Plan México 2030 / segunda parte

Revista Contralínea
28 de Febrero de 2010
Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
Nancy Flores

El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión


En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.

Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.

El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.

El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.

Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.

Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.

El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.

El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.

“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.

No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.

Los objetivos del plan

Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.

Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.

Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.

El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.

El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.

Estado de facto

Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.

Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.

—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?

—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.

Derechos humanos, un fracaso

El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.

Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.

“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.

Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.

No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.

Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.

Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.

La resistencia, única opción

En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.

De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.

Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.

Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.

La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.

Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.

Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.

Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.

Limitar al Congreso, uno de los fines

El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” es la de la ley para crear la policía nacional.

Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. “Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia”.

Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”.

Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”.

Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”.

No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad.

Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”.

El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia.

Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”. (NF)

La trampa de los contratos de Pemex

28.02.2010

La trampa de los contratos de Pemex

Javier Jiménez Espriú

 

Después de año y medio de aprobada la reforma energética, el consejo de administración de Pemex, cuya instalación con los nuevos consejeros profesionales tardó bastante más de lo normal, dio a conocer, hace un par de semanas, las reglas para la contratación de servicios de la paraestatal.

De inmediato surgieron voces de protesta objetando las reglas para los contratos incentivados que esconden, sin mucho cuidado, los contratos de riesgo, específicamente prohibidos por la Constitución y uno de los puntos que trajo mayores críticas y produjo la mayor polémica en los debates sobre la reforma propuesta por el presidente Calderón, y que finalmente quedó descartado.
Un grupo de diputados encabezados por Jaime Cárdenas, del PT, promovió una controversia constitucional que requería el apoyo de la fracción del PRI para lograr en número de votos necesarios para presentarla ante la Suprema Corte de la Nación.
El diputado Francisco Rojas, coordinador de la fracción de ese partido, independientemente de la posición contraria del senador Manlio Fabio Beltrones, manifestó en principio su apoyo, señalando que había lugar a la controversia constitucional.
La rápida reacción de la Secretaría de Energía de modificar la redacción de los contratos para que no hubiera duda de la intención de ajustarse a la ley y evitar así una controversia constitucional, a todas luces perdida, no deja dudas sobre varios puntos:

1.- La regulación aprobada por el consejo de administración de Pemex permite los contratos de riesgo.
2.- Demuestra palmariamente el nulo respeto de funcionarios y autoridades del sector, a la opinión de la mayoría, que en un debate abierto se manifestó en contra de dichos contratos y más grave aún, en contra de la ley que surge del debate.
3.- La obcecación del gobierno para suscribir dichos contratos con los que se entregaría a los contratistas parte del producto obtenido, que es patrimonio de la nación.
4.- La reiterada manipulación para transgredir la ley, a través de reglamentos secundarios.
En alguna ocasión, después de aprobada la reforma, expresé que se había logrado detener la entrega de Pemex, pero que no había que bajar la guardia porque vendrían nuevos embates. No pensé sin embargo que fueran tan pronto ni que fueran tan burdos.
Después de que como se dice vulgarmente los agarraron en la maroma, supongo que no nos pedirán que tengamos confianza en ellos, y que muestren los contratos revisados antes de cometer la barbaridad de suscribirlos. No sea que hayan querido chamaquear al diputado Rojas, para que transcurriera el tiempo límite para la presentación de la controversia constitucional.
Ya no pierdan más tiempo en artimañas a ver si alguna trampa tiene éxito, porque el tiempo es, como el petróleo, recurso no renovable, y como el petróleo, se nos está acabando.

U.S. and Mexican forces, sharing patrols for the first time, take on drugs and migration. Corruption is feared.

latimes.com

February 17, 2010

Joint effort targets border crime

U.S. and Mexican forces, sharing patrols for the first time, take on drugs and migration. Corruption is feared.

By Sebastian Rotella

Reporting from Nogales, Ariz.

In a politically sensitive operation at the Arizona- Mexico border, U.S. Border Patrol agents and Mexican federal police officers are training together, sharing intelligence and coordinating patrols for the first time.

The goal of the historic partnership: a systematic joint attack on northbound flows of drugs and migrants, and southbound shipments of guns and cash. It is part of a major, unannounced crackdown started in recent months involving hundreds of U.S. and Mexican officers in the border's busiest smuggling corridor.

The initiative appears likely to expand. Homeland Security Secretary Janet Napolitano and Mexican Public Safety Secretary Genaro Garcia Luna will sign a declaration Thursday in Mexico City agreeing to replicate the experiment. Eventually, officials say, joint operations borderwide could lead to the creation of a Mexican force serving as a counterpart to the Border Patrol -- an agency once regarded with nationalistic aversion in Mexico.

"We are planting a seed of binational cooperation that interests all of us," Mexican federal police Cmdr. Armando Trevino said Tuesday in Nogales. "We are fighting a common enemy. We are going to work together like friends, like comrades, like brothers."

Political urgency drives both sides. The Obama administration needs results on border security in its uphill campaign for immigration reform. Mexican President Felipe Calderon's government wants progress in its war on drug mafias.

But the unprecedented effort faces imposing obstacles: violent drug cartels, long-standing Mexican reluctance to interfere with illegal immigration into the United States and a legacy of corruption that has scuttled past enforcement efforts.

"There's so much potential for corruption," said Jennifer Allen, executive director of the Border Action Network, a migrant advocate group in Arizona. "It could be destined for failure. . . . Right now law enforcement in Mexico cannot compete with the trafficking networks. It can't compete with the money, the power."

In the 1990s, the Border Patrol worked closely with Grupo Beta, an elite Mexican police unit. After a promising start, the unit faltered under allegations of wrongdoing and functions today as an unarmed humanitarian agency.

Nonetheless, Tuesday's visit by Trevino was full of signs that times are changing. The 69-year-old lean, white-haired, retired army general leads the Sonora, Mexico, contingent of the federal preventive police, which conducts street-level enforcement involving major crimes and patrols highways and airports.

Trevino watched a training session in which green-uniformed U.S. instructors shouted directions as nine Mexican officers in blue uniforms, goggles and helmets roared through mud and water on all-terrain vehicles that the Border Patrol uses to chase border-crossers.

Mexican officers, who undergo U.S. background checks, also train in close-quarters firearms techniques and medical rescue skills. The Border Patrol plans to vet and train several hundred Mexican federal officers who also will learn behavioral analysis and ways to detect contraband concealed in vehicles.

Trevino and U.S. chiefs took a rattling hour's drive over a dirt mountain road to inspect a remote base housing a dozen live-in agents. Trevino plans to set up two "mirror" bases south of the U.S. outposts to interdict smugglers, who use horses and ultra-light aircraft in the rugged terrain.

Joint U.S.-Mexican operations got underway when a detachment of Mexican federal police arrived in the Mexican state of Sonora about two months ago. They began communicating daily with the Americans and responded to security threats, disrupting smugglers' hilltop lookouts and breaking up rock-throwing gangs who often clash with U.S. agents in melees that have resulted in injuries, shootings and diplomatic tensions.

"There has been a decrease in rockings after their deployment," said Al White, the Border Patrol agent-in-charge in Nogales.

The Mexican forces also have developed new southern barriers to smuggling drugs and people. Trevino has deployed five roving checkpoints in Sonora that have pushed marijuana traffickers west from traditional land routes to emerging, more complicated maritime smuggling efforts on the Sea of Cortez, officials say.

The Border Patrol will send two liaison agents to Trevino's headquarters in Hermosillo; two Mexican officers will work at the Border Patrol station in Nogales.

"The coordination will make our pursuits more flexible so we can stop criminals from ducking back and forth across the border," Trevino told his U.S. counterparts, adding that his agency "is most ready to seal the border to put an end to this organized crime."

However, Trevino said that while his officers aggressively pursue smugglers, they do not intend to interfere with Mexicans crossing north illegally if there is no evidence of other criminal activity. The policy is dictated by longtime Mexican political sensitivity and public opinion, experts say.

Nonetheless, Mexican Ambassador Arturo Sarukhan praised the Arizona-Sonora model as part of an enforcement "sea change" resulting from government cooperation and the rising frequency of drug traffickers who also smuggle people.

"Drug smuggling organizations have diversified their portfolio," he said in an interview. "As organized crime has developed its footprint, we have to do so as well and combat all kinds of trafficking."

Border Patrol officials say the Mexican anti-smuggling effort helps disrupt the flow of illegal migrants and is the most they can hope for at the present time. Smugglers have retaliated against the five-month U.S. crackdown, dubbed the Alliance to Combat Transnational Threats.

Gunmen with automatic rifles wounded a Border Patrol agent in December. A month earlier, a sniper on Mexican turf fired volleys at the U.S. port of entry, causing havoc but no injuries. Officials suspect it was payback for the seizure of $300,000 by U.S. inspectors.

In addition to the more recent cooperation with Mexico, U.S. border agencies have deployed extra personnel in the Tucson sector, which leads the southwest border in arrests and marijuana busts.

They have begun concerted scrutiny of southbound traffic and pedestrians, a rare practice at the international line. The checks have enabled inspectors to seize $2.2 million in smuggled cash and identify more than 3,000 illegal immigrants since October. Although U.S. officers have seized only five weapons in that period, Mexican customs inspectors found 41 assault rifles hidden in a vehicle a month ago.

Bolstered defenses have caused an odd reverse scenario: Smugglers based in Tucson and Phoenix occasionally try to smuggle people and goods south into Mexico, officials say.

Meanwhile, the Sinaloa drug cartel has launched an offensive to take control of Nogales, Mexico, from the Beltran Leyva cartel. January brought 40 killings in the city and a spate of attacks on police officials. There are fears that gangsters could target the Border Patrol's new Mexican allies.

"Yes, it could increase danger for us," said Capt. Eduardo Pena, a 23-year veteran, after the training session. "But we are not going to back down."

The cultural change resulting from the joint operation seems profound. For years, the Border Patrol had a negative image among many Mexicans and Latinos, fed by film stereotypes of sadistic, racist agents. The caricature obscured the reality that many U.S. border agents are Latino and that the Border Patrol has improved relationships with Mexican consulates and migrant advocates.

But U.S. and Mexican officers admit the alliance would have been hard to imagine not long ago.

"It's historic," Pena said. "I was based in Tijuana 15 years ago, and there were bad feuds between the federal police and the Border Patrol. There was a bad image, the old ugly image of the Border Patrol. But now there is a new partnership. Good citizens won't dislike this collaboration. Criminals will dislike it."

sebastian.rotella@ propublica.org

Rotella is a senior reporter at ProPublica in Washington.

 

Copyright © 2010, The Los Angeles Times

Inexistente, el estado de derecho en Juárez: EU

Portal web revista Proceso

25.02.2010

Inexistente, el estado de derecho en Juárez: EU
J. Jesús Esquivel

 

 WASHINGTON, 24 de febrero (apro).- La secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, denunció hoy que el estado de derecho en Ciudad Juárez, Chihuahua, es inexistente, pese al embate del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga.
“Juárez es una ciudad de 1.5 millones de habitantes, que esta ahí, cruzando el puente del otro lado de nuestra frontera, y ahí el estado de derecho se ha perdido de manera efectiva”, declaró Napolitano ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado estadunidense.
Napolitano, quien la semana pasada sostuvo una reunión en la capital mexicana con el presidente Felipe Calderón, explicó a los legisladores la necesidad del gobierno de Barack Obama de impulsar estrategias conjuntas para derrotar a los cárteles de la droga.
“Los cárteles, en esencia, tienen sus huellas en las comunidades al otro lado de la frontera de Estados Unidos”, indicó la funcionaria federal.
Luego de presentar a los senadores su propuesta presupuestal para el año fiscal 2011, Napolitano admitió que en el gobierno de Obama existe preocupación por la situación de violencia que se vive en México, en particular en ciudades como Juárez.
Sin embargo, manifestó su confianza en que por medio de las labores binacionales contra el crimen organizado se pueda ir aminorando ese reto y amenaza.
“Estamos muy preocupados por la situación en México, pero también estamos muy entusiasmados por los esfuerzos que estamos observando y que ha adoptado el gobierno federal mexicano”, aclaró la titular de Seguridad Interior.
El gobierno de Obama se ha mantenido en la línea general de apoyo a la lucha militarizada contra el narcotráfico del gobierno de Calderón, pese a que en el Capitolio son crecientes las denuncias de violación de derechos de parte del Ejercito Mexicano.
“Estamos usando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para colaborar con el gobierno mexicano en esa zona”, acotó Napolitano.

U.S. to embed agents in Mexican law enforcement units battling cartels in Juarez

Washington Post foreign service
February 24, 2010

U.S. to embed agents in Mexican law enforcement units battling cartels in Juarez
By William Booth

CIUDAD JUAREZ, MEXICO -- For the first time, U.S. officials plan to embed American intelligence agents in Mexican law enforcement units to help pursue drug cartel leaders and their hit men operating in the most violent city in Mexico, according to U.S. and Mexican officials.

The increasingly close partnership between the two countries, born of frustration over the exploding death toll in Ciudad Juarez, would place U.S. agents and analysts in a Mexican command center in this border city to share drug intelligence gathered from informants and intercepted communications.
Until recently, U.S. law enforcement agencies have been reluctant to share sensitive intelligence with their Mexican counterparts for fear they were either corrupt or incompetent. And U.S. agents have been wary of operating inside Mexican command centers for fear they would be targeted for execution in the sensational violence and lawlessness in Ciudad Juarez that left more than 2,600 people dead last year.
But those attitudes are changing amid strong support from Washington for President Felipe Calderón's war against the cartels, including a $1.4 billion aid package. The Obama administration views spiking drug violence in Mexico as a direct threat to U.S. security and has taken unprecedented steps toward on-the-ground cooperation with Mexican authorities. It is seeking an additional $310 million for drug enforcement aid for Mexico in its 2011 budget.
Under the new arrangement, U.S. law enforcement officers, most likely from an agency such as the Drug Enforcement Administration, would work alongside recent graduates of the new Mexican federal police academy who were trained by FBI and DEA advisers as part of the U.S. aid package.
In another departure from past practice, vetted federal police agents from Mexico might gain greater access to drug intelligence centers in the United States.
"The idea is to take our full technological and human capabilities and put them at the service of a willing partner to address what is a crisis situation," said a senior U.S. official in Mexico who spoke on the condition of anonymity because a bilateral meeting on the arrangement -- which does not require congressional approval -- is scheduled this week.
The actions come as Calderón faces mounting criticism for his failure to demonstrate progress in the battle for Ciudad Juarez, a gritty industrial town across the border from El Paso that has become one of the most dangerous places in the world despite the presence of 10,000 soldiers and police officers.
Although Mexican authorities have for months said they were working on a new strategy to confront the violence in Ciudad Juarez, they have little to show for their efforts.
The federal attorney general's office in Ciudad Juarez has prosecuted one case of organized crime. Of the 2,670 homicides recorded here last year, state prosecutors have mounted 37 murder cases.
"Few of these will ever go to trial," said Jorge González, head of the state public defender's office in Juarez.
As an example, González said that although state prosecutors trumpeted the August arrest of four men they said were assassins responsible for 211 killings, no formal charges have been brought against the suspects, who allegedly work for La Linea, a group composed of former police now employed by the Juarez drug cartel.
"It's all for show," González said, "all for the cameras."

'A horrible error'

A massacre of 15 people last month, including 10 teenagers attending a birthday celebration, may have been a watershed event -- at least politically.
After blocking off the streets, more than a dozen gunmen burst into the party and went on a rampage. Several of the dead were well-known football players at a local high school. After the massacre, Calderón enraged residents by suggesting that the young victims may have been involved with drugs and were possibly killed by rival gangs.
Calderón and his supporters point out that most of the more than 17,000 people killed in the country's drug war have been narcotics traffickers and other criminals -- though the Security Commission of the Mexican Senate reports that among the dead are 620 women, 1,500 police officers and 87 soldiers.
"It was a horrible error and an insult to these kids and their families, because it was absolutely clear that the vast majority of them were just kids in high school and junior high, athletes, what we would call 'normal kids,' " said José Luis Piñeyro, a military analyst in Mexico City who frequently writes about the drug war.
Though Ciudad Juarez is the front line of his fight against the cartels, Calderón has been an infrequent visitor -- what one U.S. official called "an absentee president." But after the students were killed, Calderón traveled to Juarez twice in less than a week.
At an appearance during his first visit, as he sat beside his wife on a low stage, the mother of two slain teenagers confronted him directly. "I bet that if they had killed your children, you would have looked under every rock to find the killers. But I don't have the resources that you do," Luz María Dávila told Calderón.

A city withering away

Since his inauguration three years ago, Calderón has pursued a U.S.-backed strategy of relying on the Mexican military to confront the cartels fighting for dominance in the billion-dollar corridors to the U.S. drug market. The Mexican troops, who lack law enforcement training or investigative abilities, have made record numbers of arrests, but few of the detained have gone to trial. Instead, the military has been accused of human rights abuses -- coerced confessions, illegal detention, unlawful searches.
"This is an enormous mess. It is now starting to hurt Calderón politically. He cannot point to any success. And he is running out of time," said Jorge Castañeda, a former Mexican foreign minister and now a professor at New York University.
According to U.S. and Mexican officials, the municipal police cannot be trusted, nor can they operate on their own. One U.S. official said a local police chief was caught briefing his cartel bosses via cellphone immediately after planning sessions.
Ciudad Juarez is withering away from violence. The local newspaper El Diario reported last week that more than 2,500 small grocery stores have been shuttered because of extortion attempts or because the city is emptying of residents. The Mexican social security administration says 75,000 people have lost their jobs since 2007, according to a report in the El Paso Times. Analysts estimate that as many as 200,000 people may have fled the city for other parts of Mexico or the United States.
In his visits to Ciudad Juarez, Calderón and his cabinet promised the equivalent of a social surge -- a rapid injection of $50 million to build schools, parks, day-care centers and a sports field to be named after the student victims.
U.S. officials in Mexico say the new Calderón plan, dubbed "We Are All Juarez," will pull the military away from its controversial patrols through the city, replacing troops with federal police supported by several hundred of the newly U.S.-trained investigators from the police academy.
But it is still uncertain what new strategy -- if any -- will be employed. Calderón has promised to keep the military in the fight in Juarez, and the spokesman for the operation, Enrique Torres, said in an interview that 1,200 troops will continue to patrol the city with municipal police.
Calderón has promised results in 100 days.
Researcher Michael E. Miller in Mexico City contributed to this report.

Ya hay más de 50.6 millones de pobres en el país, dice el Coneval

La Jornada
25 de febrero de 2010
El año pasado fue peor que 2008; deben revisarse programas sociales: Hernández Licona

Ya hay más de 50.6 millones de pobres en el país, dice el Coneval

Angélica Enciso L.

 

La pobreza en México creció más durante 2009, por lo que se prevé que actualmente las personas que viven en esa condición superen los 50.6 millones que había hasta 2008. Además, la desnutrición y la mortalidad maternas no han bajado como se esperaba, señaló el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.

Al término de la entrega de reconocimientos a prácticas de evaluación de programas sociales, dijo en entrevista que hasta el momento no se tienen datos sobre el incremento de la pobreza el año pasado. Se sigue monitoreando el proceso; aunque la crisis implicará una pobreza mayor, no se sabe cuánto; 2009 fue peor que 2008.
De acuerdo con el Coneval, con base en información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) realizada en noviembre de 2008 –cuando apenas empezaba la crisis económica–, la pobreza patrimonial creció en 5.9 millones de personas, por lo que ese año había 50.6 millones en dicha condición, mientras que la alimentaria tuvo un incremento de 5.1 millones de personas y se colocó en 19.5 millones.
Explicó que a finales de este año se levantará la encuesta ENIGH para evaluar la situación. La pobreza, que en México es elevada, tiene varios impactos. Lo principal es el desempeño económico del país; cuando una crisis como ésta pega a los ingresos, a los precios de los productos y a los empleos, son factores para que la pobreza se incremente.
A la pregunta de si con esta crisis económica se espera mayor pobreza que en 1995, una vez que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la más severa en 76 años, respondió que aún no se puede saber si en 2010 habrá más pobres que los que se reportaron hace tres lustros. De acuerdo con estadísticas del Coneval, en 1995, 69 por ciento de la población estaba en pobreza patrimonial y 37 por ciento en alimentaria.

Hernández Licona detalló que las circunstancias son distintas; hay mecanismos de protección social que antes no había. El Coneval dirá en 2010 lo que pasó con la pobreza de 2009, año que fue muy complicado para el país.
Asimismo, refirió que el Procampo es un programa regresivo, ya que los recursos no siempre van a la gente en pobreza. El gasto público debe ser progresivo, tiene que llegar a la población con más niveles de pobreza. Dijo que se prepara una evaluación estratégica del programa para analizar los logros que tuvo en los 15 años para los que originalmente estaba previsto”.
Explicó que hay otros proyectos regresivos, que no llegan a los más pobres, como el subsidio a la gasolina, el programa de ingresos objetivo. Mencionó que el problema de apoyar medidas regresivas es que deja menos recursos para atender la pobreza.
Durante la entrega de reconocimientos, indicó que la evaluación tiene el objetivo de proveer información válida y confiable que apoye el análisis de la política de desarrollo social y la mejora continua de los programas, para que se facilite a las autoridades articular políticas públicas que brinden resultados.

Sempra Energy construirá y operará ductos de Pemex y distribuirá gas natural

La Jornada
25 de febrero de 2010
Será uno de los principales abastecedores del energético de la Comisión Federal de Electricidad

Sempra Energy construirá y operará ductos de Pemex y distribuirá gas natural

Víctor Cardoso

La empresa Sempra Energy, incluida en la lista de las 500 más grandes del mundo de la revista especializada Fortune, se convirtió en socia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la construcción y operación de ductos, así como distribución de gas natural en el norte del país.

Esta gasera estadunidense concretó, a través de su filial Sempra Pipelines & Storage, la compra de los activos operados en México por su competidora El Paso Corp, en una operación valuada en 300 millones de dólares. Incluye una sociedad a 50 por ciento con Pemex en la operación de dos ductos de gas natural y un sistema de transporte de gas licuado de petróleo (LP) en el norte del país.
Aunque la transacción todavía está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia (CFC), representa para Sempra Energy la incorporación de activos que la ubican como uno de los principales abastecedores de gas natural para la Comisión Federal de Electricidad; uno de los mayores transportistas del combustible en el norte del país y el proveedor de al menos 90 mil clientes residenciales, comerciales e industriales, particularmente en las ciudades de Mexicali, Chihuahua y en la región de La Laguna, en Coahuila.
Los activos que El Paso tenía con Pemex son el ducto de gas natural en Samalayuca y la estación de compresión Gloria a Dios, en Chihuahua, por medio de la cual se importa gas de Estados Unidos a varias plantas de generación eléctrica en México. También, otros dos ductos de gas natural en Tamaulipas y Monterrey.
En un comunicado de la empresa se hizo referencia a declaraciones del presidente de Sempra Pipelines & Storage, George Liparidis, quien comentó que la nueva compra de activos expande nuestra presencia en una de las regiones con mayor crecimiento en México, y ofrece una entrada al negocio emergente de ductos que transportan gas LP. Estos activos cuentan en su mayoría con contratos a largo plazo e históricamente han proporcionado una fuente de ingresos fuerte y predecible, lo que nos permitirá construir una plataforma de crecimiento más fuerte en el país. La vigencia de los contratos a los que se refirió Liparidis es, en promedio, de 13 años.

Las venas del gas

Una vez aprobada la compra de activos, Sempra Energy será la propietaria y operadora de un ducto de gas natural de 12 kilómetros de longitud en Agua Prieta y de la estación de compresión de Naco, ambos localizados en el estado de Sonora. Mediante este ducto, que corre desde la frontera con Estados Unidos, se abastece el combustible hasta una planta generadora que provee electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También obtuvo 50 por ciento de la propiedad del ducto de gas natural de 37 kilómetros de longitud y 24 pulgadas de diámetro que se ubica entre la población de Samalayuca y la estación de compresión Gloria a Dios, en el estado de Chihuahua. Asimismo es la principal proveedora del combustible que se importa de Estados Unidos a varias plantas generadoras de electricidad en México.
Otro activo incluido es el ducto de gas natural San Fernando, de 114 kilómetros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, en el estado de Tamaulipas, así como el ducto de 185 kilómetros y 12 pulgadas de diámetro que transporta gas LP desde el área de producción de Burgos (localizado entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz), a una instalación de entrega cerca de la ciudad de Monterrey.

McKinsey, que desmanteló Pemex, redacta la estrategia de energía

La Jornada
22 de febrero de 2010

La propuesta será anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, advierten especialistas y académicos

McKinsey, que desmanteló Pemex, redacta la estrategia de energía

Israel Rodríguez

La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadunidense McKinsey, vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano.

El documento realizado por la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para la industria.

Entre los funcionarios que provienen de esta consultoría destacan Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Esteban Levin Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex.

La Sener confirmó que se contrató a la consultoría internacional McKinsey. El Consejo Nacional de Energía (presidido por la titular de la Sener, Georgina Kessel) decidió que era necesario desarrollar un modelo de optimización para el sistema energético mexicano, incorporando una curva de abatimiento de emisiones de gases efecto invernadero, que sirva para analizar las opciones de política energética y llevar a cabo la planeación integral.

La Estrategia Nacional de Energía será entregada al Congreso de la Unión el 26 de febrero para su análisis, observaciones y posterior aprobación en marzo de este año. La Sener destacó que la empresa McKinsey ha desarrollado las curvas de abatimiento de emisiones para diversos países.

A McKinsey se le atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex, con lo que ha migrado de ser una empresa operadora a solamente una administradora de contratos. La participación de la consultora estadunidense se remonta a la década de los noventas, cuando comenzaron los primeros intentos del proceso de privatización del sector energético mexicano.

En esta consultora, que opera en más de 40 países y con más de 4 mil consultores y casi la misma cantidad de personal de apoyo, también laboran ex directores generales de Pemex que se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.

Esta empresa es la encargada de desarrollar el Plan SUMA en Pemex para unificar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola empresa integrada.

Antes de que Carlos Murrieta Cummings fuera nombrado director de operaciones de Pemex en sustitución de Raúl Livas, en octubre de 2009, se desempeñaba como representante en México de la consultora estadunidense.

Carlos Murrieta es primo de Fausto Barajas Cummings, titular del gabinete de infraestructura del gobierno de Felipe Calderón. Su hermano Raúl Murrieta Cummings es el secretario de Finanzas del estado de México.

La reputación de McKinsey ha estado bajo severo escrutinio en diversas ocasiones en los últimos años. En México algunos de los contratos a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas para realizar el proceso de adjudicación, ejecución y control de servicios técnicos, y el correcto registro en la contabilidad y en la cuenta pública.
A nivel internacional, el libro Los hechiceros, escrito por los periodistas John Micklethwait y Adrian Woolddrige, documenta una serie de errores y catástrofes que presuntamente han sido culpa de los consultores de McKinsey.
Otras investigaciones dan cuenta de que el derrumbe de la empresa ferroviaria británica Railtrack, después de diversos accidentes, fue resultado de las recomendaciones de McKinsey, la cual sugirió reducir el gasto en mantenimiento de infraestructura y el pago de dividendos a los inversionistas.
Recientemente McKinsey trabajó para las escuelas públicas de Minneápolis, Minnesota, donde recomendó recortar gastos en la atención de la salud docente y privatizar la educación.
Las organizaciones, que aglutinan a especialistas, académicos, ex trabajadores y consultores del sector energético, como el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, aseguraron y advirtieron que la próxima Estrategia Nacional de Energía tendrá el mismo sentido anticonstitucional, privatizador y desnacionalizante con el que se han conducido las industrias petrolera y eléctrica, como hemos podido constatar en las leyes y los reglamentos petroleros y eléctricos, las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y las recientes disposiciones de contratación emitidas por el consejo de administración de Pemex.
Francisco Javier Carrillo Soberón y Francisco Garaicochea Petrirena, integrantes de ambas organizaciones civiles, anunciaron la realización de un Foro Energético Público Nacional Alternativo para discutir las propuestas que pretenda imponer la Estrategia Nacional de Energía.
Por su parte, la Sener aseguró que el Consejo Nacional de Energía y el foro consultivo tomaron en cuenta las opiniones vertidas en el ejercicio para la elaboración de la Visión 2030, los foros del Plan Nacional de Desarrollo y los foros de la reforma energética para contribuir y enriquecer el contenido final de la estrategia.

Plan México 2030 / Primera parte

Revista Contralinea

21 Febrero 2010 
Proyecto México 2030: la venta de un país
Nancy Flores

Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.

Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Energía y agua, objetivos reiterados

Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.

Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.

En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.

En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.

Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.

Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.

Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).

Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.

“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”

Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.

El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.

Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.

Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.

El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.

La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.

La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.

Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.

Imposiciones autoritarias

La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.

Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.

“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.

Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.

El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.

Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.

El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.

“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.

—¿Sería previsible más represión?

—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.

El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.

Los convidados del poder

Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.

Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).

Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.

Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)

“El México que queremos”, según Calderón

El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:

• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.

• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.

• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.

• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.

• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.

• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”. (NF)

El nuevo colapso neoliberal y su repetida estela de genocidio económico

09-02-2010

El nuevo colapso neoliberal y su repetida estela de genocidio económico

Marcos Chávez M.

Refundación

"[Pero] el sol brillaba, no teniendo otra alternativa, sobre lo nada nuevo". Murphy, 1938

"[Pero] pronto, a pesar de todo, [estaré] por fin completamente muerto". Malone muere, 1952

Samuel Beckett

Entre 1988 y 1994, México era considerado “como un modelo de transición económica y política de un sistema dirigido por el estado hacia una estructura de libre mercado (…), [hecho que le había permitido] alcanzar el estatus cercado al primer mundo”, según Alan Greenspan. [1] Fue considerado como un “alumno ejemplar” por los alborozados promotores y beneficiarios del “consenso” de Washington, como los clasificó taxonómicamente John Williamson; [2] es decir, el gobierno estadounidense, los organismos multilaterales, las grandes corporaciones, los “think tanks” y sus apologistas que se reúnen en Washington, según Paul Krugman, [3] como si fuera un sínodo nocturno bajo la inspiración del platónico “filósofo rey”, para conspirar en contra del resto, porque el gobierno mexicano tuvo la audacia necesaria para arroparse escrupulosamente con los remozados harapos de la decimonónica “modernidad” de la “utopía liberal” y hacer tragar a las mayorías, súbita y brutalmente, sin consenso y contra sus intereses, la “píldora amarga” —expresión de Adam Przeworki— [4] de las políticas estabilizadoras y de ajuste estructural popularmente conocidas como neoliberales. Radicalizó el viraje estratégico en el modelo de desarrollo, iniciado en 1983, hacia el pasado. De una economía cerrada, administrada por el estado y basada en la industrialización sustitutiva de importaciones, a otra completamente abierta, normada por el “librecambismo”, el frenesí empresarial, el estado jibarizado y artrítico, y la subordinación al mercado mundial, bajo el dogma victoriano de las “ventajas comparativas” y la especialización primario-exportadora.
Ese cambio económico vanagloriado, que también destruyó unilateralmente el viejo pacto social capitalista y remodeló la estructura política hasta convertirse en un nuevo proyecto de nación, no fue, en realidad, original. Sólo fue una copia tardía del experimento inaugurado en Chile, Argentina y Uruguay, en los años setenta del siglo XX, donde la “mano invisible” de los chicago boy y la visible manu militari, ambas brutalmente ensangrentadas, estrangulaban a sus respectivos pueblos. El neoliberalismo mexicano nació vigorosamente, mientras aquellos se colapsaban prematuramente en su baño de sangre. De todos modos, ello no impidió que la contrarrevolución neoconservadora metropolitana, liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, rescatara al neoliberalismo primigenio de su ruina y lo entronizara como la política mundial durante la reunión del grupo de siete, en Ottawa, en 1981, en sustitución del keynesianismo y el estructuralismo latinoamericano, que quedaron enterrados entre los escombros sistémicos ocasionados por la unilateral ruptura estadounidense de los acuerdos de Bretton Woods, a finales de los años sesenta. Así, la relativamente estable “época dorada” del capitalismo de posguerra fue suplantada por las tendencias neocoloniales de la esquizofrénica “globalización”. Por la nueva “internacional monetarista” como la definiera Ricardo Ffrench-Davis, [5] bajo responsabilidad del Fondo Monetario Internacional FMI), el banco Mundial BM) y Organización Mundial de Comercio (OMC, en esos años conocida como GATT), en cuya enloquecida nave se precipitaron a abordarla incondicional y perversamente todos los gobiernos latinoamericanos, salvo el cubano, en una desesperada búsqueda por encontrar la falacia del paraíso perdido del “mercado libre”, aunque su pase de acceso fue condicionado a la aceptación irrestricta de todas las reglas impuestas desde las metrópolis, a través de esos organismos.
La orgiástica fantasía neoliberal mexicana, sin embargo, saltó en pedazos en diciembre de 1994, y el discípulo fue reprobado y degradado a la calidad de paria. Se le trató como un apestado a quien había que aislar para evitar que contagiara al capitalismo globalizado. A partir de ese momento Greenspan lo vio como “el primer caso relevante [cuyas] las equivocaciones significativas de la política económica” que puso en riesgo al mundo, pese a que el desastre, además de los errores en la conducción, se debió a las mismas causas endógenas del modelo local/global que llevaron, primero, al fracaso a las dictaduras citadas, hecho discretamente omitido por el gobernador de la Reserva Federal, y después a un gran número de países, subdesarrollados y desarrollados. Entre éstos últimos sobresale Estados Unidos con sus dos reventabas burbujas especulativas, la del 2000 y la fatal del 2008, con sus respectivas hecatombes mundiales, en las cuales el pintoresco maestro en la “la economía vudú”, Greenspan, fue un destacado corresponsable. La segunda conmoción representó el "derrumbe intelectual" de la Escuela de Chicago, en palabras de Brad DeLong, de la Universidad de California en Berkeley, expertos en la “edad oscura de la macroeconomía”, [6] así como la quiebra de la “virtuosa” quimera neoliberal asimétricamente “globalizada” que dichos expertos en la mercadotécnica cábala económica contribuyeron a publicitar en el mundo, como si fuera la piedra filosofal, la única senda conocida por el dios-mercado para alcanzar la “modernización” capitalista y el bienestar internacional.
El respaldo a los neoliberales mexicanos en 1995 no fue gratuito ni desinteresado. La casa Blanca, el FMI y el BM, principalmente, concedieron una línea de crédito de emergencia por 508 mil millones de dólares, la mayor cantidad históricamente otorgada a un país hasta ese momento, destinados a garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros externos. De ese monto sólo se emplearon 30 mil millones para amortizar la deuda pública interna de corto plazo que tenía que liquidarse en moneda extranjera (títulos conocidos como tesobonos), pasivos que había sido emitidos en un esfuerzo desesperado para tratar de evitar la estampida masiva de los capitales especulativos y sus efectos desquiciadores, y guardar la apariencia de la estabilidad macroeconómica para evadir las inevitables macrodevaluaciones de diciembre de 1994 y marzo de 1995, debida a la fuga de divisas, y la crisis financiera y de balanza de pagos que colapsaron al modelo. Los objetivos que condicionaron los créditos se cumplieron cabalmente. Los tenedores de los papeles recibieron sus divisas que depositaron a buen resguardo en el exterior, se elevó el saldo de la deuda externa de 85.4 mil millones a 100.9 mil millones, cuyos intereses también fueron puntualmente cubiertos y la economía se hundió en su peor recesión de los años treinta, la cual se extendió de 1995 a mediados de 1996, y que sería superada por la de 2009. Gracias a ese apoyo se logró otro propósito: la obligación de llevar a cabo la “tercera generación” de reformas neoliberales, como pudorosamente se denominó a la subasta del sistema financiero y la entrega generalizada de la infraestructura pública y los sectores estratégicos de la economía a las grandes corporaciones, principalmente las foráneas.
Adicionalmente existió otra razón de mayor trascendencia que obligó, a regañadientes, a los adalides del “consenso” de Washington a rescatar a sus cipayos mexicanos, circunstancia que posteriormente se repitió ante otros gobiernos en trances similares. Ella fue develada por Greenspan: “desde una perspectiva mayor, el contexto de la guerra fría y sus consecuencias”, no quisieron correr el riesgo de una defección en la internacional monetarista de quienes “muchos de los ministros de finanzas y banqueros centrales de los países en desarrollo consultaban para aprender los mecanismos que habían empleado para alcanzar el estatus de primer mundo. (…) Porque las reformas económicas estarían amenazadas por presiones para reimponer controles en muchas áreas de la economía y para restablecer la interferencia gubernamental en el cada vez más vibrante sector privado”; por una eventual “reversión de las reformas” [contagiaría] a otros mercados emergentes [que] podrían detener o revertir la tendencia global hacia las reformas orientadas hacia el mercado y la democracia” al estilo americano. “Esto sería un retroceso trágico para Estados Unidos y también para el resto del mundo”.
Durante varios años los paladines del “consenso” globalizador fueron exitosos para salvar a los proclives neoliberales latinoamericanos, militares, de las “democracias acotadas” o autoritarios como los mexicanos. A la postre, empero, no lograron evitar que el mapa regional cambiara, al desplazarse el péndulo político en la mayor parte de la región, de la tenebrosa noche neoliberal y autoritaria de la derecha que la devastó alrededor de tres décadas, a partir del sangriento derrocamiento del democrático gobierno chileno de Salvador Allende y la Unidad Popular, en 1973, hacia la gradual renovación de la variopinta izquierda. Los onerosos saldos económicos y sociopolíticos del neoliberalismo abonaron, en sus propias entrañas, el terreno fértil para que la mayoría descontenta impulsara la emergencia de nuevos gobiernos que actualmente alteran los fundamentos de ese proyecto de nación y tratan de construir otro socialmente incluyente y democrático, recuperan su soberanía nacional y desafían los términos de la mundialización y la hegemonía estadounidenses. Hasta el momento, en su naciente historia, desde la perspectiva del tempo histórico, no han logrado extirpar la matriz neoliberal y sus pasos hacia otra forma de capitalismo o la construcción de un sistema postcapitalista, llámese socialista o de otra manera, son imprecisos, y se encuentran asediados por la Casa Blanca y sus aliados internos, que tratan de desestabilizarlos para provocar su caída y restaurar la hegemonía estadounidense y la hermandad del capital criollo y transnacional en el continente.
Con la nueva crisis sistémica, iniciada en 2008, el gobierno mexicano es visto con conmiseración, hecho que se suma a su deteriorada imagen en el escenario internacional, en especial en América Latina, donde ha perdido el liderazgo que tuvo hasta los años ochenta, en virtud del relativo avance económico logrado con su autarquía colonizada, su autoritarismo nacionalista, su escatológico tercermundismo y su mimética estrategia de no alineación ni intervención que le daba un cierto margen de autonomía frente a los bloques del este y el oeste en la llamada “guerra fría”, sin que ellos perturbaran sus amores clandestinos mantenidos con la casa Blanca, estrategias que de alguna manera resultaron benéficos para la subregión. Actualmente se encuentra aislado, merced al giro radical en la política interna y externa realizada por la gobernante derecha política-empresarial, que se encaramó al poder a raíz de la crisis de la deuda de 1982, en sentido inverso a la tradición histórica de México y de la tendencia de la mayoría de los latinoamericanos, A los vientos renovadores del sur, democratizadores, con anhelos soberanos y en diferentes grados heréticos al consenso neoliberal, antepone el remozamiento del ajado e impresentable antiguo régimen presidencialista despótico. Trata de vender infructuosamente la alternancia entre la cogobernante derecha del viejo partido de estado y la decimonónica derecha clerical, ocurrida desde el 2000, como un misterioso fenómeno que súbitamente abrió y democratizó los patios interiores del sistema político, al mismo tiempo que, aún más enigmáticamente, se atrinchera en su esencia y estructuras autoritarias, impone un régimen de excepción salvaguardado por los cancerberos policiaco-militares, excluye a la sociedad y los movimientos progresistas, cercena las conquistas sociales y suspira por apuntalar el bipartidismo entre esas facciones fundamentalistas y al estado teocrático. El bloque dominante vuelve autista al gobierno, limita la presencia estatal a la simple administración de uno de los últimos valladares del neoliberalismo puro y la protección del capitalismo mafioso. Reduce sus pretensiones cosmopolitas a la peculiar asimilación del neocolonial vasallaje estructural de Estados Unidos, como un furgón de cola, alejándose deliberadamente, en sus relaciones productivas, comerciales y financieras, de América Latina y el resto del mundo.
En política exterior, obsecuente e impúdicamente se arrojó voluptuosamente a los afanosos brazos imperiales estadounidenses. Por amor interesado, ya que, asediadas por el ascendente descontento social y la oposición de centro-izquierda, ante quienes pudo retener dos veces el poder en turbios procesos electorales (1988 y 2006) que dejaron la percepción de “golpes de estado técnicos”, sabe que su futuro depende de su interesado respaldo, y por degeneración, al corromper sus antiguos principios, los devaneos furtivos de las elites mexicanas con sus “socios” del norte se transformaron en obscenas y públicas “relaciones carnales”, tomando prestada la famosa expresión de Guido Di Tella, ministerio de relaciones exteriores de Carlos Menem, con la cual definió la estrategia de alineación incondicional de ese gobierno con la Casa Blanca. La derecha mexicana, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón, y sus pares latinoamericanos, el reciclado Alan García, de Perú, Álvaro Uribe, de Colombia o los golpistas de Honduras, ha establecido un concubinato de tiempo completo con Estados Unidos, que busca acabar con los regímenes progresistas.
El antaño orondo gobierno mexicano ahora es digno de lástima. Mientras la mayoría de los gobiernos del mundo abjuraron temporalmente de sus creencias neoliberales a favor de una activa intervención estatal, la reimplantación de algunas regulaciones económicas y el uso de los instrumentos keynesianos monetario y fiscal, con el objeto de enfrentar sus recesiones, el extravagante mexicano se aferró a la ortodoxia monetarista como si fuera el último cruzado, en narcotizada espera de que la milagrosa “mano invisible” del tótem del “libre mercado” rescate del fondo del abismo recesivo a la economía, o que el influjo keynesiano estadounidense funcione y saque del estado comatoso a su aparato productivo y, por añadidura, arrastre el nuestro, convertido en un desarticulado fardo que se mueve desfasadamente al ritmo de aquel.
China, que combina un esotérico socialismo capitalista (de “mercado” le llaman) no esperó demasiado tiempo para actuar, una vez que sus exportaciones, el “motor” de su economía, se vieron seriamente afectadas por el derrumbe del consumo, el crecimiento y las importaciones de Estados Unidos y el resto del mundo. Su gobierno expandió el crédito, instrumentó un paquete de de apoyos fiscales por 585 mil millones de dólares y buscó diversificar sus mercados externos, entre otras medidas, para estimular el mercado interno y compensar la contracción de la demanda mundial de sus productos que llevó al cierre de miles de fábricas y dejó sin empleo a 20-30 millones de trabajadores. Los resultados fueron importantes: no sólo pudo contrarrestar su declinación económica observada entre el tercer de 2007 y el primero de 2009 (su tasa anualizada bajó de 13.4% a 6.1%). Pero a partir del segundo trimestre empieza a recuperarse su ritmo y se estima que cerró el año en 8.5%-8.9%, nivel que superaría la meta fijada de 8%. En 2007 su tasa había sido de 13.4% y en 2008 de 9%. Para el 2010 se proyecta que supere el 10%. De lograrlo, el dato de 2008 apenas representará un pequeño bache su desenfrenado crecimiento iniciado en 1977, cuya tasa media real anual hasta el 2010 será de 9.8%, tres veces más que el promedio mundial (3.1%) y que el grupo de los siete (2.3%). Lo más llamativo es que, contra lo que dice la ortodoxa económica, ni el programa anticíclico ni la dinámica económica generaron fuertes presiones inflacionarias. El nivel de los precios en 2007 había sido de 4.8%, en 2008 de 5.1%, en 2009 se estima un decremento de -0.1% y en 2010 una alza de 0.6%. Ante esos resultados, el banco central elevó los réditos de la deuda pública a tres meses por primera vez en 19 semanas, tras afirmar que su objetivo para el 2010 será regular la expansión del crédito y la liquidez y el aumento de precios. El manejo monetario pasará de una estrategia moderadamente flexible y una olítica fiscal proactiva para reforzar el crecimiento.
La disminución de su crecimiento se debió a la baja de sus exportaciones, que empezaron a desacelerarse a partir de 2004, cuando se expandieron 35.4% (593 mil millones). En 2007 aumentaron 25.8% (1 billón 219 mil millones); en 2008 en 17.2% (1.4 billones) y en 2009 decrecieron 16% (1.2 billones). Sin embargo, en diciembre empezaron a mejorar, rompiendo una racha de 13 meses de caídas. Ello, no obstante, no impidió que superara a Alemania como el mayor exportador del mundo (el valor de sus ventas externas habrían sido por 1.17 billones). Quizá Alemania ya no recupere esa posición, pues su crecimiento esperado en 2009 y 2010 es de -5.3% y 0.3%. Es probable que, si no ocurre algo extraordinario, China empezó a consolidarse como la principal potencia vendedora mundial. Entre 1948 y 2002, Estados unidos ocupó ese lugar (su participación en las exportaciones mundiales cayó 21.8% a 10.7%). En 2003-2008 fue sustituido por Alemania (9.1% y 9.1% del total). En 2006, China ocupaba el tercer lugar.
El deterioro de las exportaciones chinas se debió en gran medida a la disminución de las importaciones estadounidenses de sus mercancías, que entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 (su tasa anual pasó de un aumento de 12.4% a un decremento de 19%). El total acumulado entre enero y noviembre de 2009 cayeron 14% (de 313 mil millones a 270 mil millones). Las importaciones chinas en el total estadounidenses equivalieron al 16% en 2008 y en 2009 al 19% (esto se debe a que las totales cayeron con mayor fuerza: 28%). En el 2000 apenas representaban el 8%. Del lado chino, sus exportaciones hacia ese país equivalieron a 24% en 2008. En 2004 había sido de 33%. El intercambio comercial entre ambos ha sido ascendentemente deficitario para Estados Unidos: en 1990 fue por 10 mil millones; en el 2008 por 264 mil millones y en 2009 quizá sea del orden de 230 mil millones. A esa situación se debe las presiones de Washington a Pekín, con objeto de que modifique su política cambiaria, devalué su moneda y abra más su mercado. Su balanza comercial arrojó un superávit por 196 mil millones de dólares, 34% con relación a 2007 (296 mil millones), cuando alcanzó su máximo histórico. A partir de 1994 su saldo (5.1 mil millones) se volvió sistemáticamente positivo y creciente, al igual que su cuenta corriente, que pasó de 7.7 mil millones a un estimado de 371 mil en esos años, aunque será 14% menor que el de 2008 (426 mil millones). Ello explica su extraordinaria acumulación de reservas internacionales, que en septiembre sumaron 2 billones 273 mil millones, las más grandes del mundo, y que se haya convertido en el mayor exportador neto de capitales. En 2008 aportó el 24.7% del total mundial.
Estados Unidos, centro promotor del neoliberalismo y epicentro del terremoto mundial, empezó a reducir sus réditos desde septiembre de 2007. La tasa real media de fondos federales cayó de 2.2% en 2007 a -1.9% en 2008 y 0.6% en 2009. Los bonos del tesoro a tres meses de 1.5 a -2.4 y 06%, respectivamente, hecho que, no obstante, no desalentó su compra masiva, sobre todo del exterior, lo que contribuyó a facilitar el financiamiento de sus ambiciosos programas de apoyo a la economía: un billón de dólares en 2008, equivalente a 7% del PIB anual (157 mil millones en estímulos en febrero y 150 mil millones en deducciones fiscales, más 700 mil millones para el rescate financiero, en octubre), y otros 787 mil millones adicionales en febrero de 2009, 5.7% del PIB, para la recuperación y reconversión económica. Casi 1.8 billones en total. No dudó tampoco en ampliar gasto real del gobierno federal, incluyendo el keynesianismo militar, aún cuando los ingresos fiscales se desplomaron. El primero había aumentado 1.9%, en 2007; en 2008 lo hizo en 10.2% y en 2009 en 38.7%; respecto del PIB pasó de 16.7% a 17.6% y 24.4%. Los ingresos totales, que crecieron 7.5% en 2007, se contrajeron -3.5% y -19.5% en 2008 y 2009. Ese desajuste elevó astronómicamente el déficit fiscal presupuestal: de 342 mil millones a un billón y 2 billones en los años de referencia; 2.5%, 4.5% 13.9% del PIB. Para el 2010 se espera que sea por 1.4 billones, 9.5% del PIB. La deuda pública total aumentó de 9.2 billones a 10.7 billones y 12.1 billones (hasta noviembre). Esa estrategia contingente atemperó hacia finales de 2009 la recesión iniciado un año, aún cuando sus síntomas críticos no han desaparecido, la reactivación es incierta y existe el riesgo de nuevas recaídas, situación compartida por el resto del mundo. En 2007 esa economía creció 2.1%, en 2008 en 0.4% y -2.7% en 2009. Para este año se estima que crecería sólo 1.5%. La tasa de desempleo abierto pasó de 4.9% a 10% entre diciembre de 2007 y nombre de 2009, 104% más; de 7.5 millones de personas a 15.4 millones. Para el 2010 se estima que permanecerá por arriba del 10%.
México, en cambio, pagó dramáticamente las consecuencias de un gobierno que, primero, fue incapaz de percibir la catástrofe mundial que se avecinaba y que ya era más que evidente a mediados de 2008, en especial en su “socio” estadounidense. Luego porque se paralizó, actúo como si no pasara nada y quiso ocultar la calcinante realidad con un dedo, por medio de estrafalarios discursos optimistas. En octubre de ese año, cuando el país se deslizaba precipitadamente hacia el precipicio, con la arrogancia de un ignorante o de un demagogo, Felipe Calderón exaltaba la onírica fortaleza financiera de la economía. La consideraba como una ínsula ajena al desastre externo, y declaraba que “somos el único país del mundo donde nadie tendrá que apretarse el cinturón… no será necesario pedir sacrificios a los mexicanos como consecuencia de la convulsión financiera… [se] enfrentará la coyuntura con más gastos en infraestructura”; Después porque diagnosticó equivocadamente las causas de la recesión internacional, su magnitud, su eventual duración y sus efectos para México, además de que instrumentó un programa contingente a destiempo, de escasa duración y financieramente limitado, porque supuso que la crisis sería suave y de corta duración, además de que la cuantía erogada estaría condicionada a su pánico de que el déficit fiscal se alejara del mito neoliberal del balance cero.
La flexibilización de la política monetaria fue tardía. Antes que preocuparse por la economía que se despeñaba hacia la recesión —en el segundo trimestre de 2008 creció 2.9%, en el tercero 1.7% y en el cuarto -1.6%— y el creciente desempleo, la atención del banco central se concentró en la inflación, el desorden de los mercados financieros internos y externos, la brusca contracción en la entrada de recursos por la cuenta de capitales —endeudamiento, emisiones de papeles en el extranjero e inversión extranjera directa (IED) y de cartera, entre la segunda mitad de 2008 y la primera de 2009—, los ataques especulativos en contra de la moneda —la paridad nominal se devaluó se depreció 46% entre agosto de 2008 y marzo de 2009— y la fuga de capitales, el apoyo a las empresas con problemas financieros y la pérdida de reservas internacionales —casi 30 mil millones de dólares durante la crisis—. Para tratar de estabilizar los mercados financieros, elevó los réditos. La tasa nominal media de fondeo interbancario a un día subió cuatro veces; entre junio y diciembre de 2008 pasó de 7.25 a 8.25% en de 2008, presionando a la alza a los demás intereses. La medida fue procíclica al premiar la inversión financiera sobre la productiva, con sus efectos perniciosos sobre el costo del crédito, el consumo, la solvencia de los deudores y la economía en general.
Esa disposición es económicamente insensata cuando una nación se desfonda. Es como apagar el fuego con gasolina. Pero es lógica cuando se apega a la biblia monetarista. Tal comportamiento es una manifestación de al menos dos circunstancias, producto de las reformas financieras neoliberales. Una está asociada a la autonomía otorgada al banco central en 1994. En su nueva ley orgánica no se le exige una política monetaria armoniosa con el crecimiento, el nivel de la inflación, de la paridad y el equilibrio de las cuentas externas. Su compromiso se redujo a alcanzar la estabilidad de los precios y la defensa del valor de la moneda. Para alcanzar un nivel de precios similar a la de Estados Unidos, ha usado dos instrumentos: a) los altos intereses reales para ajustar el ritmo de expansión del consumo, la inversión y el crecimiento con la meta anual de la inflación. Es decir, con su represión; b) el atraso o sobrevaluación cambiaria. En dos sentidos, la política cambiaria es usada como “ancla” o control de la inflación: para moderar sus expectativas al determinarse un precio estable de la moneda y un nivel de precios, objetivos férreamente perseguidos; y para limitar el alza de los precios internos. Una tipo de cambio estable o revaluado, sumado a la desgravación arancelaria (la apertura comercial), reduciría el precio de las importaciones que se convertirían en “techo” en los aumentos de las cotizaciones internas. La paridad, la liquidez de la economía y el ajuste de la balanza de pagos estarían determinados por las divisas que ingresaran por la cuenta de capitales no por la corriente (saldo de comercio de bienes y servicios), cuyo déficit dejó de tener importancia. Los altos réditos internos, al menos tres veces más comparados a los externos, y la eliminación de las regulaciones a los flujos de divisas (especulativos y la IED) atraerían capitales o intentarían retenerlos. También regularían la liquidez que generarían (esterilización parcial o total). La acumulación o pérdida de las reservas internacionales es la expresión de esa manera de operar. Con ellas se financiaría el déficit corriente y se sostendría la estabilidad cambiaria. Por desgracia, esa política encareció el costo del dinero requerido por la inversión productiva. Bajo ese esquema, los productores sólo tienen tres opciones: reducir sus costos de producción y precios de venta para mejorar su productividad y competir exitosamente, cambiar de actividad, desaparecer del mercado, vender o quebrar. Deliberadamente el banco central ha confundido la estabilidad de precios con la macroeconómica. La reducción de la inflación, temporal, ha sido a costa del estancamiento económico, la destrucción de parte del aparato productivo, la sobrevaluación y el desequilibrio externo que contribuyó al colapso de 1994-1995. En 2008 el banco central elevó los réditos para tratar de evitar una estampida de capitales y contener los efectos inflacionarios de la devaluación citada previamente. Nada le importó que favoreciera a acelerar y profundizar la recesión.
Otro hecho es la pérdida de la soberanía monetaria y cambiaria. Con la apertura externa de la cuenta de capitales, los intereses (bajos, subsidiados y sectorialmente selectivos) ya no están relacionados con las necesidades de estimular el crecimiento, sino para atraer/retener capitales y regular la liquidez asociada a sus movimientos. La paridad dejó de ser un instrumento para inhibir la especulación cambiaria (cambios súbitos desfavorables para los especuladores), ajustar las cuentas externas y apoyar al crecimiento (alto nivel de la moneda para desalentar las importaciones y fomentar las exportaciones).
Sólo a partir enero de 2009 el banco central empezó a reducir la tasa de fondeo, estabilizándola en 4.5% entre el 17 y julio y diciembre. En términos reales, en promedio, de abril a diciembre, es negativa en 0.2%. Sin embargo, los primeros efectos contracíclicos esperados sobre la demanda de dinero, el consumo, la inversión, los usuarios del crédito, insolventes o con problemas de pagos, suelen manifestarse, optimistamente, de 2 a 4 meses, y hasta un año o más para que se generalicen. Ello dependerá la situación económica y sus expectativas. También del comportamiento del sistema financiero, en especial el bancario, y aquí se complicó aún más la política monetaria. Porque con la desregulación neoliberal bancaria, de sus operaciones activas y pasivas, su reprivatización y transnacionalización, perdió su capacidad para influir en el nivel de los réditos y el destino del crédito. Los intereses reales del banco central cayeron a cero por ciento. Las pasivas, las pagadas a los ahorradores se volvieron negativas o positivamente marginales, como deseaba la autoridad monetaria. Con ese rendimiento ínfimo o la pérdida del ahorro por la inflación, pensaba obligarlos a gastarlos. Pero las tasas activas bancarias, el costo del crédito, varias veces mayor al internacional, no cambio significativamente. Los diferenciales entre las tasas activas y pasivas (margen financiero) ampliaron las ganancias bancarias que compensaron la caída del crédito y el aumento de las carteras vencidas, concentrada en el consumo (tarjetas de crédito, bienes de consumo duradero y vivienda). El crédito real al sector privado se ha contraído durante 27 meses consecutivos, entre de octubre de 2007 y noviembre de 2009. En 2007 aumentó 27%, en 2008 sólo 5% y hasta noviembre de 2009 se contrajo 7%. Desde abril es negativo.
Ante las limitaciones inherentes a la política monetaria contracíclica, lo más aconsejable es uso de la fiscal, la ampliación del gasto público, cuyos efectos son más rápidos, sobre todo si no se escatima el presupuesto. Desdichadamente, en este ámbito el ejecutivo y el legislativo también fueron mezquinos y contradictorios. En marzo de 2008, con fanfarrias, pregonaron un programa de egresos público, adicional en 60 mil millones de pesos al presupuesto original, equivalente al 0.3% del PIB. Paradójicamente, es medida fue acompañada con un nuevo impuesto (el IETU) y cambios en la estructura del impuesto sobre la renta que elevaron n los gravámenes, principalmente a la llamada “clase media”, que afectó negativamente su ingresos netos y, por añadidura, el consumo privado. Tan ridícula fue la ampliación del gasto que nada pudo hacer para evitar que la economía entrara en recesión en el último trimestre del año (-1.6%). La tasa media anual del PIB fue de 3.3% en 2007 y de 1.4% en 2008. La meta original para el último año fue de 3.7% y luego fue reducida a 2.8%. El gasto real programable del gobierno federal (excluye los costos financieros) aumentó en esos años en 15% y 10%. Contra viento y marea prevaleció la meta del balance fiscal no se modificó significativamente: en 2007 se obtuvo un superávit corriente por 3.3 mil millones de pesos, 0.0% del PIB; en 2008 un déficit por 11.7 mil millones, 0.1% del PIB. Ante el acelerado desplome económico, en octubre se diseñó otro paquete de gasto complementario anticrisis por 90 mil millones de pesos (alrededor de 7.8 mil millones de dólares con la paridad estimada), equivalente al 0.7% del PIB, sin considerar otras líneas de financiamientos ni reasignaciones presupuestales, el cual entraría en operación hasta el 2009. Pero ante la caída generalizada de los ingresos públicos, en mayo de 2009 se anunció un recorte en el gasto por 35 mil millones y en julo otro más por 50 mil millones, 85 mil en total que virtualmente anuló los egresos adicionales. Así, el gasto real del gobierno federal promedio pasó de un aumento de 20% en el primer trimestre del año, con relación al mismo lapso de 2008, en el segundo apenas subió 3.5% y en el tercero decreció 12%. El déficit fiscal nominal será por 218 mil millones, alrededor de 1.5-2% del PIB, como consecuencia de un desplome de los ingresos y la reducción del gasto ejercido. El perfil fiscal anticíclico se volvió procíclico. El ajuste en el gasto se llevó a cabo justo cuando la economía se hundía en lo más profundo de la recesión, ¡ante el temor de la pérdida del equilibrio fiscal. Prefirió salvar las finanzas públicas, a costa de la economía y la sociedad. Fue como colgarle plomo en el cuello a la economía que en los tres meses transcurridos del año se contrajo en 7.9%, 10.1%y 6.2%. En términos anuales, la caída estrepitosa de la economía será del orden de 8%, la peor recesión desde 1932 cuando cayó en 14%. También fue la más desastrosa de América Latina y del mundo. México dejó de ser comparado a países más importantes de América latina, como Brasil, Argentina o Chile. Ahora se coteja con los más humildes de la región como Haití. Por si no fuera suficiente, para el 2010 se diseñó un programa nítidamente procíclico. El gasto programable real del sector público presupuestario se reducirá 0.4%, mezclado con un aplastante aumento de impuestos directos e indirectos, que no afectará a la oligarquía ni las prebendas de la elite política, y de precios de precios de bienes y servicios públicos que afectarán el 30-35% del ingreso personal, con 0.7% del PIB. En plena crisis, el gobierno se ha comportado como un obstinado monetarista, un fundamentalista fiel a sus principios. En lugar de fortalecer al mercado interno, ha preferido esperar que la reanimación estadounidense estimule a la economía mexicana, pese a que la desproporcionada crisis se debe en gran medida a dicha dependencia estructural.
El ejecutivo, el legislativo y las elites empresariales se han comportado como los “modernos” Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los mexicas, al que les ofrecían sacrificios humanos. Dícese que cuatro sacerdotes sostenían al cautivo de cada extremidad y un quinto le hacia una incisión con un afilado cuchillo de obsidiana y extraía el corazón. El rehén estaba completamente cubierto de gris —quizá de ceniza—, el color de la inmolación y, quizá, drogado, pues los gritos se consideraban de mal gusto en ritual del sacrificio. Así han ofrendado a las mayorías, en nombre del equilibrio fiscal, los privilegios del bloque dominante, la competitividad y la acumulación de capital.
Los costos sociales del colapso de 2008-2009
Si el 2008-2009 fue catastrófico para las mayorías, debido a la peor recesión registrada desde 1932, y la apatía oficial por instrumentar un efectivo plan anticíclico que atenuara sus efectos, el 2010 será de tierra arrasada, porque el gobierno de Felipe Calderón, representante de la derecha clerical, la oligarquía y la mayoría legislativa de los partidos del PRI, el PAN, el “verde” ecologista y de nueva alianza, las sacrificarán una vez más. La política económica diseñada para el año es la continuación del genocidio económico asociado a la guerra de clases declarada por las elites contra el pueblo, desde 1983, cuando impusieron el actualmente colapsado proyecto neoliberal. Será un año sombrío y crítico, caracterizado por la intensificación del saqueo de los bolsillos de la población, a través del desaforado cúmulo de impuestos recetados, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de empleos y el intento por legalizar el desmantelamiento de las leyes laborales que, de facto, el gobierno y los empresarios aplican desde hace tiempo, según las directrices de la “flexibilidad” del mercado de trabajo enseñadas por los chicago boy de Chile, en los años setenta del siglo XX, durante la sangrienta dictadura militar.
Si alguien se atreve a protestar ante la creciente pobreza y miseria que ha sido condenado, las elites utilizarán el garrote policiaco-militar que se pasea impunemente y como bestia enfurecida por las calles del país, desde que sustituyeron el estado de derecho por el estado de excepción, en 2006. La tiránica “mano invisible” del “mercado libre” de la dictadura neoliberal y la mano autoritaria del sistema político se cierran con mayor fuerza sobre el cuello de las mayorías.
Un programa económico con sentido social, es decir, anti neoliberal, implicaría la creación de empleos formales y dignos, el reforzamiento del poder adquisitivo de los salarios, la mejor distribución del ingreso, el bienestar. En 1922, Henry Ford, ¡nada menos!, apoyaba los salarios altos para “forzar” el consumo. Decía que “nuestro propio éxito depende en parte de los salarios que paguemos. Si repartimos mucho dinero, este se gasta [y] se traduce en el aumento de la demanda [de nuestros automóviles]. [La disminución del empleo y el ingreso] reduce el poder adquisitivo de los asalariados y estrecha el mercado interior”. Ante la gran recesión de los años treinta del siglo XX, Keynes propuso como medidas contra cíclicas la vigorosa expansión del consumo (más empleos y salarios) y de la inversión pública. En 1931 calificaba a la política inglesa como “digna de la cordura de un asilo de alienados”, porque al reducir el poder de compra de los ciudadanos, junto con el desempleo, se afectaban los ingresos fiscales, las rentas y las ganancias. Keynes sólo deseaba para salvar al capitalismo ante el fracaso de los economistas neoclásicos y el “mercado libre”, En su obra ¿Soy un radical?, de 1925, dijo: “no puedo permanecer insensible a lo que creo que es la injusticia y el sentido común; pero la lucha de clases me hallará del lado de la burguesía ilustrada”.
En Brasil, Lula aumentó el salario mínimo en 9.68% para 2010, 49%-115% por encima de la inflación esperada (4.5%-6.5%). Con esa alza espera que el consumo funcione como un instrumento contracíclico, que estimule el mercado interno y reduzca la desigualdad en los ingresos. En Argentina se ha privilegiado el aumento de los salarios reales, la reactivación productiva y la generación de empleos formales.
En México nuestras zafias elites, burguesía y la elite gubernamental optaron por la “política digna de la cordura de un asilo de alienados”. Versados en el fundamentalismo neoliberal se inclinaron por reforzar la ley de hierro de los salarios vigente desde 1983 y propuesta por el dinosaurio economista inglés David Ricardo (1777-1823): la máxima explotación del trabajador para obtener la mayor tasa de ganancia, pagándole un salario limitado a lo estrictamente necesario, un límite mínimo para sólo pueda subsistir sin morirse de hambre. Hacienda proyectó una inflación anual de 3.3% para 2010. El salario mínimo, el “piso” de referencia de las otras categorías, subió de 53.19 a 55.77 pesos diarios, en promedio nacional, 4.85% más, 2.58 pesos más, por lo que se ubicaría en 47% por arriba de la inflación esperada. Pero la cascada de aumentos en los precios de bienes y servicios administrados (gasolina, diesel, gas, electricidad, transporte del metro, tren ligero) y los impuestos, el predial, la tenencia, el costo de las licencias, la verificación de vehículos) obligó al banco central a reconocer que la inflación superará el 5% (El Universal, 01/01/2010), lo que deteriorará aún más el poder de compra de los salarios y el nivel de vida de la población.
En el pecado llevarán la penitencia: el consumo se deprimirá y afectará las ventas, las ganancias y la recaudación fiscal. El aumento salarial no fue libremente negociado con los trabajadores, debilitados por la grave crisis, el desempleo y el temor al mismo. Fue impuesto autoritariamente por Calderón, los empresarios y los matones capos del sindicalismo corporativo, por una política de estado dirigida por el troglodita Javier Lozano, secretario del trabajo, que reprime a los trabajadores peor que a los delincuentes. Dos ejemplos prototípicos ejemplifican la brutalidad de la política de estado violadora de la Constitución. Una es el caso de los trabajadores mineros, a cuyo líder, golpeador del sistema y de los trabajadores del ramo para someterlos a los intereses empresariales, obligó a refugiarse en Canadá, con el objeto de facilitar la entrega de los recursos nacionales a los capitales extranjeros, principalmente canadienses. Otros son los más de 40 mil electricistas en activo y jubilados —cuyo sindicato se caracterizó por su postura progresista— que condenó a un futuro incierto al despedirlos en masa, violando la legalidad, en aras de elevar los precios a los consumidores y reducirles los subsidios fiscales, como parte de la estrategia privatizadora de la industria y las telecomunicaciones.
La política anti salarial del gobierno es deliberada. Con la pérdida programada del poder de compra de los ingresos de los trabajadores se busca reducir el consumo para abatir la inflación, los costos de las empresas, para puedan elevar su productividad, competitividad y rentabilidad, el gasto público real destinado al pago de los empleados que no son funcionarios y atraer la inversión extranjera directa. El genocidio económico, el hambre, la pobreza y la miseria de las mayorías constituyen las bases del neoliberalismo, de las grandes fortunas y el ajuste fiscal.
En el primer trienio del gobierno calderonista el alza salarial fue subordinado a la inflación esperada, pero la alcanzada fue superior cada año, por lo que el poder de compra del salario mínimo acumuló una pérdida de 2%, medida por el índice general de precios, o de 4.6% si se considera la canasta básica. Los salarios contractuales retrocedieron 1.7% y 4.6%. En 2006 el salario mínimo real había se había contraído 76.6% respecto de su máximo histórico de 1976; en 2009 a 77%. El 13% de las personas ocupadas (5.9 millones de 43.9 millones) sobrevive misteriosamente con ese ingreso, al igual que el 9% de los trabajadores subordinados (5.6 millones de 20.6 millones). El poder de compra de los salarios contractuales respecto del índice general se desplomó en 56.1% y 56.8%, de su máximo histórico de 1987; a 57.4% y 59.1% en el caso de la canasta básica El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que elabora una canasta alimenticia recomendable (consumo diario de una familia integrada por cinco personas, dos adultos, un joven y dos niños), estima que la pérdida del salario mínimo fue de más de 7% en 2009, más de 37% con el calderonismo y de 84.2% desde 1982. Ellos calculan el precio de tal canasta en 145-160 pesos diarios. (El Universal, 02/01/2010)
En su voracidad, las elites no esperaron el inicio del 2010 para lanzarse como una atropellada manada de hienas hambrientas sobre los menguados ingresos de la población. Los hombres de presa inauguraron el saqueo con el alza de algunos precios (cervezas, cigarros, tortillas, entre otros), seguidos por los calderonistas (gasolinas), ante la supuesta extrañeza de los congresistas priístas, que se desgarraron las vestiduras. Los panistas fueron consecuentes con su postura antisocial: justificaron las alzas porque, como siervos de su caudillo gobernante, Calderón, las habían aprobado, junto con la mayoría legislativa. Les dio lo mismo la premura. Los priístas hicieron gala de su cinismo y del desprecio que les merece la sociedad, antes de irse a descansar, después de las innumerables puñaladas a la población. Esos aumentos, junto con el del gas y el transporte del metro y tren Ligero, ya devoraron los 2.58 pesos adicionales en el salario. Ese fue el preludio de la rapiña que se avecina. E l alza generalizada de precios que seguirá y los impuestos desfondarán el poder real de compra de los salarios.
Las elites escaparán y se beneficiarán del pillaje legalizado, porque no serán tocados en sus ganancias y privilegios presupuestales. La austeridad en el gasto público no es para la elite política. Sus mayores tributos serán pagados con nuestros impuestos y sus insultantes ingresos serán iguales antes y después del pago de sus gravámenes. Sus demás prebendas no fueron manoseadas. Los empresarios, sobre todo la oligarquía, no resentirán los estragos de los nuevos impuestos y el alza de las tarifas de los bienes y servicios públicos, porque los eludirán, evadirán, deducirán o los trasladarán hacia la población con el aumento de sus precios. La inflación, especulativa y por costos, constituye un excelso mecanismo para compensarlos y elevar sus beneficios, en reemplazo de la baja demanda. Durante varios meses se observará una pugna por la recomposición de la tasa de ganancia en la economía. Las grandes empresas y las “formadoras de precios”, públicas y privadas, en su mayoría transnacionales, liderarán la inflación en contra de los demás productores y los consumidores. Las pequeñas y medianas empresas ajustarán sus precios al proceso inflacionario. Algunas desaparecerán.
La población se verá obligada a recomponer y reducir su consumo, en proporción al aumento de impuestos directos e indirectos aprobados (el IVA de 15% a 16%, a la renta, de 28% a 30%, a los depósitos en efectivo (IDE), de 2% a 3%, el 3% a los servicios de telecomunicaciones, el 26.5% a la cerveza, el 30% a juegos y sorteos, 80 centavos más al tabaco en 2010-2011 y otros 40 centavos en 2012), la inflación y el recorte de subsidios. La pérdida en el poder de compra de 70 millones de personas, pobres y miserables, será la ganancia tributaria del estado y de las utilidades empresariales. El deterioro en 2010 será el peor durante el calderonismo y en 11 años.
El menor consumo, la austeridad fiscal y la restricción monetaria serán procíclicos, retrasarán la reactivación, la harán más lenta. El banco central estima que se crearán 300-400 mil nuevos empleos. Entre octubre de 2008 y noviembre de 2009 se perdieron 417 mil plazas permanentes. El desempleo abierto pasó de 1.6 millones a 2.9 millones; las personas que dejaron de buscar un empleo por considerar que no lo encontrarían de 4.8 millones a 5.4 millones; los informales de 12.1 millones a 12.4 millones. De los 2.1 millones de personas que han emigrado con el calderonismo sólo regresaron 1.3 millones: 780.8 mil se quedaron fuera, 23.4 mil por mes. Por la recesión 1.5 millones de personas buscaron empleo por primera vez y no lo encontraron. En 2010 ocurrirá lo mismo con otro millón más. La delincuencia, la descomposición sociopolítica y el descontento se verán reforzados.
El sistema capitalista muestra su violenta esencia parasitaria. Sólo puede alimentarse y vivir dañando al organismo social que depreda. Pero ya ha afectado las condiciones que garantizan su prosperidad, lo que obligará a definir la supervivencia entre el huésped o el anfitrión. La sociedad adquirirá su conciencia de clase y el imperativo del cambio por cualquier medio.
Notas:
[1] Alan Greenspan, “Testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos”, en: Pensamiento Iberoamericano, Madrid, núm. 27, enero-junio, 1995, pp. 163-169. (http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08149517733792717532268/207190_0040.pdf)
[2] John Williamson, El cambio en las políticas económicas de América Latina, Ed. Gernika, México, 1990; “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”, en: Manuel Guitián y Joaquim Muns (dirs.), La cultura de la estabilidad y el consenso de Washington, La Caixa, Barcelona, 1999.
[3] Paul krugman, “Los tulipanes holandeses y los mercados emergentes”, en Guitián y Muns, obra citada.
[4] Adam Przeworki, Democracia y mercado”, Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1991. La expresión de “píldora amarga” después fue llamada como la “doctrina del shock” por Noami Klein, siguiendo el sentido de las “recomendaciones” terapéuticas de Milton Friedman, en su obra, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Ed. Paidós, Barcelona, 1997.
[5] Ricardo Ffrench-Davis, “América latina frente a la internacional monetarista”, en: Nueva Sociedad, núm. 96, julio-agosto, 1988.
[6] Paul Krugman, “¿Cómo pudieron equivocarse tanto los economistas?”, El País, Madrid, 13/09/2009. (http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/pudieron/equivocarse/economistas/elpepueconeg/20090913elpneglse_4/Tes)