 que afectaba y afecta la propiedad de tierras, minas y petróleo; arrogarse el privilegio de representar a empresas norteamericanas y de otros países, así como de gobiernos extranjeros; permitir la intervención estadounidense en toda la frontera sin permiso del Estado mexicano; intervenir en asuntos de religión, y otros de exclusiva competencia de las autoridades y ciudadanos mexicanos. En esto no prosperaron sus objetivos.
Las conclusiones sobre la Expedición Punitiva son por demás claras: el ejército gringo, pese a sus aeroplanos y camiones, fracasó en el supuesto objetivo de aprehender o matar a Pancho Villa, en hacer modificar la política económica patriótica de Venustiano Carranza y en establecer un protectorado yanqui en México. (27)
La proximidad de la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial y el aislamiento de la política wilsoniana, obligaron a dar término a la intervención en México. El 5 de febrero de 1917, el gobierno de Washington reconoció al de México como gobierno de jure. Los últimos elementos de la retaguardia de las tropas que integraban la Expedición Punitiva abandonaron tierras de Chihuahua y se internaron en territorio norteamericano. Terminó, así, la intervención militar de Estados Unidos en México.
Hoy, cuando un gobierno espurio, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, tiene el descaro y la desvergüenza de homenajear a los asesinos de mexicanos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, EU, vale la pena recordar los hechos de la Expedición Punitiva.
--------------------------------------------------------------------------------
Notas
(1) Jean-Baptiste Duroselle, Política exterior de los Estados Unidos de Wilson a Roosevelt (1913-1945), trad. de Julieta Campos, México, FCE, 1965, p. 81.
(2) Friedrich Katz, “Pancho Villa y el ataque a Columbus, Nuevo México. La invasión norteamericana”, en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (comp.), Chihuahua. Textos de su historia 1824-1921, t. 3, México, Gob. del Edo. de Chih., Inst. Mora y UACJ, 1988, pp. 510-511.
(3) Samuel Eliot Morison y Henry Steele Commager, Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, t. III, trad. de Odón d’Ocón y Faustino Ballvé, México, FCE, 1951, p. 23.
(4) John Mason Hart, El México revolucionario. Gestación y proceso de la Revolución mexicana, trad. de Manuel Arbolí, México, Alianza Ed., 3ª ed., 1992, p. 440.
(5) Luis Garfias Magaña, Historia militar de la Revolución mexicana, México, INEHRM, 2005, p. 351.
(6) Federico Cervantes, Francisco Villa y la Revolución, México, Com. Nal. para la Celebr. del 175 aniv. de la Ind. N. y 75 aniv. de la Rev. mex., 1985, p. 547.
(7) Allan R. Millet y Peter Maslowski, Historia militar de los Estados Unidos. Por la defensa común, Madrid, Ed. San Martín, ¿1986?, p. 351.
(8) Alfonso Taracena, La verdadera Revolución mexicana. Cuarta etapa (1915 a 1916), México, Ed. Jus, 2ª ed., 1973, p. 170.
(9) Isidro Fabela, La victoria de Carranza. La política interior y exterior de Carranza, est. prelim. de Romana Falcón, Toluca, Inst. Mex. de Cult., 1994, p. 645.
(10) Datos proporcionados por Alfonso Taracena, en su obra antes citada.
(11) Este párrafo corresponde a tres párrafos casi textuales de la obra de Miguel Alessio Robles, Historia política de la Revolución, México, Com. Nal. para la Celebr. del 175 aniv. de la Ind. Nal. y 75 aniv. de la Rev. mex., 1985, pp. 215-216.
(12) Datos de A. Taracena.
(13) Este documento, sienta, en parte, algunos de los principios básicos de la política exterior de los gobiernos surgidos de la Revolución mexicana y que, hoy día, han abandonado los gobiernos neoliberales, especialmente durante las gestiones de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. (Mario Contreras y Jesús Tamayo, México en el siglo XX. 1913-1920. Textos y documentos, t. II, México, UNAM, 1976, pp. 218-232, y La Revolución mexicana. Textos de su historia, t. III. Acción revolucionaria, Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (inv. y comp.), México, SEP Instituto Mora, 1985, pp. 475-492. Este documento aparece, por cierto, en muchos libros, además de los citados).
(14) Vivian Trías, Historia del imperialismo norteamericano, t. I, Buenos Aires, A. Peña Lilo Ed., 1975, pp. 192-193.
(15) Véase Labor internacional de la Revolución constitucionalista de México (Libro Rojo), México, Ed. de la Com. Nal. para la Celebr. del Sesquicentenario de la Proclamación de la Ind. Nal. y del Cincuentenario de la Rev. Mex., 1960, pp. 210-214.
(16) Isidro Fabela, Historia diplomática de la Revolución mexicana, II, Toluca, Inst. Mex. de Cult., 1994, pp. 323-324, y Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana, México, Inst. Mex. de Cult., 1964, p. 221.
(17) Documentos históricos de la Revolución mexicana, vol. XII, Expedición punitiva, t. I, fundador: Isidro Fabela, publicados bajo la dirección de Josefina E. de Fabela, México, Ed. Jus, 1967, p. 372, y Alberto Salinas Carranza, La Expedición Punitiva, México, Ed. Botas, 2ª ed., 1937, p. 275.
(18) Párrafo casi textual de Esperanza Durán, Guerra y revolución. Las grandes potencias y México 1914-1918, México, El Colmex, 1985, p. 137.
(19) “La Expedición Punitiva”, en Consideraciones, (Gerardo Peláez, comp.), México, núm. 21, marzo-abril de 2001, p. 7.
(20) Paul J. Vanderwood y Frank N. Samponano, Los rostros de la batalla. Furia en la frontera México-Estados Unidos 1910-1917, trad. de Elisa Moreno C., México, Camera Lucida, CNC y Grijalbo, 1993, p. 207.
(21) Francisco R. Almada, La Revolución en el estado de Chihuahua, t. II. 1913-1921, México, INEHRM, 1965, pp. 318-320, Documentos históricos de la Revolución mexicana, vol. XIII, Expedición punitiva, t. II, fundador: Isidro Fabela, publicados bajo la dirección de Josefina E. de Fabela, Ed. Jus, México, 1968, pp. 9-12, y Juan Barragán Rodríguez, Historia del ejército y de la Revolución constitucionalista, 3ª época, México, INEHRM, 1986, p. 258-260.
(22) Véase Berta Ulloa, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, t. 2, México, El Colmex, 2ª reimpr., 1988. 23. Alberto J. Pani, Mi contribución al nuevo régimen. 1910-1933, México, Ed. Cultura, 1936, p. 231, y Adolfo Manero Suárez y José Paniagua Arredondo, Los tratados de Bucareli. Traición y sangre sobre México!, t. I, México, s. e., 1958, p. 96. 24. Friedrich Katz, La guerra secreta en México. 1. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana, trad. de Isabel Fraire, José Luis Hoyo y José Luis González, México, Ed. Era, 2ª ed., 1983, p. 351.
(25) Mario Gill, Nuestros buenos vecinos, México, Ed. Azteca, 4ª ed. ampl., 1959, pp. 190-191.
(26) M. S. Alperóvich y B. T. Rudenko, La Revolución mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, trad. de Makedonio Garza, Armén Ohanián, María Teresa Francés y Alejo Méndez García, México, ECP, 12ª reimpr., 1984, p. 226.
(27) Correctamente, un autor estadunidense señalaba: “De la intervención prolongada y confusa de Wilson en México no resultaron sino problemas. Sus tácticas erróneas habían fomentado la hostilidad entre el pueblo mexicano, que no se disipó por muchos años...” (Frank Freidle, Los Estados Unidos en el Siglo Veinte, trad. de Antonio Guzmán Balboa, México, Ed. Novaro, 1964, p. 270); un periodista argentino apuntaba: “...Durante casi un año de permanencia en México, estas tropas sufrieron varias derrotas a manos de los villistas y de los constitucionalistas jefeados por Carranza”. (Gregorio Selser, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, t. III, 1899-1945, intr. de John Saxe-Fernández, México, UNAM UOM, 2001, p. 352), y un investigador estadunidense, precisaba: “...las autoridades norteamericanas nunca justipreciaron el odio tan arraigado y la suspicacia de los mexicanos frente a Estados Unidos y la creencia de la mayoría de ellos de que ese país sólo esperaba un momento oportuno para posesionarse de más territorio...” (Karl M. Schmitt, México y Estados Unidos 1821-1973. Conflicto y coexistencia, trad. de Manuel Arboli Gascón, México, Ed. Limusa, 1978, p. 136.
15.8.10
En gobiernos panistas, un mil disidentes encarcelados
Contralínea 195
Erika Ramirez
Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos
Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.
Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.
Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.
Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.
También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.
La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.
Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.
Incapacidad para dialogar
El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.
El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.
Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.
Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.
“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.
Mil detenciones en una década
A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.
Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.
Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.
En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.
Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.
El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.
Gobiernos opresores
Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.En 2006, el caso que más presos tuvo en la entidad del Sureste mexicano fue el conflicto social entre el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones que exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Éste había incumplido con el incremento salarial que prometió al magisterio, además estaba acusado de malversar fondos, incurrir en fraude electoral y fabricar delitos a sus opositores.
Michoacán ascendió a la segunda posición con la detención de 141 jóvenes. El 27 de noviembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaban en contra del proyecto Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa en los estados el gobierno federal y la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo. Ese día, fueron detenidos.
En Chiapas, las circunstancias no son distintas para los “luchadores sociales”. El acoso a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la detención de dirigentes campesinos –como ocurrió con José Manuel Hernández Martínez (don Chema), de la Organización Campesina Emiliano Zapata– y de integrantes del magisterio chiapaneco colocan al estado, gobernado por el perredista Juan Sabines, como el tercero con más presos políticos.
“En todas partes se expande esta situación de manera abominable, que responde a una inflexibilidad de las autoridades y de la incapacidad de entender a los interlocutores. Hay que recordar que éste es un problema de origen: este gobierno nace de la imposición y de la falta de diálogo”, explica Romo Cedado, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social en México.
Agrega que “estamos transitando hacia un régimen violento y no hacia una democracia liberal. No hay visos de cambio. Esto pasa a nivel federal y estatal porque están respondiendo a quienes son sus patrones: a los dueños del capital y a las grandes empresas, que han colocado en el poder a democracias débiles y pusilánimes para poder seguir gobernando”.
Golpeteo a la sociedad
Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.
La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.
Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.
El abogado indica que, cuando el ejercicio del poder estatal se distingue por la criminalización de la protesta, inhibe la discusión de los asuntos de interés general, la movilización de grupos sociales, el disenso, la crítica a las actividades del Estado y la participación política de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Esto evidencia no sólo la violencia institucional, sino la institucionalización de la violencia y la normalización de esta práctica como expresión de “gobernabilidad”.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñiz, observa que los delitos con los que se ha criminalizado la protesta social son el secuestro equiparado, despojo, robo, ataques a las vías de comunicación, sedición, entre otras.
Fuentes Muñiz agrega que entre las argucias legales que utilizan los ministerios públicos, se encuentran la fabricación de pruebas. Arman los expedientes y con ello se limita el derecho a la defensa adecuada.
Fases de la criminalizaciónEn el Reporte sobre la criminalización de la protesta social, el Observatorio de la Conflictividad Social indica que hay tres premisas que “revelan un proceso enraizado en el sistema político mexicano, por medio del cual se aborda y confronta los conflictos sociales”:Existe una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del Estado. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores.La invisibilización y falta de reconocimiento provocan un escalamiento social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales.A partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación, se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y judicialización, que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
