La brecha chiapaneca

19.04.2010

La brecha chiapaneca

Carlos Fazio

 

En el contexto de la estrategia de ocupación de espectro completo (full spectrum) que lleva a cabo Estados Unidos en México, por sus características particulares Chiapas ocupa un lugar central en el mapa del Pentágono. La geografía chiapaneca forma parte de la brecha (the gap) en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que el hegemón del sistema capitalista mundial debe tener una política agresiva de prevención, disuasión, control e imposición de normas de funcionamiento afines a los intereses corporativos con casa matriz en la nación imperial, pero también de persecución, desarticulación y eliminación de disidentes o insurrectos, considerados enemigos.

Cabe reiterar que no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y espacios sociales. Pero es también un negocio, una forma de imponer la producción de nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias. En ese contexto, la brecha chiapaneca se ubica en un área intensiva en biodiversidad, donde existen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da sentido práctico rentable a su apropiación territorial y espacial.
Con un agregado: lejos del ruido mediático de la hora, Chiapas, y en particular el área bajo control de las autonomías zapatistas, es una zona creativa y de resistencia civil pacífica al proyecto neoliberal. Un área donde se procesan nuevas formas de emancipación, de construcción de libertad en colectivo por diversos sujetos sociales y movimientos antisistémicos que enarbolan un pensamiento crítico, ético, anticapitalista, contrahegemónico. Fuerzas que operan al margen de las reglas de juego y los usos y costumbres del sistema, y le dan batalla en el campo cultural, donde radican la memoria histórica, las cosmovisiones y utopías. Se trata de un nuevo sujeto histórico que ya no cree en parches ni reformas dentro del sistema y, ajeno a las viejas y nuevas formas de asimilación y cooptación, ensaya otra manera de hacer política y de construir un poder alternativo desde abajo. Un verdadero poder popular, autogestivo, plural, de auténtica democracia participativa con sus juntas de buen gobierno, sus municipios autónomos y sus autoridades comunitarias.
Por todo eso, el EZLN, sus bases de apoyo y aliados significan un peligro real, un desafío estratégico para Washington y las grandes corporaciones de los sectores militar, petrolero, minero, biotecnológico, agroalimentario, farmacéutico, hotelero, refresquero y del falso ecoturismo, que hoy libran una sórdida guerra por la tierra y el territorio chiapaneco. Quienes se encuentran en los espacios y territorios donde existen agua, bosques, conocimientos ancestrales, códigos genéticos y otras mercancías son, quiéranlo o no, enemigos del capital. Por eso asistimos a una ofensiva conservadora que, bajo la forma de una guerra integral encubierta, asimétrica, irregular, prolongada y de desgaste, busca disciplinar, doblegar y/o eliminar la resistencia del campesinado indígena rebelde para llevar a cabo una restructuración del territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos monopólicos clasistas. Se trata de una guerra privatizadora, de despeje territorial y despojo social, que hecha mano de la militarización y paramilitarización del conflicto, de la contención de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta para facilitar la libre acumulación capitalista de las trasnacionales y sus aliados vernáculos, mediante un agresivo modelo dominante de agricultura y del espacio rural; un modelo de muerte en beneficio del gran capital.

En la que fue tal vez su última aparición pública, en diciembre de 2007, el subcomandante Marcos advirtió sobre la reactivación de las agresiones militares, policiales y paramilitares en la zona de influencia zapatista. Dijo: Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. Anunció entonces que el EZLN entraría a una nueva fase de silencio y que se preparaba para resistir solo –abandonado por la intelectualidad progresista y de izquierda ante el supuesto “bajo rating mediático y teórico” del zapatismo– la defensa de la tierra y del territorio recuperado desde 1994 y bajo control de las autonomías, ante la nueva ofensiva que preparaba el émulo de Victoriano Huerta, Felipe Calderón, con su capitalismo de cuartel.
Desde entonces, como parte de la misma estrategia de ocupación de espectro completo diseñada por el Pentágono, la geografía chiapaneca se llenó de retenes y vehículos militares artillados; reaparecieron los operativos de disuasión e inteligencia, los patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos, y se reposicionó al Ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil, al tiempo que autoridades locales y federales llevaron a cabo desalojos violentos y reubicaciones forzosas de comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera de Montes Azules y otras áreas, como parte de una estrategia de despeje y control territorial que, disfrazada de un espíritu conservacionista, busca desplazar a la población para facilitar la apropiación y mercantilización de la tierra y los recursos naturales por el gran capital. Eso explica, también, que articulados desde la sede de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, grupos paramilitares como la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) y el llamado Ejército de Dios (bajo disfraz evangélico) estén hostigando y destruyendo comunidades zapatistas.

México entregará a EU uranio enriquecido para conversión: Casa Blanca

La Jornada
13 de abril de 2010
De este modo, no podrá emplearse en una bomba atómica, señaló en un comunicado.
México entregará a EU uranio enriquecido para conversión: Casa Blanca
Afp

Washington. México convertirá su uranio altamente enriquecido en combustible que no pueda ser empleado en una bomba atómica, en una operación conjunta con Estados Unidos, anunció este martes el gobierno estadunidense durante la Cumbre de Seguridad Nuclear.

"El presidente Felipe Calderón expresó 'el claro compromiso de México para prevenir y suprimir el terrorismo nuclear", explicó el comunicado de la Casa Blanca.

Canadá había anunciado la víspera también que entregaría a Estados Unidos su uranio altamente enriquecido, que puede ser reconvertido para uso militar, en una contribución a la campaña de prevención de un mal uso de ese combustible.

La entrega del uranio mexicano se hará bajo supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

La conversión del combustible del reactor nuclear mexicano "permitirá la eliminación de todo el uranio altamente enriquecido" en ese país, añadió el texto, sin más detalles sobre la operación.

"Saludo este paso adelante crítico, que es una señal de nuestra clara alianza trilateral y de nuestro compromiso para la seguridad nuclear en Norteamérica", dijo el presidente Barack Obama, citado en el comunicado.

"Este proyecto... demuestra que las acciones colectivas pueden significar resultados concretos", añadió el primer ministro canadiense, Stephen Harper.

México: del TLCAN al “Comando Norte”

Revista Contralínea
11 Abril 2010
México: del TLCAN al “Comando Norte”
Alfredo Jalife-Rahme

 La gran tragedia del “México neoliberal” radica en que en el mismo año del doble festejo del bicentenario y el centenario haya probablemente pasado a ser controlado voluntariamente y en secreto por el Comando Norte de Estados Unidos: el sucesor de la Defensa Aeroespacial de Norteamérica.

México vive una permanente tragedia geopolítica desde el siglo XIX, cuando perdió la mitad de su territorio en beneficio del ascenso neoimperial de su vecino del norte.

El cataclismo geopolítico decimonónico de México ha sido prácticamente olvidado por los jóvenes de inicios del siglo XXI, gracias a la exitosa labor intensa de socavamiento histórico, desmemorización y descerebración fomentados por Televisa (un canal sionista hasta la médula), cuya principal tarea ha sido embrutecer masivamente a la población mediante un holocausto mental que ha provocado su castración generalizada.

Es curioso que, pese a su balcanización decimonónica, México haya podido superar relativamente su cataclismo geopolítico durante el periodo dictatorial de Porfirio Díaz, vinculado a los intereses europeos (en ese entonces anti-estadunidenses), que, independientemente del régimen político, guste o disguste, difundió la prosperidad (concentrada y asimétrica, desde luego) impulsada por un vigoroso crecimiento que pudo detener su entropía acelerada.

En forma espectacular, pese a la Revolución Mexicana que geopolíticamente benefició a Estados Unidos en detrimento de las potencias coloniales europeas, la brutal degradación sufrida en el siglo XIX fue revertida relativamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial hasta la duración de la Guerra Fría de la bipolaridad estadunidense-soviética, cuando el país creció, se desarrolló y se industrializó hasta alcanzar el séptimo lugar de las potencias industriales del mundo.

El mismo iniciador del proyecto neoliberal en México, Miguel de la Madrid Hurtado –de quien su anterior secretario particular, Emilio Gamboa Patrón, sigue gozando imperturbablemente del maná del decadente sistema político en medio del desastre nacional–, ha reconocido públicamente en varias ocasiones (pese a haber sido fustigado de enfermo mental por su sucesor presidencial inmediato, con la poco gloriosa anuencia de sus hijos Federico y Enrique) la parálisis del vigente modelo económico librecambista en los pasados 28 años, lapso durante el cual México ha ostentado las peores cifras de Latinoamérica.

El desdibujamiento del “México neoliberal” ha sido gradual y en paralelo a su paulatina absorción a los esquemas propuestos y/o impuestos por Estados Unidos, que inician formalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1988 bajo los auspicios del espíritu de Houston por Carlos Salinas de Gortari, sucesor de Miguel de la Madrid Hurtado.

Se pudiera aducir que los recientes cinco presidentes neoliberales bajo la égida del decálogo neoliberal del anacrónico “Consenso de Washington” –tres de ellos impuestos: dos por la vía del fraude electoral (Salinas y Calderón) y otro (Zedillo) colocado gracias al asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio– han cumplido estupendamente la parte del guión geoestratégico estadunidense que les fue asignado de acuerdo con las circunstancias, y que ha desembocado en el pacto secreto que incorpora a México, después del TLCAN, al Comando Norte de Estados Unidos, que ha llevado a su culminación el panista michoacano Calderón: la antimateria de otro michoacano ilustre, Lázaro Cárdenas del Río.

Más allá de la perniciosa propaganda local, nada menos que el muy influyente National Bureau of Economic Research (NBER) –un conglomerado de los mejores economistas estadunidenses y que es quien dictamina oficialmente la existencia de las recesiones en Estados Unidos–, desde febrero de 2004, demostró que “el desempeño de México en el TLCAN” había sido “menos que estelar”.

Hoy, seis años más tarde a la publicación del NBER, se puede afirmar sin tapujos que el TCLAN no solamente fue perjudicial desde el punto de vista mercantilista (el único sector que funcionaba era el automotriz, hasta que alcanzó al “México neoliberal” la quiebra de las grandes marcas de Estados Unidos: GM, Chrysler y Ford, rescatadas por el gobierno estadunidense), sino que, peor aún, inició el desmantelamiento del Estado mexicano.

Dejaremos atrás el tsunami agrícola del “México neoliberal”, su desindustrialización deliberada y el exterminio de la banca nacional, sin contar la expulsión soterrada de la cuarta parte de la población allende la frontera –que no son migrantes ni “terroristas”, sino genuinos “refugiados económicos” que buscan la “libertad económica” inexistente en México, debido al imperante modelo neoliberal que beneficia exclusivamente a la plutocracia oligárquica y oligopólica–, para enfocarnos en dos datos puntuales que, a nuestro juicio, desembocan ineluctablemente en la fagocitosis del “México neoliberal” por el Comando Norte estadunidense: 1. El libre tránsito de mercancías, que no de personas como lo grita a los cielos el muro transfronterizo de la ignominia, que hizo explotar el libre flujo de cocaína, por lo que en su momento nos atrevimos a catalogar al TLC como un “TLC bis”: un tratado de libre cocaína; y 2. La venta masiva de armas por los mercaderes texanos y los cárteles de la droga en México (varios de ellos entrenados por Estados Unidos), que adquieren con asombrosa facilidad.

Aquí queda sellado el desmantelamiento del Estado mexicano visto en forma integral y no parcelar.

Para cerrar el negocio neoliberal redondamente perfecto del binomio drogas-armas, faltaba el tercer eslabón: la privatización extranjera (primordialmente anglosajona y española), que no mexicana, de la banca, que realizaron impecablemente Zedillo y Fox. Aquí podemos aducir que se escribió la irreversibilidad del inicio del fin de la Independencia de México sin posibilidad aparente de arrepentimiento en la coyuntura presente.

A partir del derrumbe de la transfrontera –permeable a todo tipo de mercancías lícitas y, sobre todo, ilícitas– se acelera la entrega sumisa del país por sus dos presidentes panistas: Fox y Calderón.

Fox y su canciller Castañeda Gutman (un saltimbanqui ideológico que sin rubor pasa del comunismo a la extrema derecha panista, pero más que nada, un instrumento del sionismo financiero que opera en Latinoamérica, el megaespeculador George Soros, al unísono de Joseph-Marie Córdoba, el verdadero exterminador de la banca mexicana) celebraron en marzo de 2005 el ASPAN, que suena a una broma semántica: “Alianza para la Seguridad (sic) y la Prosperidad (sic) de América del Norte”, que adelanta de facto la entrega de los pletóricos hidrocarburos del Golfo de México y la integración energética de toda Norteamérica según los esquemas estratégicos de Estados Unidos.

Cabe señalar que los contenidos del ASPAN se mantienen en “secreto” y fueron firmados por Fox a espaldas de la nación y sin su consentimiento. ¿Por qué guardar en secreto lo que los progenitores del ASPAN consideran benéfico para México?

Más que la estadunización de México, asistimos a su texanización: si el TLCAN fue firmado bajo el espíritu de Houston, el ASPAN fue rubricado en Waco, Texas. El TLCAN fue impuesto por Daddy Bush, mientras el ASPAN lo fue por Baby Bush. Quizá fuera más correcto aseverar que, más que una texanización gradual y transgeneracional de México, se trata de su siniestra bushización: el peor de todos los cataclismos globales.

Judicial Watch ha divulgado algunos de los documentos confidenciales en torno al ASPAN, avalado posteriormente por Calderón (como era de esperase), donde se plasma la privatización total de México, primordialmente de los hidrocarburos, mediante el “Consejo de la Competitividad de América del Norte”: un conglomerado de empresarios parásitos beneficiados tanto por el TLCAN como del “TLC bis”. Esta situación la hemos expuesto in extenso en nuestro reciente libro La desnacionalización de Pemex (Editores ORFILA, 2007).

Curiosamente, la tragedia geopolítica que hoy vive la transfrontera fue prevista en forma omnisciente desde 1996 por Caspar Weinberger, anterior secretario del Pentágono (con prólogo de la británica Maggie Thatcher), en su libro La próxima guerra.

Justamente en nuestro libro La desnacionalización de Pemex explayamos la “ruta trágica de los hombres perversos”, parodiando al filósofo galo René Girard, que inicia con el TLCAN, el “TLC bis” y el desmantelamiento de la otrora banca mexicana para facilitar y concentrar el lavado de dinero.

Todo se encontraba escrito en el muro. Siete días después al 11 de septiembre de 2001, el muy influyente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos –donde fulguran pomposamente los exasesores de seguridad nacional Kissinger y Brzezinski, para percatarse de la dimensión geoestratégica en juego– lanza el ultrajante cuan infame documento Los nuevos horizontes en las relaciones EU-México, avalado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuya lista del lado “mexicano” encabezan, para citar a los más ignominiosa e hiperquinéticamente conspicuos: Jesús Federico Reyes Heroles González Garza (anterior secretario de Energía con Zedillo, exembajador de México en Estados Unidos, dueño de GEA, la empresa fraudulenta de encuestas; luego exdirector de Petróleos Mexicanos y, sobre todo, cabildero de las trasnacionales petroleras texanas), Jaijo Jaime Serra Puche, el facilitador zedillista-cordobista del “efecto tequila” que puso en bandeja de plata la extranjerización de la banca mexicana, y el venezolano-israelí Andrés Rozental Gutman (medio hermano de Jorge Castañeda Gutman), cuyo cuñado el argentino-israelí Andrés Holzer Newman fue implicado en el escándalo “Irán-Contras”: la triangulación de armas-cocaína-lavado de dinero entre el Pentágono, Israel e Irán, cuyo engendro es nada menos que el Edificio Omega de Paseo de Reforma (frente al Campo Marte). Figuran también otras beldades empresariales y académicas “mexicanas” que preferimos obviar y que han sido extensamente expuestos ante la opinión pública.

Luego de Los nuevos horizontes, vino la firma del ASPAN que delinea el “perímetro de seguridad” de Estados Unidos con Canadá y México, programado para 2010 y que en su momento expusimos que sería la fecha para la incorporación forzada del “México neoliberal” al Comando Norte de Estados Unidos, y cuyo propósito primordial se centra en el control de los pletóricos hidrocarburos del Golfo de México.

A cada presidente “mexicano” le ha correspondido jugar su papel, asignado en la nueva tragedia geopolítica de México. Después de la entrega teórica de México a Estados Unidos por Fox –a quien se le escapó en una entrevista a CNN el proyecto de la creación de una divisa común norteamericana (que no pocos creen sería el “amero”)–, viene el desarrollo de los acuerdos secretos del ASPAN, que han aflorado obscenamente debido a sus nuevas enmiendas e iniciativas con el panista Calderón, quien avanza la integración en materia de seguridad –mediante la Iniciativa Mérida/Plan México, similar al Plan Colombia, donde Estados Unidos ha instalado siete bases militares en fechas recientes– y la fusión energética mediante la “reforma energética” de privatización de los hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México, en connivencia con la tríada “priista” Beltrones-Labastida-Gamboa.

La espada de Damocles que pende sobre la cabeza de México, en caso de desviarse del mapa de ruta de su programada fagocitosis por el Comando Norte, es su balcanización como ha amenazado Stratfor, un centro de pensamiento texano-israelí, lo cual abordamos recientemente en Contralínea del 17 de enero de 2010.

En el lapso de la segunda mitad de marzo y en el lapso de 15 días sucedieron micro-eventos concatenados al esquema general programado (Bajo la Lupa, La Jornada, 24 de marzo de 2010) que a nuestro juicio, aceleraron la fagocitosis del “México neoliberal calderonista” al Comando Norte.

No es gratuito que, en fechas recientes, dos de los propagandistas turiferarios a la incorporación de México al Comando Norte, el sionista Jorge Castañeda Gutman y el chetumaleño-cordobista-filosionista Aguilar Camín, hayan intensificado en conjunto su exigencia de evisceración de la nación mexicana y hayan llegado hasta pretender en forma sicótica que “México no es Latinoamérica” (siendo México el más “latinoamericano” de toda Latinoamérica, debido a sus profundas raíces milenarias civilizatorias y culturales, cuando Estados Unidos es apenas un país de creación reciente y carente prácticamente de historia).

Detrás de la propaganda de la dupla Castañeda Gutman/Aguilar Camín se ha colocado en la segunda fila Federico Reyes Heroles González Garza, cuya empresa Transparencia Internacional ha sido delatada por el relevante portal Réseau Voltaire (de Francia) como “un seudópodo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”. Un poco más atrás de sus tres aliados “intelectuales” y “demócratas”, se ha colocado el sionista-aznarista-calderonista Enrique Krauze Kleinbort, miembro del siniestro Comité del Peligro Presente que cobija a los super-halcones de Estados Unidos.

En nuestro libro comentamos que el Comando Norte fue creado un año después del ultrajante documento Los nuevos horizontes y representa la columna vertebral de los acuerdos secretos de la ASPAN.

El Comando Norte incluye el control de la seguridad del Estrecho de Florida y del Golfo de México, donde abundan los hidrocarburos que en medio de la crisis energética global cobran un valor geoestratégico inconmensurable.

Hace un año, lo cual expusimos con antelación en nuestra colaboración en Bajo la Lupa (La Jornada, 15 de abril de 2009), en una reunión en Washington, nada menos que el secretario del Pentágono Bob Gates conminó al líder priista del senado Manlio Fabio Beltrones a aprobar la Iniciativa Mérida calderonista para que así México sea incorporado al Comando Norte.

Desde entonces, varios “cenadores” –unos glotones del poder sin escrúpulos, más que verdaderos senadores– de todos los partidos de “México” han acudido sin rubor a la sede del Comando Norte en Springs, Colorado, para ser indoctrinados y condicionados al estilo conductista pavloviano.

Un grupo dilecto de “cenadores”, donde no podía faltar un representante de los Chuchos del Partido de la Revolución Democrática (hoy calderonistas), acudió a la sede del Comando Norte cuatro días después de los lamentables asesinatos de estadunidenses en Ciudad Juárez y cinco días antes del programado encuentro de Estados Unidos con Calderón, y cuya delegación fue encabezada coreográficamente por Hillary Rodham Clinton, la secretaria de Estado.

Lo más relevante de la reunión, prácticamente censurada por los medios calderonistas (que casi son todos, con sus heroicas excepciones), fue la presencia avasallante de Bob Gates, secretario del Pentágono; el almirante Michael Mullen, jefe de las fuerzas armadas conjuntas, y Dennos Blair, director de todos los servicios conjuntos de espionaje.

¿Fue ya incorporado el “México calderonista” al Comando Norte, como parte de los acuerdos “secretos” de la ASPAN y como extensión natural de la Iniciativa Mérida/Plan México, sin que lo sepamos en forma oficial los ciudadanos?

FUENTE: CONTRALÍNEA 177 / 11 DE ABRIL DE 2010

Delega Pemex en trasnacionales la perforación y otras operaciones

La Jornada
12 de abril de 2010

Delega Pemex en trasnacionales la perforación y otras operaciones

Israel Rodríguez

 

La capacidad operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las especialidades de perforación, terminación y reparación de pozos ha disminuido notablemente a partir de 1980, mediante la transferencia de sus actividades al sector privado, revelan informes oficiales de la paraestatal.

El mayor desarrollo de la perforación, terminación y reparación de pozos a cargo de las compañías contratistas se da durante el último lustro, debido a los contratos otorgados en Chicontepec y en la cuenca de Burgos donde operan, casi en forma exclusiva, trasnacionales extranjeras.
De acuerdo con información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con la solicitud número 185700017410, la paraestatal contaba hace 30 años con 172 equipos propios para la perforación de pozos, mientras los equipos de las compañías contratistas eran solamente 45 para un total de 217 plataformas. Es decir, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 80 por ciento de los equipos.
Esta situación se revirtió, y para enero de 2010 los equipos propios de Pemex para la perforación descendieron a 68 y se mantienen otros 58 más pequeños para la terminación y reparación de pozos, lo que hace un total de 126. En tanto, los equipos de perforación de las compañías contratistas internacionales se elevaron a 180 (170 equipos para perforación y 10 más para terminación de pozos), para un gran total de 306 equipos.

Sobrecosto de $12 mil 879 millones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la revisión de la cuenta pública 2008 que la paraestatal pagó un sobrecosto de 12 mil 879 millones de pesos a empresas privadas que contrató por el mismo trabajo que Pemex realiza y que le cuesta menos.

El desplazamiento de las actividades estratégicas de PEP por las empresas privadas se observa con más detalle cada quinquenio, pues mientras en 1980 la paraestatral contaba con 172 equipos de perforación, para 1985 descendieron a 153, y desde 1990 se mantiene con 68 equipos de perforación y 58 para terminación y reparación de pozos, para un total de 126 plataformas.
En 1995 ningún equipo de empresas transnacionales operaba en México. En 2000 se incrementaron a 15, entre equipos de perforación y para terminación de pozos. Luego aumentaron en 2005 a 67 de perforación y 12 de reparación, y en enero de 2010 llegaron a 170 equipos de perforación y otros 10 para reparación y terminación de pozos.

México, con el peor nivel de salud en la OCDE

Revista Contralínea
11 de abril de 2010
México, con el peor nivel de salud en la OCDE
Nydia Egremy

Cada año, México aporta de manera “voluntaria” 50 mil euros al grupo Horizontal en Salud de la OCDE; sin embargo, se sitúa entre los países que menos recursos per cápita designan internamente a la sanidad. Apenas dispone de dos médicos por cada 1 mil habitantes, una cama de hospital por cada 1 mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por 1 millón de habitantes. Los mexicanos tienen la menor expectativa de vida respecto de los demás miembros del organismo; mientras que la incidencia de dengue, tracoma, lepra y desnutrición –consideradas enfermedades de la pobreza– aumenta

La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”.

A pesar de que México es una de las 15 principales economías del mundo, su población ostenta niveles de salud muy bajos en todas las evaluaciones de los organismos nacionales e internacionales. El informe Indicadores del desarrollo mundial 2009, del Banco Mundial, destaca que en 2006 –última etapa de medición con la que cuenta–, el gasto per cápita de México en ese rubro fue de 527 dólares, un monto que sitúa al país debajo de otros 37 en una escala de 152. Por su parte, las Estadísticas 2009, de la Organización Mundial de la Salud, colocan al país en el último lugar de América en número de partos atendidos por personal de salud calificado, superado por Antigua y Cuba, que tienen el ciento por ciento de atención.

Ese estudio revela que sólo en Chiapas hay 15 mil afectados de tracoma –un mal causado por la bacteria Clamidia trachomatis– que les provocará ceguera antes de los 50 años. Dos años atrás también detectó 243 casos de lepra. Entretanto, se intensificó el dengue, enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypty y para la que no hay vacuna, según declaró Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), en mayo de 2009.

La prevalencia en México del virus de inmunodeficiencia adquirida es de 267 personas de 15 años por cada 100 mil habitantes, que supera a Cuba, con una tasa de 67, y a Bolivia, con 132, cita el informe de la OCDE. La incidencia de tuberculosis sumó 20 casos por cada 100 mil habitantes en enero de 2009; el año anterior, la Secretaría de Salud de Sonora descubrió 600 nuevos casos, indicó Mauricio Castañón, investigador de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Además, la desnutrición crónica y la obesidad infantil constituyen un doble problema de salud pública, pues en una persona coexisten las enfermedades ocasionadas por la nutrición deficiente y las ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como manifestó Salvador Villalpando Hernández, director de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto de 2009.

Al respecto, el informe de 2009 de la OCDE mostró que la tasa de obesidad de los mexicanos era del 30 por ciento de la población, la segunda más alta después de Estados Unidos. Como ese mal causa diabetes o asma, el estudio advierte que en el futuro se presentarán problemas sustantivos de salud, “así como un mayor gasto relacionado con ese problema”.

Al pasar revista a los recursos humanos, físicos y tecnológicos que el gobierno mexicano destina a la salud, el análisis de esa organización refiere: “Virtualmente, en todas las dimensiones para las que existen datos disponibles, México permanece abajo del promedio”. Aunque en la década pasada aumentó el número de doctores per cápita, de un médico por 1 mil habitantes en 1990 a dos en 2007, aún está lejos de la media de otros países, con 3.1, y el número de camas en hospitales era de una por 1 mil habitantes, casi un cuarto del promedio de la OCDE, de 3.8 camas por 1 mil habitantes.

En la década pasada, en la mayoría de los países de la OCDE, creció la disponibilidad de tecnologías para el diagnóstico, como unidades para tomografía computarizada, escáneres y resonancia magnética (MRI). En contraste, el número de unidades de MRI en México fue el más bajo de los 30 miembros de esa organización, con 1.5 por 1 millón de habitantes, comparado con un 11 unidades por 1 millón de personas en promedio; el número de escáneres en este país fue de cuatro por 1 millón contra una media de 20.

Sin derecho a la salud

El estudio Evolución del gasto en salud 2003-2009, elaborado por Elsa García y Krystian Méndez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (septiembre de 2009), indica que la asignación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2009 fue de 48 mil 617 millones de pesos, una asignación que presenta una variación negativa de 2.7 por ciento respecto de 2008.

Con datos del Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Petróleos Mexicanos.

En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1.

Al respecto, el ingeniero químico Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud del Senado, explica que “lamentablemente la desnutrición se encuentra en muchas regiones del país” porque México es un país de contrastes, por esa razón, “tenemos el primero o segundo deshonroso lugar en niños obesos y también en desnutridos”. Opina que el origen de esa situación radica en que “algunas entidades” no prestan atención a ese rubro y destinan a “otras cosas” los recursos que les hace llegar la federación, “como lo que estamos viendo en Oaxaca”.

El legislador por Coahuila del Partido Acción Nacional subraya que, pese a tal rezago, “ha habido avances en este campo desde hace seis años”, cuando el Seguro Popular comenzó a operar a nivel federal. Comenta que antes de esa fecha, “era impensable” que quienes tienen menos recursos accediesen a los servicios de salud si no eran derechohabientes, pues “tenían que pagar de su bolsa toda atención; ahora gran parte del presupuesto se ha ido a ese programa”.

Saro Boardman sostiene que, actualmente, el 85 por ciento de la población está protegido por el Seguro Popular. Anticipa que para 2012 tendrá una cobertura del 95 por ciento. Considera que el desafío mayor para el sistema de salud es que “está fraccionado”: el IMSS por un lado, el ISSSTE por otro, con estructuras distintas y con excesos, como las “altísimas” pensiones con edades de jubilación muy tempranas.

Negado el derecho a la información

La posibilidad de conocer las aportaciones de la Ssa a la OCDE desde 1994, por concepto de compromisos, proyectos y programas, así como los nombres de los comisionados a la sede de ese organismo para asistir a sus reuniones, se dificultó cuando la dependencia negó poseer esa información.

Esto ocurrió cuando el abogado Humberto Hernández Haddad presentó la solicitud de información pública, con folio 001200187509, el 13 de julio de 2009. Seis meses después, el solicitante interpuso un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, que resolvió que todos esos datos debían ser accesibles. Sin embargo, la documentación que proporcionó la dependencia fue escasa.

En su respuesta, distintas direcciones de la Ssa afirman que no poseen los datos o cifras solicitadas; pero se pudo conocer que anualmente esa dependencia federal aporta 50 mil euros a la OCDE. También indica que funcionarios de alto nivel asisten a reuniones en París, Francia.

El desglose que proporcionó la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa muestra que, entre 2002 y 2008, esa dependencia aportó a la OCDE 3 millones 910 mil 947 pesos. A su vez, el oficio DA/1918/09 del 17 de julio de 2009, del director administrativo de la Ssa, dirigido al titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, indica que esa dirección sólo tramita el pago de la contribución voluntaria dirigida a la OCDE, “cuyo monto asciende a 50 mil euros”, aunque resalta que a esa fecha no se había efectuado el pago correspondiente a 2009.

La información de la Ssa sobre los funcionarios que han asistido a reuniones en la sede de la OCDE carece del cargo y unidad administrativa a la que pertenecen y no detalla los viajes realizados en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, sólo se desglosan las comisiones de 2008 y 2009, y no fue proporcionado ningún informe de esas comisiones.

Para identificar el rango y unidad administrativa a la que pertenecen los funcionarios comisionados a la sede de la OCDE, se consultó el portal de la Ssa: una leyenda advierte que la “reestructuración” en esa dependencia afecta la “estructura no básica” de las unidades administrativas, por lo que en el directorio “aparecen áreas no habilitadas”. En realidad, no aparece ningún dato. Sólo se tienen los datos que proporcionó la encargada de la Unidad de Análisis Económico de la Ssa (cuyo nombre tampoco aparece), quien envió el oficio UAE/091/09 al director del Centro de Documentación Institucional el 29 de julio de 2009. Ahí se indica que Jacqueline Arzoz Padrés, economista y doctora en ciencias políticas, de la Unidad de Análisis Económico, acudió a la reunión “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”, del 5 al 17 mayo de 2008.

Cinco meses después, del 24 al 28 de octubre, Arzoz regresó a París para asistir a la reunión “Políticas de precios en el mercado global: asegurando el acceso promoviendo la innovación valorada”. Casi en los mismos días (del 25 al 28 de octubre de 2008), la licenciada Mariana Barraza Llorens, directora general adjunta de Políticas de Financiamiento, acudió al “Simposio de alto nivel sobre políticas de precios de productos farmacéuticos”.

En 2009, la doctora María Cristina Gutiérrez Delgado, de la Unidad de Análisis Económico, participó en la reunión de expertos para el “Análisis del efecto de la obesidad en la salud poblacional”, del 27 al 30 de abril. Y del 8 al 12 de junio, la doctora Arzoz formó parte de la delegación mexicana que participó en el examen sobre el estudio económico actual de ese organismo.

En cuanto a las erogaciones de la Ssa por los viajes de sus funcionarios a actividades de la OCDE, sólo se obtuvo información correspondiente a 2007 y 2009. Ahí se observa que el doctor Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica, asistió del 18 al 27 de mayo de 2007 a la “Tercera reunión del comité de salud”, cuya comisión significó una erogación por 33 mil 525 pesos.

Del 21 al 25 de septiembre de ese año, la licenciada Mariana Barraza Llorens asistió a la “Tercera reunión de expertos sobre políticas de medicamentos”: la Ssa pagó 14 mil 637 pesos. La comisión del doctor González Pier a la reunión “Fuerza de trabajo de salud y migración internacional”, del 15 de noviembre de 2007, y a la segunda sesión del “Comité de salud”, del 19 al 20, representó un costo de 51 mil 497 pesos.

En mayo de 2008, la Ssa erogó 49 mil 916 pesos por el viaje de la doctora Jacqueline Arzoz Padrés, que asistió a la conferencia “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”. En octubre, esta funcionaria asistió a la reunión “Asegurar el acceso promoviendo la innovación valorada”, que representó una erogación por 18 mil 375 pesos. La asistencia de la licenciada Barraza Llorens al simposio de alto nivel sobre políticas de productos farmacéuticos, que se celebró con un día de diferencia de la anterior funcionaria, representó un gasto de 7 mil 291 pesos.

En el curso de 2009, la actuaria María Cristina Gutiérrez Delgado asistió del 27 al 30 de abril a la reunión de expertos para el “Análisis de la obesidad en la salud poblacional”: la Ssa erogó 19 mil 199 pesos. La doctora Arzoz Padrés viajó del 8 al 12 de junio en la delegación que participó en el examen sobre el estudio económico global: la dependencia erogó 18 mil 660 pesos. El último dato que aporta la Ssa es el viaje de Panagiota Panapoulou a la reunión del Comité de Expertos en Indicadores de Características de Sistemas, que se realizó del 12 al 16 de septiembre, por un monto de 10 mil 397 pesos.

Entre los beneficios de ser miembro de ese organismo, la Ssa destaca “el intercambio de información y experiencias” en políticas de salud y la identificación de mejores prácticas. Refiere que México también participa en la definición de estrategias de precios de medicamentos, pues es el país dentro de la OCDE con el consumo farmacéutico per cápita más bajo –menos de una cuarta parte de la media–; señala que, a pesar de los bajos ingresos per cápita, los precios de los fármacos en México son relativamente altos.

Para Hernández Haddad, la presencia de México en el llamado “club de París” constituye una “extravagancia onerosa que consume enormes recursos financieros”. Aprecia que esa membresía debería ajustarse a “nuestra realidad”, acreditando a un vocero que auspicie la revisión del modelo económico vigente y cancelar los gastos excesivos que ahí se realizan.

Los secretos del Libro Blanco

La respuesta de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre sus erogaciones ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere que los países miembros proporcionan contribuciones voluntarias adicionales para apoyar el trabajo en salud del Comité de Salud. Tanto la Dirección Administrativa de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social como la Dirección General de Relaciones Internacionales manifestaron que México realiza contribuciones voluntarias, a partir de 2003, por 50 mil euros, para apoyar las actividades del Grupo Horizontal en Salud.

Adicionalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) indica en la página 26 de su respuesta al solicitante que, al buscar información relativa a la materia, “pudo localizar el Libro Blanco de la Secretaría de Salud”, que se denomina “Aportaciones a Organismos Internacionales”, correspondiente al periodo comprendido del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006.

Según el IFAI, ese libro, cuya finalidad es exponer la situación del cumplimiento de los compromisos contraídos por la Ssa en aportaciones a organismos, programas y proyectos internacionales, describe, en el apartado correspondiente a la OCDE, que “dicha organización, por conducto del Grupo Horizontal de Salud, lleva a cabo” las tareas de análisis de las políticas nacionales de salud, elaboración de recomendaciones para mejorar dichas políticas, publicaciones relativas a temas específicos de políticas de salud y desarrollo de bases de datos con información de los países miembros.

Agrega el IFAI que el apartado denominado “OCDE” señala que el beneficio de que México participe en el Grupo Horizontal de Salud “es fundamentalmente el intercambio de información y experiencia en materias de políticas de salud”. Agrega que, en 2005, la OCDE realizó un estudio sobre el sistema de salud de México e hizo recomendaciones para mejorar su sistema.

FUENTE: CONTRALÍNEA 17 / 11 DE ABRIL DE 2010

Phase 2 of the Drug War

Phase 2 of the Drug War

Laura Carlsen | April 9, 2010

Americas Program, Center for International Policy (CIP)

The top brass of U.S. and Mexican security personnel met on March 24 in Mexico City to discuss the failed drug war, amid an onslaught of bad news. Commandos gunned down 15 teenagers partying in a working class neighborhood on Feb. 2. Just 11 days before Sec. of State Hillary Clinton's visit, three individuals related to the U.S. Consulate were gunned down by hitmen in the streets of Ciudad Juarez. President Calderon has a political crisis of confidence on his hands. The mothers of the murdered teenagers interrupted his public apologies after he stated that their children were involved in illegal activities (insinuating they somehow deserved what they got), shouting angrily and protesting his security strategy in the beleaguered city. Across the country, citizen groups are calling for an end to military involvement in the fight against drug cartels and an end to the drug war that has brought repression, militarization, violation of human rights by security forces, and a huge increase in bloodshed. A majority of Mexicans believe the drug war is failing, according to recent polls. U.S. diplomatic reinforcements for the drug war arrived in Calderon's hour of need. The high-level consultation meeting was beefed up to include Secretary of Defense Robert M. Gates; Secretary of Homeland Security Janet A. Napolitano; Director of National Intelligence Dennis Blair; Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism John O. Brennan; Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Michael G. Mullen; Immigration and Customs Enforcement Assistant Secretary for Homeland Security John Morton; Acting Deputy Attorney General Gary G. Grindler; Office of Foreign Assets Control (OFAC) Director Adam Szubin; Office of National Drug Control Policy Acting Deputy Director of the Office of Supply Reduction Patrick Ward; and Drug Enforcement Administration Acting Administrator Michele M. Leonhart. The Merida Initiative that provided Mexico with $1.3 billion dollars in aid, much of it military-to-military aid, ended with the 2010 appropriations passed by Congress. Even George W. Bush—one of the most pro-military presidents in U.S. history— designed the initiative as a three-year cycle and not an indefinite intervention. Someone should have put the nails in the coffin of this ill-begotten Bush plan before congressional hawks and defense company lobbyists could resurrect it. President Obama should have remembered his own words at the April 2009 Summit of the Americas, when he underlined the importance "… in our interactions not just here in the hemisphere but around the world, that we recognize that our military power is just one arm of our power, and that we have to use our diplomatic and development aid in more intelligent ways so that people can see very practical, concrete improvements in the lives of ordinary persons as a consequence of U.S. foreign policy." As the lives of Mexicans are placed at risk due to a drug war backed by the U.S. government that is anything but intelligent, he should have announced a new aid package to Mexico based on building strong communities and rule of law. But, alas, the opposite happened. Even before the Merida Initiative ended, Sec. of State Clinton was eagerly announcing its indefinite extension, with no exit strategy or—one could plausibly argue in light of the results—any effective strategy at all. Now the administration has gone back to Congress with a request for $310 million dollars to pour mostly into outsourced defense, private security, and IT contracts. The "Merida 2" initiative discussed at the March meeting looks suspiciously like Bush's Merida 1, repackaged. Despite the demonstrated lack of progress in controlling cartels and preventing human rights abuses in the first three years, the military focus continues. Reduced military spending does not indicate a change in strategy. Although Sec. of Homeland Security Janet Napolitano voiced the obvious but taboo subject of the failure of the current strategy, saying that the military presence "hasn't helped anything," the drug war is still a war and the cartels are still winning. The "Joint Statement of the Merida Initiative High-Level Consultative Group on Bilateral Cooperation Against Transnational Organized Crime" announced "four strategic areas" for the new Merida Initiative: Disruption of the capacity of criminal organizations that act in both countries, through the systematic weakening of their operational, logistical, and financial structures and capabilities. Mutual support for the continuous improvement of the framework for security and justice and the strengthening of public institutions of both countries that are responsible for combating organized crime, including the promotion of the full observance of human rights and active civil society participation. Development of a secure and competitive border for the 21st century, based on a bilateral and comprehensive approach, that increasesour global competitiveness through efficient and secure flows of legitimate commerce and travel while ensuring citizen safety and disrupting the illicit trade of drugs, weapons, bulk cash, and other goods. Building strong and resilient communities which includes supporting efforts to address the root causes of crime and violence, promote the culture of legality, reduce illicit drug use, promote a broader perception of the links between drug use and crime and violence, and stem the flow of potential recruits for the cartels by promoting constructive, legal alternatives for young people. The areas could be a partial basis for a new approach. But that's not likely. The areas are not backed up by changes in the focus of aid. The meeting was attended by high-level security and defense officials—USAID officials and drug czar Gil Kerlikowske were not present. There is no mention of serious, funded efforts to reduce corruption and trafficking in the United States. Most importantly, the issue of opening the debate on regulating marijuana out of the hands of organized crime was discarded even though statistics show this is the main income for thugs who purchase U.S. arms on the black market, shoot civilians in the streets of Juarez, and terrorize whole neighborhoods, and California is poised to vote on a referendum on the issue. For those who believe that the new strategy will be a kinder and gentler approach, Napolitano dropped a political bombshell when she told NPR that the Mexican government has requested U.S. Army assistance in Mexico's drug war. Here is the NPR exchange: Interviewer: Are you saying that (Mexican President Felipe) Calderon has expressed an openness toward a uniformed, U.S. military presence within Mexico? Napolitano: Yes. Let me be very, very clear (because) this is a very delicate subject. ... Our military in certain limited ways has been working with the Mexican military in their efforts against the drug cartels. But, it is at the request of the Mexican government, in consultation with the Mexican government. And it is only one part of our overall efforts with Mexico, which are primarily civilian in nature. As expected, voices in the Mexican press have reacted with alarm at the prospect of U.S. Army presence in Mexico. It is critical that citizen groups continue to work with our U.S. and Mexican partners to monitor the drug war and urge a more integral approach that demilitarizes Mexico and undercuts organized crime that feeds off illicit drug sales in the United States. In these efforts, we firmly believe that the U.S. government must provide non-defense aid to Mexico to offer alternatives to the successful recruiting of youth by cartels and create horizons of hope for crisis-stricken communities. In security, the key to transnational cooperation lies not in foreign intervention but in a dedicated effort to fight the corruption within one's own borders. Mechanisms to exchange information and carry out transnational operations to clean up financial institutions that launder money must be expanded. But the United States must stop acting like the drug war is a Mexican plague and turn its attention to the impunity that organized crime enjoys on its own turf and within its own institutions. When you follow the money, that's where the buck stops—and is neatly pocketed by some of the world's most brutal and powerful criminals. Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) is the director of the Americas Program (www.americaspolicy.org) for the Center for International Policy in Mexico City.

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Fase 2 de la Guerra contra las Drogas

Laura Carlsen | 9 de abril de 2010

Traducción por: Nayeli Monetro

Programa de las Américas

www.ircamericas.org

Los más altos funcionarios de seguridad de EUA y México se reunieron el 24 de marzo en la Ciudad de México para discutir la fallida guerra contra las drogas, en medio de una avalancha de malas noticias. Comandos armados acribillaron a tiros a quince jóvenes que festejaban en un barrio de clase trabajadora el 2 de febrero y tan solo 11 días antes de la visita de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, tres individuos relacionados al consulado de los Estados Unidos fueron asesinados por sicarios en las calles de Ciudad Juárez. El Presidente Calderón tiene una crisis política de confianza en sus manos. Las madres de los jóvenes asesinados interrumpieron la disculpa pública del presidente, gritando furiosamente y protestando sobre su estrategia de seguridad en la atormentada ciudad, después de que el presidente declarara que los jóvenes estaban involucrados en actividades ilegales (insinuando que de alguna forma los jóvenes merecían lo que les había sucedió). Mientras tanto en todo el país grupos de ciudadanos están haciendo un llamado para poner fin al involucramiento militar en la lucha contra carteles y la guerra contra las drogas que ha generado represión, militarización, violación de los derechos humanos por las fuerzas armadas y un gran incremento en el derramamiento de sangre. De acuerdo a encuestas recientes una gran mayoría de mexicanos creen que la guerra contra las drogas no está funcionando. Los refuerzos diplomáticos de EUA para la guerra contra las drogas llegaron a Calderón justo en el momento de mayor necesidad. La reunión consultiva de alto nivel fue integrada por el Secretario de Defensa Robert M. Gates; la Secretaria de Seguridad Nacional Janet A. Napolitano; el Director de Inteligencia Nacional Dennis Blair, el Asesor Presidencial en Seguridad Nacional y Contraterrorismo John O. Brennan, el Jefe del Estado Mayor Conjunto Almirante Michael G. Mullen, , el Subsecretario de Seguridad Interior para Inmigración y Aduanas John Morton, el Subprocurador General Interino Gary G. Grindler, el Director de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros Adam Szubin, el Subdirector Interino de la Oficina de Reducción del la Oferta de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca Patrick Ward, y la Administradora Interina de la Agencia Antidrogas Michele M. Leonhart. La Iniciativa Merida que dotó a México con $1.3 billones de dólares en ayuda, la gran mayoría de corte militar, terminó con la asignación hecha en 2010 por el congreso. Incluso George W. Bush—uno de los presidentes más pro-militares en la historia de los Estados Unidos—diseñó la iniciativa para un ciclo de tres años y no como una intervención indefinida. Alguien debería ponerle punto final a este plan mal concebido de Bush antes de que voces congresistas y empresas de defensa militar cabildeen y puedan resucitar dicho plan. El presidente Obama debería recordar sus propias palabras de abril 2009 en la Cumbre de las Américas cuando el subrayo la importancia "en nuestras interacciones no solo aquí en el hemisferio pero alrededor del mundo, donde reconocemos que nuestro poder militar es solo una arma de nuestro poder, y que hemos usado nuestro desarrollo y ayuda diplomática en formas mas inteligentes para que la gente pueda ver mejoras practicas y concretas en la vida de las personas ordinarias como consecuencia de la política exterior de los EUA". Mientras la vida de los mexicanos se pone en peligro debido a la guerra contra las drogas planeada por el gobierno de los Estados Unidos que representa todo menos algo inteligente, el presidente debió haber anunciado un nuevo paquete de ayuda para México basado en la construcción y la cohesión de comunidades fuertes y un estado de derecho. Desgraciadamente lo opuesto ha sucedió. Incluso antes de que la Iniciativa Mérida finalizara, la Secretaría de Estado Clinton anunciaba con mucho entusiasmo su extensión indefinida, sin estrategia de salida o—se podría argumentar de manera plausiva a menester de los resultados—ninguna estrategia efectiva. Ahora la administración ha regresado al Congreso con una petición de $310 millones de dólares la mayoría para utilizarse en seguridad privada, contratos de tecnología de información y defensa subcontratada. La Iniciativa "Mérida 2" discutida en el encuentro de marzo sospechosamente luce como la Iniciativa "Mérida 1" de Bush solo que reconstruida. A pesar de la demostrada falta de progreso para controlar a los carteles y prevenir el abuso de los derechos humanos durante estos primeros tres años, el enfoque militar persiste. La reducción del gasto militar no indica un cambio en la estrategia aunque la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano habló sobre el obvio pero tabú tema del fracaso de la estrategia actual, diciendo que la presencia militar "no ha ayudado en nada", y que la guerra contra las drogas sigue siendo una guerra que los carteles aun siguen ganando. La "Declaración Conjunta de la Iniciativa Mérida del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre Cooperación Bilateral en contra del Crimen Transnacional Organizado" anuncio "cuatro áreas estratégicas" para la nueva Iniciativa Mérida: Desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países, mediante el debilitamiento sistemático de sus redes, estructuras y capacidades logísticas, operativas y financieras. Apoyo mutuo para la educación continua del marco para la seguridad y justicia y el fortalecimiento de las instituciones públicas de ambos países responsables del combate a la delincuencia organizada, incluyendo la promoción de la plena observancia de los derechos humanos y de la participación activa de la sociedad. Desarrollo de una frontera segura y competitiva par a el siglo XXI, basada en un enfoque bilateral e integral que fortalezca nuestra competitividad global al facilitar el flujo legitimo de mercancías y personas mientras procura la seguridad de los ciudadanos e interrumpe los flujos de drogas, armas dinero en efectivo y otras mercancías ilegales. Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países. Favoreciendo el desarrollo integral de los individuos. Ello incluye apoyar los esfuerzos para atender las causas de raíz del crimen y la violencia, promover la cultura de la legalidad, reducir el uso de las drogas ilícitas, promover una mayor percepción de los vínculos entre el uso de drogas y el crimen y la violencia, y cerrar el flujo de posibles asociados a los carteles al promover alternativas legales y constructivas para la gente joven. Estas áreas pueden ser las bases parciales para un nuevo enfoque. Pero eso no es muy probable. Las áreas no fueron creadas para cambios en el enfoque de ayuda. Al encuentro asistieron —altos funcionarios de seguridad y defensa—funcionarios de USAID y el Zar de los drogas Gil Kerlikowske no estuvieron presentes. No hay mención de esfuerzos fundados serios para reducir la corrupción y el tráfico en los Estados Unidos. Y más importante aún, fue el problema de abrir el debate de legalizar la marihuana para sacarla de las manos del crimen organizado lo que ha sido desechado aun cuando las estadísticas muestran que es el principal ingreso de los criminales que compran armas americanas en el mercado negro, que asesinan civiles en las calles de Juárez y que aterrorizan vecindarios completos. California está abierta a votar y tener un referéndum sobre el tema. Para aquellos que creen que la nueva estrategia será un enfoque suave y sutil, Napolitano lanzó una bomba política cuando dijo en NPR (Radio Nacional Público) que el gobierno de México había solicitado la asistencia del ejército de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Aquí el extracto del NPR: Entrevistador: ¿Está diciendo que (el presidente mexicano Felipe) Calderón ha expresado una apertura hacia la presencia uniforme del ejército estadounidense en México? Napolitano: Sí. Déjeme ser más clara (porque) este es un asunto muy delicado…Nuestro ejército en ciertas formas especificas ha estado trabajando con el ejército mexicano en sus esfuerzos en contra de los carteles de droga. Pero, (lo estamos haciendo) por una petición del gobierno mexicano y en consulta con el gobierno de México. Y solo es una parte de nuestros esfuerzos generales con México, los cuales son principalmente civiles en naturaleza. Como era de esperarse, voces en la prensa mexicana han reaccionado con alarma en relación a la posible presencia del ejército americano en México. Es crítico que grupos de ciudadanos continúen trabajando con nuestros camaradas de EUA y México para monitorear la guerra contra las drogas y urgir a un enfoque más integral que desmilitarice México y reduzca el crimen organizado que alimenta las ventas ilícitas de drogas en los Estados Unidos. En estos esfuerzos, creemos firmemente que el gobierno de EUA debe de brindar ayuda de carácter no-militar para México con el fin de ofrecer alternativas exitosas al reclutamiento de jóvenes por los carteles y crear horizontes de esperanza para las comunidades que han sido golpeadas por esta crisis. En seguridad, la clave para la cooperación transnacional no recae en intervención extranjera sino en un esfuerzo dedicado para luchar contra la corrupción dentro de nuestras propias fronteras. Mecanismos para intercambiar información y llevar a cabo operaciones transnacionales para limpiar instituciones financieras que laven dinero deben de ser expandidos. Pero los Estados Unidos deben de dejar de actuar como si la guerra contra las drogas fuera una plaga mexicana y girar su atención a la impunidad con la que el crimen organizado cuenta sobre su propio patio y dentro de sus instituciones. Cuando seguimos el flujo de dinero podemos encontrar las respuestas a dicho problema, y al fin y al cabo es este dinero que es cuidadosamente guardado por algunos de los criminales más poderosos y brutales del mundo. Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es la directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) para el Center for International Policy en la Ciudad de México.

Mexico's New Dirty War

Mexico's New Dirty War

Kent Paterson | April 5, 2010

Americas Program, Center for International Policy (CIP)

Forced disappearances, murders of activists and politicians, attacks against journalists, and other violations of human rights are reminiscent of dirty war tactics. Carlos Montemayor broke a political taboo. An astute social analyst and prolific writer, Montemayor's novels about the leftist guerrilla uprisings and state repression of the 1960s and 1970s recovered the memory of the dirty war from the historical dustbin. Although the Mexican government still guards the fates of hundreds of people disappeared by its security forces during the dirty war as state secrets, Montemayor's literary contributions helped puncture an official silence at a time when popular forces were struggling to make Mexico a more democratic and just country.   Montemayor's untimely death on February 28 came during a year when Mexico celebrates the twin anniversaries of the 1810 War of Independence and 1910 Revolution, events that unleashed pent-up historical aspirations for land, freedom, democracy, and equality. Ironically, the dirty war the Chihuahua-born intellectual so brilliantly recreated is back in force just in time for Mexico's historic year. From Chiapas in the south to Chihuahua in the north, forced disappearances, murders of activists and politicians, attacks against journalists, and other violations of human rights are steadily mounting. While many elements of the first dirty war endure, new ingredients fan the flames of the second one. While Washington's Cold War was the banner for state-sanctioned violence during the last century, Washington's so-called drug war is the ideological cloak for today's repression. Many regions of Mexico are immersed in low-intensity wars that coincide with a growing state intolerance toward labor and social movements. Examples include the beatings of fired utility workers by members of the Federal Police, and ongoing counterinsurgency operations against resurgent guerrilla movements of the left. The mother of Mexico's human rights movement and founder of the Comite Eurkea, Mexican Senator Rosario Ibarra de Piedra, compared ongoing events to the dirty war of decades ago, when her young son Jesus was detained by Mexican security forces and disappeared. According to Ibarra, Calderon's drug war and the criminalization of social protest are driving a new dirty war. In a recent Mexico City speech, the legendary human rights advocate called on Mexicans from all social movements to close ranks and defend one another. "We demand commitment and decision of struggle to change this situation," she said. "We call out for nobody to remain indifferent to the pain of so many people." Frequently, it is difficult to know where one conflict commences and another finishes, or where the murky underworld starts and the above-ground political system ends. Time and again, former or current members of the security forces are implicated in gangland activities. According to the Notimex news agency, Mexican Defense Secretary General Guillermo Galvan recently admitted to senators that 15,000 ex-soldiers had been arrested for crimes. An illustrative case is in the southern state of Guerrero, where narco-violence, rebel uprisings, long-running political feuds, and historic social conflicts brew in an explosive stew. With more than 600 people still missing from the 1970s state repression, Guerrero was ground zero of the first dirty war. Now, the chronically impoverished state is a strategic front in the latest one. The Bloody Beaches of Paradise This month's pitched battles and narco-executions in Acapulco and other regions of the state left 58 people dead from March 13-15 alone. Yet the murders racked up that weekend are but a sampling of the bloodshed that extends across Guerrero. The violence involves competing drug cartels, paramilitary groups, Mexican security forces, and several armed rebel organizations, including the Revolutionary Army of the Insurgent People (ERPI). Last May, the ERPI's Commander Ramiro gave a press conference to Mexican reporters in which he revealed years of clashes between the guerrillas and "narco" paramilitary groups. Reputed to enjoy a popular following, Ramiro was mysteriously gunned down in the remote village of Palos Grandes last November. Hercilia Castro, a human rights activist with Guerrero Network of Non-Governmental Organizations, helped document the murders of three brothers in the mountain village of Puerto Las Ollas last November. Alejandro Carcia Cortes, 19, Bertin Garcia Cortes, 18, and Rogelio Garcia Valdovinos, 15, were shot and given the classic coup d' grace. "This really affected me personally. I was moved by the pain of the mother who told me how she found the bodies of her sons," Castro said. "The boys were the joy of the community. They were among the most lively. You know how there is always someone that stands out?" Castro said multi-layered conflicts pervade the isolated, high mountain communities of Coyuca de Catatlan and Petatlan. Land for drug cultivation, roads for contraband smuggling, and trees for illegal timber are prize commodities coveted by drug cartels backed by paramilitary groups. The residents, Castro said, could be in the way of ambitious forces seeking to cleanse and take control of the region. Reached by dirt roads that become impassable during the rainy season, Puerto Las Ollas is like many rural communities. No health clinic exists, and only one teacher is available to teach students of all ages. Raids by paramilitary groups and soldiers make the men afraid to work their fields, Castro said. "The misery of the population is palpable," she added. Nationwide, Mexico's National Human Rights Commission received 3,399 complaints against the military from 2007 to the end of 2009, including allegations of rapes, homicides, arbitrary detentions, and tortures, according to Human Rights Watch. In a recent report, the non-governmental group noted that only three personnel were initially found guilty of human rights crimes, including a soldier who received a nine-month sentence for the shooting death of a civilian at a military checkpoint. The spike in human rights violations paralleled Washington's $1.3 billion Merida Initiative that provides training and equipment to security forces in Mexico and Central America. Currently, officials in the United States and Mexico are laying the groundwork for Merida 2. Violence Mars an Election Pre-Season Leading up to the 2011 state elections, a new surge of politically-tainted killings is jarring Guerrero. In February, four leaders of the center-left Party of the Democratic Revolution (PRD) were gunned down in different parts of the state: Jose Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernandez Palacios, nd Antonio Bahena Nava. Quoted in El Sur, longtime Guerrero PRD leader Rosario Herrera stressed that 28 leaders of her party have been killed in Guerrero since 2005. Last year, the PRD coordinator of the Guerrero State Congress, Armando Chavarria, was assassinated before he could launch his widely-expected bid for the governorship. Since its founding in 1989, the center-left PRD has been a frequent target of repression. A founder of the PRD in Zihuatanejo, Obdulia Balderas recalled how the state government repressed the new opposition party that was protesting electoral fraud, by killing and injuring protestors at the international airports of Acapulco and Zihuatanejo. Returning from a Mexico City visit, Balderas remembered visiting fellow party members in a Zihuatanejo hospital. "There was never any justice," said the retired school teacher. While the early wave of repression against the PRD was politically motivated, the reasons for the most recent round of violence against party members are less clear, according to Balderas. Even as the death roll of PRD members increases, the earlier slaying and disappearance of more than 200 PRD militants in Guerrero, especially during the formative years of the political organization between 1989 and 1996, remains unsolved. To the dismay of Guerrero residents, human rights violations soared after a popular reform candidate supported by the PRD, former Acapulco Mayor Zeferino Torreblanca Galindo, was elected governor five years ago. Violence increased during a period when the PRD, a party that rose from the ashes of the dirty war under the banners of justice and democracy, held not only the governorship but the state legislature and many municipal governments as well. "This represents a throwback to the dirty wars of the 1970s," said Hercilia Castro. "It is a small taste for public opinion of how Guerrero is the example of the eternal dirty war, of how repression takes place. This is a slice of what we are going through in the entire country." Many recent killings have been tied to the underworld wars, but citizens of all stripes have been among the victims. A grassroots organization, the Committee of Relatives and Friends of the Kidnapped, Disappeared, and Murdered, was organized to press for justice. On the third anniversary of the disappearance of Jorge Gabriel Ceron, a Chilpancingo architectural student and community activist who was kidnapped by an armed commando in March 2007, the citizens' committee issued a statement: "We have underscored how so-called organized crime is part of the state, of private enterprise, and of the political class, which in the final analysis, is responsible for the public insecurity, corruption, terror, and impunity in which the citizenry in general lives, and of which Jorge Ceron, his family, and all of us have been victims." Originally trained by the Mexican Army in the 1990s, paramilitary groups are resurfacing in the southern state of Chiapas as well, where recent attacks have been registered against pro-Zapatista communities and other opposition organizations. The dirty war intensified after President Calderon took office in late 2006. The next year, Popular Revolutionary Army leaders Edmundo Reyes and Gabriel Cruz were arrested and disappeared in Oaxaca. They have not been found and are feared dead. In 2008, two leaders of the indigenous Organization for the Future of the Mixtec People, Raul Lucas and Manuel Ponce Rosas, were kidnapped, allegedly by police officers, and murdered in Guerrero. Late last year, Mariano Abarca, a prominent anti-mining organizer in Chiapas, was shot to death in Chicomuselo, where farmers had waged a struggle against a barite mine run by the Canadian-Mexican firm Blackfire Exploration, Ltd. The recent disappearance and murder of activists closely followed the failure of the administration of former President Vicente Fox to successfully prosecute government officials, including ex-President Luis Echeverria, implicated in dirty war crimes, and the dissolution of the special prosecutor's office in charge of probing the dirty war by the Calderon administration. The Drug War as Cover The drug war serves as a convenient cover for the new repression. In Ciudad Juarez and the state of Chihuahua, numerous activists have been murdered or disappeared since 2008, the year when a war erupted between two competing cartels and the army was dispatched to ostensibly quell the violence. Among others, the victims have included anti-kidnapping activist and Mormon community leader Benjamin LeBaron, farm protest leader Armando Villareal, university professor Manuel Arroyo, human rights activist Alicia Sainz, street vendor leader Geminis Ochoa, and Josefina Reyes, a former PRD elected representative and outspoken army critic. No one has been arrested or sentenced for the crimes. On March 2, Ernesto Rabago Martinez was murdered in Chihuahua City. A member of the Bowerasa Civil Association, Rabago helped defend indigenous Raramuri involved in a land battle against powerful interests in the community of Carichi. Rabago's killing capped nearly a year of attacks against Carichi's defenders and indigenous leaders. In response to the Rabago assassination, the Chihuhaua City-based Cossydhac human rights organization and the Women's Human Rights Center demanded an end to the criminalization of activists, and protection for human rights defenders who the two groups said live between "commitment and risk." Moreover, the daily drug war carnage in Ciudad Juarez (approaching 5,000 slayings since January 2008) obscures and minimizes issues like the land conflict between long-time residents and members of one of the city's influential families. Engaged in a court battle, residents of the Lomas de Poleo neighborhood have repeatedly complained of aggressions by armed private security guards operating under the noses of the police and army. A recent report of the UN High Commissioner for Human Rights documented 128 acts of aggression against human rights defenders and family members between Jan. 1, 2006 and Aug. 31, 2009. Despite the issuance of protective orders by government officials, the aggressions continue. In recent months, several organizations defending indigenous rights in the La Montana region of Guerrero have experienced a pattern of surveillance, break-ins, and even death threats. On Mar. 18, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) issued a statement of alarm over new death threats and harassment against members of the Me'phaa Indigenous Peoples Organization. Disclosing that several of the threatened activists had been suggested by the IACHR as witnesses in two international court cases against the Mexican state, one of which involves the alleged rapes of two indigenous women by Mexican soldiers in Guerrero in 2002, the Organization of American States' official human rights body reminded the Mexican government that previous protection orders had been issued for the Me'phaa activists and that the government had an obligation to protect the defenders. "The Commission also recalls that the work of human rights defenders is critical for the construction of a solid and lasting democratic society, and they play a leading role in the process to fully implement the rule of law and to strengthen democracy," the IACHR declared. Commitment to Human Rights Put to the Test Almost daily, national and international rights advocates denounce the deteriorating human rights landscape in Mexico. Since the beginning of the year, a slew of critical reports and recommendations have come from Amnesty International, Human Rights Watch, the United Nations Human Rights Committee, U.S. State Department, members of the European Parliament, and many others. The Calderon administration's response to the barrage of criticism has been contradictory. Though some officials readily acknowledge problems, defensiveness and political posturing are still operative reactions. Countering the U.S. State Department's latest report, Brigadier General Benito Medina Herrera rejected the notion that the armed forces violate human rights. Military personnel, General Medina told Notimex, receive human rights training and principles from the "lowest levels" to the highest generals. Perhaps the litmus test of Mexico's real commitment to international human rights standards will be the Calderon administration's response to a historic 2009 decision by the Organization of American States' Inter-American Court of Human Rights. In an obligatory sentence publicized last December, the Court held the Mexican state responsible for the disappearance of Rosendo Radilla, a former mayor of Atoyac de Alvarez, Guerrero, who disappeared during the first dirty war in 1974. In the presence of his young son, Radilla was picked up by Mexican soldiers at a roadblock and whisked away, never to be seen again. The Court ordered the Mexican state to clarify Radilla's disappearance, reform the military code of justice that shields soldiers from prosecution for civilian crimes, compensate family members for damages, and publish the entire sentence in the official government record and a publication of national circulation. The federal government will also have to conduct a public ceremony acknowledging its guilty role in Radilla's disappearance, and erect a plaque in memory of the man in Atoyac de Alvarez. Radilla's daughter Tita is the vice president the Association of Relatives of the Detained, Disappeared, and Victims of Human Rights Violations in Mexico (AFADEM), a group that has worked tirelessly for decades demanding justice for Radilla and other dirty war victims. Together with the non-governmental Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH), whose lawyers pursued the Radilla case internationally, AFADEM hailed the Court's action as a vindication of its struggle and a positive step toward ending institutional impunity for human rights crimes. The Court gave Mexico one year to submit a report detailing progress in complying with the sentence. Even though the Mexican government has posted the sentence on the federal attorney general's website, it has been slow in complying with other parts of the sentence, said Humberto Guerrero, the CMDPDH's legal director. Most importantly, relatives still don't know Radilla's fate, he said. According to Guerrero, the UN Human Rights Committee raised the Radilla case at a recent New York meeting. Present for the session, Mexico's military prosecutor told committee members that the armed forces were working on changing the military code of justice at an "opportune moment," Guerrero said. Compliance with the Radilla sentence, he added, will determine whether or not the Mexican government reinforces the "message of impunity" that prevails in the country. "Failure to comply with the sentence implies that Mexico does not have the will to confront its authoritarian past," Guerrero contended. "Mexico has a new opportunity. It had an opportunity in 2000 with Fox and the special prosecutor, and now it has one with this case." Kent Paterson is a freelance journalist who covers the southwestern United States, Mexico, and Latin America. He is an analyst for the Americas Program at www.americaspolicy.org.

La ONU presenta plan para evitar conflictos en Chiapas

La Jornada
9 de abril de 2010
Se aplicará en Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá y Ocosingo
La ONU presenta plan para evitar conflictos en Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 8 de abril. La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó que sus cuatro agencias presentaron hoy el programa Prevención de conflictos y construcción de paz en comunidades con personas internamente desplazadas en Chiapas, cuyo objetivo es lograr la reducción de los conflictos mediante el diálogo y la negociación permanentes entre los desplazados, las comunidades de acogida y las instituciones de gobierno.
El programa, que se aplicará en los municipios de Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá y Ocosingo, ubicados en el norte de Chiapas, también busca alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, y se articula con la política pública del gobierno estatal al contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad en las comunidades con desplazados internos, agrega en un comunicado de prensa.

Sostuvo que la construcción de la paz en sociedades en conflicto es más compleja, particularmente en aquellas comunidades que presentan un alto grado de marginación y pobreza. Este programa impulsa el desarrollo de las capacidades locales para construir consensos y adaptar experiencias exitosas de otros conflictos a localidades en Chiapas, donde las contradicciones se han dirimido por medio de la intimidación y la agresión física, y han derivado, en algunas ocasiones, en violencia.

Explicó que de manera inmediata los responsables del programa se abocarán a completar un diagnóstico que permita obtener información detallada y fidedigna del número de desplazados, su ubicación y situación en este momento; así como para identificar la factibilidad y el deseo de retornar a sus lugares de origen.

Antes, diplomáticos e integrantes del gabinete estatal participaron en la inauguración oficial de las nuevas oficinas del Sistema de las Naciones Unidas en San Cristóbal de Las Casas.

Plan México 2030 / Séptima y última parte

04.04.2010
Plan 2030: ocupación integral de México
Nancy Flores

El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye gráficamente los principales objetivos de la ocupación

Otros textos de la serie:

1. Proyecto México 2030: la venta de un país
2. Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
3. Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
4. Plan México 2030: desmantelar la seguridad social
5. Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
6. Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
7. Plan 2030: ocupación integral de México

/ Séptima y última parte





El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.

Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.

En dos décadas, México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.

La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.

Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.

Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.

Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.

Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.

Privatizar el Estado posrevolucionario

Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.

El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.

—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.

Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.

“Guerra social”

La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.

—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.

El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura actual señala que esa guerra “contra las drogas”, el proceso de militarización y de control social van emparejados al plan México 2030. “Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes”.

Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. “Desafortunadamente sí va a continuar con esa política represiva, bastante militarista”.

Más aun, históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su “arma número uno”: eso ha ocurrido desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam.

Agrega que “la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado (del mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo están imponiendo en México”.

La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es “ilegal, anticonstitucional y fascista”, señala Moctezuma Barragán. “Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras”.

Añade que en el plan transexenal “está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación”. Por ello, dice, “lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un gobierno de paz”.

Lo ya privatizado

Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.

Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.

Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).

Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.

En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.

En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.

De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).

Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Resistencia, única vía para frenar el plan

—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.

El politólogo y antropólogo explica que “hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando”: el .07 de la población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional.

Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. “No sólo vemos el desastre ecológico manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de los que viven en la más profunda de las miserias”.

—Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver con el Plan Colombia.

Gilberto López y Rivas añade: “Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras”.

No obstante, critica que la actual resistencia ­­–con expresiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– “está fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y estratégica que tiene el plan México 2030”.

Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo “despierta”, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. “Se ha llegado al límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, que están a punto de estallar”.

López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la población no indígena. “Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea, va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos”.

Agrega que “los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México”.

—Fortalecer todos los campos de la resistencia nacional y de la resistencia popular es el único camino que se vislumbra en el futuro para poder resistir este proyecto México 2030.

Para la elaboración de la serie de reportajes México 2030, Proyecto de Gran Visión, Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

[RECUADRO]

Pérdida de soberanía nacional

La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y Rivas.

—Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, que favorece los planes de Estados Unidos.

El politólogo y antropólogo explica que en los terrenos militar y de inteligencia “se acabó ya la supuesta autonomía que tenía México”. La insistencia de participar en operativos militares internacionales refleja el estrecho control que existe ya con los proyectos estratégicos de Estados Unidos, dice.

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia detalla que México sólo está jugando un papel semejante al de una oficina de migración extraterritorial de Estados Unidos.

Por su parte, Pablo Moctezuma Barragán señala que la Constitución prohíbe que el Ejército Mexicano dependa de un ejército extranjero. “Esto viola gravemente la Constitución, por eso les estorba tanto”.

El doctor en estudios urbanos refiere que “necesitamos recuperar la soberanía nacional y la soberanía popular; materializar los derechos que se han conquistado y que nos están escamoteando. Todo esto implica un movimiento transformador, un movimiento revolucionario con un cambio estructural profundo”.

—En esta década se tiene que transformar la realidad, porque ya llegamos al límite en el que el país está en una situación de desintegración y de caos. Habemos mexicanos que no lo vamos a permitir. A ver de qué cuero salen más correas. (NF)



FUENTE: CONTRALÍNEA 176 / 4 DE ABRIL DE 2010