28.12.2009
La barbarie civilizada
Carlos Fazio
Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente, exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen. No hubo en ello ningún paso en falso.
El obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, definió el operativo del comando de elite de la infantería de marina que intervino en la acción en una zona residencial de Cuernavaca, Morelos, como una “ejecución extrajudicial”, un asesinato. Desde Copenhague, en la legalización triunfalista del hecho, Felipe Calderón lo presentó como un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México. El sicoanalista Alberto Sladogna se refirió al tratamiento de la muerte de Beltrán Leyva como una acción de la barbarie civilizada regida por el criterio de eficacia, como en la Alemania nazi.
Conviene dejar apuntado que en julio-agosto de 2007, 45 comandos de la Armada mexicana participaron en ejercicios bélicos de alta intensidad en la Escuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, donde tiene su sede el Centro de Operaciones Sicológicas del Pentágono; el curso fue identificado con el código NMX2007NT001W.
Como antecedente cabe recordar también que a comienzos de los años 60, en Fort Bragg, de la mano de los ideólogos de la escuela francesa Roger Trinquier y Paul-Alain Léger, Estados Unidos adoptó las técnicas de la guerra moderna (la guerra sucia antisubversiva aplicada por el ejército galo en Argel), que luego pusieron en práctica tropas aerotransportadas del Pentágono (boinas verdes) en la Operación Fénix, en Vietnam. Después, desde la Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento castrense, Washington fomentaría los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares e introduciría la doctrina contrarrevolucionaria en las fuerzas armadas latinoamericanas.
El modelo hemisférico más acabado sería la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina, cuyo GT 3.3.2 –código dado al grupo de tarea de los marinos argentinos– se especializaría en el secuestro, la tortura y la eliminación física de los enemigos de la patria.
Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice Marcelo N. Viñar que las fronteras entre sinrazón y simbolización no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la civilización, que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leyva –la víctima como espectáculo mediante la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo y decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas– no es un barbarismo retardatario y salvaje (la semiótica bárbara o la devoción al culto paramesiánico, diría Monsiváis), sino una necesidad del poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto, pero necesario.
Desde la experiencia de la Gestapo y los campos concentracionarios nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia y las escuelas de contrainsurgencia del Comando Sur del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares de una tecnicidad temible. Así, más allá del crimen anónimo y de la escenografía y los falsos deslindes oficiales –las instituciones operaron de manera fantasmática, intangible: no se sabe quién ordenó el montaje mortuorio ni quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leyva–, los infantes de marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver.
En el caso de marras, haiga sido como haiga sido, la barbarie civilizada –dice Alberto Sladogna– pasó del cuerpo de la víctima al cadáver. El cuerpo provoca la erótica del duelo, mientras el cadáver es un monto biológico, una carroña. Una carroña corrompida que sirvió de alimento a los carroñeros: “En su guerra sucia, los medios de comunicación se alimentan y nos alimentan con carroña”. Ergo: los delincuentes no son humanos, son carroñas y deben ser eliminados. En la construcción del enemigo subyace el criterio de eficacia: lo que antes era calificado de bárbaro ahora es civilizado: un logro del pueblo y del gobierno de México (Calderón dixit), donde queda difuminada la frontera entre la actividad de Santiago Meza López, El Pozolero (disolver cadáveres con ácido), y la maquinaria de guerra puesta en marcha para convertir el cadáver que fuera de Beltrán Leyva en “un narcomensaje civilizado”.
En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado –lo que remite a la banalidad del mal de la que nos hablaba Hanna Arendt–, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres, y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas. Se trata de procesos históricos concretos que construyen el progreso o el horror. Hoy, en México, la barbarie civilizada opera por medio de personas y aparatos concretos, en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La puesta en escena fue amplificada por medios amarillistas que operaron, en la coyuntura, como vehículos de propaganda de la estrategia integral de seguridad del régimen calderonista en su cruzada contra los malos. A la sazón, una guerra parcial y limitada, no sólo por la selección de los cárteles de la economía criminal a exterminar, sino por la exclusión en materia investigadora y persecutoria, de narcobanqueros, narcoempresarios, narcopolíticos, narcojueces… Ah, y lo peor: la nueva estrategia recién comienza
28.12.09
26.12.09
La guerra que EU endosó a México
La guerra que EU endosó a México
Ignacio Alvarado Álvarez
El Universal
Viernes 25 de diciembre de 2009
Expertos consideran que la Iniciativa Mérida representa la “vietnamización” que el vecino del norte hace de su lucha antidrogas
politica@eluniversal.com.mx
Los cuerpos decapitados de dos hermanos arrojados desde una avioneta en un municipio al sur de Sonora y la muerte, horas más tarde, de Arturo Beltrán Leyva y seis de sus escoltas en un complejo departamental de Cuernavaca, enmarcaron el miércoles 16 la jornada con mayor violencia registrada en el sexenio, con 64 homicidios.
La guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón a la delincuencia organizada arrojó hasta mediados de diciembre 15 mil 507 víctimas, de acuerdo con registros de procuradurías estatales.
El desgaste para el gobierno y sociedad mexicanos ha sido brutal, dice Antonio Payán, investigador de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Pero sobre todo, agrega, es inaceptable si se considera que Estados Unidos es el gran responsable de la desgracia.
Afirma: “México ha invertido miles de millones de pesos y ha puesto miles de muertos en las trincheras de la guerra contra las drogas, que en la realidad no es sino otro más de los combates que libra Estados Unidos fuera de su territorio”.
Payán habla sobre la Iniciativa Mérida, el programa de cooperación anticrimen aprobado en julio de 2008 por el congreso estadounidense, y que prevé una inversión de mil 350 millones de dólares en equipo y asesoría durante tres años.
El pasado 15 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos entregó a México cinco helicópteros Bell-412 y anunció para abril del próximo año la operación de la primera oficina “binacional”, desde la cual habrán de diseñarse estrategias de combate antidrogas.
La flotilla aérea enviada por Estados Unidos será complementada el año entrante con cuatro helicópteros y tres Blackhawk, que en conjunto alcanzan un valor de 276 millones de dólares.
El escenario, que incluye a 45 agentes estadounidenses en la oficina binacional, revela mucho de la estrategia de Washington, de acuerdo con Payán..
Ayuda “insignificante”
El investigador explica: “El problema con la Iniciativa Mérida es que es una especie de vietnamización de la guerra contra las drogas. Una guerra eminentemente estadonunidense que se ha venido librando durante 40 años, que intensificaron en los años 80 en Colombia y el Caribe y que han transportado a México en los 90 y la década actual.
“Así que es una lucha que Estados Unidos está peleando pero fuera de su territorio. No es una lucha que esté librando día con día, con muertes y sangre y dinero dentro de su territorio”.
El origen de la Iniciativa Mérida parte de un criterio hasta hoy cuestionado por muchos analistas. La idea de que con los poco más de mil 300 millones de dólares México tendrá suficiente respaldo para confrontar a poderosos grupos criminales ha dominado la conciencia de la clase política de Estados Unidos.
Los estadounidenses creen que sin tal ayuda la delincuencia organizada llegará a niveles de poder apabullante en la frontera común. José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que nadie quiere reconocer la insignificancia real de la Iniciativa Mérida..
“La Iniciativa Mérida se está planteando como una alternativa orientada a ese sentido, y por lo tanto se han abierto debates internos para que México reciba este apoyo de EU”.
Pero los políticos y el gobierno estadounidenses dejan a un lado el factor primordial de esta guerra: el de su fracaso para reducir el consumo de drogas.
El investigador del Colef explica: “La política antidrogas de Estados Unidos sigue sin brindar resultados, y la prueba está en que el consumo se ha elevado los últimos 40 años y en que los grupos delictivos se han fortalecido a lo largo de la frontera común”.
Ramos agrega: “Hace 15 años no conocíamos a Los Zetas ni a los grupos de Juárez, y ahora son lo más cotidiano del mundo. Y ello, sin duda, es atribuible a esa política antidrogas”.
Consumo y armas, nuevos retos
Durante 2008, un promedio diario de 2 mil estadounidenses entre 12 y 45 años consumieron cocaína, de acuerdo con reportes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, en inglés).
La estadística revela que 12.6 millones de habitantes dijeron en 2008 haber consumido metanfetamina en algún momento de su vida. Otros 8.4 millones lo hicieron con el crack y 102 millones con mariguana. De estos últimos, 2.2 millones fumaron mariguana por vez primera el año pasado, es decir, un promedio de 6 mil personas cada día.
El empleo de crack, metanfetaminas y cocaína registra un ligero decrecimiento en el uso, no así el de mariguana, que aumentó entre estudiantes de secundaria y preparatoria de EU, de 46.9 a 47.5% entre 2006 y 2007, y se mantuvo casi inalterable durante 2008.
Las cifras generales durante la década demuestran, sin embargo, el incremento gradual del consumo en casi todas las drogas y la reducción de la edad de inicio, que fue de 13 a 12 años.
La suma total de estadounidenses que consumen drogas asciende a 30 millones, que sumados a los 4 millones de adictos oficialmente reconocidos en México nutren el millonario negocio de los traficantes de México y Sudamérica.
Esa cantidad de consumidores ha llevado al gobierno de Barack Omaba a replantear la estrategia antidrogas que durante cuatro décadas se centró en las operaciones bélicas.
Además de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos debe trabajar en la reducción del consumo y el flujo de armas hacia México, dijo John Brennan, asesor presidencial en Seguridad y Contraterrorismo, durante el acto de entrega de los helicópteros Bell-412 a México.
Estados Unidos, según Brennan, es corresponsable en el fenómeno, y como tal debe enfrentar retos sociales nacidos del tráfico de drogas.
Ganancias para mercenarios
La Iniciativa Mérida, hasta ahora el principal programa de apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos, transita sin embargo un camino empedrado desde antes de su aprobación.
En el primero de tres años para el que fue concebido, México recibió en equipo y asesoría menos de 25 millones de dólares y para 2010 la cifra no sobrepasará los 231 millones. El presupuesto aceptado para el año próximo generó, de hecho, un debate entre republicanos y demócratas dentro del congreso.
Antonio Payán comenta: “La Iniciativa Mérida fue un reconocimiento simbólico de una supuesta corresponsabilidad, pero hasta este momento hemos visto que tiene varios problemas”. El investigador de UTEP asegura no solamente que el monto global de la ayuda es mínimo, sino que además convoca a los grandes mercenarios de ese país.
“Será como cualquier otra ayuda extranjera que realizan: un subsidio para sus propias compañías. Raramente va a recibir México un cheque o efectivo de Estados Unidos, sino que va a recibir el servicio o los productos de una compañía estadounidense, la cual se va a quedar con la ganancia. Y entre esas instancias hay que mencionar al Pentágono”.
La corresponsabilidad aludida por Brennan no se ha traducido en los hechos. A mitad de los tres años previstos para el ejercicio de los mil 350 millones de dólares, cubre de hecho menos de una cuarta parte del total.
El debate político detrás del programa y el lento derrame del dinero ocurren en un contexto poco favorable para México, cuya imagen se ha desgastado enormemente los años recientes, dice Payán.
“El manejo retórico de que México es un Estado fallido cobra vigencia entre la clase política, sobre todo entre republicanos. Esto alimenta los prejuicios, y en el marco de esta guerra contra las drogas, los conservadores estadounidenses insisten en que sus altos niveles de consumo obedecen a que esta guerra ha fallado, pero fuera de su país”.
El investigador cree que conforme transcurran los meses, la idea comenzará a ganar terreno incluso entre los demócratas, lo cual hará difícil que México llegue a contar con asesorías y equipo equivalentes a los mil 350 millones de dólares. Y parte del debate político se ha fincado sobre la honorabilidad demostrada por las fuerzas federales mexicanas en esta guerra.
Derechos humanos, no importan
En agosto pasado, Amnistía Internacional, según un comunicado, solicitó al Congreso de Estados Unidos la congelación de 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida, “hasta que el gobierno mexicano cumpla sus obligaciones sobre derechos humanos”.
Además de Amnistía Internacional, organismos civiles mexicanos han elaborado informes sobre desaparición forzada, tortura y asesinato cometidos supuestamente por militares y policías federales los últimos dos años.
Los reportes fueron considerados por Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata que preside el subcomité de adjudicaciones sobre asuntos extranjeros, después de que el Departamento de Estado declaró este año que los derechos humanos han sido respetados por las fuerzas federales en su batida contra los cárteles de la droga.
José María Ramos, el investigador del Colef, dice que el problema de los señalamientos por violaciones es la falta de contundencia que muestran los organismos defensores. “El reto será documentar los excesos que se hayan cometido, sobre todo durante 2009”. Aún así, la Iniciativa Mérida no se ve amenazada por esta circunstancia.
La causa de ello, agrega Payán, es que en realidad no importa a EU.
“A Estados Unidos no le interesa que México utilice o no el Ejército; no le interesa si el Ejército mexicano se corrompe o no; no le interesa que el Ejército mexicano respete los derechos humanos o no. La mera verdad, Estados Unidos tiene una política exterior que consiste en una guerra contra las drogas y si en el proceso los derechos constitucionales o los derechos procesales y humanos de los ciudadanos mexicanos quedan hechos añicos, no le interesa”.
Una gota para un incendio
La muerte de Beltrán Leyva y sus escoltas, no sólo acabó con uno de los tres narcotraficantes más poderosos, según los gobiernos de uno y otro país. También sirvió para que millones de mexicanos fueran testigos de una operación militar de alto nivel.
Efectivos de la Marina fueron vistos en las pantallas de televisión descolgándose desde helicópteros y abriéndose camino a golpe de metralla hasta aniquilar a sus objetivos “de manera pulcra”. Fue una imagen bélica que, fuera de reflectores, dejó mil muertos los primeros 51 días de 2009, hasta llegar a los 15 mil 507 asesinatos de esa noche. “Yo no tengo ninguna fe de que la Iniciativa Mérida marque una diferencia considerable en la guerra contra las drogas”, dice Payán. “La Iniciativa Mérida es como una gota de agua para un fuego que está ardiendo en forma considerable. Y eso, si acaso llega a aterrizar el dinero”.
Ignacio Alvarado Álvarez
El Universal
Viernes 25 de diciembre de 2009
Expertos consideran que la Iniciativa Mérida representa la “vietnamización” que el vecino del norte hace de su lucha antidrogas
politica@eluniversal.com.mx
Los cuerpos decapitados de dos hermanos arrojados desde una avioneta en un municipio al sur de Sonora y la muerte, horas más tarde, de Arturo Beltrán Leyva y seis de sus escoltas en un complejo departamental de Cuernavaca, enmarcaron el miércoles 16 la jornada con mayor violencia registrada en el sexenio, con 64 homicidios.
La guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón a la delincuencia organizada arrojó hasta mediados de diciembre 15 mil 507 víctimas, de acuerdo con registros de procuradurías estatales.
El desgaste para el gobierno y sociedad mexicanos ha sido brutal, dice Antonio Payán, investigador de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Pero sobre todo, agrega, es inaceptable si se considera que Estados Unidos es el gran responsable de la desgracia.
Afirma: “México ha invertido miles de millones de pesos y ha puesto miles de muertos en las trincheras de la guerra contra las drogas, que en la realidad no es sino otro más de los combates que libra Estados Unidos fuera de su territorio”.
Payán habla sobre la Iniciativa Mérida, el programa de cooperación anticrimen aprobado en julio de 2008 por el congreso estadounidense, y que prevé una inversión de mil 350 millones de dólares en equipo y asesoría durante tres años.
El pasado 15 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos entregó a México cinco helicópteros Bell-412 y anunció para abril del próximo año la operación de la primera oficina “binacional”, desde la cual habrán de diseñarse estrategias de combate antidrogas.
La flotilla aérea enviada por Estados Unidos será complementada el año entrante con cuatro helicópteros y tres Blackhawk, que en conjunto alcanzan un valor de 276 millones de dólares.
El escenario, que incluye a 45 agentes estadounidenses en la oficina binacional, revela mucho de la estrategia de Washington, de acuerdo con Payán..
Ayuda “insignificante”
El investigador explica: “El problema con la Iniciativa Mérida es que es una especie de vietnamización de la guerra contra las drogas. Una guerra eminentemente estadonunidense que se ha venido librando durante 40 años, que intensificaron en los años 80 en Colombia y el Caribe y que han transportado a México en los 90 y la década actual.
“Así que es una lucha que Estados Unidos está peleando pero fuera de su territorio. No es una lucha que esté librando día con día, con muertes y sangre y dinero dentro de su territorio”.
El origen de la Iniciativa Mérida parte de un criterio hasta hoy cuestionado por muchos analistas. La idea de que con los poco más de mil 300 millones de dólares México tendrá suficiente respaldo para confrontar a poderosos grupos criminales ha dominado la conciencia de la clase política de Estados Unidos.
Los estadounidenses creen que sin tal ayuda la delincuencia organizada llegará a niveles de poder apabullante en la frontera común. José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que nadie quiere reconocer la insignificancia real de la Iniciativa Mérida..
“La Iniciativa Mérida se está planteando como una alternativa orientada a ese sentido, y por lo tanto se han abierto debates internos para que México reciba este apoyo de EU”.
Pero los políticos y el gobierno estadounidenses dejan a un lado el factor primordial de esta guerra: el de su fracaso para reducir el consumo de drogas.
El investigador del Colef explica: “La política antidrogas de Estados Unidos sigue sin brindar resultados, y la prueba está en que el consumo se ha elevado los últimos 40 años y en que los grupos delictivos se han fortalecido a lo largo de la frontera común”.
Ramos agrega: “Hace 15 años no conocíamos a Los Zetas ni a los grupos de Juárez, y ahora son lo más cotidiano del mundo. Y ello, sin duda, es atribuible a esa política antidrogas”.
Consumo y armas, nuevos retos
Durante 2008, un promedio diario de 2 mil estadounidenses entre 12 y 45 años consumieron cocaína, de acuerdo con reportes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, en inglés).
La estadística revela que 12.6 millones de habitantes dijeron en 2008 haber consumido metanfetamina en algún momento de su vida. Otros 8.4 millones lo hicieron con el crack y 102 millones con mariguana. De estos últimos, 2.2 millones fumaron mariguana por vez primera el año pasado, es decir, un promedio de 6 mil personas cada día.
El empleo de crack, metanfetaminas y cocaína registra un ligero decrecimiento en el uso, no así el de mariguana, que aumentó entre estudiantes de secundaria y preparatoria de EU, de 46.9 a 47.5% entre 2006 y 2007, y se mantuvo casi inalterable durante 2008.
Las cifras generales durante la década demuestran, sin embargo, el incremento gradual del consumo en casi todas las drogas y la reducción de la edad de inicio, que fue de 13 a 12 años.
La suma total de estadounidenses que consumen drogas asciende a 30 millones, que sumados a los 4 millones de adictos oficialmente reconocidos en México nutren el millonario negocio de los traficantes de México y Sudamérica.
Esa cantidad de consumidores ha llevado al gobierno de Barack Omaba a replantear la estrategia antidrogas que durante cuatro décadas se centró en las operaciones bélicas.
Además de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos debe trabajar en la reducción del consumo y el flujo de armas hacia México, dijo John Brennan, asesor presidencial en Seguridad y Contraterrorismo, durante el acto de entrega de los helicópteros Bell-412 a México.
Estados Unidos, según Brennan, es corresponsable en el fenómeno, y como tal debe enfrentar retos sociales nacidos del tráfico de drogas.
Ganancias para mercenarios
La Iniciativa Mérida, hasta ahora el principal programa de apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos, transita sin embargo un camino empedrado desde antes de su aprobación.
En el primero de tres años para el que fue concebido, México recibió en equipo y asesoría menos de 25 millones de dólares y para 2010 la cifra no sobrepasará los 231 millones. El presupuesto aceptado para el año próximo generó, de hecho, un debate entre republicanos y demócratas dentro del congreso.
Antonio Payán comenta: “La Iniciativa Mérida fue un reconocimiento simbólico de una supuesta corresponsabilidad, pero hasta este momento hemos visto que tiene varios problemas”. El investigador de UTEP asegura no solamente que el monto global de la ayuda es mínimo, sino que además convoca a los grandes mercenarios de ese país.
“Será como cualquier otra ayuda extranjera que realizan: un subsidio para sus propias compañías. Raramente va a recibir México un cheque o efectivo de Estados Unidos, sino que va a recibir el servicio o los productos de una compañía estadounidense, la cual se va a quedar con la ganancia. Y entre esas instancias hay que mencionar al Pentágono”.
La corresponsabilidad aludida por Brennan no se ha traducido en los hechos. A mitad de los tres años previstos para el ejercicio de los mil 350 millones de dólares, cubre de hecho menos de una cuarta parte del total.
El debate político detrás del programa y el lento derrame del dinero ocurren en un contexto poco favorable para México, cuya imagen se ha desgastado enormemente los años recientes, dice Payán.
“El manejo retórico de que México es un Estado fallido cobra vigencia entre la clase política, sobre todo entre republicanos. Esto alimenta los prejuicios, y en el marco de esta guerra contra las drogas, los conservadores estadounidenses insisten en que sus altos niveles de consumo obedecen a que esta guerra ha fallado, pero fuera de su país”.
El investigador cree que conforme transcurran los meses, la idea comenzará a ganar terreno incluso entre los demócratas, lo cual hará difícil que México llegue a contar con asesorías y equipo equivalentes a los mil 350 millones de dólares. Y parte del debate político se ha fincado sobre la honorabilidad demostrada por las fuerzas federales mexicanas en esta guerra.
Derechos humanos, no importan
En agosto pasado, Amnistía Internacional, según un comunicado, solicitó al Congreso de Estados Unidos la congelación de 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida, “hasta que el gobierno mexicano cumpla sus obligaciones sobre derechos humanos”.
Además de Amnistía Internacional, organismos civiles mexicanos han elaborado informes sobre desaparición forzada, tortura y asesinato cometidos supuestamente por militares y policías federales los últimos dos años.
Los reportes fueron considerados por Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata que preside el subcomité de adjudicaciones sobre asuntos extranjeros, después de que el Departamento de Estado declaró este año que los derechos humanos han sido respetados por las fuerzas federales en su batida contra los cárteles de la droga.
José María Ramos, el investigador del Colef, dice que el problema de los señalamientos por violaciones es la falta de contundencia que muestran los organismos defensores. “El reto será documentar los excesos que se hayan cometido, sobre todo durante 2009”. Aún así, la Iniciativa Mérida no se ve amenazada por esta circunstancia.
La causa de ello, agrega Payán, es que en realidad no importa a EU.
“A Estados Unidos no le interesa que México utilice o no el Ejército; no le interesa si el Ejército mexicano se corrompe o no; no le interesa que el Ejército mexicano respete los derechos humanos o no. La mera verdad, Estados Unidos tiene una política exterior que consiste en una guerra contra las drogas y si en el proceso los derechos constitucionales o los derechos procesales y humanos de los ciudadanos mexicanos quedan hechos añicos, no le interesa”.
Una gota para un incendio
La muerte de Beltrán Leyva y sus escoltas, no sólo acabó con uno de los tres narcotraficantes más poderosos, según los gobiernos de uno y otro país. También sirvió para que millones de mexicanos fueran testigos de una operación militar de alto nivel.
Efectivos de la Marina fueron vistos en las pantallas de televisión descolgándose desde helicópteros y abriéndose camino a golpe de metralla hasta aniquilar a sus objetivos “de manera pulcra”. Fue una imagen bélica que, fuera de reflectores, dejó mil muertos los primeros 51 días de 2009, hasta llegar a los 15 mil 507 asesinatos de esa noche. “Yo no tengo ninguna fe de que la Iniciativa Mérida marque una diferencia considerable en la guerra contra las drogas”, dice Payán. “La Iniciativa Mérida es como una gota de agua para un fuego que está ardiendo en forma considerable. Y eso, si acaso llega a aterrizar el dinero”.
18.12.09
Represor vuelve a la PGR
Proceso
18.12.2009
Represor vuelve a la PGR; Wilfrido Robledo encabezará la PFM
La redacción
MÉXICO D.F., 17 de diciembre (apro).- A partir de enero entrante, se incorporará a la Procuraduría General de la República (PGR) el vicealmirante de la Armada, Wilfrido Robledo Madrid, uno de los principales implicados en el operativo represor de San Salvador Atenco.
Robledo Madrid se hará cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM), en sustitución de Nicandra Castro Escarpulli, según confirmó hoy el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
En un desayuno-conferencia con los reporteros de la “fuente”, el funcionario explicó que la llegada del exjefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE) tiene como propósito mejorar y consolidar la coordinación operativa con las secretarías de Marina y de Seguridad Pública federal.
Formado en los órganos de Seguridad e Inteligencia del Estado mexicano, Robledo Madrid fue el “cerebro” del operativo represor en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. En esa ocasión, policías que participaron en el operativo recuerdan que, en medio de una reunión para decidir si se iban por el diálogo o usaban la fuerza pública para poner orden en San Salvador Atenco, el futuro jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR soltó un manotazo en el escritorio y advirtió: “O me dejan hacer el operativo o, de lo contrario, renuncio ahorita”.
Respetado y odiado, acreditado y desdeñado, es un experto en labores de contrainteligencia que inició su carrera en la Secretaría de la Marina.
Es quizás uno de los ejemplos más representativos de los “hombres de Estado” con formación militar que migraron al mando de la seguridad pública en el país.
De acuerdo a su hoja de servicio, Robledo Madrid tiene el grado de vicealmirante C.G.P.H. (del Cuerpo General Piloto Helicopterista), ingresó al servicio activo en la Armada de México como cadete de la Heroica Escuela Naval el 8 de enero de 1964 y fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general milicia permanente el 1 de agosto de 1969.
En 1970, luego de salir de la Escuela Naval, ingresó al Estado Mayor Presidencial (EMP) como ayudante militar del presidente Luis Echeverría.
Coincidió en ese ámbito con Roberto Miranda Sánchez -posteriormente general brigadier DEM que se convertiría en el jefe del EMP de Ernesto Zedillo- y con uno de sus contemporáneos en la Armada de México, el vicealmirante José Luis Figueroa, quien posteriormente sería una pieza clave en el EMP, en la Dirección de Contrainteligencia del Cisen y como comisionado de la PFP, hasta que la crisis por el linchamiento de dos agentes federales en Tláhuac lo obligó a dejar el cargo.
En 1982, con el inicio del gobierno de Enrique González Pedrero en Tabasco, Wilfrido fue nombrado director de Seguridad Pública del estado. Durante su gestión, se documentaron abusos y una creciente presencia de operaciones del narcotráfico en la entidad-
Uno de los agentes bajo el mando de Robledo era Alcides Ramón Magaña El Metro, quien se convertiría en uno de los principales operadores del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, en Quintana Roo (estado natal de Robledo). En el medio policiaco corría la broma: “Entre Cancún y Villahermosa sólo hay un Metro”.
El principal colaborador de Robledo en la policía tabasqueña era el teniente coronel Pedro Salazar Padilla, a partir de cuyo nombramiento “se incrementa el tráfico de estupefacientes y mercancías ilegales, siendo la puerta de entrada los municipios de Huimanguillo (con cinco pistas clandestinas), Comalcalco (dos pistas), entre otros.
Además, la droga procedente de Colombia era bajada en el aeropuerto de Villahermosa, para lo cual, en coordinación con agentes federales, le brindaban protección los del grupo especial coordinado por José Luis Vallejo Trejo”, establece el documento, en información confirmada por políticos tabasqueños.
Robledo logró establecer comunicación con la clase política tabasqueña de la mano de su primo Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo actualmente preso en La Palma por sus vínculos con el cártel de Juárez y uno de los “extraditables” que reclama Estados Unidos (Proceso 1283, 1345 y 1534).
Por ejemplo, con Roberto Madrazo Pintado, el candidato presidencial de la Alianza por México, estableció una alianza. “Aprovechó la nominación de Madrazo como candidato a la gubernatura. Wilfrido Robledo se entrevista con él a fin de establecer un convenio de colaboración, en el cual, a cambio de información política, Roberto Madrazo se compromete a proteger al grupo de Wilfrido Robledo”, apunta el reporte de inteligencia.
La información era para la campaña, pero también para “la protección en la gubernatura; además serviría para apoyar el proyecto de Madrazo de llegar a la Presidencia de la República en el año 2000”.
Esa información le permitió a “Roberto Madrazo permanecer en la gubernatura, pese a haber existido una negociación con el PRD para su caída, tras ser ventilados (...) los montos de recursos que había ocupado en su campaña”.
El nombre de Wilfrido Robledo aparecía en una lista de funcionarios mexicanos “que no deberían ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”, elaborada por la embajada de Estados Unidos en México, publicó el portal del Centro de Medios Independientes el 10 de mayo, aludiendo a una nota del periódico The New York Times (11 de julio de 1977).
Mano dura
El Cisen fue el siguiente organismo en el que se desempeñó, primero como director de Servicios Técnicos y luego en Contrainteligencia -que luego se convirtió en la Dirección de Protección, “el brazo operativo del Cisen”- Robledo encabezó el poco conocido Grupo Antiterrorista (GAT). Esa área se encargaba de llevar a cabo las investigaciones criminales y de realizar algunos operativos contra el crimen organizado.
Por ejemplo, el expediente del homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo refiere que, en pleno enfrentamiento armado en el aeropuerto de Guadalajara, dos agentes del Cisen videograbaron el hecho.
Después, los agentes aseguraron que estaban ahí porque viajarían a Puerto Vallarta, la misma ciudad adonde iría el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán-.
Cuando el Cisen era encabezado por Tello Peón y Wilfrido Robledo era director de Protección. Desde ese puesto, el 9 de febrero de 1995, Robledo encabezó un operativo en Cacalomacán, Estado de México, para detener a ocho presuntos zapatistas, que fueron torturados. Estos casos fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización no gubernamental estadunidense Human Rights Watch, tal como lo consignó la columna Se dice que… del periódico mexiquense Cambio (10 mayo 2006).
Desde su posición en el Cisen, Wilfrido Robledo participó en la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), que se formalizó el 4 de julio de 1999.
Robledo se llevó a 600 elementos de Protección del Cisen para integrar la Coordinación de Inteligencia de la PFP. Muchos de quienes provenían del GAT, en la PFP formaron la Unidad de Coordinación Interinstitucional de Policías Federales del Grupo Antiterrorista (UCIDGAT).
Resurgimiento
Al inicio del gobierno de Vicente Fox, Robledo se confrontó con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, primero “por la oficina” y luego por una presunta filtración del primero en el sentido de que el nuevo titular era investigado por Estados Unidos. El 30 de diciembre de 2000, Robledo renunció.
Gertz Manero, y paralelamente la Secretaría de la Contraloría (Secodam), formularon denuncias por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra. En total, el perjuicio a la institución ascendía a 5.7 millones de pesos o casi 350 mil dólares.
El secretario de la Marina, Marco Antonio Peyrot González, cobijó a Wilfrido. Además, por sus oficios de especialista en inteligencia fue contratado como asesor en materia de seguridad para el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim.
Con todo, el gobierno de Fox no pudo hacer nada en contra de Robledo. Desde la propia Procuraduría General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha protegió al vicealmirante y a otro de los acusados por el caso, Genaro García Luna, a quien Macedo mantuvo un tiempo como titular de la Agencia Federal de Investigación.
En abril de 2002, la entonces Secodam inhabilitó hasta por 12 años a Robledo y 18 de sus colaboradores; les impuso una multa de 2.7 millones de pesos. Aún inhabilitado, el jefe policiaco fue designado por el gobernador Enrique Peña Nieto como titular de Seguridad Pública del Estado e incluso llegó a justificar su contratación con el argumento de que la inhabilitación era sólo en el “ámbito federal”.
Con el argumento de que “no hay elementos”, la Secretaría de la Función Pública canceló la inhabilitación de Robledo. Sin embargo, el pasado martes 9 la PGR solicitó a un juez de dos a 12 años de prisión contra el poderoso jefe de la Agencia de Seguridad mexiquense por “uso indebido de atribuciones y facultades”, por aquel caso.
Asimismo, desde su llegada al Estado de México entró en una confrontación con el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, por el control de la seguridad pública de la entidad.
Sin embargo, con el beneplácito del gobernador -a quien entonces también presentó su renuncia-, Robledo consiguió crear la Agencia de Seguridad del Estado, que violenta la ley porque se arroga facultades de investigación pertenecientes a la autoridad ministerial. Incluso, busca presupuestos del ramo de procuraduría y de reclusorios.
Entre el equipo que llegó con el jefe policiaco, dicen, está su hijo Marco Antonio Robledo Luna, director de Enlace e Inteligencia Interinstitucional. También hay mandos que estaban inhabilitados, como el capitán Vicente Pérez, hoy director de Finanzas de la Policía Auxiliar, y el almirante Nemesio Portillo, director de Inspección y Suspensión de la Policía Estatal.
Antes del choque en Atenco, policías del Estado de México denunciaron que Wilfredo hacía negocio aparte de su encargo: “rentar armas a los comandantes: un revólver viejo, mil pesos; una Norinko, 2 mil, y una Glock, a 3 mil pesos”; la creación de una empresa para venderle los tres o cuatro uniformes necesarios a cada uno de los 19 mil elementos de la corporación; también los radios Matra los van a vender en 26 mil pesos a cada comandante”, explicaron las fuentes.
18.12.2009
Represor vuelve a la PGR; Wilfrido Robledo encabezará la PFM
La redacción
MÉXICO D.F., 17 de diciembre (apro).- A partir de enero entrante, se incorporará a la Procuraduría General de la República (PGR) el vicealmirante de la Armada, Wilfrido Robledo Madrid, uno de los principales implicados en el operativo represor de San Salvador Atenco.
Robledo Madrid se hará cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM), en sustitución de Nicandra Castro Escarpulli, según confirmó hoy el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
En un desayuno-conferencia con los reporteros de la “fuente”, el funcionario explicó que la llegada del exjefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE) tiene como propósito mejorar y consolidar la coordinación operativa con las secretarías de Marina y de Seguridad Pública federal.
Formado en los órganos de Seguridad e Inteligencia del Estado mexicano, Robledo Madrid fue el “cerebro” del operativo represor en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. En esa ocasión, policías que participaron en el operativo recuerdan que, en medio de una reunión para decidir si se iban por el diálogo o usaban la fuerza pública para poner orden en San Salvador Atenco, el futuro jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR soltó un manotazo en el escritorio y advirtió: “O me dejan hacer el operativo o, de lo contrario, renuncio ahorita”.
Respetado y odiado, acreditado y desdeñado, es un experto en labores de contrainteligencia que inició su carrera en la Secretaría de la Marina.
Es quizás uno de los ejemplos más representativos de los “hombres de Estado” con formación militar que migraron al mando de la seguridad pública en el país.
De acuerdo a su hoja de servicio, Robledo Madrid tiene el grado de vicealmirante C.G.P.H. (del Cuerpo General Piloto Helicopterista), ingresó al servicio activo en la Armada de México como cadete de la Heroica Escuela Naval el 8 de enero de 1964 y fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general milicia permanente el 1 de agosto de 1969.
En 1970, luego de salir de la Escuela Naval, ingresó al Estado Mayor Presidencial (EMP) como ayudante militar del presidente Luis Echeverría.
Coincidió en ese ámbito con Roberto Miranda Sánchez -posteriormente general brigadier DEM que se convertiría en el jefe del EMP de Ernesto Zedillo- y con uno de sus contemporáneos en la Armada de México, el vicealmirante José Luis Figueroa, quien posteriormente sería una pieza clave en el EMP, en la Dirección de Contrainteligencia del Cisen y como comisionado de la PFP, hasta que la crisis por el linchamiento de dos agentes federales en Tláhuac lo obligó a dejar el cargo.
En 1982, con el inicio del gobierno de Enrique González Pedrero en Tabasco, Wilfrido fue nombrado director de Seguridad Pública del estado. Durante su gestión, se documentaron abusos y una creciente presencia de operaciones del narcotráfico en la entidad-
Uno de los agentes bajo el mando de Robledo era Alcides Ramón Magaña El Metro, quien se convertiría en uno de los principales operadores del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, en Quintana Roo (estado natal de Robledo). En el medio policiaco corría la broma: “Entre Cancún y Villahermosa sólo hay un Metro”.
El principal colaborador de Robledo en la policía tabasqueña era el teniente coronel Pedro Salazar Padilla, a partir de cuyo nombramiento “se incrementa el tráfico de estupefacientes y mercancías ilegales, siendo la puerta de entrada los municipios de Huimanguillo (con cinco pistas clandestinas), Comalcalco (dos pistas), entre otros.
Además, la droga procedente de Colombia era bajada en el aeropuerto de Villahermosa, para lo cual, en coordinación con agentes federales, le brindaban protección los del grupo especial coordinado por José Luis Vallejo Trejo”, establece el documento, en información confirmada por políticos tabasqueños.
Robledo logró establecer comunicación con la clase política tabasqueña de la mano de su primo Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo actualmente preso en La Palma por sus vínculos con el cártel de Juárez y uno de los “extraditables” que reclama Estados Unidos (Proceso 1283, 1345 y 1534).
Por ejemplo, con Roberto Madrazo Pintado, el candidato presidencial de la Alianza por México, estableció una alianza. “Aprovechó la nominación de Madrazo como candidato a la gubernatura. Wilfrido Robledo se entrevista con él a fin de establecer un convenio de colaboración, en el cual, a cambio de información política, Roberto Madrazo se compromete a proteger al grupo de Wilfrido Robledo”, apunta el reporte de inteligencia.
La información era para la campaña, pero también para “la protección en la gubernatura; además serviría para apoyar el proyecto de Madrazo de llegar a la Presidencia de la República en el año 2000”.
Esa información le permitió a “Roberto Madrazo permanecer en la gubernatura, pese a haber existido una negociación con el PRD para su caída, tras ser ventilados (...) los montos de recursos que había ocupado en su campaña”.
El nombre de Wilfrido Robledo aparecía en una lista de funcionarios mexicanos “que no deberían ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”, elaborada por la embajada de Estados Unidos en México, publicó el portal del Centro de Medios Independientes el 10 de mayo, aludiendo a una nota del periódico The New York Times (11 de julio de 1977).
Mano dura
El Cisen fue el siguiente organismo en el que se desempeñó, primero como director de Servicios Técnicos y luego en Contrainteligencia -que luego se convirtió en la Dirección de Protección, “el brazo operativo del Cisen”- Robledo encabezó el poco conocido Grupo Antiterrorista (GAT). Esa área se encargaba de llevar a cabo las investigaciones criminales y de realizar algunos operativos contra el crimen organizado.
Por ejemplo, el expediente del homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo refiere que, en pleno enfrentamiento armado en el aeropuerto de Guadalajara, dos agentes del Cisen videograbaron el hecho.
Después, los agentes aseguraron que estaban ahí porque viajarían a Puerto Vallarta, la misma ciudad adonde iría el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán-.
Cuando el Cisen era encabezado por Tello Peón y Wilfrido Robledo era director de Protección. Desde ese puesto, el 9 de febrero de 1995, Robledo encabezó un operativo en Cacalomacán, Estado de México, para detener a ocho presuntos zapatistas, que fueron torturados. Estos casos fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización no gubernamental estadunidense Human Rights Watch, tal como lo consignó la columna Se dice que… del periódico mexiquense Cambio (10 mayo 2006).
Desde su posición en el Cisen, Wilfrido Robledo participó en la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), que se formalizó el 4 de julio de 1999.
Robledo se llevó a 600 elementos de Protección del Cisen para integrar la Coordinación de Inteligencia de la PFP. Muchos de quienes provenían del GAT, en la PFP formaron la Unidad de Coordinación Interinstitucional de Policías Federales del Grupo Antiterrorista (UCIDGAT).
Resurgimiento
Al inicio del gobierno de Vicente Fox, Robledo se confrontó con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, primero “por la oficina” y luego por una presunta filtración del primero en el sentido de que el nuevo titular era investigado por Estados Unidos. El 30 de diciembre de 2000, Robledo renunció.
Gertz Manero, y paralelamente la Secretaría de la Contraloría (Secodam), formularon denuncias por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra. En total, el perjuicio a la institución ascendía a 5.7 millones de pesos o casi 350 mil dólares.
El secretario de la Marina, Marco Antonio Peyrot González, cobijó a Wilfrido. Además, por sus oficios de especialista en inteligencia fue contratado como asesor en materia de seguridad para el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim.
Con todo, el gobierno de Fox no pudo hacer nada en contra de Robledo. Desde la propia Procuraduría General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha protegió al vicealmirante y a otro de los acusados por el caso, Genaro García Luna, a quien Macedo mantuvo un tiempo como titular de la Agencia Federal de Investigación.
En abril de 2002, la entonces Secodam inhabilitó hasta por 12 años a Robledo y 18 de sus colaboradores; les impuso una multa de 2.7 millones de pesos. Aún inhabilitado, el jefe policiaco fue designado por el gobernador Enrique Peña Nieto como titular de Seguridad Pública del Estado e incluso llegó a justificar su contratación con el argumento de que la inhabilitación era sólo en el “ámbito federal”.
Con el argumento de que “no hay elementos”, la Secretaría de la Función Pública canceló la inhabilitación de Robledo. Sin embargo, el pasado martes 9 la PGR solicitó a un juez de dos a 12 años de prisión contra el poderoso jefe de la Agencia de Seguridad mexiquense por “uso indebido de atribuciones y facultades”, por aquel caso.
Asimismo, desde su llegada al Estado de México entró en una confrontación con el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, por el control de la seguridad pública de la entidad.
Sin embargo, con el beneplácito del gobernador -a quien entonces también presentó su renuncia-, Robledo consiguió crear la Agencia de Seguridad del Estado, que violenta la ley porque se arroga facultades de investigación pertenecientes a la autoridad ministerial. Incluso, busca presupuestos del ramo de procuraduría y de reclusorios.
Entre el equipo que llegó con el jefe policiaco, dicen, está su hijo Marco Antonio Robledo Luna, director de Enlace e Inteligencia Interinstitucional. También hay mandos que estaban inhabilitados, como el capitán Vicente Pérez, hoy director de Finanzas de la Policía Auxiliar, y el almirante Nemesio Portillo, director de Inspección y Suspensión de la Policía Estatal.
Antes del choque en Atenco, policías del Estado de México denunciaron que Wilfredo hacía negocio aparte de su encargo: “rentar armas a los comandantes: un revólver viejo, mil pesos; una Norinko, 2 mil, y una Glock, a 3 mil pesos”; la creación de una empresa para venderle los tres o cuatro uniformes necesarios a cada uno de los 19 mil elementos de la corporación; también los radios Matra los van a vender en 26 mil pesos a cada comandante”, explicaron las fuentes.
A escena: DEA y Armada
18.12.2009
Astillero
A escena: DEA y Armada
Julio Hernández López
Lo espectacular y trascendente no fue el acribillamiento de un recambiable jefe de una banda de narcotráfico caída en desgracia respecto al diseño oficialista protegido, sino la impune demostración ante los mexicanos de que el parapeto de la guerra contra comerciantes de drogas permite la violación explícita no sólo de derechos humanos y garantías constitucionales de presuntos delincuentes y ciudadanos de a pie, sino incluso de códigos básicos de respeto entre bandos en conflicto armado, como pudo verse con la fotografía de Arturo Beltrán Leyva decorada macabramente con billetes y accesorios religiosos en una especie de venganza, burla o desahogo que necesariamente hubo de ser concebida y ejecutada por mandos institucionales que fueron los únicos que tuvieron bajo control férreo el cuerpo del capo sinaloense.
Un gobierno que cree justificable utilizar las mismas o peores formas que los criminales explícitos no tiene en su horizonte una victoria republicana o una supremacía moral. Felipe Calderón ha institucionalizado la violación de lo que quede del llamado estado de derecho al propiciar que sin declaratoria de estado de excepción o de sitio se realicen diariamente operativos que lastiman profundamente a quienes tienen la desgracia de quedar entre fuegos sin control. Más allá de los graves delitos de los que se le acusa, y de su evidente peligrosidad, lo visto el miércoles en Cuernavaca muestra que en el caso de Beltrán Leyva se pasó por encima de leyes y garantías, como si el objetivo fuera el que no quedaran con vida los principales personajes. En el fondo, los hechos, y su abundante y precisa difusión televisiva, van acomodando los ánimos colectivos a conformarse con la idea de que así son y serán las cosas, que no hay nada que defender ni alegar en cuanto a derechos ciudadanos si del tema del narcotráfico se trata. Ya no hay leyes que valgan, ni procesos judiciales en busca de esclarecer culpabilidades o inocencias, sino acciones bélicas sin control que sobre la marcha dictan sentencias de vida o muerte y de golpizas y tortura.
La batalla de Cuernavaca tuvo dos actores importantes. Uno, los servicios estadunidenses de inteligencia que ayer mismo se adjudicaron parte del mérito que hubiera en el expediente Beltrán Leyva. Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA, elogió largamente al gobierno mexicano pero advirtió que el desenlace fúnebre viene como resultado de una cooperación significativa y el intercambio de información entre las autoridades policiales en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México. El muy celebrado golpe al capo que pretendía hacerle ruido al Chapo pareciera, así, el anuncio de inauguración de la nueva etapa de colaboración entre la DEA y las fuerzas mexicanas, aceitado todo con los donativos enmarcados en la Iniciativa Mérida y listas ambas partes para establecer en México sus oficinas binacionales de trabajo codo con codo.
El otro factor diferente e importante son los marinos, cada vez más activos en operaciones terrestres, como si fueran la reserva personal de Calderón para enfrentar casos en los que no hubiese confianza respecto a otros cuerpos militares o policiacos. Históricamente la marina ha tenido papeles relevantes en Latinoamérica en contubernio con gobiernos dictatoriales, sobre todo en tareas de combate a segmentos liberales o de izquierda. Hoy, la Armada ha llegado a la guera contra el narco para quedarse, lo que puede significar el avivamiento de pugnas y celos respecto a las fuerzas de la Defensa Nacional, hasta ahora protagonistas estelares de las acometidas calderónicas.
Una última insistencia en un dato que ayuda a entender la magnitud relativa de lo sucedido la noche del miércoles en la capital del estado que gobierna el ultraderechista Marco Antonio Adame, intocado mediática y judicialmente a pesar de la gravedad de los sucesos, a diferencia de lo que sucede con el perredista Godoy en Michoacán (Yunque mata Familia): los Beltrán Leyva tenían actas oficiales de encarcelamiento o defunción firmadas desde el momento en que entraron en conflicto con el secretario de exportaciones toleradas, Joaquín Guzmán. Así es que la algarabía del felipismo y los voceros estadunidenses solamente es de utilería: el golpe verdadero habría sido contra el jefe máximo del cártel de Sinaloa, no contra quien se le había rebelado y debía ser exterminado.
La nueva realidad marina se redondea con el nombramiento posdatado del almirante Wilfrido Robledo como nuevo director de la Policía Federal Ministerial. El pasado 11 de noviembre, en La Jornada, el conocedor y bien informado reportero Gustavo Castillo adelantó que Robledo ocuparía ese cargo (http://bit.ly/8yxfQf). A causa de esa primicia, o por razones burocráticas no explicadas, la designación no se cumplió en esas fechas. Pero ayer, como parte del nuevo diseño marino o para aprovechar los momentos de enaltecimiento del espíritu de mano dura que causan sucesos como el de Beltrán Leyva, el procurador No chávez, No chávez, anunció el reingreso del polémico almirante a la escena policiaca.
Los saldos de Cuernavaca trascienden, como se ve, el hecho concreto del exterminio de un violento jefe narco que iba a contracorriente y al que exhibieron ayer acribillado, semidesnudo y decorado especialmente. En realidad, entre el estruendo y el pánico, se ha abierto paso en tierra una nueva realidad navegante que dará una armada vuelta de tuerca más al proyecto de mano dura y contención social. El almirante Robledo es una pieza más de ese rediseño, una pieza que es restaurada justamente porque se requiere dar el mensaje de que sus métodos, afinados estelarmente en Atenco, son hoy necesarios en el México del 2010 ya en puerta.
Astillero
A escena: DEA y Armada
Julio Hernández López
Lo espectacular y trascendente no fue el acribillamiento de un recambiable jefe de una banda de narcotráfico caída en desgracia respecto al diseño oficialista protegido, sino la impune demostración ante los mexicanos de que el parapeto de la guerra contra comerciantes de drogas permite la violación explícita no sólo de derechos humanos y garantías constitucionales de presuntos delincuentes y ciudadanos de a pie, sino incluso de códigos básicos de respeto entre bandos en conflicto armado, como pudo verse con la fotografía de Arturo Beltrán Leyva decorada macabramente con billetes y accesorios religiosos en una especie de venganza, burla o desahogo que necesariamente hubo de ser concebida y ejecutada por mandos institucionales que fueron los únicos que tuvieron bajo control férreo el cuerpo del capo sinaloense.
Un gobierno que cree justificable utilizar las mismas o peores formas que los criminales explícitos no tiene en su horizonte una victoria republicana o una supremacía moral. Felipe Calderón ha institucionalizado la violación de lo que quede del llamado estado de derecho al propiciar que sin declaratoria de estado de excepción o de sitio se realicen diariamente operativos que lastiman profundamente a quienes tienen la desgracia de quedar entre fuegos sin control. Más allá de los graves delitos de los que se le acusa, y de su evidente peligrosidad, lo visto el miércoles en Cuernavaca muestra que en el caso de Beltrán Leyva se pasó por encima de leyes y garantías, como si el objetivo fuera el que no quedaran con vida los principales personajes. En el fondo, los hechos, y su abundante y precisa difusión televisiva, van acomodando los ánimos colectivos a conformarse con la idea de que así son y serán las cosas, que no hay nada que defender ni alegar en cuanto a derechos ciudadanos si del tema del narcotráfico se trata. Ya no hay leyes que valgan, ni procesos judiciales en busca de esclarecer culpabilidades o inocencias, sino acciones bélicas sin control que sobre la marcha dictan sentencias de vida o muerte y de golpizas y tortura.
La batalla de Cuernavaca tuvo dos actores importantes. Uno, los servicios estadunidenses de inteligencia que ayer mismo se adjudicaron parte del mérito que hubiera en el expediente Beltrán Leyva. Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA, elogió largamente al gobierno mexicano pero advirtió que el desenlace fúnebre viene como resultado de una cooperación significativa y el intercambio de información entre las autoridades policiales en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México. El muy celebrado golpe al capo que pretendía hacerle ruido al Chapo pareciera, así, el anuncio de inauguración de la nueva etapa de colaboración entre la DEA y las fuerzas mexicanas, aceitado todo con los donativos enmarcados en la Iniciativa Mérida y listas ambas partes para establecer en México sus oficinas binacionales de trabajo codo con codo.
El otro factor diferente e importante son los marinos, cada vez más activos en operaciones terrestres, como si fueran la reserva personal de Calderón para enfrentar casos en los que no hubiese confianza respecto a otros cuerpos militares o policiacos. Históricamente la marina ha tenido papeles relevantes en Latinoamérica en contubernio con gobiernos dictatoriales, sobre todo en tareas de combate a segmentos liberales o de izquierda. Hoy, la Armada ha llegado a la guera contra el narco para quedarse, lo que puede significar el avivamiento de pugnas y celos respecto a las fuerzas de la Defensa Nacional, hasta ahora protagonistas estelares de las acometidas calderónicas.
Una última insistencia en un dato que ayuda a entender la magnitud relativa de lo sucedido la noche del miércoles en la capital del estado que gobierna el ultraderechista Marco Antonio Adame, intocado mediática y judicialmente a pesar de la gravedad de los sucesos, a diferencia de lo que sucede con el perredista Godoy en Michoacán (Yunque mata Familia): los Beltrán Leyva tenían actas oficiales de encarcelamiento o defunción firmadas desde el momento en que entraron en conflicto con el secretario de exportaciones toleradas, Joaquín Guzmán. Así es que la algarabía del felipismo y los voceros estadunidenses solamente es de utilería: el golpe verdadero habría sido contra el jefe máximo del cártel de Sinaloa, no contra quien se le había rebelado y debía ser exterminado.
La nueva realidad marina se redondea con el nombramiento posdatado del almirante Wilfrido Robledo como nuevo director de la Policía Federal Ministerial. El pasado 11 de noviembre, en La Jornada, el conocedor y bien informado reportero Gustavo Castillo adelantó que Robledo ocuparía ese cargo (http://bit.ly/8yxfQf). A causa de esa primicia, o por razones burocráticas no explicadas, la designación no se cumplió en esas fechas. Pero ayer, como parte del nuevo diseño marino o para aprovechar los momentos de enaltecimiento del espíritu de mano dura que causan sucesos como el de Beltrán Leyva, el procurador No chávez, No chávez, anunció el reingreso del polémico almirante a la escena policiaca.
Los saldos de Cuernavaca trascienden, como se ve, el hecho concreto del exterminio de un violento jefe narco que iba a contracorriente y al que exhibieron ayer acribillado, semidesnudo y decorado especialmente. En realidad, entre el estruendo y el pánico, se ha abierto paso en tierra una nueva realidad navegante que dará una armada vuelta de tuerca más al proyecto de mano dura y contención social. El almirante Robledo es una pieza más de ese rediseño, una pieza que es restaurada justamente porque se requiere dar el mensaje de que sus métodos, afinados estelarmente en Atenco, son hoy necesarios en el México del 2010 ya en puerta.
5.12.09
Privatizan la guerra contra el narco
Milenio Semanal
30 de noviembre de 2009
Privatizan la guerra contra el narco
En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas”.
La superficialidad con la que se ha tratado la existencia de grupos militares privados en México resulta preocupante. No son grupos o individuos, son empresas multinacionales quienes han visto en la privatización de la guerra contra el narcotráfico un gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés).
A pesar de las decenas de recomendaciones que existen sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos, emitidas por la libre determinación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Federal parece estar dispuesto a abrirle las puertas a los mercaderes de la guerra. Tal fue la propuesta realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario les sugirió que contrataran servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar.
ANIQUILAR A LOS ZETAS
El 12 de octubre pasado la PMC Jax Desmond Worldwide emitió un boletín de prensa donde ofrecía sus servicios al gobierno mexicano para acabar en 120 días con la banda criminal y de sicarios con mayor poder de fuego y entrenamiento del país, Los Zetas. En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”.
Desde la óptica de esta empresa, “es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, por ello JDW asegura que se ha vuelto una necesidad para el presidente Calderón aceptar su oferta. “Creemos que podemos dominar el campo de juego y extinguir la presencia de Los Zetas a lo largo del país”. Para cumplir su objetivo la empresa asegura tener personal de inteligencia capacitado, es decir contratistas en nuestro país que proporcionan la información necesaria para combatir a los ex Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), además de que sus estrategias están supervisadas por personal de inteligencia de EU e Israel, así como por ex funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.
Sascha Forst se muestra enérgico y contundente: “Jax Desmond Worldwide no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”, lo cual resulta cierto dado que las PMC estadunidenses no pueden actuar o brindar entrenamiento a terceros países sin la anuencia del Pentágono. “Nosotros —explica Forst— proveemos una línea de servicios de seguridad dirigida a clientes civiles; éste en particular —combatir a Los Zetas— no es uno de ellos. Nosotros no seríamos mejores que Los Zetas si operáramos en México bajo un contrato con civiles. Eso nos convertiría en mercenarios, asesinos, en mafiosos y es algo en lo que ni siquiera nos atreveríamos a pensar”.
En cambio, aconseja a las empresas y ciudadanos mexicanos que si en verdad quieren su ayuda “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
—¿Qué tan grande es el poder de fuego de JDW como para poder vencer a Los Zetas, ex militares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?
—Entenderás que no podemos dar esas especificaciones por razones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que nuestra capacidad es inalcanzable para Los Zetas. Nosotros tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla toda. Es posible que Los Zetas tengan el arsenal más poderoso en México, pero ten por seguro que nosotros tenemos el arsenal más poderoso del mundo.
AGUA SUCIA EN EL PLAN MÉRIDA
En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.
Blackwater intentó ese mismo año montar una base de entrenamiento en California, en las cercanías de la frontera con México, para capacitar elementos policiales y militares, una versión en el desierto de la mítica Moyock asentada en los pantanos de Carolina del Norte (de ahí el nombre original de la empresa, en español: agua negra o sucia) y cuna de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, el cual cuenta con una base de datos de 20 mil elementos —todos ex militares con experiencia en combate— dispuestos a entrar en acción en el momento que se les llame. De acuerdo con el contrato la empresa de Prince se haría cargo de construir instalaciones de entrenamiento y adiestrar unidades aéreas antinarcóticos, así como capacitarlas en materia de seguridad, proveer información geográfica y “apoyo de campo”. Un año después de obtenido el contrato, en 2008, la PMC emitió un boletín donde lamentaba la oposición de California a la construcción del campo de entrenamiento, pero en la actualidad las ofertas públicas —y las no tan públicas— de trabajo de Xe Services continúan solicitando personal para operar sistemas de cómputo, analizar información y pilotear aeronaves para el CNTPO. Incluso en ese 2007 pidió permiso para adquirir un par de helicópteros Súper Tucano que son los empleados en Afganistán y Colombia para operaciones antinarcóticos.
Lo anterior indica que Xe Services ocupará dentro del Plan Mérida el lugar que DynCorp y Northtrop Grumman tienen dentro del Plan Colombia, relaciones que salieron a la luz cuando un helicóptero militar tipo Huey II de la primera empresa fue derribado por los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2001. Allí viajaban cuatro contratistas estadunidenses: uno falleció y los otros tres fueron rescatados por efectivos de los EU luego de un intenso tiroteo en la selva, digno de una de las miles de películas sobre Vietnam. Dos años después de este incidente, en febrero de 2003, otra aeronave, esta vez un avión de “fumigación” —algunas fuentes aseguran que realizaba acciones de espionaje— fue derribado con tres contratistas estadunidenses de Northtrop Grumman: Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron capturados por las FARC y su historia culminó seis años después al ser liberados por el Ejército colombiano en la llamada “Operación Jaque”, donde también se rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Al igual que el contrato firmado por Xe Services para México, los convenios de cooperación con Colombia son de entrenamiento y asesoría técnica. Sin embargo, podrían actuar sin son atacados o en un operativo de rescate de sus tropas.
Jax Desmond:“En cuatro meses acabaríamos con Los Zetas”
La empresa JDW presentó al presidente Calderón un plan para acabar con los cárteles mexicanos y sus grupos de sicarios; sus enviados trabajarían sin aceptar la colaboración de autoridades mexicanas.
Sin titubeos, Jax Desmond responde de inmediato a la pregunta que se le hace desde la Ciudad de México a sus oficinas en Nueva York:
—¿En cuánto tiempo acabarían ustedes con Los Zetas?
—Podemos hacerlo en cuatro meses. Mi gente es mejor que ellos, está mucho mejor entrenada, tiene mejores armas y sobre todo tiene la experiencia en combate, en guerras en Medio Oriente contra grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Ciento veinte días es el tiempo que necesitamos y en el que nos comprometemos a ayudarle al gobierno de México a “resolver” el problema en que se convirtieron Los Zetas —explica Desmond, director y fundador de la compañía de seguridad que lleva su nombre y que se especializa en ofrecer servicios de intervención para combatir secuestros y grupos terroristas en todo el mundo.
Acabar con Los Zetas implica también capturar vivos a sus líderes, se le comenta a Desmond, quien responde afirmativamente y agrega que sus muchachos están entrenados para lograrlo y que si el gobierno mexicano acepta las condiciones de trabajo plasmadas en el proyecto que hace dos meses le hicieron llegar al presidente Calderón, buscarán y detendrán a “los 10 jefes de Los Zetas”. La lista la encabezan los cuatro personajes más conocidos del cártel dentro y fuera de México: Heriberto Lazcano (Lazca o Z-3), Miguel Ángel Treviño Morales (L-40), Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén (Tony Tormenta) y Jorge Eduardo Costilla Sánchez (El Coss). Ellos son los principales objetivos de la Operación Duvdevan (cereza), diseñada por la compañía Jax Desmond Worldwide para terminar con ellos, señala.
Duvdevan es el nombre clave de uno de los grupos especiales de contraterrorismo y espionaje del Ejército de Israel. Es una unidad de élite cuyos elementos están adiestrados para ejecutar complicadas operaciones de infiltración en las líneas enemigas, empleando equipo sofisticado, vehículos modificados y sobre todo penetrando y mezclándose sin despertar sospechas con los blancos a capturar o eliminar. Sus agentes se han concentrado en operaciones de infiltración en la franja oeste de Gaza, para eliminar o detener a personajes vinculados con potenciales actos terroristas o ligados al tráfico de armas y explosivos hacia Jerusalén. Desmond añade que acerca de Los Zetas existe amplia información en los archivos de la compañía, que él y su gente los estudiaron durante meses antes de proponerle al gobierno mexicano su plan de operaciones. “Vamos con todo por ellos”, dice. “Tenemos helicópteros Apache, vehículos artillados, sistemas de vigilancia y seguimiento, y sistemas y equipos de inteligencia para dar con ellos y detenerlos”, detalla.
El conseguirlo pasa por la aceptación del gobierno del presidente Felipe Calderón para que sus mercenarios entren al país con equipo militar, equipo de inteligencia y, sobre todo, con el equivalente a una auténtica patente de corso para actuar sin obstáculos en contra de Los Zetas.
LA EXPERIENCIA NECESARIA
JDW es una empresa especializada en servicios de protección, vigilancia, seguridad, respuesta a situaciones de riesgo, asistencia antisecuestros y transportación especial, cuya planta laboral operativa está integrada por ex combatientes israelíes y estadunidenses pertenecientes a los más importantes grupos de élite en sus fuerzas armadas. Ex oficiales de grupos especiales como el Duvdevan, el Sayeret Matkal y el Mossad componen el grueso de las fuerzas de operación de JDW. A ellos se suman ex integrantes de la Delta Force, del US Navy Seals, del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos.
Desde el pasado 12 de octubre, cuando ofrecieron sus servicios, están a la espera de la respuesta positiva del gobierno mexicano y de un sector del Senado de Estados Unidos para iniciar la primera fase del despliegue paramilitar que buscará acabar con Los Zetas, “el cártel más adelantado, sofisticado y peligroso que opera en México”. En un comunicado difundido ese día, la compañía señalaba que era “evidente que México está sobrepasado y, si las autoridades requieren nuestra ayuda, estaremos felices de enviar a nuestros mejores equipos de policías y militares expertos”. Esta no es la primera vez que JDW busca que el gobierno mexicano o alguno de los gobiernos estatales del país contraten sus servicios. En agosto de este año la firma, con sede en Nueva York y oficinas en Londres, manejó el mismo discurso, ofreciendo a través de su vocero, Sascha Forst, su diagnóstico sobre la violencia en México.
El precio por los servicios prestados es otro tema por definir. Quienes han seguido los pasos de la firma Jax Desmond Worldwide (JDW) dicen que por una operación así la compañía cobra entre 90 y 100 millones de dólares, pero Desmond confirma que una parte fundamental de la propuesta enviada al presidente Calderón se refiere precisamente al costo que tendría la Operación Duvdevan y que “acordamos no revelar”. Pero el verdadero precio de la intervención de los mercenarios de JDW en México para acabar con Los Zetas es mucho más elevado y se resume en dos palabras: derrota y soberanía. Con ellas vendría una cadena de consecuencias inimaginables.
SOMOS MEJORES
Preciso y amplio en sus respuestas, Desmond afirma tener a los mejores hombres para este trabajo. “Mi gente pertenece a los mejores grupos de fuerzas especiales del planeta; son en su mayoría ex combatientes del Ejército de Israel y de sus unidades de élite, y contamos también con oficiales de élite del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de la Fuerza Delta, que han formado parte del Ejército de EU”.
JDW desplegaría en México una parte de los poco más de 500 ex militares de operaciones especiales con que cuenta y que están distribuidos en al menos 12 países de Medio Oriente, Europa del Este y África. “Seríamos ingenuos si no viéramos a Los Zetas como un verdadero riesgo para la seguridad. Aquí lo importante es ver que Los Zetas son un grupo de mercenarios altamente capacitados, bastante bien entrenados por oficiales de fuerzas especiales, por oficiales de policía, en fin, por autoridades federales civiles y militares. La única cosa que nos separa de ellos es que mi gente, los miembros de mi equipo están mejor entrenados, han tenido un adiestramiento más costoso y están respaldados por mejor armamento”.
El proyecto amplio y detallado para que los paramilitares de JDW comiencen sus operaciones en suelo mexicano, prácticamente sin restricciones, está desde hace más de dos mes en las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación. El Senado estadunidense tiene copia del documento y mantiene comunicación constante con JDW, explica Jax Desmond. La empresa, que cuenta con una experiencia de 23 años en áreas de seguridad, sólo espera el visto bueno de la Presidencia de la República y de las autoridades de Estados Unidos para poner en marcha la primera etapa del proyecto. “Si el presidente Calderón me dijera hoy mismo que está interesado en el proyecto que le presentamos, necesitaría un mes para preparar la llegada a México de los primeros equipos especiales; un mes para ubicar las bases operativas, las bases de apoyo, la logística y varios encuentros con funcionarios del gobierno mexicano para acordar los últimos aspectos de la operación”, añade Desmond.
Pero hay otro detalle importante que atender: los muchachos de Desmond trabajan siempre solos, por su cuenta, sin el apoyo de ninguna fuerza local. De ninguna.
INMUNIDAD O IMPUNIDAD
Para la compañía JDW la visión en torno al tema de Los Zetas, a su expansión y a la manera de acabar con ellos, sobrepasa temas como el de la soberanía o la cooperación para ubicarse en el terreno de la urgencia ante “una amenaza real en la frontera sur de Estados Unidos”, dice Desmond. Pero las prioridades para llevar a cabo la misión tienen qué ver más con las condiciones de operación y las garantías jurídicas que el gobierno mexicano debe darle a JDW, que con cuestiones de soberanía o coordinación militar. Desmond lo explica a partir de la extendida corrupción policiaca en México. Su tamaño es tal, dice, que si durante las operaciones para capturar a Los Zetas “un militar, un policía o un agente federal mexicano se acercara a nosotros, lo detendríamos porque no confiamos en nadie, no sabemos con quién estamos tratando”. Y agrega: “Nosotros no trabajamos ni hacemos equipo con ninguna fuerza del país o del lugar donde actuamos”.
—¿No trabajarían en coordinación con el Ejército mexicano? ¿Con la Marina o la Policía Federal?
—No. Nosotros no trabajamos con nadie. Si por algún motivo especial requiriéramos de ayuda se la pediríamos al Ejército de Estados Unidos. A nadie más.
—Entonces hablamos de una situación legal, jurídica, muy especial.
—Eso está en las condiciones que planteamos para poder trabajar. Necesitamos que las autoridades cumplan con todos esos requisitos o de lo contrario no podremos ir.
El plan operativo de JDW comprende un análisis situacional de la violencia fronteriza generada por los cárteles de la droga mexicanos, un estudio de las capacidades, presencia, puntos débiles y expansión de Los Zetas, así como una estrategia integral para lograr su captura y el paulatino descenso de las acciones del cártel y de los grupos que se les han unido. Senadores estadunidenses están al tanto de la propuesta de JDW y del clima de violencia que golpea la frontera común con México y que en este sexenio ha cobrado la vida de más de 16 mil personas vinculadas en su gran mayoría al fenómeno del narcotráfico. “No es un texto pequeño —explica Desmond—; son cientos de hojas las que les enviamos para que conocieran a detalle la propuesta”.
DE CUIDADO
La oleada de ejecuciones, secuestros, ataques y amenazas ligadas al narcotráfico y la guerra desatada entre cárteles y entre éstos y el gobierno federal elevan a más de 16 mil las muertes de mexicanos, especialmente en la frontera con Estados Unidos. El sur de Estados Unidos ha comenzado a sentir los efectos de la violencia generada por el narco mexicano en complicidad con policías y cuerpos de seguridad estadunidenses. Diversas autoridades han reconocido en este año que Los Zetas penetraron la línea fronteriza y operan con bandas locales en estados como California, Arizona, Texas, Nuevo México, y en una veintena de ciudades fronterizas en las que su paso ha dejado huella.
Los secuestros en Arizona han aumentado al igual que las extorsiones y amenazas en comunidades hispanas y anglosajonas. Los datos disponibles en la DEA, en el Departamento de Estado, en la Patrulla Fronteriza y en las oficinas de las policías locales indican que Los Zetas se están afianzando en sur de Estados Unidos. El más reciente informe de la General Accounting Office (GAO), organismo encargado de revisar la eficacia y el trabajo de todas las instancias gubernamentales en Estados Unidos, señalaba en junio de este año —basado en datos del FBI, la DEA y el Departamento de Aduanas— que los cárteles mexicanos tienen presencia real y comprobada en al menos 230 ciudades de el país vecino.
De ellos, dos llamaban poderosamente la atención: el cártel de Sinaloa, por su capacidad operativa para mover grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadunidense, y Los Zetas, por su violencia, por su rápida expansión y sobre todo por su poder y control sobre las rutas de tráfico y las zonas de venta de droga que comienza a arrebatarle a otros competidores. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) han reconocido que Los Zetas son el cártel que más armas de alto poder y destrucción adquieren (ametralladoras Barret calibre 50 milímetros, pistolas FN Herstal calibre 5.7 x 28 milímetros, conocidas como matapolicías, y ametralladoras P-90 de munición subsónica), ya sea en el mercado negro o de manera legal, en las ferias de armamento que cada 15 días se llevan a cabo en el sur de Estados Unidos. El analista Hal Brands, doctor en Historia por la Universidad de Yale y especialista en temas de contrainsurgencia, publicó en la revista Air & Space Journal correspondiente al tercer trimestre de 2009, el artículo “Los Zetas: Dentro de la Pandilla de Drogas más Peligrosa de México” (http://www.au.af.mil/au/cadre/aspj/apjinternational/apj-s/2009/3tri09/br...), donde advierte que este grupo posee “un aparato organizativo refinado, que le ha dado poder y una capacidad de expansión no vista antes en otras organizaciones criminales de México”. Brands señala que “sus orígenes, la evolución subsiguiente y su modus operandi… son lo que les ha permitido tener un éxito tan devastador sobre la seguridad interna de México y sus países vecinos”. No obstante, reconoce que los datos precisos sobre este grupo siguen siendo escasos. “En realidad se sabe muy poco de ellos”, dice. Aun así, el especialista advierte que “Los Zetas tienen ahora de mil a tres mil hombres y mujeres, la mayoría veinteañeros. Se cree que este grupo básico está complementado por docenas de Kaibiles, o especialistas guatemaltecos en contrainsurgencia quienes, como Los Zetas originales, desertaron del ejército en busca de una mejor paga”, y añade: “Los Zetas explotan despiadadamente los fracasos del estado mexicano, haciendo uso de la violencia y los sobornos para socavar las instituciones del gobierno destruyéndolas desde dentro”.
Jorge Alejandro Medellín
30 de noviembre de 2009
Privatizan la guerra contra el narco
En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas”.
La superficialidad con la que se ha tratado la existencia de grupos militares privados en México resulta preocupante. No son grupos o individuos, son empresas multinacionales quienes han visto en la privatización de la guerra contra el narcotráfico un gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés).
A pesar de las decenas de recomendaciones que existen sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos, emitidas por la libre determinación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Federal parece estar dispuesto a abrirle las puertas a los mercaderes de la guerra. Tal fue la propuesta realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario les sugirió que contrataran servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar.
ANIQUILAR A LOS ZETAS
El 12 de octubre pasado la PMC Jax Desmond Worldwide emitió un boletín de prensa donde ofrecía sus servicios al gobierno mexicano para acabar en 120 días con la banda criminal y de sicarios con mayor poder de fuego y entrenamiento del país, Los Zetas. En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”.
Desde la óptica de esta empresa, “es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, por ello JDW asegura que se ha vuelto una necesidad para el presidente Calderón aceptar su oferta. “Creemos que podemos dominar el campo de juego y extinguir la presencia de Los Zetas a lo largo del país”. Para cumplir su objetivo la empresa asegura tener personal de inteligencia capacitado, es decir contratistas en nuestro país que proporcionan la información necesaria para combatir a los ex Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), además de que sus estrategias están supervisadas por personal de inteligencia de EU e Israel, así como por ex funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.
Sascha Forst se muestra enérgico y contundente: “Jax Desmond Worldwide no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”, lo cual resulta cierto dado que las PMC estadunidenses no pueden actuar o brindar entrenamiento a terceros países sin la anuencia del Pentágono. “Nosotros —explica Forst— proveemos una línea de servicios de seguridad dirigida a clientes civiles; éste en particular —combatir a Los Zetas— no es uno de ellos. Nosotros no seríamos mejores que Los Zetas si operáramos en México bajo un contrato con civiles. Eso nos convertiría en mercenarios, asesinos, en mafiosos y es algo en lo que ni siquiera nos atreveríamos a pensar”.
En cambio, aconseja a las empresas y ciudadanos mexicanos que si en verdad quieren su ayuda “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
—¿Qué tan grande es el poder de fuego de JDW como para poder vencer a Los Zetas, ex militares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?
—Entenderás que no podemos dar esas especificaciones por razones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que nuestra capacidad es inalcanzable para Los Zetas. Nosotros tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla toda. Es posible que Los Zetas tengan el arsenal más poderoso en México, pero ten por seguro que nosotros tenemos el arsenal más poderoso del mundo.
AGUA SUCIA EN EL PLAN MÉRIDA
En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.
Blackwater intentó ese mismo año montar una base de entrenamiento en California, en las cercanías de la frontera con México, para capacitar elementos policiales y militares, una versión en el desierto de la mítica Moyock asentada en los pantanos de Carolina del Norte (de ahí el nombre original de la empresa, en español: agua negra o sucia) y cuna de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, el cual cuenta con una base de datos de 20 mil elementos —todos ex militares con experiencia en combate— dispuestos a entrar en acción en el momento que se les llame. De acuerdo con el contrato la empresa de Prince se haría cargo de construir instalaciones de entrenamiento y adiestrar unidades aéreas antinarcóticos, así como capacitarlas en materia de seguridad, proveer información geográfica y “apoyo de campo”. Un año después de obtenido el contrato, en 2008, la PMC emitió un boletín donde lamentaba la oposición de California a la construcción del campo de entrenamiento, pero en la actualidad las ofertas públicas —y las no tan públicas— de trabajo de Xe Services continúan solicitando personal para operar sistemas de cómputo, analizar información y pilotear aeronaves para el CNTPO. Incluso en ese 2007 pidió permiso para adquirir un par de helicópteros Súper Tucano que son los empleados en Afganistán y Colombia para operaciones antinarcóticos.
Lo anterior indica que Xe Services ocupará dentro del Plan Mérida el lugar que DynCorp y Northtrop Grumman tienen dentro del Plan Colombia, relaciones que salieron a la luz cuando un helicóptero militar tipo Huey II de la primera empresa fue derribado por los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2001. Allí viajaban cuatro contratistas estadunidenses: uno falleció y los otros tres fueron rescatados por efectivos de los EU luego de un intenso tiroteo en la selva, digno de una de las miles de películas sobre Vietnam. Dos años después de este incidente, en febrero de 2003, otra aeronave, esta vez un avión de “fumigación” —algunas fuentes aseguran que realizaba acciones de espionaje— fue derribado con tres contratistas estadunidenses de Northtrop Grumman: Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron capturados por las FARC y su historia culminó seis años después al ser liberados por el Ejército colombiano en la llamada “Operación Jaque”, donde también se rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Al igual que el contrato firmado por Xe Services para México, los convenios de cooperación con Colombia son de entrenamiento y asesoría técnica. Sin embargo, podrían actuar sin son atacados o en un operativo de rescate de sus tropas.
Jax Desmond:“En cuatro meses acabaríamos con Los Zetas”
La empresa JDW presentó al presidente Calderón un plan para acabar con los cárteles mexicanos y sus grupos de sicarios; sus enviados trabajarían sin aceptar la colaboración de autoridades mexicanas.
Sin titubeos, Jax Desmond responde de inmediato a la pregunta que se le hace desde la Ciudad de México a sus oficinas en Nueva York:
—¿En cuánto tiempo acabarían ustedes con Los Zetas?
—Podemos hacerlo en cuatro meses. Mi gente es mejor que ellos, está mucho mejor entrenada, tiene mejores armas y sobre todo tiene la experiencia en combate, en guerras en Medio Oriente contra grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Ciento veinte días es el tiempo que necesitamos y en el que nos comprometemos a ayudarle al gobierno de México a “resolver” el problema en que se convirtieron Los Zetas —explica Desmond, director y fundador de la compañía de seguridad que lleva su nombre y que se especializa en ofrecer servicios de intervención para combatir secuestros y grupos terroristas en todo el mundo.
Acabar con Los Zetas implica también capturar vivos a sus líderes, se le comenta a Desmond, quien responde afirmativamente y agrega que sus muchachos están entrenados para lograrlo y que si el gobierno mexicano acepta las condiciones de trabajo plasmadas en el proyecto que hace dos meses le hicieron llegar al presidente Calderón, buscarán y detendrán a “los 10 jefes de Los Zetas”. La lista la encabezan los cuatro personajes más conocidos del cártel dentro y fuera de México: Heriberto Lazcano (Lazca o Z-3), Miguel Ángel Treviño Morales (L-40), Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén (Tony Tormenta) y Jorge Eduardo Costilla Sánchez (El Coss). Ellos son los principales objetivos de la Operación Duvdevan (cereza), diseñada por la compañía Jax Desmond Worldwide para terminar con ellos, señala.
Duvdevan es el nombre clave de uno de los grupos especiales de contraterrorismo y espionaje del Ejército de Israel. Es una unidad de élite cuyos elementos están adiestrados para ejecutar complicadas operaciones de infiltración en las líneas enemigas, empleando equipo sofisticado, vehículos modificados y sobre todo penetrando y mezclándose sin despertar sospechas con los blancos a capturar o eliminar. Sus agentes se han concentrado en operaciones de infiltración en la franja oeste de Gaza, para eliminar o detener a personajes vinculados con potenciales actos terroristas o ligados al tráfico de armas y explosivos hacia Jerusalén. Desmond añade que acerca de Los Zetas existe amplia información en los archivos de la compañía, que él y su gente los estudiaron durante meses antes de proponerle al gobierno mexicano su plan de operaciones. “Vamos con todo por ellos”, dice. “Tenemos helicópteros Apache, vehículos artillados, sistemas de vigilancia y seguimiento, y sistemas y equipos de inteligencia para dar con ellos y detenerlos”, detalla.
El conseguirlo pasa por la aceptación del gobierno del presidente Felipe Calderón para que sus mercenarios entren al país con equipo militar, equipo de inteligencia y, sobre todo, con el equivalente a una auténtica patente de corso para actuar sin obstáculos en contra de Los Zetas.
LA EXPERIENCIA NECESARIA
JDW es una empresa especializada en servicios de protección, vigilancia, seguridad, respuesta a situaciones de riesgo, asistencia antisecuestros y transportación especial, cuya planta laboral operativa está integrada por ex combatientes israelíes y estadunidenses pertenecientes a los más importantes grupos de élite en sus fuerzas armadas. Ex oficiales de grupos especiales como el Duvdevan, el Sayeret Matkal y el Mossad componen el grueso de las fuerzas de operación de JDW. A ellos se suman ex integrantes de la Delta Force, del US Navy Seals, del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos.
Desde el pasado 12 de octubre, cuando ofrecieron sus servicios, están a la espera de la respuesta positiva del gobierno mexicano y de un sector del Senado de Estados Unidos para iniciar la primera fase del despliegue paramilitar que buscará acabar con Los Zetas, “el cártel más adelantado, sofisticado y peligroso que opera en México”. En un comunicado difundido ese día, la compañía señalaba que era “evidente que México está sobrepasado y, si las autoridades requieren nuestra ayuda, estaremos felices de enviar a nuestros mejores equipos de policías y militares expertos”. Esta no es la primera vez que JDW busca que el gobierno mexicano o alguno de los gobiernos estatales del país contraten sus servicios. En agosto de este año la firma, con sede en Nueva York y oficinas en Londres, manejó el mismo discurso, ofreciendo a través de su vocero, Sascha Forst, su diagnóstico sobre la violencia en México.
El precio por los servicios prestados es otro tema por definir. Quienes han seguido los pasos de la firma Jax Desmond Worldwide (JDW) dicen que por una operación así la compañía cobra entre 90 y 100 millones de dólares, pero Desmond confirma que una parte fundamental de la propuesta enviada al presidente Calderón se refiere precisamente al costo que tendría la Operación Duvdevan y que “acordamos no revelar”. Pero el verdadero precio de la intervención de los mercenarios de JDW en México para acabar con Los Zetas es mucho más elevado y se resume en dos palabras: derrota y soberanía. Con ellas vendría una cadena de consecuencias inimaginables.
SOMOS MEJORES
Preciso y amplio en sus respuestas, Desmond afirma tener a los mejores hombres para este trabajo. “Mi gente pertenece a los mejores grupos de fuerzas especiales del planeta; son en su mayoría ex combatientes del Ejército de Israel y de sus unidades de élite, y contamos también con oficiales de élite del Cuerpo de Marines, de los Rangers y de la Fuerza Delta, que han formado parte del Ejército de EU”.
JDW desplegaría en México una parte de los poco más de 500 ex militares de operaciones especiales con que cuenta y que están distribuidos en al menos 12 países de Medio Oriente, Europa del Este y África. “Seríamos ingenuos si no viéramos a Los Zetas como un verdadero riesgo para la seguridad. Aquí lo importante es ver que Los Zetas son un grupo de mercenarios altamente capacitados, bastante bien entrenados por oficiales de fuerzas especiales, por oficiales de policía, en fin, por autoridades federales civiles y militares. La única cosa que nos separa de ellos es que mi gente, los miembros de mi equipo están mejor entrenados, han tenido un adiestramiento más costoso y están respaldados por mejor armamento”.
El proyecto amplio y detallado para que los paramilitares de JDW comiencen sus operaciones en suelo mexicano, prácticamente sin restricciones, está desde hace más de dos mes en las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación. El Senado estadunidense tiene copia del documento y mantiene comunicación constante con JDW, explica Jax Desmond. La empresa, que cuenta con una experiencia de 23 años en áreas de seguridad, sólo espera el visto bueno de la Presidencia de la República y de las autoridades de Estados Unidos para poner en marcha la primera etapa del proyecto. “Si el presidente Calderón me dijera hoy mismo que está interesado en el proyecto que le presentamos, necesitaría un mes para preparar la llegada a México de los primeros equipos especiales; un mes para ubicar las bases operativas, las bases de apoyo, la logística y varios encuentros con funcionarios del gobierno mexicano para acordar los últimos aspectos de la operación”, añade Desmond.
Pero hay otro detalle importante que atender: los muchachos de Desmond trabajan siempre solos, por su cuenta, sin el apoyo de ninguna fuerza local. De ninguna.
INMUNIDAD O IMPUNIDAD
Para la compañía JDW la visión en torno al tema de Los Zetas, a su expansión y a la manera de acabar con ellos, sobrepasa temas como el de la soberanía o la cooperación para ubicarse en el terreno de la urgencia ante “una amenaza real en la frontera sur de Estados Unidos”, dice Desmond. Pero las prioridades para llevar a cabo la misión tienen qué ver más con las condiciones de operación y las garantías jurídicas que el gobierno mexicano debe darle a JDW, que con cuestiones de soberanía o coordinación militar. Desmond lo explica a partir de la extendida corrupción policiaca en México. Su tamaño es tal, dice, que si durante las operaciones para capturar a Los Zetas “un militar, un policía o un agente federal mexicano se acercara a nosotros, lo detendríamos porque no confiamos en nadie, no sabemos con quién estamos tratando”. Y agrega: “Nosotros no trabajamos ni hacemos equipo con ninguna fuerza del país o del lugar donde actuamos”.
—¿No trabajarían en coordinación con el Ejército mexicano? ¿Con la Marina o la Policía Federal?
—No. Nosotros no trabajamos con nadie. Si por algún motivo especial requiriéramos de ayuda se la pediríamos al Ejército de Estados Unidos. A nadie más.
—Entonces hablamos de una situación legal, jurídica, muy especial.
—Eso está en las condiciones que planteamos para poder trabajar. Necesitamos que las autoridades cumplan con todos esos requisitos o de lo contrario no podremos ir.
El plan operativo de JDW comprende un análisis situacional de la violencia fronteriza generada por los cárteles de la droga mexicanos, un estudio de las capacidades, presencia, puntos débiles y expansión de Los Zetas, así como una estrategia integral para lograr su captura y el paulatino descenso de las acciones del cártel y de los grupos que se les han unido. Senadores estadunidenses están al tanto de la propuesta de JDW y del clima de violencia que golpea la frontera común con México y que en este sexenio ha cobrado la vida de más de 16 mil personas vinculadas en su gran mayoría al fenómeno del narcotráfico. “No es un texto pequeño —explica Desmond—; son cientos de hojas las que les enviamos para que conocieran a detalle la propuesta”.
DE CUIDADO
La oleada de ejecuciones, secuestros, ataques y amenazas ligadas al narcotráfico y la guerra desatada entre cárteles y entre éstos y el gobierno federal elevan a más de 16 mil las muertes de mexicanos, especialmente en la frontera con Estados Unidos. El sur de Estados Unidos ha comenzado a sentir los efectos de la violencia generada por el narco mexicano en complicidad con policías y cuerpos de seguridad estadunidenses. Diversas autoridades han reconocido en este año que Los Zetas penetraron la línea fronteriza y operan con bandas locales en estados como California, Arizona, Texas, Nuevo México, y en una veintena de ciudades fronterizas en las que su paso ha dejado huella.
Los secuestros en Arizona han aumentado al igual que las extorsiones y amenazas en comunidades hispanas y anglosajonas. Los datos disponibles en la DEA, en el Departamento de Estado, en la Patrulla Fronteriza y en las oficinas de las policías locales indican que Los Zetas se están afianzando en sur de Estados Unidos. El más reciente informe de la General Accounting Office (GAO), organismo encargado de revisar la eficacia y el trabajo de todas las instancias gubernamentales en Estados Unidos, señalaba en junio de este año —basado en datos del FBI, la DEA y el Departamento de Aduanas— que los cárteles mexicanos tienen presencia real y comprobada en al menos 230 ciudades de el país vecino.
De ellos, dos llamaban poderosamente la atención: el cártel de Sinaloa, por su capacidad operativa para mover grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadunidense, y Los Zetas, por su violencia, por su rápida expansión y sobre todo por su poder y control sobre las rutas de tráfico y las zonas de venta de droga que comienza a arrebatarle a otros competidores. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) han reconocido que Los Zetas son el cártel que más armas de alto poder y destrucción adquieren (ametralladoras Barret calibre 50 milímetros, pistolas FN Herstal calibre 5.7 x 28 milímetros, conocidas como matapolicías, y ametralladoras P-90 de munición subsónica), ya sea en el mercado negro o de manera legal, en las ferias de armamento que cada 15 días se llevan a cabo en el sur de Estados Unidos. El analista Hal Brands, doctor en Historia por la Universidad de Yale y especialista en temas de contrainsurgencia, publicó en la revista Air & Space Journal correspondiente al tercer trimestre de 2009, el artículo “Los Zetas: Dentro de la Pandilla de Drogas más Peligrosa de México” (http://www.au.af.mil/au/cadre/aspj/apjinternational/apj-s/2009/3tri09/br...), donde advierte que este grupo posee “un aparato organizativo refinado, que le ha dado poder y una capacidad de expansión no vista antes en otras organizaciones criminales de México”. Brands señala que “sus orígenes, la evolución subsiguiente y su modus operandi… son lo que les ha permitido tener un éxito tan devastador sobre la seguridad interna de México y sus países vecinos”. No obstante, reconoce que los datos precisos sobre este grupo siguen siendo escasos. “En realidad se sabe muy poco de ellos”, dice. Aun así, el especialista advierte que “Los Zetas tienen ahora de mil a tres mil hombres y mujeres, la mayoría veinteañeros. Se cree que este grupo básico está complementado por docenas de Kaibiles, o especialistas guatemaltecos en contrainsurgencia quienes, como Los Zetas originales, desertaron del ejército en busca de una mejor paga”, y añade: “Los Zetas explotan despiadadamente los fracasos del estado mexicano, haciendo uso de la violencia y los sobornos para socavar las instituciones del gobierno destruyéndolas desde dentro”.
Jorge Alejandro Medellín
30.11.09
Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón
Revista Contralinea
29 Noviembre 2009
Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón29 Noviembre 2009
Nancy Flores
Entre 2010 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla, revela el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). A pesar de que México carece de una política de defensa, el plan tiene como prioridad el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y los grupos rebeldes. Expertos consultados prevén más controles sociales derivados del “espionaje” gubernamental
En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).
De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.
Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.
La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.
El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.
El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.
Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.
Territorios controlados
El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra.
Al respecto, el documento detalla: “En la vertiente de seguridad nacional, el factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social. De este modo, la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.
Información de la Procuraduría General de la República indica que al menos siete grandes organizaciones que trafican drogas se mantienen vigentes en México (Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Guzmán Loera-Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, Díaz Parada, Valencia Valencia, Amezcua Contreras). A éstas, la administración federal les atribuye la violencia que padece el país, y que ha cobrado la vida de más de 16 mil 500 personas en lo que va del sexenio calderonista.
Según el programa, “las acciones emprendidas por este gobierno para combatir al narcotráfico marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida entre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.
El mismo documento revela que el gobierno no sólo tendría por objeto la “anulación” de los narcotraficantes, sino también de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional. Además, plantearía la “recuperación” de los territorios controlados por los rebeldes.
Las labores contrainsurgentes han sido confirmadas ya por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en dos entrevistas con Contralínea (publicadas el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2009). El grupo armado reconoció haberse enfrentado con el Ejército Mexicano en una zona cercana a la comunidad Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero.
“La defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”, expresa el programa gubernamental.
En la actualidad, en el país podrían existir más de 40 grupos rebeldes, refieren datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos, el Ejército Popular Revolucionario que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar “los ductos de gas (…) mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema” de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz (Contralínea 120).
Los actos de sabotaje, que afectaron a más de 2 mil 500 empresas, fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón” para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.
Para la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Nacional, esos actos tuvieron el carácter de “atentados” e implicaron “la comisión de delitos” que, “dada su naturaleza”, pusieron en “peligro la seguridad del Estado”, dice la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0210000152207.
Contrainsurgencia militar
En sus líneas de acción, el programa indica que para “acotar la actuación de grupos armados” se tomarán como medidas, “entre otras”: “Mantener abiertas las vías del diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el estado de derecho en la totalidad del territorio nacional; (y) mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales”.
Advierte que el gobierno “efectuará las gestiones para que tenga lugar el fincamiento de las responsabilidades penales que en cada caso correspondan, conforme a derecho”, contra los mexicanos que se mantienen en rebelión.
La estrategia gubernamental privilegiará, sobre todo, el uso de la fuerza. Jorge Luis Sierra indica que, al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas: “Lo único que veo que no sea el uso de la fuerza es el desarrollo de los programas de inversión en las comunidades donde hay movimientos armados. Pero nada más. Eso es lo único que dice el documento de cómo afrontar a los movimientos armados que no sea el uso de la inteligencia y la fuerza: hay un consenso clásico que está pensado más en términos de fuerza y no de desarrollo integral de las zonas, con el fin de evitar que la población simpatice con grupos insurgentes y pase a apoyarlos. No hay esa perspectiva de manera clara. En el documento está de manera tangencial”.
En su página 49, el programa hace la única y magra referencia: “Invertir en infraestructura para dotar de servicios básicos y promover actividades productivas en comunidades ubicadas en el área de influencia de grupos armados”.
Para Sierra, a pesar de que la guerrilla es la tercera amenaza en importancia de la agenda nacional de riesgos, “no hay un desarrollo integral de cómo afrontar el problema con otras vías que no sean la contrainsurgencia clásica”.
Lo que sí hay, en la práctica, son las acciones contrainsurgentes. Tan sólo la Secretaría de Marina cuenta con “fuerzas elites de infantería de marina orientadas a realizar operaciones de contraguerrilla”, reconoce la institución encabezada por el almirante Francisco Saynez Mendoza.
Datos publicados por la dependencia federal indican que dichas fuerzas son capaces de “incursionar y efectuar reconocimientos en áreas bajo control del enemigo (sic), desorientar sus actividades mediante operaciones de combate y sicológicas, estableciendo un perímetro de seguridad del área objetivo, negando la entrada y salida de los transgresores de la ley, así como dar cobertura y seguridad al ingreso del equipo de intervención”. Esas capacidades son desarrolladas en el Curso de Contraguerrilla, que imparte la propia institución.
Sierra indica que al apostar a la fuerza, las autoridades federales “estarán fallando, como fallaron hace 30 años y también hace 80 años. El país no ha logrado desarrollar el sur, que sigue estancado en la miseria, en la violencia de los caciques, en la injusticia, en el asesinato de los líderes y ahora con la presencia de la delincuencia organizada. Eso trae nuevos periodos: pasan 10 o 20 años y la violencia vuelve a surgir. Nuevas células, nuevos movimientos armados, nuevos enfrentamientos, en una espiral que se va desarrollando. La violencia no va retrocediendo: las zonas afectadas son cada vez mayores, los sabotajes que se hacen son cada vez más dañinos, más extensos, afectan más a la economía, y todo eso no ha terminado de resolverse”.
Agrega que “se ha pensado que por la vía de la fuerza, con la desaparición de los militantes de los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 se había eliminado el problema, pero no fue así. Las condiciones para el desarrollo de grupos armados ahí están todavía, el potencial ahí está. El hecho de que el Ejército y el gobierno estén tratando de combatir al ERPI en Guerrero demuestra que ahí sigue habiendo movimientos armados”.
Sin política de defensa
La destacada participación del sector castrense en la preservación de la seguridad nacional y sobre todo en la seguridad pública, se da a pesar de que México carece de una política de defensa que regule la actuación del Ejército y la Marina en labores concretas, como por ejemplo los operativos y los retenes.
Jorge Luis Sierra explica que “esto nos deja a los mexicanos en una debilidad de grandes dimensiones. Si México no tiene una política de defensa, ¿cómo va a ser pensada la actividad y la estrategia de las fuerzas armadas? y ¿cómo va a encajar la estrategia de las fuerzas armadas en el resto de las necesidades nacionales?”
Carecer de esa política significa, “simplemente, (que) no hay una guía para las fuerzas armadas y no hay una guía para el Estado mexicano para saber adecuar el trabajo de las fuerzas armadas en las necesidades del desarrollo político, económico y social. Esta parte es completamente deficiente”.
Sierra puntualiza que no puede haber un programa de seguridad nacional que no esté acompañado por uno de defensa; este último, dice, depende de la política de defensa nacional. De esos programas complementarios se debería derivar el presupuesto para la defensa nacional, “pero acorde con una visión más global, mucho más nacional de la seguridad y la defensa”.
En su página 48, el programa introduce la siguiente frase: “Establecer los postulados generales de una política de defensa nacional”. Identificada como la “línea estratégica 2.2.8”, ésta se desprende de la “línea de acción 2.2 Incidir, a través de políticas públicas sobre factores que desempeñan un papel crítico en la génesis de amenazas y de riesgos”, perteneciente al “objetivo específico 2 Atender integralmente las amenazas que ponen en peligro a la seguridad nacional, así como aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran llegar a vulnerarla”.
El doctor Javier Oliva, experto en seguridad nacional, explica que, a juzgar por las decisiones que ha tomado, el equipo del presidente Felipe Calderón “ha confundido notable, estructural y conceptualmente” la seguridad nacional con la seguridad pública.
El académico juzga que “hay una impericia y un desconocimiento de la materia. Mi hipótesis central es que el gobierno anterior y éste han dado respuestas de manera táctica pero no estratégica. Es decir, hay respuestas a modo pero no hay una línea a largo plazo: nombran y quitan funcionarios, mandan la iniciativa, firman decretos, le cambian de nombre a la PFP (Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal). Eso demuestra una imprecisión en el objetivo”.
Oliva explica que la función, la misión y el instrumento de un soldado es la violencia. “Y la violencia fundamentalmente para aniquilar al enemigo, y aniquilar significa matarlo. No es que sean buenos o malos, sino que ésa es la filosofía de la guerra”.
Indica que “el tomador de decisiones está confundido, porque no sabe, no le han explicado, cuáles son las funciones de un soldado sea mexicano, colombiano, o el que sea”.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México añade: “Cuando se echa mano de las fuerzas armadas debe ser de manera provisional, porque ésta no es su función y no debe ser permanente. Si el tema de la seguridad pública se convierte en un tema estructural, quiere decir que el Estado, no el gobierno en turno, está fallando. Ningún país puede decir, sin que esté en guerra o en un conflicto intenso como Colombia, que el tema de la seguridad pública es de seguridad nacional, porque entonces denota que está quebrada la impartición de justicia. En México, pareciera que el tomador de decisiones, al suponer que esto va a ser permanente, está aceptando el fracaso rotundo en la impartición de justicia y en la certeza jurídica. Entonces, ¿de qué sirve tener elecciones?”
Más “espionaje” y control social
Para Javier Oliva, “la seguridad nacional empieza por las carreteras, por el buen empleo, la certeza de un sistema educativo; no por políticas correctivas como las que hacen (Álvaro) Uribe, (Silvio) Berlusconi, gobiernos de derecha como el de Calderón en México. Si leemos la agenda de riesgos, la pobreza y la marginación aparecen en los últimos lugares, y deberían estar en los primeros”.
Además de las cinco amenazas, el programa apunta seis riesgos a la seguridad nacional. El último, o sexto riesgo, se conforma por los “desequilibrios en el desarrollo nacional” y abarca indistintamente los ámbitos de los “desarrollos social, económico y político”.
El académico señala que la agenda nacional de riesgos “indudablemente” se debe replantear. “Con qué criterios está hecha, ¿con criterios de control o de promoción de la justicia social?”
—De no atenderse la pobreza, la marginación, la impunidad, ¿qué le espera a los mexicanos?
—Intentos de control sobre el ciudadano. Toda esta idea de poner cámaras.
—¿La nueva cédula de identidad?
—Todos son controles. Es el miedo al ciudadano por parte de la autoridad. Una autoridad que carece de legitimidad, y no me refiero sólo al proceso electoral, sino que carece de legitimidad en el ejercicio de gobierno: una autoridad se legitima también gobernando. Cómo se legitiman los gobiernos en México, a través de programas como Oportunidades, de crear condiciones para la movilidad social. Pero qué pasa cuando el número de pobres va aumentando, pues es un gobierno que se está deslegitimando. Sí veo que éste puede ser un problema en el corto plazo. Apenas estamos a la mitad de la administración y ahí están los datos, los resultados de los programas sociales.
Al finalizar 2009, los mexicanos en extrema pobreza alcanzarán los 37 millones y los indigentes, los 12 millones, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al presentar el documento Panorama social de la pobreza 2009, el pasado 19 de noviembre, la comisión resaltó que México presentará la mayor caída del Producto Interno Bruto en toda la región, calculado en aproximadamente 7 por ciento.
“No hay segundas oportunidades”
La desatención a las problemáticas sociales conlleva la pérdida de espacios. Jorge Luis Sierra reflexiona que los territorios que ahora busca “recuperar” el gobierno se perdieron incluso desde antes de que llegara la delincuencia organizada.
“No había inversión estatal, construcción de hospitales, de carreteras, inyección para el fortalecimiento de los municipios, un reforzamiento para el sistema educativo, dinero para el pago de maestros, construcción de escuelas, etcétera. Ese territorio estaba abandonado por el Estado, estaba perdido. La suerte de esos mexicanos estaba prácticamente a la deriva. En esas condiciones, donde no hay políticas de Estado, donde el Estado prácticamente ha abandonado ese territorio, llega el narcotráfico y lo aprovecha para sus actividades.”
El experto en seguridad nacional indica que el problema viene de muchas décadas atrás e implica negligencia histórica respecto de esas regiones. “Para recuperar los espacios que ha perdido el Estado mexicano se necesita algo más que el uso de la fuerza, se necesita de todos los elementos del poder nacional. Todos los mexicanos estaríamos en la necesidad de contribuir con algo; pero si el gobierno está confiando solamente en las fuerzas armadas y en las fuerzas de la Policía Federal y no está contando realmente con el apoyo de los ciudadanos, entonces es una política que difícilmente puede tener éxito”.
—Sería éste el momento de hacer algo más y no sólo dejarlo en manos de los militares y en el elemento de represión. ¿O podrá postergarse dos o tres años?
—No hay segundas oportunidades, lamentablemente. Hemos estado, como país, desperdiciando muchas oportunidades y estamos dando pasos hacia atrás. En Honduras hubo realmente una posición muy crítica con el golpe militar porque ahí había problemas desde muchos años atrás.
Ése es el riesgo para el país, observa Sierra. “A eso es a lo que se refiere Estados Unidos cuando dice que hay un Estado fallido: a que haya una alianza en México de narcotraficantes con funcionarios y una parte de las fuerzas armadas, una parte de los partidos políticos que intenten dar un golpe de Estado. Ése sería el escenario más grave del país, ahí es donde estaríamos alcanzando un estado de ingobernabilidad y ahí desgraciadamente no tendríamos tiempo para poder resolverlo con herramientas teóricas”.
Respecto del Programa para la seguridad nacional (2009-2012), opina que, “desde un punto de vista objetivo, fue un trabajo enorme de la comunidad de seguridad nacional. Muchos de los conceptos que están ahí vertidos son resultado de reflexiones y del trabajo intenso. Pero en la realidad, el país no tiene las herramientas indispensables como para poder traducir el plan a resultados concretos”.
Seguridad nacional. Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación (…);
V. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes
Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)
Amenazas a la seguridad nacional
El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) define la amenaza como “fenómeno intencional generado por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales (…), cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”.
Amenaza | Definición |
Delincuencia organizada | “Plantea desafíos que actualmente no se restringen sólo al ámbito de la seguridad pública, dado que algunos de ellos tienen implicaciones para la seguridad nacional en tanto pueden vulnerar la soberanía y el orden constitucional. En este sentido, resultan relevantes diversas dinámicas derivadas de la actuación del crimen organizado, caracterizadas por la coerción que grupos delictivos pretenden ejercer sobre autoridades –electas y designadas– en los tres órdenes de gobierno; la cooptación de miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia, con el propósito de obtener impunidad y dificultar la acción persecutoria del Estado, y la transgresión sistemática, por parte de grupos criminales, del monopolio estatal sobre la aplicación coactiva de la fuerza” |
Narcotráfico | “Es la manifestación más significativa de la delincuencia organizada y, por tanto, fenómeno de atención prioritaria. El crecimiento del tráfico ilícito de estupefacientes se asocia a las transformaciones del mercado internacional de la droga, los cambios en los patrones de consumo nacional y extranjero, la proliferación del narcomenudeo y un mayor protagonismo de las organizaciones delictivas mexicanas que utilizan tecnologías de comunicación y armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas” |
Grupos armados | “La composición del sistema político mexicano se caracteriza por la pluralidad de expresiones e ideologías en el marco de la legalidad y las instituciones. Sin embargo, la defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva” |
Terrorismo | “En un entorno cada vez más impredecible, debe reconocerse la existencia y capacidad de grupos ilegales que utilizan el terror en contra de la población civil como instrumento para alcanzar sus objetivos. En el caso mexicano, esta amenaza se potencia por factores geopolíticos, como la vecindad con Estados Unidos de América y Canadá, el grado de integración de la economía de Norteamérica, el fácil acceso a tecnologías de información y comunicación, más y mejores medios de transporte; así como la presencia de nacionales, oficinas diplomáticas e intereses comerciales de otros países en territorio nacional. La amenaza para la seguridad nacional se refiere a que nuestro país sea víctima de un acto terrorista, y además sea utilizado como una plataforma de tránsito, preparación o refugio de grupos terroristas. En este contexto, el tráfico de armas de destrucción masiva o sus precursores, es una hipótesis plausible” |
Vulnerabilidades en fronteras | “Las fronteras continúan siendo origen de vulnerabilidades, que se ven potenciadas por la deficiente vigilancia de algunos tramos de las fronteras terrestres, los flujos migratorios indocumentados; el tráfico ilícito de armas, drogas y personas; la violencia asociada al narcotráfico y la impunidad con que se desarrollan las actividades ilícitas. La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles institucionales, a través de los cuales el Estado mexicano ejerce su soberanía en las fronteras, por la creciente interrelación del tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de comercio internacional ilícito. La asimetría existente entre los países que colindan con el Estado mexicano al norte y al sur de sus fronteras exacerba la posibilidad de enfrentar amenazas a la seguridad nacional. El tráfico ilícito hacia México de armas, lanzamisiles, armas automáticas, granadas y municiones, y la sofisticación con las que el narcotráfico y la delincuencia organizada desafían a las autoridades y ponen en riesgo la integridad de la población civil, son problemas que requieren especial atención y corresponsabilidad de los países involucrados, ya que la mayor parte de las armas de alto poder se trafican a través de nuestras fronteras” |
Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)
Riesgos a la seguridad nacional
Riesgos. Antagonismo a la seguridad nacional, que no teniendo el carácter de amenaza, implica una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, cuya presencia pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional.
Riesgo | Definición |
Conflictos políticos y sociales | “Existen riesgos asociados a la preservación de la gobernabilidad sustentada en la fortaleza del régimen democrático. Si los conflictos políticos y sociales desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el Estado cuenta con un marco legal para atender estas situaciones extremas” |
Pérdida de cohesión social | “Entre las dinámicas que plantean desafíos a la seguridad nacional cabe destacar la pérdida de cohesión social, característica de la sociedad contemporánea. Es una condición que mina la vitalidad del régimen democrático y limita el potencial de desarrollo social. El Estado, para evitar dicho fenómeno, debe impulsar redes sociales múltiples y fuertes que produzcan sinergias para revertir esta tendencia” |
Dinámicas migratorias | “Las actividades de la delincuencia organizada trasnacional asociadas al tráfico ilícito de personas generan una presión multidimensional al país y a las fronteras nacionales (norte, sur y tercera frontera). Estas circunstancias representan una ventana de vulnerabilidad para la seguridad nacional” |
Pandemias y epidemias | “Existen riesgos al desarrollo integral de los mexicanos que exigen creciente atención por parte del Estado mexicano y la sociedad, como es el caso de pandemias o epidemias que pueden poner en riesgo a amplios sectores de la población. Frente a estos riesgos existe la necesidad de impulsar acciones de prevención y protección” |
Medio ambiente y calentamiento global | “En el mediano y largo plazos, la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente son temas que requieren mayor actividad institucional en el contexto nacional e internacional. El cuidado del patrimonio ecológico, especialmente el agua, constituye un legado esencial para las generaciones futuras, en un entorno global en el que las riquezas naturales deben mantenerse e incrementarse para fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto existen otros escenarios derivados de la evolución del cambio climático como inundaciones y sequías” |
Desequilibrios en el desarrollo nacional | La dinámica de desarrollo social, económico y político de México exige nuevos enfoques que hagan frente oportunamente a aquellas situaciones que, de seguir su curso inercial, pueden poner en entredicho la viabilidad del desarrollo del país en el mediano y largo plazos. Por este motivo es necesario identificar los desequilibrios críticos para el desarrollo interno, cuyo origen es multifactorial, como es el caso de la brecha digital en la sociedad del conocimiento, la pérdida de competitividad internacional, y los escasos márgenes de crecimiento económico” |
Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)
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